tag:blogger.com,1999:blog-74139143658741898422024-03-08T12:15:51.458-08:00El Rincon Del FalloFannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.comBlogger115125tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-3705055019484844412012-04-19T19:34:00.000-07:002012-04-19T19:34:08.947-07:00CSJN, Fallo sobre aborto 13/03/2012, "F.A.L s/ medida autosatisfactiva"F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012<br />
Vistos los autos: “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”,<br />
Considerando:<br />
1º) Que A.F., en representación de A.G., su hija de<br />
15 años de edad, el 14 de enero de 2010, solicitó a la justicia<br />
penal de la Provincia del Chubut —ante cuyos estrados se<br />
instruía una causa contra O.C., esposo de aquélla, por la<br />
violación de A. G.— que se dispusiera la interrupción del<br />
embarazo de la niña adolescente mencionada, con base en lo<br />
previsto en el artículo 86, incisos 1º y 2º, del Código Penal.<br />
En esa oportunidad, señaló que el 3 de diciembre de 2009 había<br />
denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la<br />
Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un<br />
certificado médico dio cuenta de que A.G. cursaba la octava<br />
semana de gestación (fs. 17/18 y constancias obrantes a fs. 1/1<br />
vta. y 11).<br />
El juez penal sostuvo que carecía de facultades para<br />
adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de la<br />
investigación, por lo que ordenó el pase de las actuaciones a la<br />
fiscalía. Esta última declaró que ese fuero no era competente<br />
para resolver el pedido (fs. 85 de la causa penal). La madre de<br />
A.G. inició entonces la medida autosatisfactiva que originó la<br />
presente causa (fs. 17/18) y, con fecha 22 de enero de 2010,<br />
reeditó ante la justicia de familia sus solicitudes anteriores,<br />
vinculadas con la interrupción del embarazo de su hija. Tales<br />
peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia (fs.<br />
153/169) como en la cámara (fs. 350/379 vta.), no obstante los<br />
-1-<br />
informes que se habían ordenado y que, en lo principal,<br />
reflejaban que A.G., “presentaba síntomas depresivos… (e) ideas<br />
suicidas persistentes” y que “el embarazo e[ra] vivido como un<br />
evento extraño, invasivo… [E]n su mundo interno e[ra] imposible,<br />
incompatible e intolerable calificar como hijo a quien sería<br />
hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre…”<br />
por lo que se estimó que “la continuidad de este embarazo contra<br />
la voluntad de [la niña] implica[ba] grave riesgo para su<br />
integridad psicofísica, incluido riesgo de vida” (conf. E.T.I.,<br />
Equipo Técnico Interdisciplinario, fs. 27 vta).<br />
2º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la<br />
Provincia del Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, revocó la<br />
decisión de la instancia anterior admitiendo la solicitud de la<br />
señora A.F. En la sentencia, dictada por distintos fundamentos<br />
de sus miembros, hubo acuerdo en que: a) el caso encuadraba en<br />
el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º,<br />
primera parte del artículo 86 del Código Penal; b) que esta<br />
hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el<br />
plexo constitucional y convencional y c) que, pese a la<br />
innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se<br />
la otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el<br />
caso. La intervención médica abortiva así habilitada se produjo<br />
finalmente el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil<br />
del Hospital Zonal de Trelew (fs. 648).<br />
3º) Que aquella decisión fue recurrida por medio de<br />
un recurso extraordinario interpuesto, en representación del<br />
nasciturus, por el Asesor General Subrogante de la Provincia del<br />
Chubut en su carácter de Tutor Ad-Litem y Asesor de Familia e<br />
-2-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
Incapaces, que fue concedido a fs. 673/676, no obstante haberse<br />
llevado a cabo ya la mencionada práctica médica, con fundamento<br />
en la gravedad institucional que presentaba el caso. En su<br />
presentación, el recurrente se agravió por entender que, con la<br />
interpretación que del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal<br />
efectuó el a quo, al no haberse restringido la procedencia de<br />
esta autorización al caso de la víctima violada idiota o<br />
demente, se desconoció el plexo constitucional-convencional<br />
según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la<br />
concepción (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23:<br />
“Corresponde al Congreso: … Dictar un régimen de seguridad<br />
social especial e integral en protección del niño en situación<br />
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del<br />
período de enseñanza elemental…”; Declaración Americana de los<br />
Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1º: “Todo ser humano<br />
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su<br />
persona”; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo<br />
3º: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su<br />
personalidad jurídica”, y artículo 4º: “Toda persona tiene<br />
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido<br />
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.<br />
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”; Declaración<br />
Universal de los Derechos Humanos, artículo 3º: “Todo individuo<br />
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su<br />
persona”, y artículo 6º: “Todo ser humano tiene derecho, en<br />
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”;<br />
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo<br />
6º: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este<br />
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de<br />
-3-<br />
la vida arbitrariamente”; Convención sobre los Derechos del<br />
Niño, Preámbulo: “El niño… necesita protección y cuidado<br />
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como<br />
después del nacimiento”, artículo 1º: “Para los efectos de la<br />
presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor<br />
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le<br />
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, y<br />
artículo 6º: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene<br />
el derecho intrínseco a la vida”).<br />
4º) Que, radicada la causa ante esta instancia, se le<br />
confirió traslado a la señora Defensora General de la Nación,<br />
quien asumió la representación de la niña A.G. y expresó que<br />
correspondía confirmar la sentencia apelada (fs. 980/1010) al<br />
tiempo que entendía que todos los casos de embarazo forzado<br />
—víctimas de violaciones— debían ser considerados como abortos<br />
no punibles, más precisamente, como casos particulares de la<br />
hipótesis general de peligro para la salud de la gestante<br />
(artículo 86, inciso 1º, del Código Penal). Asimismo, se le<br />
confirió traslado a la Defensora Pública de Menores e Incapaces,<br />
quien asumió la representación del nasciturus y se expidió<br />
requiriendo que se revocara la sentencia recurrida (fs.<br />
683/694). En ambas presentaciones se peticionó que este Tribunal<br />
declarara la admisibilidad del recurso bajo examen, como así lo<br />
hicieron los diversos amicus curiae que se presentaron<br />
solicitando la confirmación o la revocación de la sentencia.<br />
Oportunamente, se dispuso remitir la causa al señor Procurador<br />
Fiscal, quien sostuvo que la cuestión debía declararse abstracta<br />
(fs. 1021/1022).<br />
-4-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
5º) Que así las cosas, esta Corte considera que para<br />
el ejercicio de su jurisdicción no resultan obstáculo la<br />
circunstancia de que los agravios aludidos carezcan de<br />
actualidad por haberse llevado a cabo la práctica abortiva a la<br />
menor A.G. en el Centro Materno Infantil de Trelew.<br />
En efecto, como lo ha subrayado el Tribunal en<br />
distintos precedentes, dada la rapidez con que se produce el<br />
desenlace de situaciones como la de autos, es harto difícil que,<br />
en la práctica, lleguen a estudio del Tribunal las importantes<br />
cuestiones constitucionales que éstas conllevan sin haberse<br />
vuelto abstractas. De ahí que, para remediar esta situación<br />
frustratoria del rol que debe poseer todo Tribunal al que se le<br />
ha encomendado la función de garante supremo de los derechos<br />
humanos, corresponde establecer que resultan justiciables<br />
aquellos casos susceptibles de repetición, pero que escaparían a<br />
su revisión por circunstancias análogas a las antes mencionadas<br />
(confr. Fallos: 310:819, considerandos 6º y 7º del voto de la<br />
mayoría y de la disidencia, y sus citas; 324:5, 4061). Pues,<br />
como se pusiera de resalto en el ya conocido precedente de la<br />
Suprema Corte de los Estados Unidos “Roe v. Wade” (410 U.S. 113-<br />
1973), las cuestiones relacionadas con el embarazo –o su<br />
eventual interrupción- jamás llegan al máximo tribunal en<br />
término para dictar útilmente sentencia, debido a que su<br />
tránsito por las instancias anteriores insume más tiempo que el<br />
que lleva el decurso natural de ese proceso. En consecuencia, se<br />
torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin<br />
utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la<br />
finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y<br />
-5-<br />
conocido para la solución de casos análogos que puedan<br />
presentarse en el futuro.<br />
6º) Que los agravios del apelante suscitan una<br />
cuestión federal apta para su examen en esta instancia<br />
recursiva, toda vez que se plantea que el tribunal superior de<br />
la causa comprometió preceptos reconocidos por la Constitución<br />
Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía al<br />
interpretar el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal<br />
(artículo 14, inciso 3º, ley 48). Asimismo, el tratamiento del<br />
tema resulta pertinente por esta vía puesto que la omisión de su<br />
consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado<br />
Argentino frente al orden jurídico supranacional, tanto más si<br />
se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han<br />
pronunciado censurando, en casos análogos, la interpretación<br />
restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras<br />
instancias judiciales (cfr. Observaciones Finales del Comité de<br />
Derechos Humanos y Observaciones Finales del Comité de los<br />
Derechos del Niño, Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010 y<br />
CRC/C/ARG/CO/3-4, del 21/06/2010, respectivamente).<br />
7º) Que dada, por una parte, la esencia de los<br />
agravios traídos a discusión, la cual radica en última instancia<br />
en la interpretación de normativa constitucional y convencional<br />
y visto el carácter federal que reviste el planteo, esta Corte<br />
considera oportuno y necesario responder a aquéllos desde una<br />
construcción argumental que permita armonizar la totalidad del<br />
plexo normativo invocado como vulnerado, a la luz de los<br />
pronunciamientos de distintos organismos internacionales, cuya<br />
jurisdicción el Estado Argentino ha aceptado a través de la<br />
-6-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
suscripción de los tratados, pactos y convenciones que desde<br />
1994 integran el ordenamiento jurídico constitucional como ley<br />
suprema de la Nación (artículo 75, inciso 22, de la Constitución<br />
Nacional), y cuyos dictámenes generan, ante un incumplimiento<br />
expreso, responsabilidades de índole internacional. En este<br />
orden de ideas, este Tribunal se ve obligado a tener que<br />
establecer la inteligencia de las previsiones cuyo<br />
desconocimiento denuncia el recurrente, así como también<br />
determinar la aplicación de otras normas y principios de igual<br />
jerarquía en clave de necesarias pautas interpretativas, dejando<br />
a salvo que, no por ello, esta Corte se encuentra limitada en su<br />
decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que<br />
tan sólo, le incumbe realizar una declaración sobre el punto<br />
disputado (Fallos: 331:735 y sus citas).<br />
8º) Que al efectuar esa tarea de armonización que<br />
involucra normativa del más alto rango con otra de derecho común<br />
—artículo 86, inciso 2º, del Código Penal—, a través de un<br />
análisis global del plexo normativo fundamental involucrado y<br />
por aplicación de los principios hermenéuticos de interpretación<br />
sentados por esta Corte desde antiguo, se entiende que<br />
corresponde realizar una interpretación amplia de dicho precepto<br />
legal. Desde tal perspectiva y a la luz del principio de reserva<br />
constitucional (artículo 19 in fine de la Constitución<br />
Nacional), ha de concluirse en que la realización del aborto no<br />
punible allí previsto no está supeditada a la cumplimentación de<br />
ningún trámite judicial.<br />
9º) Que a partir de lo señalado en los considerandos<br />
precedentes corresponde, en primer término, señalar que del<br />
-7-<br />
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional resulta<br />
imposible extraer base alguna para sustentar la tesis que<br />
postula el recurrente.<br />
En primer lugar, porque es necesario advertir que<br />
este apartado se inserta en una cláusula en cuyo articulado la<br />
Constitución le atribuye al Poder Legislativo tanto la facultad<br />
de promover, mediante acciones positivas, el ejercicio y goce de<br />
los derechos fundamentales, particularmente respecto de los<br />
sectores tradicionalmente postergados (Fallos: 329:3089,<br />
considerando 17) como la de dictar un régimen de seguridad<br />
social que proteja a la madre durante el embarazo y el tiempo de<br />
lactancia. De este modo, la referencia específica al marco<br />
normativo de protección social al niño, desde el embarazo,<br />
integra un supuesto concreto del mandato constituyente para que<br />
se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de los<br />
derechos humanos. Por ello, en atención tanto al objetivo que<br />
anima esta previsión como a los propios términos de su<br />
enunciado, de los que surge que la competencia atribuida a este<br />
poder en la materia lo fue a los efectos de dictar un marco<br />
normativo específico de seguridad social y no uno punitivo,<br />
resulta claro que, de esta norma, nada se puede derivar para<br />
definir, en el sentido que se propugna, la cuestión relativa a<br />
los abortos no punibles en general, y al practicado respecto del<br />
que es consecuencia de una violación, en particular.<br />
Lo dicho cobra aun mayor fuerza si se tiene en cuenta<br />
que, si bien en la Convención Constituyente de 1994, en su<br />
última sesión, se generó un amplio debate sobre el derecho a la<br />
vida, lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una<br />
-8-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
voluntad que pretendiera ni definir la cuestión relativa al<br />
aborto ni limitar el alcance del artículo 86, inciso 2º, del<br />
Código Penal al supuesto de la víctima violada idiota o demente<br />
(ver al respecto, Convención Nacional Constituyente 1994, 34ª<br />
Reunión, 3ª Sesión Ordinaria [continuación], 19 de agosto de<br />
1994, 2.- Armonización de los artículos 67 y 86 de la<br />
Constitución Nacional, Tomo VI, Centro de Estudios Jurídicos y<br />
Sociales, Ministerio de Justicia de la Nación, República<br />
Argentina, págs. 6145/6198).<br />
Por lo tanto, no puede afirmarse válidamente que haya<br />
sido voluntad del constituyente limitar de modo alguno el<br />
alcance del supuesto de aborto no punible previsto en la<br />
mencionada norma al caso de la víctima de violación que fuera<br />
incapaz mental.<br />
10) Que de las previsiones establecidas en el<br />
artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y<br />
Deberes del Hombre como del artículo 4º de la Convención<br />
Americana sobre Derechos Humanos, no se deriva algún mandato por<br />
el que corresponda interpretar, de modo restrictivo, el alcance<br />
del artículo 86 inciso 2º, del Código Penal. Ello por cuanto las<br />
normas pertinentes de estos instrumentos fueron expresamente<br />
delimitadas en su formulación para que de ellas no se derivara<br />
la invalidez de un supuesto de aborto como el de autos (ver al<br />
respecto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe<br />
23/81, “Baby Boy”, y la discusión en torno a la redacción de los<br />
mencionados artículos).<br />
-9-<br />
Por su parte, de la previsión contemplada en el<br />
artículo 3º de la Convención Americana, en cuanto estipula el<br />
derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad<br />
jurídica, tampoco se puede derivar base alguna para sustentar la<br />
tesis postulada por la parte. Esto en tanto la interpretación<br />
del alcance que corresponda darle a dicho precepto, con relación<br />
a las obligaciones del Estado en lo que hace a la protección<br />
normativa del nasciturus como sujeto de derecho, no puede ser<br />
realizada en forma aislada del artículo 4º y darle un alcance de<br />
tal amplitud que implique desconocer que, conforme se explicara<br />
precedentemente, la Convención no quiso establecer una<br />
protección absoluta del derecho a la vida de éste.<br />
11) Que tampoco el agravio incoado por el recurrente<br />
puede encontrar sustento en las disposiciones de los artículos<br />
3º y 6º de la Declaración Universal de Derechos Humanos que<br />
consagran, respectivamente, el derecho a la vida y el derecho al<br />
reconocimiento de la personalidad jurídica.<br />
Esto en atención a que, a fin de asegurar una<br />
coherencia en la interpretación de ese instrumento, dichas<br />
previsiones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en<br />
el artículo 1º (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales<br />
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y<br />
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los<br />
otros”). Así, atento los claros términos en que está formulado<br />
este enunciado, resulta imposible concluir en la aplicabilidad<br />
de las normas invocadas para fundar la tesis restrictiva del<br />
supuesto de aborto no punible previsto en el artículo 86, inciso<br />
2º, del Código Penal.<br />
-10-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
12) Que la tesis del recurrente tampoco encuentra<br />
cabida en el deber que emana del artículo 6º del Pacto<br />
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.<br />
Para ello, resulta necesario tener en consideración<br />
que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha<br />
manifestado su posición general relativa a que debe permitirse<br />
el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de<br />
una violación. A su vez, al examinar la situación particular de<br />
nuestro país, ha expresado su preocupación por la interpretación<br />
restrictiva del artículo 86 del Código Penal (cfr. Observaciones<br />
Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 15/11/2000,<br />
CCPR/CO/70/PER; Observaciones Finales del Comité de Derechos<br />
Humanos: Irlanda, 24/07/2000, A/55/40; Observaciones finales del<br />
Comité de Derechos Humanos: Gambia, 12/08/2004, CCPR/CO/75/GMB;<br />
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina,<br />
CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010, antes citadas).<br />
Por lo tanto, resulta claro que, no es posible<br />
derivar de este tratado un mandato para interpretar<br />
restrictivamente la norma, sino que, inversamente, en atención a<br />
lo expuesto, se arriba a la conclusión contraria.<br />
13) Que con relación a las disposiciones pertinentes<br />
de la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco es posible<br />
sostener que la interpretación del artículo 86, inciso 2º, del<br />
Código Penal adoptada por el a quo colisione con éstas.<br />
En efecto, de los antecedentes que precedieron a la<br />
sanción de esta Convención, se observa que, al redactarse su<br />
Preámbulo, expresamente se rechazó que éste fijara un alcance<br />
-11-<br />
determinado de cualquiera de sus disposiciones (ver al respecto,<br />
Consejo Económico y Social, Cuestión de una Convención sobre los<br />
Derechos del Niño, Informe del Grupo de Trabajo acerca de un<br />
proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño;<br />
E/CN4/1989/48, 2 de marzo de 1989).<br />
Asimismo, de la lectura de aquellos antecedentes, se<br />
puede concluir que, ante una variedad de alternativas<br />
propuestas, se decidió expresamente por la formulación actual<br />
del artículo 1º, de la que tampoco se puede derivar la tesis<br />
que sostiene la parte. Esto queda corroborado por la<br />
circunstancia que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado<br />
que los Estados Partes —que no admiten el aborto para el caso de<br />
embarazos que son la consecuencia de una violación— deben<br />
reformar sus normas legales incorporando tal supuesto y,<br />
respecto de nuestro país que sí lo prevé, ha manifestado su<br />
preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 86<br />
del Código Penal (cfr. Observaciones Finales del Comité de los<br />
Derechos del Niño: Palau. 21/02/2001. CRC/C/15/Add.149;<br />
Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Chad.<br />
24/08/1999. CRC/C/15/ Add.107; Observaciones Finales del Comité<br />
de los Derechos del Niño: Argentina. 21/06/2010. CRC/C/ARG/CO/3-<br />
4, antes citadas).<br />
Por otra parte, el artículo 2º de la ley 23.849, en<br />
cuanto estipula que el artículo 1º de la Convención “debe<br />
interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser<br />
humano desde el momento de la concepción”, no constituye una<br />
reserva que, en los términos del artículo 2º de la Convención de<br />
Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con<br />
-12-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los<br />
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución<br />
Nacional. Esto porque, como surge del texto mismo de la ley,<br />
mientras que el Estado Argentino efectuó una reserva con<br />
relación a la aplicación del artículo 21 de la Convención,<br />
respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una declaración<br />
interpretativa (ver al respecto, Anuario de la Comisión de<br />
Derecho Internacional, 1999, Volumen II,<br />
A/CN.4/SER.A/1999/Add.1, Parte 2, Directrices aprobadas por la<br />
Comisión en su período de sesiones Nº 51 —1.2; 1.3—).<br />
14) Que sentado que de las normas constitucionales y<br />
convencionales invocadas por el recurrente no se deriva mandato<br />
alguno que imponga interpretar en forma restrictiva el artículo<br />
86, inciso 2º, del Código Penal, en cuanto regula los supuestos<br />
de abortos no punibles practicados respecto de los embarazos que<br />
son consecuencia de una violación, se considera necesario<br />
remarcar que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como<br />
principios básicos de hermenéutica establecidos en la<br />
jurisprudencia de este Tribunal que obligan a interpretar dicha<br />
norma con el alcance amplio que de ésta efectuara el a quo.<br />
15) Que en este orden de ideas, es necesario<br />
puntualizar que los principios de igualdad y de prohibición de<br />
toda discriminación, que son ejes fundamentales del orden<br />
jurídico constitucional argentino e internacional y que en este<br />
caso poseen, además, una aplicación específica respecto de toda<br />
mujer víctima de violencia sexual, conducen a adoptar la<br />
interpretación amplia de esta norma (Constitución Nacional,<br />
artículo 16; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del<br />
-13-<br />
Hombre, artículo 2º; Declaración Universal de Derechos Humanos,<br />
artículos 2º y 7º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y<br />
Políticos, artículos 2.1 y 26; Pacto Internacional de Derechos<br />
Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2° y 3°, y<br />
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24;<br />
además de los tratados destinados a la materia en campos<br />
específicos: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas<br />
de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de<br />
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,<br />
especialmente artículos 2º, 3º y 5º a 16, y Convención sobre los<br />
Derechos del Niño, artículo 2°; Convención Interamericana para<br />
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,<br />
artículos 4.f y 6.a).<br />
En efecto, reducir por vía de interpretación la<br />
autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los<br />
supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra<br />
una incapaz mental implicaría establecer una distinción<br />
irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo<br />
delito que se encuentre en igual situación y que, por no<br />
responder a ningún criterio válido de diferenciación, no puede<br />
ser admitida (Fallos: 332:433 y sus citas).<br />
Máxime cuando, en la definición del alcance de la<br />
norma, está involucrado el adecuado cumplimiento del deber<br />
estatal de protección de toda víctima de esta clase de hechos en<br />
cuanto obliga a brindarle atención médica integral, tanto de<br />
emergencia como de forma continuada (ver al respecto, Corte<br />
Interamericana de Derechos Humanos, “Fernández Ortega vs.<br />
-14-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
México”, sentencia del 30 de agosto de 2010, apartados 124 y<br />
194).<br />
En esta comprensión corresponde recordar lo dicho<br />
oportunamente por esta Corte (Fallos: 331:211, considerando 6°)<br />
al afirmar que “la debilidad jurídica estructural que sufren las<br />
personas con padecimientos mentales —de por sí vulnerable a los<br />
abusos—, crea verdaderos ‘grupos de riesgo’ en cuanto al pleno y<br />
libre goce de los derechos fundamentales”, lo que genera la<br />
necesidad de establecer una protección normativa eficaz. Sin<br />
embargo, ello no puede llevar a aceptar una interpretación<br />
restringida de la norma en trato ya que esta delimitación de su<br />
alcance, no respondería al válido objetivo de proteger los<br />
derechos de las víctimas de violencia sexual, cuya<br />
vulnerabilidad se agrava por la circunstancia de poseer una<br />
discapacidad mental, sino a un prejuicio que las denigra en<br />
cuanto sujetos plenos de derechos.<br />
16) Que por lo demás, de la dignidad de las personas,<br />
reconocida en varias normas convencionales (artículo 11 de la<br />
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 1º,<br />
Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Preámbulos del<br />
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la<br />
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), se<br />
desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas<br />
y proscribe que sean tratadas utilitariamente. Este principio de<br />
inviolabilidad de las personas impone rechazar la exégesis<br />
restrictiva de la norma según la cual ésta sólo contempla, como<br />
un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de un<br />
embarazo que es la consecuencia de una violación a una incapaz<br />
-15-<br />
mental. En efecto, la pretensión de exigir, a toda otra víctima<br />
de un delito sexual, llevar a término un embarazo, que es la<br />
consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales,<br />
resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al<br />
postulado, derivado del mencionado principio, que impide<br />
exigirle a las personas que realicen, en beneficio de otras o de<br />
un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de<br />
conmensurar (cfr. Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos<br />
Humanos, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1984, págs. 109 y ss.;<br />
La legítima defensa, Fundamentación y régimen jurídico,<br />
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1982, págs. 59, 63 y ss.).<br />
17) Que a su vez, los principios de estricta<br />
legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación<br />
amplia de este supuesto normativo que establece la no<br />
punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que<br />
sea la consecuencia de una violación. Ello así, por cuanto la<br />
decisión relativa al alcance de este precepto se encuentra<br />
limitada de antemano por estos principios que obligan,<br />
respectivamente, a “priorizar una exégesis [que esté]… en<br />
consonancia con el principio político criminal que caracteriza<br />
al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico<br />
y… [a] privilegiar la interpretación legal que más derechos<br />
acuerde al ser humano frente al poder estatal” (Fallos: 331:858,<br />
considerando 6° y 329:2265). Por ello, debe adoptarse la<br />
interpretación según la cual no resulta punible la interrupción<br />
del embarazo proveniente de toda clase de violación porque una<br />
exégesis en sentido contrario -que reduzca la no punibilidad de<br />
esta práctica al caso de una incapaz mental- amplía<br />
-16-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
sustancialmente el alcance del castigo penal y niega, a toda<br />
otra víctima de una violación que se encuentre en esa situación,<br />
el derecho a acceder a esta práctica.<br />
18) Que no obstante mediar en el particular todas las<br />
razones de la máxima jerarquía normativa expuestas en los<br />
considerandos precedentes, por las que debe entenderse que el<br />
supuesto de aborto no punible contemplado en el artículo 86,<br />
inciso 2º, del Código Penal comprende a aquel que se practique<br />
respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación,<br />
con independencia de la capacidad mental de su víctima, esta<br />
Corte Suprema considera oportuno y necesario ampliar los<br />
términos de este pronunciamiento. Ello es así ya que media, en<br />
la materia, un importante grado de desinformación que ha llevado<br />
a los profesionales de la salud a condicionar la realización de<br />
esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este<br />
proceder el que ha obstaculizado la implementación de los casos<br />
de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la<br />
década de 1920.<br />
En esta inteligencia, este Tribunal quiere dejar<br />
expresamente aclarado que su intervención lo es a los efectos de<br />
esclarecer la confusión reinante en lo que respecta a los<br />
abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho<br />
por parte de quienes peticionen acceder a ellos, de modo tal que<br />
se configuren supuestos de responsabilidad internacional.<br />
Para ello resulta conveniente transcribir el artículo<br />
86 del Código Penal en cuanto establece que “el aborto<br />
practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la<br />
-17-<br />
mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de<br />
evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este<br />
peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el<br />
embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor<br />
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el<br />
consentimiento de su representante legal deberá ser requerido<br />
para el aborto”.<br />
Así, de una aplicación, al particular, de las pautas<br />
interpretativas fijadas por esta Corte en cuanto a que “la<br />
primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos:<br />
304:1820; 314:1849) y que “no se le debe dar un sentido que<br />
ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y<br />
conduzca a una integral armonización de sus preceptos” (Fallos:<br />
313:1149), se impone concluir que, aun mediando la más mínima y<br />
sistemática exégesis practicada sobre dicho precepto, no es<br />
punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de<br />
una violación con independencia de la capacidad mental de su<br />
víctima.<br />
A esta conclusión se llega a partir de un doble orden<br />
de razones. En primer lugar, porque de la mera lectura del<br />
artículo 86, inciso 2º, del Código Penal se evidencia que el<br />
legislador, al utilizar una conjunción disyuntiva al referirse a<br />
“…(s)i el embarazo proviene de una violación o de un atentado al<br />
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (énfasis<br />
agregado), previó dos supuestos diferentes para el caso de<br />
embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza.<br />
-18-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
Por su parte, un examen conjunto y sistemático de los<br />
diferentes apartados previstos en esta norma también conduce a<br />
adoptar su interpretación amplia. En efecto, este precepto<br />
comienza su redacción estableciendo, como premisa general, que<br />
por su técnica de redacción constituye un requisito común para<br />
los dos supuestos que detalla seguidamente, que no serán<br />
punibles los abortos allí previstos que fueran practicados por<br />
un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta.<br />
Es precisamente porque este extremo no es aplicable respecto de<br />
la mujer incapaz, que, como excepción a dicho requisito general,<br />
en la última parte del segundo supuesto previsto, se tuvo que<br />
establecer en forma expresa que “en este caso” —referencia que<br />
sólo puede aludir al caso del atentado al pudor y que obliga a<br />
distinguirlo, desde la sola semántica, del de violación— “el<br />
consentimiento de su representante legal deberá ser requerido<br />
para el aborto”. Por ello, debe descartarse la tesis restrictiva<br />
en tanto otorga una indebida preeminencia a una de las partes de<br />
la norma dejando inoperante sus demás previsiones.<br />
Pero además, a esta conclusión también se arriba<br />
analizando esta norma de modo conjunto con las disposiciones<br />
relativas a los hechos ilícitos que pueden causar embarazos no<br />
consentidos por las niñas, adolescentes o mujeres que son sus<br />
víctimas.<br />
En efecto, el mencionado artículo 86, inciso 2º, del<br />
Código Penal, en concordancia con el sistema de los abusos<br />
sexuales (regulados a partir del artículo 119 del mismo cuerpo<br />
legal), diferencia dos grupos de causas de embarazos: la<br />
violación propiamente dicha y el atentado al pudor sobre una<br />
-19-<br />
mujer “idiota o demente”. Como la ley está haciendo referencia a<br />
causas de embarazos, el “atentado al pudor” no puede ser sino un<br />
acceso carnal o alguna otra situación atentatoria contra la<br />
sexualidad de la víctima que produzca un embarazo. Puesto que<br />
todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es<br />
considerado ya una forma de violación (la impropia), no es<br />
posible sostener que cuando al principio dice "violación"<br />
también se refiera al mismo tipo de víctima. Es evidente que por<br />
exclusión, “violación” se refiere al acceso carnal violento o<br />
coactivo sobre mujeres no “idiotas ni dementes”. Lo mismo ocurre<br />
con las menores de trece años, cuya mención no es necesaria<br />
porque la ley descarta la validez de su consentimiento, y<br />
declara que cualquier acceso carnal con ellas es ya una<br />
violación (impropia).<br />
Por ello, este análisis sistemático del artículo 86,<br />
inciso 2º, del Código Penal en conjunto con las disposiciones<br />
que tipifican los supuestos de violencia sexual que, de provocar<br />
un embarazo, dan lugar a su aplicación, corrobora que cualquier<br />
víctima de éstos que se encuentre en tal circunstancia puede<br />
realizarse un aborto no punible y que, en el caso de las<br />
deficientes mentales e incapaces, que no pueden consentir el<br />
acto, se requiere de sus representantes legales. Esto se<br />
confirma teniendo en cuenta, además, que, al formularse esta<br />
norma refiriéndose a la violación y al atentado al pudor, se<br />
tradujo –inadecuadamente, atento que esta última figura por<br />
definición no implica acceso carnal- la correlativa previsión<br />
del Anteproyecto del código suizo de 1916, que constituye su<br />
fuente y que estipulaba como aborto no punible al practicado<br />
-20-<br />
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F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
respecto de un embarazo que provenía de dos supuestos<br />
diferentes: la violación o el acceso carnal producido respecto<br />
de una incapaz mental que era denominado “profanación”.<br />
19) Que luego de haber sentado en los considerandos<br />
precedentes que el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal debe<br />
interpretarse con un alcance amplio, corresponde detenerse en lo<br />
acontecido en el presente caso con la joven A.G., quien debió<br />
transitar un largo derrotero judicial para poder asegurar su<br />
derecho a obtener la interrupción de un embarazo que fue<br />
consecuencia de una violación.<br />
La judicialización de esta cuestión, que por su<br />
reiteración constituye una verdadera práctica institucional,<br />
además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque<br />
obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida<br />
privada, y es también contraproducente porque la demora que<br />
apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la<br />
salud de la solicitante como su derecho al acceso a la<br />
interrupción del embarazo en condiciones seguras.<br />
Llegado este punto, el Tribunal considera ineludible<br />
destacar que, a pesar de que el Código Penal argentino regula<br />
desde hace noventa años diferentes supuestos específicos de<br />
despenalización del aborto, como el traído a discusión ante este<br />
Tribunal (artículo 86, inciso 2º), se sigue manteniendo una<br />
práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la<br />
salud y convalidada por distintos operadores de los poderes<br />
judiciales nacionales como provinciales, que hace caso omiso de<br />
aquellos preceptos, exigiendo allí donde la ley nada reclama,<br />
-21-<br />
requisitos tales como la solicitud de una autorización para<br />
practicar la interrupción del embarazo producto de una violación<br />
lo que, como en el caso, termina adquiriendo características<br />
intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales<br />
y convencionales que son ley suprema de la Nación.<br />
20) Que es debido a ello que este Tribunal se ve<br />
forzado a tener que recordar, tanto a profesionales de la salud<br />
como a los distintos operadores de los diferentes poderes<br />
judiciales nacionales o provinciales, que por imperio del<br />
artículo 19 in fine de la Constitución Nacional, que consagra el<br />
principio de reserva como complemento de la legalidad penal, ha<br />
quedado expresamente dicho por voluntad del constituyente que<br />
“ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no<br />
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.<br />
21) Que teniendo a la luz aquella manda<br />
constitucional es que debe interpretarse la letra del artículo<br />
86, inciso 2º, del Código Penal y por dicha razón, se debe<br />
concluir que quien se encuentre en las condiciones allí<br />
descriptas, no puede ni debe ser obligada a solicitar una<br />
autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que<br />
la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del<br />
derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello,<br />
lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible.<br />
22) Que, en atención a lo expresado en los<br />
considerandos precedentes, este Tribunal se ve en la necesidad<br />
de advertir por una parte, a los profesionales de la salud, la<br />
imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una<br />
-22-<br />
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vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la<br />
norma referida. Por la otra, recuerda a los diferentes<br />
operadores de los distintos poderes judiciales del país que,<br />
según surge del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que<br />
previó el legislador es que, si concurren las circunstancias que<br />
permiten la interrupción del embarazo, es la embarazada que<br />
solicita la práctica, junto con el profesional de la salud,<br />
quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido<br />
del médico.<br />
23) Que hacer lo contrario, significaría que un poder<br />
del Estado, como lo es el judicial, cuya primordial función es<br />
velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y<br />
convencionales, intervenga interponiendo un vallado extra y<br />
entorpeciendo una concreta situación de emergencia sanitaria,<br />
pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de<br />
una causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un<br />
derecho expresamente reconocido por el legislador en el artículo<br />
86, inciso 2º, del Código Penal, a un trámite burocrático,<br />
innecesario y carente de sentido.<br />
24) Que asimismo, respetar lo preceptuado por el<br />
artículo 19 in fine de la Constitución Nacional significa, en<br />
línea con lo referido en el considerando precedente, que el<br />
aborto no punible es aquel practicado por “un médico con el<br />
consentimiento de la mujer encinta” (artículo 86 del Código<br />
Penal) circunstancia ésta que debe aventar todo tipo de intento<br />
de exigir más de un profesional de la salud para que intervenga<br />
en la situación concreta pues, una exigencia tal, constituiría<br />
-23-<br />
un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego<br />
en este permiso que el legislador ha querido otorgar.<br />
Por otra parte, las prácticas de solicitud de<br />
consultas y la obtención de dictámenes conspiran indebidamente<br />
contra los derechos de quien ha sido víctima de una violación,<br />
lo que se traduce en procesos burocráticos dilatorios de la<br />
interrupción legal del embarazo que llevan ínsita la<br />
potencialidad de una prohibición implícita –y por tanto contra<br />
legem– del aborto autorizado por el legislador penal. Asimismo,<br />
se debe señalar que esta práctica irregular no sólo contraviene<br />
las obligaciones que la mencionada Convención Interamericana<br />
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la<br />
Mujer, en su artículo 7º, pone en cabeza del Estado respecto de<br />
toda víctima de violencia, sino que, además, puede ser<br />
considerada, en sí misma, un acto de violencia institucional en<br />
los términos de los artículos 3º y 6º de la ley 26.485 que<br />
establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir,<br />
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los<br />
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.<br />
Por ello, los términos del presente fallo respecto de<br />
los alcances que corresponde asignar al artículo 86, inciso 2º,<br />
del Código Penal, así como la autoridad suprema del<br />
pronunciamiento, que se deriva del carácter de intérprete último<br />
de la Constitución Nacional y de las leyes, que posee el<br />
Tribunal (Fallos: 324:3025; 332:616), resultan suficientes para<br />
despejar cualquier duda que pudieran albergar esos profesionales<br />
de la salud respecto de la no punibilidad de los abortos que se<br />
practiquen sobre quienes invocan ser víctimas de violación.<br />
-24-<br />
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En consecuencia, y descartada la posibilidad de una<br />
persecución penal para quienes realicen las prácticas médicas en<br />
supuestos como los examinados en autos, la insistencia en<br />
conductas como la señalada no puede sino ser considerada como<br />
una barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo<br />
responder sus autores por las consecuencias penales y de otra<br />
índole que pudiera traer aparejado su obrar.<br />
25) Que cuando el legislador ha despenalizado y en<br />
esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado,<br />
como garante de la administración de la salud pública, el que<br />
tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias<br />
que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de<br />
quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas<br />
necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y<br />
segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este<br />
tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar<br />
en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada.<br />
Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto<br />
despenalizado, no deben existir obstáculos médico–burocráticos o<br />
judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en<br />
riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al<br />
respecto, Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones<br />
Unidas, desarrollada en junio de 1999).<br />
26) Que a partir de lo expresado en los considerandos<br />
precedentes, este Tribunal entiende oportuno recordar que<br />
distintos órganos de aplicación de los tratados de derechos<br />
humanos se han pronunciado censurando al Estado Argentino por no<br />
garantizar el acceso oportuno a la práctica de los abortos no<br />
-25-<br />
punibles como una cuestión de salud pública y sin injerencia del<br />
Poder Judicial (Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/101/D/1608/<br />
2007, del 29/03/11; Observaciones Finales del Comité de Derechos<br />
del Niño; Argentina. 21/06/2010. CRC/C/ARG/CO/3-4).<br />
27) Que finalmente, el respeto a lo establecido en el<br />
artículo 19 in fine de la Constitución Nacional se traduce en<br />
que el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal no exige ni la<br />
denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su<br />
determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer<br />
pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una<br />
violación.<br />
Esta situación de ausencia de reglas específicas para<br />
acceder al aborto permitido en caso de violación supone tan sólo<br />
como necesario que la víctima de este hecho ilícito, o su<br />
representante, manifiesten ante el profesional tratante,<br />
declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del<br />
embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de<br />
trámite no resultará procedente pues significará incorporar<br />
requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el<br />
legislador penal.<br />
En efecto, tal como lo ha señalado la Organización<br />
Mundial de la Salud, la exigencia de que las víctimas de<br />
violación, para calificar para el aborto, tengan que elevar<br />
cargos contra su agresor, obtener informaciones policiales,<br />
requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro<br />
requisito que no sea médicamente necesario, puede transformarse<br />
en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas<br />
-26-<br />
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F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana.<br />
Estos requisitos, diseñados para identificar casos fabricados,<br />
retrasan el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de<br />
abortos no seguros o, incluso, pueden llevar a la negativa de la<br />
práctica porque el embarazo está muy avanzado (ver al respecto,<br />
“Aborto sin riesgos. Guía Técnica y de Políticas para Sistemas<br />
de Salud”, OMS, 2003).<br />
28) Que si bien este Tribunal advierte la posibilidad<br />
de configuración de “casos fabricados”, considera que el riesgo<br />
derivado del irregular obrar de determinados individuos, —que a<br />
estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar,<br />
eventualmente, un ilícito penal—, no puede ser nunca razón<br />
suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales<br />
obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos<br />
derechos o que se constituyan en riesgos para su salud.<br />
29) Que, en razón de ello, corresponde exhortar a las<br />
autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer<br />
operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos<br />
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no<br />
punibles a los efectos de remover todas las barreras<br />
administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En<br />
particular, deberán: contemplar pautas que garanticen la<br />
información y la confidencialidad a la solicitante; evitar<br />
procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen<br />
innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las<br />
prácticas; eliminar requisitos que no estén médicamente<br />
indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin<br />
dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante,<br />
-27-<br />
los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el<br />
profesional interviniente y la paciente, respecto de la<br />
procedencia de la práctica médica requerida. Por otra parte,<br />
deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal<br />
sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que<br />
ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la<br />
atención de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá<br />
exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la<br />
implementación del protocolo o al inicio de las actividades en<br />
el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que<br />
toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas<br />
cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en<br />
forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le<br />
confiere a las víctimas de violencia sexual.<br />
30) Que por último, en virtud de la gravedad y<br />
trascendencia social que reviste la temática abordada en el<br />
caso, esta Corte no puede dejar de señalar la necesidad de que<br />
tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen<br />
los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de<br />
violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia<br />
adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica,<br />
sexual y reproductiva. En ese contexto, deberá asegurarse, en un<br />
ambiente cómodo y seguro que brinde privacidad, confianza y<br />
evite reiteraciones innecesarias de la vivencia traumática, la<br />
prestación de tratamientos médicos preventivos para reducir<br />
riesgos específicos derivados de las violaciones; la obtención y<br />
conservación de pruebas vinculadas con el delito; la asistencia<br />
-28-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
psicológica inmediata y prolongada de la víctima, así como el<br />
asesoramiento legal del caso.<br />
31) Que, por estas mismas razones, se considera<br />
indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las<br />
jurisdicciones implementen campañas de información pública, con<br />
especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los<br />
derechos que asisten a las víctimas de violación. Asimismo<br />
deberá capacitarse a las autoridades sanitarias, policiales,<br />
educativas y de cualquier otra índole para que, en caso de tomar<br />
conocimiento de situaciones de abuso sexual brinden a las<br />
víctimas la orientación e información necesaria que les permita<br />
acceder, en forma oportuna y adecuada, a las prestaciones<br />
médicas garantizadas por el marco normativo examinado en la<br />
presente causa.<br />
Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, corresponde:<br />
1) Declarar procedente el recurso extraordinario y, por los<br />
fundamentos aquí expuestos, confirmar la sentencia apelada.<br />
2) Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de<br />
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la<br />
materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del<br />
más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos<br />
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no<br />
punibles y para la asistencia integral de toda víctima de<br />
violencia sexual.<br />
-29-<br />
3) Exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes<br />
judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br />
a<br />
-//-<br />
-30-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
-//-abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no<br />
punibles previstos legalmente.<br />
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS<br />
LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT -<br />
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA<br />
- E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).<br />
ES COPIA<br />
VO-//-<br />
-31-<br />
-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY<br />
Considerando:<br />
1º) En las presentes actuaciones, el 22 de enero de<br />
2010, A.L.F., en representación de su hija A.G., de quince años<br />
de edad, interpuso una “medida auto–satisfactiva” a fin de<br />
obtener autorización judicial para que en el Hospital Zonal de<br />
la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, se<br />
interrumpa el embarazo que la niña cursaba en la octava semana<br />
de gestación.<br />
Fundó su pretensión en los incisos primero y segundo<br />
del artículo 86 del Código Penal, y en tal sentido afirmó que un<br />
mes antes había denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de<br />
esa jurisdicción la violación que había sufrido la menor por<br />
parte de su esposo, O. N. (padrastro de la niña), en el mes de<br />
noviembre de 2009, siendo el embarazo producto de ese hecho.<br />
Explicó que ante la formación del sumario en la<br />
jurisdicción criminal —en el que se constituyó como parte<br />
querellante— se había presentado ante el juez de la causa<br />
requiriendo la autorización para la interrupción del embarazo,<br />
pero dicho magistrado sostuvo que carecía de “facultades para<br />
adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de<br />
investigación”, ordenando el paso de las actuaciones al<br />
Ministerio Público Fiscal, que se expidió por la incompetencia<br />
del fuero penal para resolver el pedido (cfr. fs. 17/18 vta.).<br />
2º) El día siguiente de la presentación que inicia<br />
este expediente, el juzgado de familia dispuso una serie de<br />
-32-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
medidas procesales, ordenando, entre ellas, dar intervención al<br />
“equipo técnico interdisciplinario” a fin de que entreviste a la<br />
menor para determinar, entre otros puntos, “las consecuencias<br />
y/o impacto psicológico en la menor de edad en caso de ser<br />
sometida a la intervención solicitada (aborto terapéutico)”; y<br />
librar oficio al Hospital Regional a fin de que “por intermedio<br />
del Comité de Bioética evalúe la situación planteada de A[.]<br />
G[.] y dictamine sobre lo peticionado” (cfr. fs. 19/20).<br />
Posteriormente, como medida para mejor proveer, se<br />
dispuso librar oficio al director del mencionado hospital para<br />
que informe al juzgado “si de acuerdo a los Protocolos, el<br />
aborto a una menor de edad (15 años), víctima de una violación<br />
(art. 86 del Cód. Penal) puede practicarse en condiciones<br />
lícitas y en tal caso realicen las evaluaciones<br />
interdisciplinarias a través de los Comités Interdisciplinarios,<br />
que se prevén para estos casos” (cfr. fs. 28).<br />
Esta última medida debió ser reiterada en dos<br />
oportunidades por la jueza actuante; la primera porque el<br />
director del nosocomio respondió que “previo al análisis éticomédico<br />
de un período de interrupción de embarazo, debe<br />
determinarse si la persona presenta alguna de las<br />
características excepcionados [sic] por el código penal, ya que<br />
dicho encuadre no resulta ser una materia opinable por parte del<br />
comité” (cfr. fs. 40), y la segunda, en razón de que el jefe del<br />
departamento de tocoginecología de esa institución objetó a lo<br />
requerido que “este comité solamente asesora, no dictamina y en<br />
cuanto al motivo por el cual se solicita realizar un aborto en<br />
la paciente en cuestión, ‘violación’ es un elemento que supongo<br />
-33-<br />
le consta a la justicia, y como tal el único que podría<br />
dictaminar es el juez” (cfr. fs. 80).<br />
3º) Luego de producidas las medidas ordenadas, el 16<br />
de febrero de 2010 esa instancia resolvió rechazar la solicitud<br />
para la interrupción del embarazo de la niña. Apelada esa<br />
resolución por la actora y por la propia menor A. G., el 25 de<br />
febrero de ese mismo año la Cámara de Apelaciones confirmó la<br />
decisión denegatoria.<br />
Entre los argumentos expuestos por los magistrados<br />
que concurrieron a formar la mayoría del tribunal (pues una de<br />
sus integrantes votó en disidencia) se expresó que este caso<br />
pone a los jueces en situación de decidir entre “dar razón al<br />
privilegio de la vida de una menor sobre la otra (nasciturus)<br />
que no [ha] tenido oportunidad de optar por ser o no ser”, y que<br />
enfrentados a ese conflicto “nos encontramos obligados a<br />
preservar el derecho a la vida y consecuentemente a la<br />
personalidad del nasciturus desde el momento de la concepción,<br />
invocando como última ratio, frente a toda situación de duda la<br />
aplicación del principio ‘in dubio pro vida’” (cfr. fs. 372).<br />
También se dijo, repitiendo consideraciones<br />
expresadas por la jueza de primera instancia, que la discusión<br />
entre la interpretación amplia o restrictiva del artículo 86 del<br />
Código Penal no define en profundidad la amplitud de la<br />
decisión, pues en base a las normas del derecho constitucional<br />
que consagran el derecho a la vida y a la salud de todo ser<br />
humano desde la concepción en el seno materno, resulta<br />
indiferente la interpretación de aquélla norma que se adopte.<br />
-34-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
4º) Contra esa sentencia interpusieron sendos<br />
recursos de casación la niña y su madre, los que fueron<br />
concedidos por la cámara de apelaciones y luego declarados<br />
formalmente admisibles por el tribunal superior de justicia<br />
local. Con fecha 8 de marzo de 2010, ese tribunal resolvió —en<br />
lo que aquí interesa— dejar sin efecto la sentencia<br />
recurrida, declarando que el caso encuadra en el supuesto de<br />
aborto no punible previsto por el inciso segundo, primera parte,<br />
del artículo 86 del Código Penal.<br />
Para así decidir, el a quo inició el tratamiento del<br />
caso afirmando que obligar a la actora a obtener un permiso<br />
judicial en un supuesto como el de autos resulta una exigencia<br />
adicional, que a la mujer se le presenta como una carga y una<br />
vulneración a su derecho de acceder al aborto en los casos<br />
autorizados por la ley. Expresó que el propio legislador no ha<br />
dejado en manos de los jueces la tarea de preferir la vida de<br />
una u otra persona, porque precisamente consagró el resultado de<br />
la ponderación entre el derecho a la vida del nasciturus y el<br />
derecho de la mujer víctima de una violación.<br />
Sobre el particular, asumió que la aplicación de los<br />
dos incisos del artículo 86 del Código Penal no requiere de<br />
autorización judicial, quedando la responsabilidad de decidir si<br />
se dan los supuestos fácticos descriptos por la norma en los<br />
médicos que atiendan a la paciente, ya sea en el sector privado<br />
o en el público de la salud, aplicando los principios y reglas<br />
del buen arte de curar.<br />
-35-<br />
Continuó luego el tribunal afirmando que la norma del<br />
artículo 86 del Código Penal aplicable al caso no se contrapone<br />
al bloque constitucional integrado por la Constitución Nacional<br />
y los tratados internacionales incorporados a ella, en tanto<br />
resulta consistente con la prohibición de desprotección legal<br />
arbitraria respecto al derecho a la vida del niño por nacer<br />
desde su concepción. Ello es así, se dijo, pues la norma parte<br />
de la base de considerar al aborto como una conducta prohibida,<br />
aunque con las excepciones consagradas por el artículo en<br />
examen, las que, a su vez, comprometen otros derechos<br />
fundamentales de rango análogo. De esta manera, la decisión<br />
legislativa por la no punibilidad de supuestos como el presente<br />
no puede calificarse de irracional ni de arbitraria, en razón de<br />
que aparece fundada en una causa grave y excepcional sujeta al<br />
margen de valoración del legislador y compatible con la<br />
protección constitucional.<br />
Pasando a la exégesis en particular del inciso<br />
segundo del artículo 86 del Código Penal, sostuvo el tribunal<br />
que además de encontrar en el propio texto de la norma razones<br />
que apoyan la que ha sido denominada la “tesis amplia” —pues<br />
reconoce en ella dos supuestos de aborto no punibles—, es el<br />
principio de legalidad el que exige interpretar los supuestos de<br />
no punibilidad previstos en el mentado artículo con la mayor<br />
amplitud posible.<br />
Finalmente, resta destacar que el tribunal consideró,<br />
en cuanto a la acreditación de la existencia de la violación,<br />
que la urgencia que demanda la resolución a tomar no admite<br />
esperar a la conclusión de dicho trámite, en el sentido de<br />
-36-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
exigir una sentencia condenatoria para habilitar el supuesto<br />
previsto por la norma en tratamiento. Se entendió entonces que<br />
corresponde analizar la denuncia y, ante la imposibilidad de<br />
evitar todo margen de dudas, privilegiar el relato<br />
circunstanciado de la víctima, acompañado de los múltiples<br />
elementos que acrediten su seriedad.<br />
5º) Contra esa sentencia interpuso recurso<br />
extraordinario federal el tutor ad litem y Asesor de Familia e<br />
Incapaces, en favor de la persona por nacer.<br />
Como agravio federal, esa parte planteó la<br />
vulneración del derecho a la vida del nasciturus garantizado por<br />
la Constitución Nacional y por tratados de derecho internacional<br />
público.<br />
En lo concerniente a las circunstancias fácticas del<br />
caso, explicó que ni para las partes, ni para las tres<br />
sentencias que fueron dictadas sucesivamente en las instancias<br />
que transitó el proceso, existe duda alguna de que el embarazo<br />
que presenta la niña proviene de una violación. Esta aceptación<br />
general sobre la cuestión sustancial de los hechos, desde su<br />
óptica, coloca a la dilucidación del caso en el campo del puro<br />
derecho, centrada en la aplicación e interpretación de la norma<br />
del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal, a la luz<br />
del resto del plexo normativo nacional y del derecho a la vida<br />
de la persona por nacer.<br />
Establecido el marco normativo de referencia,<br />
continuó expresando que no entiende que las autorizaciones del<br />
artículo mencionado deban juzgarse inconstitucionales en<br />
-37-<br />
general, ni que se encuentren derogadas por “incompatibilidad<br />
sobreviniente” con normas de mayor jerarquía. Afirmó, no<br />
obstante, que la interpretación de esos permisos legales ha de<br />
ser prudentemente restrictiva de modo de reducir a un número<br />
mínimo “y de enorme dramatismo” los casos subsumibles en ellos.<br />
En tal sentido, entendió que la interpretación lata<br />
que de esa norma realiza la sentencia que impugna para declarar<br />
su aplicación al caso y autorizar así el aborto, resulta opuesta<br />
al derecho a la vida de toda persona conforme a la normativa<br />
constitucional que invoca. Desde ese prisma, afirmó que esa<br />
práctica médica tiene como fin interrumpir el embarazo dando así<br />
fin a la vida del feto, lo que implica un atentado, intencionado<br />
y directo, contra un ser humano cuya existencia y derechos<br />
resultan asegurados por el ordenamiento legal “desde su<br />
concepción”. A su vez, postuló una interpretación de la mentada<br />
norma permisiva, que calificó de literal, restringiendo la<br />
autorización para la interrupción del embarazo sólo en los casos<br />
de violación de una mujer “idiota o demente”.<br />
6º) Al analizar la admisibilidad del remedio federal<br />
(fs. 673/676), el Superior Tribunal de Justicia de Chubut<br />
advirtió que la práctica abortiva ya se había realizado (v. fs.<br />
674 vta.). No obstante ello, refirió –con cita de precedentes de<br />
esta Corte– que la falta de gravamen actual por la resolución<br />
del conflicto no debía obstar a la concesión del recurso, pues<br />
sólo así podrían las relevantes cuestiones planteadas ser<br />
tratadas en instancia federal. A su vez, señaló que el recurso<br />
no cumplía con el reglamento aprobado por la acordada CSJN<br />
4/2007, aunque por motivos similares a los antes apuntados<br />
-38-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
consideró que podía hacerse aquí una excepción a tal régimen.<br />
Por tales fundamentos, resolvió conceder el recurso<br />
extraordinario deducido.<br />
7º) El recurso resulta formalmente admisible en<br />
cuanto se ha invocado que la interpretación dada a la ley común<br />
por el tribunal superior de la causa conculca el reconocimiento<br />
de un derecho constitucional y la sentencia ha sido contraria al<br />
interés del recurrente (artículo 14, inciso 3º, de la ley 48).<br />
8º) Tal como lo ha indicado el superior tribunal<br />
provincial, no obsta a la admisibilidad del recurso que haya<br />
tenido lugar la intervención médica cuya autorización define el<br />
objeto del presente caso, llevada a cabo una vez que el mentado<br />
tribunal hiciera lugar a la pretensión de las actoras (conf.<br />
informe de la defensoría pública provincial obrante a fs. 648).<br />
En oportunidades anteriores esta Corte ha subrayado<br />
que la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones<br />
como la de autos provoca que, al momento en que se requiere la<br />
habilitación de la máxima instancia federal, la actualidad del<br />
agravio referido a las cuestiones constitucionales que aquéllas<br />
conllevan ya ha perdido vigencia en instancias inferiores.<br />
Teniendo ello en cuenta, la Corte decidió en tales antecedentes<br />
admitir el remedio federal a fin de que no se frustre su<br />
intervención en esta clase de casos, cuando existe una<br />
expectativa razonable de que la situación resulte susceptible de<br />
repetición (cfr. Fallos: 324:4061 y 310:819).<br />
De esta manera, una decisión del Tribunal en esta<br />
causa, aun bajo esas condiciones de excepción, se convierte en<br />
-39-<br />
un precedente útil para solucionar con posterioridad conflictos<br />
idénticos, pues estos podrán ser adecuadamente resueltos sobre<br />
su base (cfr. Fallos: 333:777, voto de los jueces Lorenzetti,<br />
Fayt y Argibay).<br />
9º) Los motivos expuestos en el considerando<br />
precedente sirven además de sustento para aplicar en el caso la<br />
excepción contenida en el artículo 11 del Reglamento aprobado<br />
por la acordada 4/2007.<br />
10) Ingresando al fondo de la cuestión traída a<br />
estudio, debe aclararse preliminarmente que está fuera del marco<br />
de decisión de esta instancia federal la revisión del modo en<br />
que el tribunal provincial ha interpretado el artículo 86,<br />
inciso segundo, del Código Penal, en virtud de la regla del<br />
artículo 15 de la ley 48 que veda a esta Corte nacional<br />
pronunciarse con respecto a cuestiones de derecho común. En<br />
función de ese límite, solamente corresponde resolver si tal<br />
interpretación se halla o no en conflicto con las disposiciones<br />
constitucionales que se invocan en el recurso (cfr. Fallos:<br />
123:323; 129:235; 176:339; y, especialmente, 199:617; entre<br />
otros).<br />
11) Como ya se reseñara, el tribunal superior de<br />
justicia local decidió autorizar el aborto peticionado por la<br />
niña A.G., interpretando que la norma citada abarca como<br />
supuestos de no punibilidad, a todos los casos en los que el<br />
embarazo provenga de una violación. El impugnante, por su parte,<br />
afirma que esa exégesis vulnera el derecho a la vida del<br />
nasciturus, y que la interpretación de las normas penales que<br />
-40-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
permiten el aborto “ha de ser prudentemente restrictiva de modo<br />
de reducir a un número mínimo y de enorme dramatismo los casos<br />
subsumibles en las autorizaciones” (v. fs. 657 vta.), lo que<br />
obligaría –en la postulación del recurrente– a limitar la<br />
autorización para los supuestos en los que la víctima de<br />
violación sea una mujer que padezca una incapacidad mental (v.<br />
considerando 5 de este voto). A su vez, el criterio de<br />
diferenciación que propone la defensa para justificar esta<br />
última afirmación se apoya exclusivamente en que la mujer<br />
“idiota o demente” carece de capacidad para prestar<br />
consentimiento a una relación sexual, lo que permitiría<br />
presuponer que cualquier embarazo que acontezca en estos casos<br />
resulta necesariamente producto de una violación.<br />
12) En primer lugar, debe afirmarse que este último<br />
argumento del recurrente no puede aceptarse a fines de ponderar<br />
la razonabilidad de la norma permisiva, pues sólo atiende a la<br />
mayor o menor necesidad de probanzas para determinar la<br />
existencia de la violación que pueden darse según que la víctima<br />
padezca o no una incapacidad mental. Este extremo no resulta<br />
admisible para justificar constitucionalmente que se deje fuera<br />
del ámbito de aplicación de la norma permisiva a las mujeres que<br />
no presentan deficiencias psíquicas, pues más allá de las<br />
diferentes capacidades que puedan presentar, la característica<br />
común que tienen unas y otras es que en todos los casos se trata<br />
de mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un<br />
ataque a su integridad sexual. Por otra parte, el apelante<br />
tampoco explica por qué la diferencia que él alega como<br />
determinante debería tener preponderancia con respecto a la<br />
-41-<br />
mentada característica común que otorga a unas y a otras la<br />
condición de sujetos de la norma permisiva.<br />
13) En cuanto al núcleo de la tesis que propone el<br />
recurrente, debe observarse que la argumentación que la sustenta<br />
pareciera no advertir que aquí se está en presencia de un severo<br />
conflicto de intereses. Esto es así pues en el recurso se invoca<br />
unilateralmente la afectación del derecho a la vida de la<br />
persona por nacer, pero se omite toda consideración con respecto<br />
al otro extremo del conflicto, esto es, la situación de la niña<br />
de 15 años embarazada a consecuencia de una violación de la que<br />
ha sido víctima. Al sesgar de este modo su argumentación, se<br />
ignora la valoración integral que ha hecho el tribunal<br />
provincial para sostener la constitucionalidad de su<br />
interpretación del art. 86.2 del Código Penal, asumiendo sus<br />
implicancias en cuanto a la afectación de la persona por nacer y<br />
contrapesando ello con los derechos de la niña, enunciando los<br />
sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los<br />
intereses en pugna contraria a la que fuera previamente definida<br />
por el legislador.<br />
Analizado en tales términos el planteo expuesto en el<br />
remedio federal —que, a su vez, en forma asertiva, ha sido el<br />
sustento de las resoluciones denegatorias de primera y segunda<br />
instancia—, debe afirmarse que su formulación es incorrecta,<br />
pues, además de desdeñar la extrema conflictividad de una<br />
situación que el legislador consideró no evitable de otro modo<br />
que afectando los derechos del nasciturus, pretende redefinir la<br />
ponderación de los intereses en conflicto valorados por la norma<br />
sin exponer ningún argumento decisivo que obligue a ese nuevo<br />
-42-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
examen de la situación. El esquema de fundamentación de quienes<br />
han sostenido esta postura en el trámite del expediente ha<br />
consistido en alegar la vulneración del derecho a la vida del<br />
feto, sumado —en el mejor de los casos— a una presunción según<br />
la cual la intensidad de la afectación de los derechos de la<br />
madre de la persona por nacer es en realidad menor de lo que la<br />
norma permisiva presupone y que el daño que padece puede<br />
repararse a través de medidas alternativas (verbigracia,<br />
asistencia psicológica a la niña y su entorno familiar durante<br />
el embarazo).<br />
Esa preferencia por un distinto esquema de valores de<br />
ningún modo puede considerarse suficiente como para calificar de<br />
inconstitucional la autorización legal del artículo 86, inciso<br />
2º, del Código Penal y, de ese modo, dejar de aplicarla. Además,<br />
en razón de la particular estimación que se hace del daño<br />
sufrido por la niña víctima de violación y los remedios que se<br />
proponen para subsanarlo, la posición referida omite desarrollar<br />
(y a ello la obligaba su propia construcción argumental) un<br />
análisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a<br />
continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de<br />
dicho comportamiento antijurídico hasta llevarlo a término, no<br />
podría derivar en un perjuicio de una severidad tal que<br />
demostraría, en definitiva, que la valoración de los intereses<br />
en juego que habían realizado (invirtiendo el esquema de<br />
preponderancia fijado por el legislador) resultaba incorrecta.<br />
14) Conforme los principios sobre los que se ha<br />
aceptado el control de constitucionalidad requerido, siguiendo<br />
la interpretación que del derecho común ha realizado el a quo,<br />
-43-<br />
la estructura sistemática de la norma permisiva que define la no<br />
punibilidad del aborto practicado, con su consentimiento, a una<br />
mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de una<br />
violación, presupone justamente la existencia de una situación<br />
de conflicto en la que un peligro para un interés legítimo<br />
únicamente puede ser conjurado a costa de la afectación del<br />
interés legítimo de un tercero. Sólo en consideración a este<br />
contexto específico es que el legislador acepta como socialmente<br />
soportable una conducta que en sí aprecia como prohibida (cfr.<br />
artículos 85, 86, párrafo primero; 87 y 88, primer supuesto,<br />
todos del Código Penal).<br />
Como bien lo advierte el superior tribunal local, la<br />
potestad relativa a la estructuración de la solución legal en<br />
forma de autorización normativa de excepción es competencia<br />
exclusiva del Poder Legislativo. En esta medida, en tanto el<br />
legislador determine los intereses que colisionan y defina con<br />
claridad el contexto fáctico en el que deba tener lugar la<br />
injerencia, y siempre y cuando el remedio legal previsto para<br />
resolverlo resulte proporcional para compensar la gravedad del<br />
conflicto, la decisión sobre cuál de los intervinientes tiene<br />
que soportar el menoscabo de un bien jurídico constituye una<br />
valoración propia de su competencia.<br />
La excepción a la penalización del aborto que regula<br />
el artículo 86.2 del Código Penal (conforme ha sido interpretado<br />
por el tribunal a quo) cumple suficientemente con el estándar de<br />
validez constitucional expuesto ut supra, pues en la ponderación<br />
de los intereses en conflicto, el legislador justifica<br />
concretamente la sustancial preponderancia del interés<br />
-44-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
beneficiado a través de la indicación legal de que el embarazo<br />
haya sido causado por una violación; exigiendo además el<br />
consentimiento de la propia afectada, o de su representante<br />
legal.<br />
Este esquema normativo vinculado a la denominada<br />
indicación criminológica, en primer lugar, delimita el supuesto<br />
excepcional en cuyo contexto se justifica la interrupción del<br />
embarazo —esto es, el hecho antijurídico precedente—, cuya<br />
indudable injerencia negativa sobre ámbitos vitales de la mujer<br />
fundamenta el carácter insostenible del conflicto con los<br />
intereses de la persona por nacer. También mediante el sistema<br />
organizado a través de esa indicación, puede dilucidarse<br />
concretamente el juicio de ponderación sobre el que reposa la<br />
decisión legal, a saber: la relación simétrica entre la falta de<br />
responsabilidad de la mujer en la situación generadora del<br />
conflicto y la irracionalidad de atribuirle el costo de cargar<br />
con el deber de solidaridad (vgr. forzarla a llevar a término el<br />
embarazo bajo amenaza de pena).<br />
A su vez, el ejercicio del medio empleado para la<br />
solución del conflicto (la interrupción del embarazo) es<br />
adecuadamente reglamentado por la norma, canalizando por un<br />
procedimiento específico la constatación de los elementos<br />
fácticos que configuran el permiso y el propio desarrollo de la<br />
práctica, que resulta delegado a los médicos a quienes se<br />
solicita la intervención, coartando así la posibilidad de<br />
sustituir la sujeción a la ponderación legal por criterios<br />
valorativos regidos únicamente por la autodeterminación de la<br />
propia interesada.<br />
-45-<br />
En este sentido, debe quedar en claro que la anterior<br />
descripción de la tarea del legislador no significa, desde el<br />
punto de vista de la Constitución Nacional, que ello implique<br />
una preferencia absoluta de un bien jurídico por sobre el otro,<br />
o que alguno carezca de tutela legal suficiente a través del<br />
ordenamiento jurídico vigente, sino únicamente que ante<br />
circunstancias excepcionales en las que se torna imposible<br />
evitar la tensión entre dos bienes jurídicos por otros medios,<br />
el propio Código Penal permite afectar uno de ellos como única<br />
vía para salvaguardar el restante.<br />
15) Por último, debe advertirse que el marco de<br />
ejercicio del permiso jurídico aquí tratado demanda únicamente<br />
que los médicos a quienes es requerida la intervención<br />
verifiquen que el embarazo es producto de una violación y que la<br />
víctima preste su consentimiento ante esos profesionales para<br />
que se lleve a cabo la intervención. Atento ello, y toda vez que<br />
la práctica solicitada en autos está en definitiva autorizada,<br />
las exigencias legales que legitiman la injerencia no pueden<br />
erigirse en un obstáculo sustancial al efectivo ejercicio del<br />
derecho concedido a la mujer, obligando –como ha ocurrido en<br />
este caso– a que la niña transite un arduo y traumático proceso<br />
judicial que acrecentó innecesariamente el considerable estigma<br />
y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima y<br />
que, en razón del tiempo transcurrido, pudo haber puesto en<br />
riesgo la posibilidad de practicar una intervención sin peligro<br />
alguno para su salud.<br />
Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, corresponde<br />
-46-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
-//-<br />
-47-<br />
-//-declarar procedente el recurso extraordinario y, por los<br />
fundamentos aquí expuestos, confirmar la sentencia apelada.<br />
Notifíquese. CARMEN M. ARGIBAY.<br />
ES COPIA<br />
VO-//-<br />
-48-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO<br />
PETRACCHI<br />
Considerando:<br />
Que el infrascripto coincide con los considerandos 1°<br />
al 4° del voto de la jueza Argibay.<br />
5º) Que, contra esa sentencia interpuso recurso<br />
extraordinario federal a favor de la persona por nacer el tutor<br />
ad litem y Asesor de Familia e Incapaces. Como agravio federal<br />
sostuvo la vulneración del derecho a la vida del nasciturus, el<br />
que, dijo, se hallaba garantizado por la Constitución Nacional y<br />
por diversos tratados de derecho internacional público.<br />
Consideró que la cuestión no se centraba en la<br />
constitucionalidad de las diversas autorizaciones previstas en<br />
el artículo 86 del Código Penal, las que admitió, sino en la<br />
interpretación amplia que se había efectuado de su segundo<br />
inciso. Al respecto, sostuvo que era de toda evidencia que su<br />
interpretación debía hacerse de manera restrictiva, de modo de<br />
reducir a un número mínimo y de enorme dramatismo los casos<br />
subsumibles en las autorizaciones.<br />
6º) Al analizar la admisibilidad del remedio federal<br />
(fs. 673/676), el Superior Tribunal de Justicia de Chubut<br />
advirtió que la práctica abortiva ya se había realizado (v. fs.<br />
674 vta.). No obstante ello, refirió –con cita de precedentes de<br />
esta Corte– que la falta de gravamen actual por la resolución<br />
del conflicto no debía obstar a la concesión del recurso, pues<br />
sólo así podrían las relevantes cuestiones planteadas ser<br />
tratadas en instancia federal. A su vez, señaló que el recurso<br />
-49-<br />
no cumplía con el reglamento aprobado por la acordada CSJN<br />
4/2007, aunque por motivos similares a los antes apuntados<br />
consideró que podía hacerse aquí una excepción a tal régimen.<br />
Por tales fundamentos, resolvió conceder el recurso<br />
extraordinario deducido.<br />
7º) Que, tal como lo ha indicado el superior tribunal<br />
provincial, no obstaría a la admisibilidad del recurso que haya<br />
tenido lugar la intervención médica cuya autorización define el<br />
objeto del presente caso llevada a cabo una vez que el mentado<br />
tribunal hiciera lugar a la pretensión de las actoras (conf.<br />
informe de la Defensoría Pública Provincial obrante a fs. 648).<br />
En oportunidades anteriores esta Corte ha subrayado que la<br />
rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la<br />
de autos provoca que al momento en que se requiere la<br />
habilitación de la máxima instancia federal la actualidad del<br />
agravio referido a las cuestiones constitucionales que aquellas<br />
conllevan ya ha perdido vigencia en instancias inferiores.<br />
Teniendo ello en cuenta la Corte decidió, en tales antecedentes,<br />
admitir el remedio federal a fin de que no se frustre su<br />
intervención en esta clase de casos, cuando existe una<br />
expectativa razonable de que la situación resulte susceptible de<br />
repetición (Fallos: 310:819 y 324:4061).<br />
8º) Que el recurrente no logra expresar argumentos<br />
constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que<br />
deja fuera del ámbito de aplicación de la norma permisiva a las<br />
mujeres que no tengan deficiencias psíquicas. Pues, más allá de<br />
las diferentes capacidades que puedan presentar, la<br />
característica común que tienen unas y otras es que en todos los<br />
-50-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
casos se trata de mujeres que han quedado embarazadas como<br />
consecuencia de un ataque a su integridad sexual. En tal<br />
sentido, no demuestra –ni se advierte– que en las disposiciones<br />
de rango constitucional citadas se reconozcan categorías —o,<br />
mejor dicho, preferencias— como las por él postuladas.<br />
9º) Que, en cuanto al núcleo de la tesis que propone<br />
el recurrente, debe observarse que la argumentación que la<br />
sostiene pareciera no advertir que aquí se está en presencia de<br />
un severo conflicto de intereses. Esto es así pues en el recurso<br />
se invoca, unilateralmente, la afectación del derecho a la vida<br />
de las personas por nacer, pero se omite toda consideración con<br />
respecto al otro extremo del conflicto, esto es, la situación de<br />
la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación<br />
(ver análogos argumentos en Fallos: 324:5, considerando 11,<br />
disidencia del juez Petracchi). Al sesgar de tal modo su<br />
argumentación, se ignora la valoración integral que ha hecho el<br />
tribunal provincial para sostener la constitucionalidad de su<br />
interpretación del artículo 86, inciso 2°, del Código Penal,<br />
asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectación de la<br />
persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la<br />
niña, enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una<br />
ponderación de los intereses en pugna contraria a la que fuera<br />
previamente definida por el legislador.<br />
10) Que, analizado en tales términos, el planteo<br />
efectuado en el remedio federal vuelve a exhibir su incorrecta<br />
formulación pues, además de desdeñar la extrema conflictividad<br />
de una situación que el legislador consideró no evitable de otro<br />
modo que afectando los derechos del nasciturus, pretende<br />
-51-<br />
redefinir la ponderación de los intereses en conflicto valorados<br />
por la norma sin exponer ningún argumento decisivo que obligue a<br />
ese nuevo examen de la situación. El esquema de fundamentación<br />
de quienes han sostenido esa postura en el trámite del<br />
expediente ha consistido en alegar la vulneración al derecho a<br />
la vida del feto, sumado —en el mejor de los casos— a una<br />
presunción según la cual la intensidad de la afectación de los<br />
derechos de la madre de la persona por nacer es en realidad<br />
menor de lo que la norma permisiva presupone y que el daño que<br />
padece puede repararse a través de medidas alternativas<br />
(verbigracia, asistencia psicológica a la niña y su entorno<br />
familiar durante el embarazo).<br />
11) Que, esa preferencia por un distinto esquema de<br />
valores, de ningún modo puede considerarse suficiente como para<br />
calificar de inconstitucional la interpretación efectuada por el<br />
a quo del artículo 86, inciso 2°, del Código Penal y, de ese<br />
modo, dejar de aplicarla. Además, en razón de la particular<br />
estimación que se hace del daño sufrido por la niña víctima de<br />
violación y los remedios que se proponen para subsanarlo, la<br />
posición referida omite desarrollar —y a ello la obligaba su<br />
propia construcción argumental— un análisis exhaustivo tendiente<br />
a determinar si someterla a continuar forzosamente con el<br />
embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurídico<br />
hasta llevarlo a término, no podría derivar en un perjuicio de<br />
una severidad tal que demostraría, en definitiva, que la<br />
valoración de los intereses en juego que había realizado —<br />
invirtiendo el esquema de preponderancia fijado por el<br />
legislador— resultaba incorrecta.<br />
-52-<br />
F. 259. XLVI.<br />
F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.<br />
12) Que, sin perjuicio de lo anterior, las<br />
consideraciones del apelante concernientes a normas de jerarquía<br />
constitucional omiten tomar en cuenta que el fallo apelado se<br />
sustenta autónomamente en legislación común nacional que no ha<br />
sido atacada de inconstitucional, razón por la cual carece el<br />
recurso del requisito de relación directa e inmediata que debe<br />
existir entre las cuestiones federales propuestas y lo decidido<br />
por el pronunciamiento (conf. Fallos: 324:5 y sus citas,<br />
disidencia del juez Petracchi). En consecuencia, habrá de<br />
declararse su inadmisibilidad.<br />
Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador<br />
Fiscal, se declara inadmisible el recurso extraordinario. Hágase<br />
saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.<br />
ES COPIA<br />
Recurso extraordinario interpuesto por Alfredo M. Pérez Galimberti, Asesor<br />
General Subrogante, Defensoría General de la Provincia del Chubut, en su<br />
carácter de Tutor Ad Litem y Asesor de Familia e Incapaces.<br />
Traslado contestado por A.L.F., en representación de su hija menor A.G., con el<br />
patrocinio de la Dra. Sandra Elizabeth Grilli.<br />
Tribunal de origen: Superior Tribunal de la Provincia del Chubut.<br />
Tribunal que intervino con anterioridad: Cámara de Apelaciones de Comodoro<br />
Rivadavia, Sala B.<br />
-53-<br />
Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación<br />
ingrese a:<br />
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/casal/abr/f_aurora_f_259_l_xlvi.pdf<br />
-54-Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-77280569297881087202011-10-03T18:31:00.007-07:002011-10-03T18:31:39.770-07:00CSJN, 06/10/99, Blasson, Beatriz L. G. C. Embajada de la República Eslovaca.<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">CSJN, 06/10/99, Blasson, Beatriz L. G. C. Embajada de la República Eslovaca.</span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Inmunidad de ejecución. Embargo preventivo sobre cuenta corriente bancaria de la Embajada. Improcedencia. Inmunidad de jurisdicción. Distinción. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 12/03/07, en Fallos 322:2399, en LL 2000-B, 540, en RCyS 2000, 858, en DJ 2000-2, 21, en ED, en JA 2000-IV, 641 y comentado por M. Rabino en RDCO 2002-163.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Dictamen del Procurador General de la Nación</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">I. La sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, denegó el recurso extraordinario de la demandada (Embajada de la República Eslovaca) contra el fallo que confirmó la decisión de grado que desestimo el pedido de levantamiento de embargo preventivo sobre la cuenta corriente bancaria de la Embajada, con apoyo en que constituye función privativa de la Corte Suprema apreciar si la misma es arbitraria a los efectos de la apelación federal y en que no se da el caso del art. 14 de la ley 48.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Contra dicha decisión se alza en queja la accionada.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Ratifica en su presentación la índole arbitraria de la resolución atacada y la existencia de cuestión federal, al tiempo que aduce, con apoyo en lo antedicho, la falta de sustento de la denegatoria.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Reproduce, en lo sustantivo, los términos del principal.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">II. En ocasión de deducir la presentación extraordinaria, la accionada sostuvo que la decisión en crisis, vulneró el principio de seguridad jurídica y la inviolabilidad de las inmunidades de que gozan los Estados extranjeros, como también los compromisos de reciprocidad entre los Estados contratantes (arts. 75 inc. 22, Constitución Nacional; 22, inc. 3°, 24/5, 30 y 32 inc. 4°, </span><a href="http://normasdipr.blogspot.com/2008/03/convencion-de-viena-sobre-relaciones.html"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas</span></a><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">; y 6°, ley 24.488). Puso énfasis en que su parte nunca renunció -ni expresa ni tácitamente- a las inmunidades reconocidas por el derecho internacional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Adujo, además, que devino arbitraria, por prescindir de las normas legales nacionales e internacionales, de doctrina y jurisprudencia imperantes y de los dictámenes de la Procuración del Trabajo y Ministerio de Relaciones Exteriores agregados a la causa, sin que los fundamentos expuestos lo justificaran, faltado así igualmente a las reglas de la sana crítica racional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Arguyó por último que, por regla, toda medida cautelar es de interpretación restrictiva, por constituir una excepción al principio de libre disponibilidad del patrimonio del deudor, exigencia que –enfatizó- se crece en casos como el de autos, en que rige además, el principio de inviolabilidad de bienes e inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">III. En lo que aquí interesa, corresponde destacar que la actora, quien afirma haberse desempeñado como personal de maestranza y servicios para la Embajada de la República Eslovaca (CCT 160/75), reclamó diversos rubros laborales emergentes, en su mayor parte, del despido incausado.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Declarada la rebeldía de la accionada y comunicada más tarde su negativa a someterse a la jurisdicción de los tribunales argentinos, la actora gestionó el dictado de diversas medidas precautorias, las que condujeron, finalmente, a la traba de un embargo preventivo sobre una cuenta bancaria de la Embajada.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Peticionado su levantamiento, ello dio lugar a la denegatoria cuya copia obra a fs. 9, la que apelada, motivo la decisión de la alzada laboral que se atacó por esta vía.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En lo sustantivo, se adujo en la ocasión, tras reproducir parte de la doctrina sentada por el Alto Cuerpo en el precedente </span><a href="http://fallosdipr.blogspot.com/2007/03/manauta-c-embajada-de-la-federacin-rusa.html"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">"Manauta"</span></a><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;"> y lo dispuesto por los art. 2°; inc. d, y 6° ley 24.488, que en los supuestos excluidos de la inmunidad de jurisdicción, es irrelevante que el Estado accionado no haya renunciado a un privilegio que no tiene, a menos –precisó el tribunal- que la ejecución de sentencia o la traba de la medida cautelar, requiera, a su vez, vulnerar alguna inmunidad conferida en orden a las funciones "iure imperii".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Destacó, en tal sentido, que los fondos depositados en la cuenta objeto de embargo fueron enviados por el Estado Eslovaco para cubrir los gastos ordinarios de la Embajada e incluyen el pago del personal de servicio y el cumplimiento, respecto de éste, de las normas laborales y previsionales del país receptor, de tal suerte que, de acuerdo a las propias afirmaciones de la parte, pueden entenderse afectados al tipo de obligaciones en que se inscriben las reclamadas. Invocó lo dispuesto por el art. 33 inc. 3°, de la Convención de Viena de 1961.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">IV. Juzgo necesario señalar, previo todo, que, si bien no fueron remitidos los autos principales, las constancias agregadas en este recurso directo permiten –a mi modo de ver- resolver la cuestión planteada.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">V. En mi opinión, el recurso federal resulta formalmente admisible. Ello es así, puesto que se debaten en la causa los alcances y la inteligencia de previsiones de índole federal y la decisión ha sido contraria al derecho que en ellas fundó el apelante (art. 14 inc. 3°, ley 48). Por otra parte, la naturaleza de la cuestión planteada -el reconocimiento del privilegio de inmunidad de ejecución de un Estado extranjero -concierne, también, a un principio de la ley de las naciones (v. doctrina de Fallos 125:40), que por lo mismo, revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia deba ser establecida por el Alto Cuerpo. A ese respecto –debe destacarse- la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes ni por los aportados por el <i>a quo</i>, según la conocida doctrina de Fallos: 308:647; 312:2.254, entre otros.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En cuanto a la definitividad del fallo apelado, VE. ha sostenido, de manera reiterada, que a los fines dispuestos por el art. 14 de la ley 48, sentencia definitiva no es sólo la que concluye el pleito, sino, también, aquella con consecuencias frustratorias respecto del derecho federal invocado, por su tardía o imposible reparación ulterior (cfse., Fallos: 300:1273; 311:1414, 1835; 312:426, entre otros), criterio este último aplicable a la causa, habida cuenta de que lo decidido impide de manera definitiva a la accionada hacer valer –de manera eficaz- la inmunidad que reclama.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">VI. En cuanto al fondo del asunto, la cuestión en debate en la presente causa, relativa a la ejecutabilidad de sentencias firmes contra Estados extranjeros, resulta, en mi criterio, sustancialmente análoga a la examinada en ocasión de dictaminar los autos S.C. B. 656, L. XXXIII, "Bonancic-Kresic, Esteban c. Embajada de la República Federal de Yugoslavia s. despido", en el día de la fecha, a la que cabe remitir, en lo pertinente.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En esa oportunidad, se puso énfasis particularmente en la existencia de un cierto paralelismo entre los privilegios de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, por el que, ausente el primero, se apreció como razonable que un Estado extranjero pudiera ser objeto de medidas tendientes a asegurar la ejecución de un resultado juzgado en contra suyo, so consecuencia –se dijo- de que tal resolutorio, despojado de lo que constituye la esencia misma de la jurisdicción, esto es, la posibilidad de que la sentencia pueda ser ejecutada contra la voluntad de la condenada, quede reducido a una mera declaración de deseos, extraña a la efectividad que requieren los derechos consagrados en nuestra Ley Fundamental (cfse. Fallos: 317:1880, voto del juez Fayt, consid. n° 21 y su cita).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Ello es así –se aclaró- sin perjuicio de las obvias limitaciones impuestas en la materia por la necesidad de garantizar el desempeño eficaz de las representaciones diplomáticas (v. Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Viena de 1961 y art. 25 del citado convenio); particularmente, las derivadas del art. 22, apartado 3, y concs., que prohibe todo registro, requisa embargo o medida de ejecución, sobre los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como sobre los medios de transporte de la Embajada (v. art. 6°, ley 24.488); y de las que se desprenden –además- de la necesidad de no poner en situación de riesgo a la existencia misma del Estado en contra de quien se pronunció la decisión, argumento en el que, por regla, se apoya, finalmente, este privilegio.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En esa ocasión, sin embargo, y sin perjuicio de la explicitación del principio general, se dictaminó, en cuanto al fondo del asunto, en sentido contrario a la pretensión cautelar, toda vez que la misma se cernía sobre bienes alcanzados precisamente por las inmunidades del art. 22, ap. 3°, Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena de 1961; a saber: medios de transporte de la legación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En la presente, empero, la medida precautoria se dirigió contra bienes de distinta naturaleza de los allí mencionados, como son los fondos de la Embajada de la República Eslovaca depositados en una cuenta corriente bancaria, destinados –como resulta de las propias presentaciones efectuadas por sus mandatarios- a "…cubrir los costos y gastos necesarios para el cumplimiento de los fines oficiales de la misma" y/o "…los costos y gastos ordinarios de su desenvolvimiento…"; lo que fue particularmente meritado por el <i>a quo</i> que entendió incluidos entre los mismos el pago del personal de servicio y el cumplimiento, a su respecto de las normas laborales y previsionales.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Dicha argumentación –debo destacarlo- no fue puntualmente contestada por la Embajada, quien se limitó a invocar al respecto la vigencia del privilegio general. No alegó, evidenció ni probó, en tal sentido, que la medida cautelar afecte gravemente la actividad financiera de la misión a punto tal de comprometer el desempeño eficaz de sus funciones, conduciéndola a un estado de falencia patrimonial (cfse. Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961) ni ciertamente, que, en rigor, dichos fondos se encuentren comprendidos entre los bienes que enumera el art. 22, apart. 3°, de dicho tratado u otros igualmente alcanzados por la protección internacional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">A ello se agrega, que la argumentación de la alzada laboral transcripta en último término, dista de constituir –a mi modo de ver- un principio irrazonable de derecho; particularmente, en vista de que –con los resguardos y límites anticipados- se ciñe a un principio, que como se destaca en el escrito obrante a fs. 38/46, suele sugerirse como un criterio general en la materia, a saber: que la medida se concrete a la cosa que es objeto o causa del litigio.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Cabe añadir, por otra parte, en un contexto en el cual, amén de lo anterior, se halla ausente la posibilidad de compromiso de intereses soberanos comprendidos en los términos del "par in parem non habet imperium" y, en cambio, involucrada la efectividad, de derechos constitucionales como el protectorio, la defensa en juicio, igualdad procesal y debido proceso (v. el precitado "Bonancic-Kresic…"), receptados, incluso, buena parte de ellos, internacionalmente, que –en mi parecer- no puede sin más hacerse valer, en contra de quien, enfrentando, inclusive, la rebeldía de la contraria, intenta ejercitar su derecho a la jurisdicción, la usualmente dificultosa discriminación entre recursos que hacen al eficaz desempeño de las funciones de la representación –protegidos, por ende, por el derecho internacional- y los no alcanzados por tales principios protectorios. Ello, sin sacrificio –o al menos riesgo- de los derechos que el ordenamiento exige salvaguardar.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En tales condiciones, ausente –a mi entender- el empeño recursivo que en el caso las circunstancias imponían y dadas las razones que en su ocasión se hicieran explícitas al dictaminar en el precedente "Bonancic-Kresic…", al que se remite, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, admitir formalmente la presentación extraordinaria y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de recurso.- Diciembre 28 de 1998.– N. E. Becerra.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Buenos Aires, octubre 6 de 1999.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Considerando: 1. Que la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo del juez de primera instancia que rechazó un pedido de levantamiento de embargo preventivo decretado sobre la cuenta corriente de la Embajada de la República Eslovaca, que interpuso el recurso extraordinario concedido. La cámara juzgó haber actos "iure gestionis" originados en la relación laboral que unía a las partes y que tales actos quedaban exentos de la inmunidad de jurisdicción de la demandada. Interpretó que era irrelevante el pedido de renuncia, en dichos supuestos, a menos que la ejecución se dirigiera contra alguno de los bienes contemplados como inviolables por la Convención de Viena de 1961, entre los que no consideró incluidos los fondos depositados en la cuenta corriente de la Embajada. La sentencia apelada es definitiva por su índole y consecuencias, ya que puede frustrar inmediatamente el derecho federal invocado y causar perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior, en tanto priva a la apelante de la inmunidad que dice gozar e implica la denegación del fuero federal. El recurso extraordinario es formalmente procedente pues la observancia del principio de inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros constituye un pilar básico del derecho internacional general y hace caso de Corte de trascendencia federal. Una cuestión jurídica de "importancia internacional sobresaliente" (Alcom Ltd. v Republic of Colombia [1984] 2 All ER 6, 14).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">2. Que no existe en nuestro país una norma de derecho interno que regule específicamente el conflicto de inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros suscitado en la causa. La ley 24.488 sólo regula la inmunidad de jurisdicción sin que exista ningún atisbo en su articulado que permita aplicarla por analogía a la inmunidad de ejecución, que a todas luces no ha sido contemplada en aquella ley. En tales condiciones, el caso deberá ser resuelto según las normas y principios del derecho internacional que resulta incorporado "ipso iure" al derecho argentino federal, pues el desconocimiento de las normas que rigen las relaciones diplomáticas internacionales no tendría otro desenlace que conducir al aislamiento de nuestro país en el concierto de las naciones (ver "Manauta", Fallos: 317:1880).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">3. Que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que: "los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución" (art. 22.3). Lo mismo dispone el art. 31.4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">4. Que las medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero que implican el empleo de la fuerza pública del Estado del foro, afectan gravemente la soberanía e independencia del Estado extranjero, por lo que no cabe, sin más extender las soluciones sobre inmunidad de jurisdicción a los casos de inmunidad de ejecución (caso "Manauta", Fallos: 317:1880). La distinción entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución se ha hecho en distintos ordenamientos jurídicos, habiéndose establecido que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica la renuncia a la inmunidad de ejecución (art. 32.4, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; art. 23, Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados 1972: sección 13 (3) de la <i>State Inmunity Act </i>de 1978 del Reino Unido; <i>Foreign Sovereign Inmunities Act </i>de los Estados Unidos de 1976, paragrafos 1609-11; art. 18.2 del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de 1991). En este orden de ideas, la sentencia del Tribunal Federal de Alemania del 13 de diciembre de 1977 (BverfGE 46, ps. 342 y sigtes; v. también UN Materials p. 297; International Law Reports p. 146, p. 150) juzgó que la adopción de la tesis de la inmunidad de jurisdicción restrictiva de los Estados extranjeros, no implica necesariamente la inmunidad de ejecución a su respecto, pues las medidas ejecutorias interfieren contra los derechos soberanos del Estado extranjero de un modo mucho más grave y apremiante. Sin embargo, luego de un largo estudio comparativo llegó a la conclusión de que ninguna regla de derecho internacional público excluía totalmente la adopción por el Estado del foro de medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero. Consideró que en la practica, numerosos Estados admiten la ejecución forzada contra un Estado extranjero pero con grandes restricciones: así Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Austria, Francia y Grecia, entre otros. Esas limitaciones se refieren a los bienes objeto de ejecución y a la posible afectación de las relaciones diplomáticas (p. 395). Bien es verdad que los tribunales de algunos países han admitido la ejecución. Aunque estos precedentes son minoritarios y escasos, puede recordarse una fundada sentencia belga en el caso Société Commerciale de Belgique et l'Etat Helénique, Clunet, 79 (1952) p. 244. Una decisión holandesa en el caso Societe Européenne d'Etudes et d'Entreprises v. Yugoeslavia, 1972 International Legal Materials, consideró que no existe norma alguna de derecho internacional que prohiba de modo absoluto toda ejecución de bienes de un Estado extranjero situados en el territorio de otro Estado. En Italia, se permite la ejecución con, autorización del Ministerio de Justicia italiano. Y esta Corte ha admitido en el caso "Perú, Gobierno de la República del c. S.I.F.A.R., Soc. Ind. Financ. Argentina S.A. s. incumplimiento de contrato" (Fallos: 240:93) la ejecución de una sentencia de esta propia Corte por haber mediado conformidad expresa de la nación actora para el conocimiento de esta Corte en el juicio, conformidad que comprende los trámites necesarios para el cumplimiento del fallo del tribunal, en la medida en que ellos sean compatibles con las normas y principios del derecho de gentes. Agregó además que "el solo requerimiento del pago de las mencionadas condenaciones, cumplido en la persona del representante legal del Estado actor y en el domicilio especial constituido por el mismo, en nada vulnera las inmunidades y prerrogativas de aquél y es, en cambio, conducente para la adecuada realización de la justicia entre las partes". En virtud de ello, ordenó librar mandamiento de ejecución de sentencia "en la forma y con el alcance de los considerandos" (sentencia que luce a fs. 544 de los autos que fueron requeridos del archivo "ad efectum videndi", que lleva la firma de todos los jueces del tribunal y fue registrada al t. 112, Folio 138, del libro de sentencias). Quedó pues claramente advertido por esa Corte que se autorizaba "sólo el requerimiento" de pago y no otra medida de ejecución, en un juicio iniciado por el Estado actor. Según se desprende de las actuaciones el Estado requerido en definitiva pagó extrajudicialmente. Es este el único caso en el que esta Corte se pronunció acerca de un problema muy singular de inmunidad de ejecución que no se invocó y en el que no medió efectivo embargo de ningún bien del Perú.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En las circunstancias del caso "Gobierno de la República del Perú c. S.I.F.A.R., Soc. Ind. Financ. Argentina S.A. s. incumplimiento de contrato" (Fallos: 240:93), el Estado actor demando ante esta Corte y fue reconvenido. Contestó la reconvención con tácita sumisión a la jurisdicción del tribunal. Empero, no medió específica y separada renuncia a la inmunidad de ejecución todo lo cual dio lugar al requerimiento antes relatado sin que pueda desprenderse de aquellas actuaciones el sometimiento del Estado actor a la ejecución forzosa sin su consentimiento especial. De aquí se desprende que el precedente examinado no pude verse en contradicción con la jurisprudencia extranjera que requiere una renuncia de la inmunidad de ejecución separada de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción (ver Vennemann, en "L'Inmunité de Jurisdiction et d'Execution des États", Bruselas, Lovaina, 1971, ps. 119-180; sobre la práctica de los Estados ver también "Netherland's Yearbook of International Law", 10 -1979- ps. 3-289).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Considerando el panorama de la práctica jurisprudencial antes comparada cabe asignar especial relevancia a los fines de integrar el ordenamiento jurídico argentino a la Convención Europea sobre Inmunidad Estatal de 1972 que, según normas optativas de la Convención, permite la ejecución contra la propiedad de un Estado para ejecutar una sentencia firme en procedimientos seguidos contra un Estado en circunstancias en que la Convención no reconoce inmunidad de jurisdicción, en tanto los procedimientos relacionados con una actividad comercial o industrial en la cual el Estado ha tomado parte como particular y la propiedad en cuestión fue usada exclusivamente en relación con tal actividad (Cap. IV especialmente art. 26).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">5. Que a la luz de la práctica actual seguida por los Estados no es posible afirmar la existencia de un riguroso paralelismo entre la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución como norma de derecho internacional general, pues no hay prueba de práctica uniforme ni convicción jurídica de su obligatoriedad. En tal sentido, la Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados de 1972 dispone: "No se aplicarán medidas de embargo ni medida preventiva alguna a las propiedades de un Estado contratante situadas en el territorio de otro Estado contratante, excepto en el caso de que dicho Estado hubiere otorgado consentimiento expreso por escrito en cada caso particular y en la medida en que así lo hiciera" (art. 23). En el mismo orden de ideas, la <i>State Inmunity Act </i>de Gran Bretaña de 1978 establece una prohibición general respecto de las medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero dispuestas en un procedimiento judicial [sección 13 (2) (b)] y a continuación hace una excepción a la regla al permitir que tales medidas respecto de bienes utilizados con fines comerciales [art. 13 (4)]. Sin embargo, la aplicabilidad de esta norma queda restringida en la sección 13 (5), en virtud de la cual, el jefe de la misión diplomática extranjera o la persona que provisoriamente cumpla esas funciones debe expresar el consentimiento escrito y declarar que el bien que se pretende ejecutar no es de naturaleza comercial. Tal expresión está sujeta a prueba en contrario. La <i>Foreign Sovereign Immunity Act </i>de los Estados Unidos de 1976, reconoce la posibilidad de ejecutar aquellos bienes de un Estado extranjero que sean utilizados para actividades comerciales, pero establece dos condiciones conjuntas para su aplicación: al que el Estado haya renunciado de manera explícita o implícita a la inmunidad de ejecución; b) que los bienes de naturaleza comercial sobre los que se pretende la ejecución estén destinados a la misma actividad que dio origen al litigio [parágrafos 1610 (a)]. Igual línea de pensamiento sigue el proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que establece que no podrán adoptarse medidas coercitivas sino cuando el Estado haya consentido ese tipo de medida por acuerdo internacional, por convenio arbitral o contrato escrito, o por una declaración ante el tribunal; cuando el Estado haya designado o afectado bienes para la satisfacción de la demanda objeto del proceso cuando los bienes sean utilizados o estén destinados a ser utilizados para fines que no sean un servicio público no comercial, se encuentren en el territorio del Estado del foro y tengan relación con el objeto de la demanda. Aclara expresamente que el consentimiento al ejercicio de la jurisdicción no implica el consentimiento a la posibilidad de adoptar medidas ejecutorias para las cuales será necesario el consentimiento separado (parte IV, Capítulo II. Art. 18, labor realizada en el 43 período de sesiones de la Asamblea General, 29 abril a 19 de julio de 1991).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">6. Que la Cámara de los Lores, actuando como Supremo Tribunal del Reino Unido, en el caso "Alcom v. Republic of Colombia", que guarda sustancial analogía con el presente, juzgó improcedente, invocando la seminal sentencia del tribunal constitucional alemán reseñado precedentemente, trabar medidas ejecutorias respecto de los fondos depositados en la cuenta corriente de un banco que se utilicen para el normal funcionamiento de una Embajada. El tribunal no negó que tales sumas pudieran ser utilizadas también para fines comerciales pero impuso al acreedor la carga de demostrarlo [1984] 2 All ER 6, 14.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">El 14 de marzo de 1984 la Corte de Casación francesa, en el caso "Société Eurodif v. République Islamique d'Iran", afirmó que la inmunidad de ejecución de la que goza un Estado extranjero es de principio, no obstante excepcionalmente puede ser excluida. En este sentido, juzgó que los bienes pertenecientes a un Estado extranjero se presumen bienes públicos y están protegidos por la inmunidad de ejecución hasta que el acreedor pruebe lo contrario. A tal fin no es suficiente que el bien esté afectado a una actividad privada, además se debe probar que la causa de la medida ejecutoria es la misma que ha dado origen al litigio (Cour de Cassation (1er ch. civ.) 14 mars 1984.- </span><span lang="FR" style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Civ. 1er, 14 mars 1984, Rev. Crit. 1984.644, note Bischoff, Clunet 1984.598, note Oppetit, D. 1984.629, rapport Fabre, note J. Robert, J.C.P. 1984. </span><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">II 20205, concl. Gulphe, note Synvet, Rev. art. 1985.69, note Couchez).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Asimismo, el tribunal Constitucional Español interpretó que "son absolutamente inmunes a la ejecución, los bienes de las misiones diplomáticas y consulares, incluyendo las cuentas corrientes bancarias -según la práctica internacional-" (STC1O7/92, 292/94, 18/97).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">7. Que, la recurrente cuestiona un embargo preventivo sobre los fondos de su cuenta corriente. Este supuesto no se encuentra específicamente contemplado por el art. 22.3 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, ni por el art. 31.4 de la </span><a href="http://normasdipr.blogspot.com/2007/08/convencion-sobre-relaciones-consulares.html"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Convención</span></a><a href="http://normasdipr.blogspot.com/2007/08/convencion-sobre-relaciones-consulares.html"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;"> de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares</span></a><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">. La demandada expresa que los fondos embargados le han sido asignados por el Estado eslovaco para cubrir los costos y gastos necesarios para el cumplimiento de los fines oficiales de la representación diplomática. Alega que no ha renunciado a la inmunidad de ejecución y que en virtud de lo dispuesto en el art. 32.4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es necesaria una nueva renuncia al respecto. Tal afirmación, denota que el Estado acreditaste se ha negado expresamente a la posibilidad de ser sometido a medidas coercitivas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">8. Que, en las circunstancias del caso, no se ha acreditado que la cuenta bancaria objeto de embargo tenga un destino diferente del que afirma la República Eslovaca, esto es, el de solventar los gastos ordinarios de su Embajada en el país. No se ha acreditado que esa cuenta haya sido abierta con específico destino a pagar obligaciones originadas en actividades "iuris gestionis" ni que lo fuera para el pago de obligaciones como las que han dado lugar al litigio, ni que hubiera sido destinada al depósito y extracción de fondos para pagar créditos documentarios o cualquier otro modo de financiamiento de actividades "iure gestioni".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">En el citado fallo de la Corte Constitucional de la República Federal de Alemania, se juzgó inadmisible la ejecución forzada de la propiedad de un Estado extranjero sin el consentimiento de éste, si aquel propiedad sirve a fines soberanos del Estado extranjero (ver UN Materials p. 297; 65 International Law Reports ps. 146 y 150). Bien puede juzgarse que tal inmunidad es una derivación razonada en la inmunidad diplomática establecida por el art. 22 de la Convención de Viena, ya que mal puede concebirse una inmunidad sobre muebles o vehículos de una embajada sin concederla extensivamente a la cuenta bancaria destinada a su conservación y funcionamiento.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">9. Que las relaciones laborales destinadas a servicio de una misión diplomática, si bien cabe entender que ordinariamente son pagadas con fondos depositados en la cuenta de la Embajada, no pueden ser satisfechas por la vía de apremio contra aquella cuenta que solventa las diarias expensas de la misión, pues el Estado receptor está obligado a acordar plenas facilidades para el cumplimiento de las funciones de la misión (art. 25, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">El Tribunal Federal de Suiza también concedió inmunidad de embargo a los fondos destinados al servicio diplomático de un Estado extranjero en el caso v. Geneva Supervisory, Authority for the Enforcement of Debts and Bankruptcy, 102 "International Law Reports", p. 205 (1990). Tampoco aparecen en el caso circunstancias especiales que pudieren justificar la excepción a la inmunidad como por ejemplo que se trate de propiedad adquirida en violación del derecho internacional según prevé la sección 1610 de la <i>Foreign Sovereign Immunities Act </i>de 1976 de los Estados Unidos (ver también G. R. Delaume "The Foreign Sovereign Immunity Act and Public Debt Litigation: Some Fifteen Years Later” 88 American Journal of International Law, 1994 ps. 257, 266). Según la enmienda de 1996 no se concederá inmunidad de ejecución en una acción por daños contra un Estado extranjero por lesiones o muerte causadas por violación de ciertos derechos humanos o actos terroristas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">10. Que ante el delicado y embarazoso conflicto entre el derecho del trabajador a cobrar su salario de una Embajada sobre la cuenta destinada normalmente a pagarlo y el derecho de un Estado extranjero a la inmunidad de ejecuciones sobre esa misma cuenta, ha de darse preferencia a tal inmunidad, pese a que no haya sobre el caso inmunidad de jurisdicción (ver "Manauta" Fallos: 317:1880), pues aquella prorrogativa se funda en el derecho internacional necesario para garantizar las buenas relaciones con los Estados extranjeros y las organizaciones internacionales (art. 27, Constitución Nacional). Naturalmente las buenas relaciones diplomáticas habrán de preservarse a condición de que el Estado extranjero haga honor a las relaciones de justicia con quienes sufran sus inmunidades (art. 515, Cód. Civil). La justicia misma ha de apremiar a ambas partes.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Por ello, oído el procurador general, se declara admisible el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se ordena el levantamiento del embargo preventivo dispuesto sobre la cuenta de la Embajada de la República Eslovaca en el Deustche Bank. Costas por su orden en atención a la índole de la cuestión debatida. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito).- J. S. Nazareno (por su voto). E. Moliné O'Connor. A. Boggiano. C. S. Fayt. E. S. Petracchi (por su voto). A. C. Belluscio. A. R. Vázquez. G. A. F. López (por su voto). G. A. Bossert (por su voto).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Voto de los Dres. Nazareno, Petracchi, López y Bossert</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Considerando: 1. Que la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la decisión del juez de primera instancia que rechazó un pedido de levantamiento de embargo preventivo decretado sobre una cuenta corriente bancaria de la Embajada de la República Eslovaca. Contra esta decisión la representación de dicha Embajada interpuso recurso extraordinario que fue contestado por la actora y fue denegado por el <i>a quo</i> lo que dio origen a la presente queja.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">La Cámara entendió, en lo sustancial, que podía disponerse el embargo sobre los fondos depositados en la aludida cuenta bancaria puesto que ésta no se hallaba incluida entre los bienes que contempla como inviolables la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">2. Que el recurso extraordinario es formalmente procedente por cuanto, en primer lugar, la decisión apelada es equiparable a sentencia definitiva por causar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior y, en segundo término, pues se configura una cuestión federal al estar en juego la inteligencia de normas convencionales y consuetudinarias del derecho internacional público relativas a la inmunidad de ejecución de una sentencia dictada contra un Estado extranjero (art. 14 inc. 3°, ley 48). Asimismo, la naturaleza de la mencionada cuestión hace, según la jurisprudencia del tribunal, a un "principio elemental de la ley de las naciones" (Fallos: 125:40), que revela no sólo su inequívoco carácter federal sino que determina que la inteligencia de aquél deba ser establecida por esta Corte.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">3. Que los infrascriptos se remiten en lo sustancial, a lo expresado en el voto de la mayoría en sus consids. 3° a 9°, inclusive.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">4. Que si bien es cierto que el Estado nacional debe garantizar las buenas relaciones con los Estados extranjeros (art. 27, Constitución Nacional) no lo es menos que atenderse en el caso a la peculiar naturaleza (laboral) del crédito cuya ejecución se pretende. Es por ello que, en la línea de lo resuelto en un caso similar por el Tribunal Constitucional de España (sentencia 18/1997 del 10 de febrero de 1997, B.O.E. N° 63 del 14/3/97), debe instarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país a que adopte todas las medidas que el derecho internacional le ofrece en el ámbito de las relaciones diplomáticas, frente a la Embajada demandada y al Estado al que representa, para posibilitar el cumplimiento de la sentencia dictada en esta causa por el <i>a quo</i>.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="color: #17365d; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191;">Por ello, oído el procurador general, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Ordénase el levantamiento del embargo preventivo trabado sobre la cuenta bancaria de la demandada y líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a los fines indicados precedentemente. Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Agréguese la queja principal y reintégrese el depósito a la apelante.- J. S. Nazareno. E. S. Petracchi. G. A. E. López. G. A. Bossert.</span></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-75791652648199388912011-10-03T18:31:00.005-07:002011-10-03T18:31:13.230-07:00CASO GOMEZ, SAMUEL c. EMBAJADA BRITANICA<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION</span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Suprema Corte:</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">V.S. me da vista de las actuaciones administrativas y judiciales que corren por cuerda, originadas en una demanda iniciada ante el fuero laboral por los apoderados de Samuel Gómez contra la Embajada Británica, sede diplomática en la cual aquél se desempeñó como jardinero hasta el momento de su despido. </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">El magistrado </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">interviniente</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, con arreglo a lo prescripto por el art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, del decreto-ley 1285/58, requirió el allanamiento del gobierno británico a la jurisdicción argentina y aquél, se negó a hacerlo.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Ante ello, el juez, por aplicación del criterio sentado por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fecha 24 de octubre de 1974, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">in re</i> “Roldán, Segundo Blas c. Embajada de la República de Vietnam del Sur s/despido”, decidió llevar adelante la causa, pese a la negativa opuesta por el representante del Reino Unido.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Esta última resolución judicial y el precedente en el cual se funda, aun cuando adolezcan de cierta confusión al no diferenciar claramente entre las inmunidades de los diplomáticos y las propias de los Estados extranjeros en cuanto tales, tratan de establecer una distinción interpretativa en cuanto a los alcances del citado art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, del decreto-ley 1285, vinculada a la conocida diferenciación que se efectúa en el derecho internacional respecto de actos </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">juri</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> </span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">imperii</span></i><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">jure </i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">gestionis</span></i><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> de los Estados extranjeros, a los que, según una tendencia muy difundida sólo en el primer supuesto cabe reconocer inmunidad frente a los tribunales del Estado del foro (</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">conf.</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Oppenheim</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, “Tratado de Derecho Internacional Público”, traducción de J. López </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Olivari</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> y J. M. Castro-Rial, Barcelona, 1961, t. I, vol. I, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">parág</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 115), </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">ps</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 290/293; también, entre tantas otras fuentes, Isidoro Ruiz Moreno, “El Derecho Internacional Público ante la Corte Suprema”, Buenos Aires, 1941, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">ps</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 11 y </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">sigts</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">.; Luis A. Podestá Costa e Isidro </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Satanowsky</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, “¿Puede un Estado extranjero ser demandado ante los tribunales argentinos?”, JA, 1948-II, comentario a fallo, p. 652). Cabe también señalar que loa magistratura laboral da como argumento básico para sustentar el temperamento adoptado, la lesión a la defensa en juicio y a la protección constitucional del salario que surgiría de la aplicación indiscriminada de la norma aludida.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Sin duda, la ardua cuestión planteada habrá de ser resuelta en definitiva por V.E. si el caso es traído por la vía pertinente, pero no corresponde utilizar, en mi criterio, a fin de decidir ese punto, la facultad conferida por el art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 7º, última parte, del decreto-ley 1285/58 que, al parecer, sería el medio sugerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la presentación realizada ante V.E. a raíz de la gestión diplomática efectuada por el Reino Unido.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">No niego que, sentado por una parte, el derecho de esa Nación a no comparecer ante los tribunales argentinos cuando se considera asistida de inmunidad y, por otra parte, que la causa en su contra ha de proseguir, se da una situación análoga a la contemplada en el último párrafo del precepto arriba citado, pues el estado extranjero aludido no tendría vía apta para hacer valer con eficacia la inmunidad reclamada.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Pero, como lo he dicho, ello no autoriza a que la Corte Suprema conozca ahora acerca de lo atinente a si cabe o no reconocer la inmunidad alegada, y sólo faculta, en mi opinión, a se</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "WP MultinationalA Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">½</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">alar el medio procesal que permita superar la situación indicada. Esto último comporta, a la postre, el ejercicio de atribuciones que cabe deducir del citado art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 7°, del decreto-ley 1285/58, mientras que revisar en las presentes condiciones la resolución, por nadie apelada, del juez de la causa, en orden a no reconocer aquí inmunidad a Gran Breta</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "WP MultinationalA Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">½</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">a, significaría dejar de lado el art. 101 de la Constitución en cuanto determina que, exceptuadas las hipótesis de jurisdicción originaria, la Corte Suprema entenderá en los casos de índole federal por apelación, según las reglas que prescriba el Congreso.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">En tal orden de ideas creo útil a</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "WP MultinationalA Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">½</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">adir que el precedente de Fallos, 246-237 aludido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no guarda suficiente relación con el </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">sub</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> lite</span></i><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, pues en aquél, la Corte Suprema, a requerimiento del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, solucionó un verdadero y propio conflicto entre un juez provincial y una autoridad nacional dotada de funciones jurisdiccionales. El énfasis puesto en el caso referido sobre el carácter de órgano supremo de la judicatura argentina que posee esta Corte obedeció a la gravedad de las circunstancias, pero de tal reafirmación de la autoridad del tribunal no cabe deducir que posea una jurisdicción </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">omnicomprensiva</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> que le permita abocar el conocimiento de cualquier causa en que exista interés suficiente. De adoptarse tal temperamento se vendría a sostener que la Corte Suprema argentina es la depositaria original de todo el Poder Judicial de la Nación y las provincias, y que todos los demás órganos judiciales lo ejercen por una suerte de delegación.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">La función del tribunal en el conflicto planteado debe, pues, en mi opinión, limitarse a lo necesario para determinar la vía por la cual debe hacerse valer la inmunidad reclamada por el Reino Unido.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">A tal respecto me parece útil acudir al ejemplo de la doctrina norteamericana, toda vez que las normas constitucionales acerca de la jurisdicción del Poder Judicial son las mismas en uno y otro país.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Ahora bien, el criterio sentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos acerca de la forma de hacer valer la inmunidad alegada por Estados extranjeros consiste en que pueden invocarla constituyéndose como parte en las actuaciones pertinentes a fin de suscitar la cuestión jurisdiccional o, si tuviesen objeción para presentarse como parte, efectuando el reclamo ante el Poder Ejecutivo, el cual, si lo juzga fundado, debe suscitar la cuestión en debida forma, por medio de sus representantes autorizados, ante los jueces de la causa (</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">conf.</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> ex parte Muir, 254 U.S. 522, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">ps</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 532/533; Compañía Española v. </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Havemar</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, 303 U.S. 68, p. 74; ex parte Perú, 318, U.S. 578, p. 588 y otros precedentes citados en los casos aludidos, y Enrique Díaz de Guijarro, “La inmunidad de jurisdicción”, JA, 1946-III-50, sec. Doctrina, punto VI, p. 52).</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Esta práctica y la francesa, que resulta similar (</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">conf.</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> J.P. </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Niboyet</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Traité</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> de </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Droit</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">International</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> Privé </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Français</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">, París, 1949, t. VI, p. 358, núm. 1768) revelan que, como es obvio, la inmunidad de los Estados extranjeros depende del reconocimiento otorgado, en cada caso en que se la cuestione, por los poderes públicos del Estado del foro, de modo que si no se hace valer el privilegio por alguna de las vías consideradas aptas para deducirlo, se produce la pérdida del mismo (</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">conf.</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"> al respecto, ex parte Transportes Marítimos, 264 U.S. 105).</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">En realidad, también cabe afirmar que el regular funcionamiento de los tribunales de justicia del Estado del foro requiere que la oposición, fundada en la inmunidad, a un procedimiento en curso, se realice por las vías prefijadas por la ley, pues no existe otro medio para detener la actuación judicial.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Ocurre, empero, que la comparecencia de un Estado extranjero ante los tribunales del Estado del foro podría ser considerada, aun cuando se limitara a la defensa del privilegio, como una renuncia a éste para el caso de que se lo negase. Vale decir, someter la existencia de la inmunidad de jurisdicción a determinación judicial significaría anticipado acatamiento de lo que se resolviera al respecto, lo cual importaría privar de base a toda objeción del Estado extranjero en el curso posterior del procedimiento, en especial el de ejecución. Pero, seguro, desde luego, esto no puede significar que la mera comparecencia a los fines de defender la inmunidad importe ya, en sí misma, la renuncia a aquélla, cuyo reconocimiento precisamente se quiere obtener. En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema norteamericana en el citado caso ex parte Perú 318 U.S. 578, p. 589 y en la misma línea interpreto que se ubica el precedente de Fallos, 188078, p. 81.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Con arreglo a las consideraciones anteriores aparece como razonable que la presentación del Estado extranjero en juicio no sea la única vía para reclamar la inmunidad, y que quepa hacerla valer ante el Poder Ejecutivo. Este, desde luego, no puede empecer el desarrollo de las actuaciones judiciales, pero se halla facultado para intervenir en la causa y llegar a obtener una decisión definitiva sobre la inmunidad en discusión.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">La exactitud del temperamento según el cual la presentación ante el Poder Ejecutivo es vía adecuada para actuar en defensa del privilegio se ve corroborada, a mi juicio, por las características del sistema establecido por el art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, párrafo segundo, del decreto-ley 1285/58, con la reforma introducida por el decreto-ley 9015/63. En tal efecto, la norma aludida condiciona la inmunidad de los Estados extranjeros a la reciprocidad de los mismos, cuya falta debe declarar el Poder Ejecutivo por decreto. El reclamo de inmunidad ante dicho poder le da a éste una adecuada oportunidad para requerir al Estado interesado, a la representación argentina en él, y a los peritos de derecho internacional, los informes necesarios para determinar si se da o no la situación de reciprocidad que condicione al reconocimiento del privilegio.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Para precisar mejor otras características de la intervención del Poder Ejecutivo en el caso, es preciso señalar que si, luego de despejada la cuestión referente a la reciprocidad, aquél juzga fundado el reclamo del Reino Unido, la comparecencia del Estado en juicio debería efectuarse como parte en los términos del art. 90, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, del </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">cód</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. procesal -pues el Poder Ejecutivo, como órgano de las relaciones exteriores tiene un interés propio en la elucidación del asunto- y por medio del sistema de representación que reglan los decretos-leyes 17.516/67 y 19.539/72. </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">También habrá de tenerse en cuenta que la cuestión aquí planteada por la justicia del trabajo no puede, sin embargo, solucionarse por la mera determinación atinente a si en algún caso similar se reconocería en el Reino Unido inmunidad de jurisdicción para la República Argentina. En efecto, la ley nacional condiciona la inmunidad a la reciprocidad, pero los jueces de la causa han venido a estimar que la inmunidad, en sí misma, con prescindencia del presupuesto a que en general está legalmente sujeta, no se extendería a los casos de reclamos laborales formulados por dependientes argentinos de las representaciones extranjeras.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Asimismo me parece pertinente señalar que la falta de comparecencia del Reino Unido no puede tener los efectos del art. 170 del </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">cód</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. procesal.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Así resulta de la conclusión, arriba puesta de manifiesto, en el sentido de que el Estado extranjero es libre de comparecer o de no hacerlo ante el tribunal que lo cita, bastando para satisfacer sus obligaciones de cortesía la presentación ante el Poder Ejecutivo. De tal manera, no encontrándose en la situación de un litigante común, que sí está sujeto a aquella obligación, la circunstancia de no hacerse parte, y de no impugnar en tal calidad los actos procesales que lo afectan, no puede significar una convalidación de los mismos, pues la regla del art. 170 supone, sin duda, que el destinatario sea alguien obligado a comparecer.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">En síntesis, la situación de privación de justicia suscitada consiste, según lo señalé al comienzo, en que no se ha determinado por cuál vía eficaz cabe hacer valer la inmunidad alegada, y cómo es dable evitar que se produzcan actos procesales que frustran la facultad de no comparecer que la práctica reconoce a los Estados extranjeros.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">La respuesta es, en mi opinión, la siguiente:</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">1) El Reino Unido tenía la posibilidad legal de someter directamente su pretensión a la justicia.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">2) Pero como tal sometimiento podía interpretarse como una eventual renuncia, queda abierta la vía del reclamo ante el Poder Ejecutivo.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">3) Si éste lo desestimase, el Reino Unido debería comparecer en juicio para defender su inmunidad.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">4) Mas si el Poder Ejecutivo considera fundado ese reclamo, entonces habrá de promover incidente ante el Tribunal de la causa y obtener, de ser preciso, un pronunciamiento final de V.E. sobre la cuestión disputada.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Opino, por consiguiente, que corresponde hacer saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que esta Corte no puede resolver por la vía intentada la existencia de la inmunidad invocada por el Reino Unido, y que depende, en las presentes circunstancias, del propio Poder Ejecutivo poner en funcionamiento los mecanismos por los que cabe solucionar el punto cuestionado.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: right;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Noviembre 5 de 1975.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">ENRIQUE C. PETRACCHI.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION</span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: right;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Buenos Aires, junio 24 de 1976.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Considerando:</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">1º) Que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, del decreto-ley 1285/58 “No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">2º) Que tal disposición, que regula la forma de hacer efectivo el principio de derecho internacional relativo a la inmunidad de los Estados, pone de manifiesto que para dar curso a la presente demanda era menester recabar por la vía diplomática la conformidad del país demandado, puesto que su negativa tornaba improcedente continuar con el trámite de la causa.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">3º) Que del análisis de las actuaciones “Gómez, Samuel c. Embajada Británica s/despido”, agregadas por cuerda, no resulta que se haya cumplido con aquella exigencia legal; por el contrario, a pesar de las presentaciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el expediente dando cuenta de que la embajada extranjera se negaba en forma expresa a someterse a la jurisdicción nacional, el juzgado declaró su competencia en razón de no considerar comprendido el caso dentro de la prescripción legal anteriormente referida.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">4º) Que frente a la necesidad de respetar estrictamente las inmunidades de los Estados extranjeros y los recaudos conducentes para el ejercicio de esta clase de privilegios, estima esta Corte que el art. 24, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º, citado, no autoriza la distinción efectuada por el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a quo</i> respecto de la naturaleza de la cuestión; de modo que en el pronunciamiento de </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">fs</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 34 no se han aplicado correctamente las disposiciones vigentes ni se dio cumplimiento a los principios de derecho internacional que rigen la convivencia entre las naciones.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">5º) Que en tal supuesto, se impone dar adecuada solución al problema planteado, según principios del derecho de gentes, de modo que no resulten violadas las bases del orden público internacional que, por encima de las formas en que se encauza el proceso, son de aplicación prioritaria en el caso. Por lo tanto, frente a los términos de la nota enviada por la Cancillería, y habida cuenta de la importancia institucional del asunto, el tribunal considera que debe arbitrar lo conducente para el debido respeto de las inmunidades diplomáticas, máxime si éstas se han hecho valer de la manera que resulta de estas actuaciones.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">6º) Que por último, frente a los hechos señalados resulta evidente que no media la falta de reciprocidad ni decreto limitativo del Poder Ejecutivo en los términos del tercer párrafo del </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">inc</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">. 1º del art. 24 citado; de modo que la inmunidad jurisdiccional se ha hecho valer en forma suficiente en el caso, sin que cuadre exigir otras formalidades que poco o nada agregarían a la declaración expresa ya formulada.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Por ello, y oído el Procurador General, se admite la inmunidad de jurisdicción que invoca<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la Embajada Británica y se deja sin efecto lo actuado en la causa “Gómez, Samuel c. Embajada Británica s/despido”. Notifíquese a la parte actora y comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al que se devolverá el expediente 27.285/74 y al juzgado </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">interviniente</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">HORACIO H. HEREDIA, ADOLFO R. GABRIELLI, ALEJANDRO R. CARIDE, FEDERICO VIDELA ESCALADA y ABELARDO F. ROSSI.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-89916560124478252282011-06-24T21:09:00.001-07:002011-06-24T21:09:45.066-07:00Resumen fallo Filcrosa S.A c/Municipalidad de Avellaneda<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoBodyText">RECURSO DE HECHO: FILCROSA S.A. s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA </div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Tribunal: <b>CSJN, 30/09/03</b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Hechos Principales: <b>La Municipalidad</b><b> de Avellaneda promovió un incidente de verificación en la quiebra de FILCROSA S.A., insinuando un crédito que mantenía en contra de la fallida por tasas municipales. La Sindicatura, al contestar el traslado respectivo, opuso la defensa de prescripción con sustento en lo establecido en el art. 4027, inc. 3°, del Código Civil (prescripción quinquenal -5 años-). Tanto el juez de la quiebra como la Cámara Nacional en lo Comercial rechazaron dicha defensa, por considerar que la prescripción de los tributos municipales se rige por lo dispuesto en las normas locales, sin que resulten aplicables las disposiciones pertinentes del Código Civil, pues la reglamentación de tales gravámenes constituye una facultad privativa de las provincias no delegadas al gobierno federal. Tal decisorio motivó la interposición del recurso extraordinario por parte de la Sindicatura, cuya denegación originó la queja consecuente.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>La cuestión litigiosa, en síntesis, consistía en determinar si la indiscutible facultad local<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de establecer los tributos cuya verificación se solicitó (tasas) incluye la de fijar la prescripción de los mismos o, por el contrario, ésta corresponde a la Nación de acuerdo a lo dispuesto por el art. 75, inc. 12 °, de la Constitución Nacional (cláusula de los códigos).-<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Normas en juego: <b>arts. 75, inc. 12°; 121; 122 y 126, de la Constitución Nacional. También el art. 4027, inc. 3°, Código Civil.-</b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Holding: <b>Para resolver como lo hizo (hacer lugar a la queja y dejar sin efecto la sentencia apelada), la Corte dijo:</b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><b>1) Que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil <i>son inválidas</i>, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>2) Que la mencionada doctrina debía ser ratificada en el caso en discusión, puesto que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un <i>instituto general del derecho</i>, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inc. 12°, CN, éste no sólo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que también estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>3) Que el principio según el cual el órgano habilitado para generar una obligación debe entenderse facultado para regular lo atinente a sus efectos y eventuales defensas del deudor, debe ser interpretado a la luz de las normas que distribuyen tales competencias en la Constitución de las que resulta que, con el fin de asegurar una ley común para todo el pueblo de la Nación, las provincias resignaron a favor de las autoridades nacionales su posibilidad de legislar de modo diferente lo atinente al <i>régimen general de las obligaciones</i>, una de cuyas facetas es la relacionada con el instituto de la prescripción.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>4) Que del texto expreso del art. 75, inc. 12°, CN, deriva la <i>implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción</i> y los demás aspectos que se vinculen con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello así pues, aún cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos, es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción.- </b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Obiter dictum: <b>Me pareció relevante</b>:</div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 3.0pt;"><b>- Que esta Corte ha admitido la aplicación de la legislación civil al ámbito del derecho administrativo, proceder que ha justificado, en lo específicamente referente al derecho tributario, en la circunstancia de que esta disciplina no está al margen de la unidad general del derecho, ni es incompatible con los principios del derecho civil. Ello limitado a los supuestos en los que no existen normas específicas que regulen la cuestión de derecho público de que se trate.- </b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText">-Minoría: <b>Por su parte, la minoría fundó su decisión (hacer lugar a la queja y confirmar la sentencia apelada) en los siguientes términos:</b></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><b>1) Que la ley nacional aplicable en materia de tasas fija en diez años el plazo de prescripción para esa clase de obligaciones. Cuando la legislación nacional altera el plazo común fijado en el Código Civil, modificándolo, no cabe admitir el argumento de que sean inválidas las leyes provinciales que fijan un plazo de prescripción igual para la extinción de las obligaciones de la misma índole.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>2) Que en la medida en que el plazo de prescripción establecido en la legislación local (impugnada de inconstitucional en el caso) no supera el establecido por la Nación para el cobro de las tasas nacionales, no resulta posible considerar que la provincia ha violentado el deber de adecuarse a la legislación nacional uniforme que le impone el art. 75, inc. 12°, CN.-</b></div><div class="MsoBodyText"><b>3) Que ello es así porque si la Nación ha entendido necesario modificar o precisar el plazo de prescripción previsto en los códigos de fondo, elementales razones de igualdad impiden exigir a los estados provinciales un comportamiento distinto. En tales condiciones, y siempre que las provincias, individualmente consideradas, no legislen en exceso del plazo previsto en las leyes nacionales, el propósito constitucional de subordinar las autonomías provinciales a una legislación uniforme y, con ello, garantizar un derecho de fondo único puede considerarse cumplido, cuanto menos en su espíritu.-<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b></div><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><br clear="all" style="mso-special-character: line-break; page-break-before: always;" /> </span>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-62978950043838430732011-06-24T21:07:00.002-07:002011-06-24T21:07:56.989-07:00Resumen Transporte Vidal SA c/Provincia de Mendoza<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-element: para-border-div; padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt;"> <div align="center" class="MsoNormal" style="border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm; text-align: center;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">“<span style="color: black;">Transporte Vidal SA C/ Provincia de Mendoza Repetición de Impuesto</span>”</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm; text-align: center;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">(306: 516) <span style="mso-tab-count: 3;"> </span><span style="color: black;">Bs. As. Mayo<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>31 de 1984. </span></span></div></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><i><u><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">Tribunal:</span></u></i></b><span style="mso-ansi-language: ES-AR;"> Corte Suprema Justicia Nación</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1>Hechos principales</h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">1) ...Que la empresa promueve demanda de repetición por $a 2.569,00 aduciendo haber pagado dicho monto en concepto del impuesto provincial a los ingresos brutos, originados por la actividad de transportador interjurisdiccional durante junio 1979 y marzo de 1980. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">2)...Que funda el pedido de inconstitucionalidad de las leyes locales que rigen el tributo, así como el convenio multilateral que rige las provincias con la ciudad de Buenos Aires por considerarlos violatorios del art. 67 inc, 12 de la CN, objeción de la que también considera pasible a la ley 22.006.</span></div><h1>Normas en Juego:<span style="text-decoration: none; text-underline: none;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; text-underline: none;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Ley 22.006, Convenio Multilateral de 1977,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Arts. 9, 10, 11, 12,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y 67 inc.12 de la Constitución Nacional </span><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"></span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;">Fallo citado: CSJN 178:308 – 168:306 – 298:392</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“Austral Líneas Aéreas SA c/ Provincia de Mendoza s/ repetición<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1>Holding</h1><div class="MsoBodyText">1) ...Que la empresa transportadora realizo el pago del impuesto a la Provincia de Mendoza por bienes trasportados entre distintas jurisdicciones, calculando el impuesto a los ingresos brutos en funcion de lo dispuesto por el Art. 9 del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, es decir, tomando en cuenta el valor de los pasajes y los fletes percibidos o devengados en la provincia. Que el legislador nacional faculto por medio de la ley 22.006<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>a gravar el transporte interjurisdicional conforme aquel convenio multilateral.</div><div class="MsoBodyText">2) ...Que la inequívoca intención constitucional de eliminar los gravámenes discriminatorios infiérese a la de preservar a las actividades que alcancen a dos o mas jurisdicciones del riesgo a que puedan verse sometidas a una múltiple imposición que las obstruya o encarezca como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la misma porción de la base imponible. Que esto ciertamente no significa que se hubiese invalidado la facultad de las provincias de gravar sus actividades.</div><div class="MsoBodyText">3)...Que en merito de lo expuesto, la corte en base a una nueva conformación realiza un cambio radical en su posición anterior en la que las normas constitucionales sustraían la posibilidad que las provincias dispongan del poder de imposición en el comercio interestadual.</div><div class="MsoBodyText">4)...Que en tal sentido la actora sustenta su pretensión en la descripción del Art. 67 inc, 12 de la CN con arreglo a la actividad que desarrolla, no habiendo probado que el tributo que pago importa un trato discriminatorio respecto de otras empresas que realicen transporte en la provincia, ni que la exigencia del citado gravamen sea causa de múltiple imposición provincial. Tampoco pudo demostrar que el tributo encarezca la actividad al punto de tornar oneroso o inconveniente al transito en la provincia.</div><div class="MsoBodyText">5)... Que cabe concluir que el impuesto a los ingresos brutos aplicados en la Provincia de Mendoza conforme<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la autorización del legislador nacional por la ley 22.006 que regula el convenio multilateral para las imposiciones interjurisdicionales<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>del impuesto a los ingresos brutos. Por ello se decide rechazar la demanda impuesta<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>por Transporte Vidal SA</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-26504026049060689042011-06-24T21:07:00.000-07:002011-06-24T21:07:00.108-07:00Resumen fallo Simon, Mataldi c/Provincia de Bs. As<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-element: para-border-div; padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt;"> <div align="center" class="MsoNormal" style="border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm; text-align: center;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">“<span style="color: black;">Sociedad Anónima Mataldi Simón Limitada C/ Provincia de Bs. As.</span>, por repetición de impuesto”</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; padding: 0cm; text-align: center;"><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">(149: 260) <span style="mso-tab-count: 3;"> </span><span style="color: black;">Bs. As. Septiembre 28 de 1927</span></span></div></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><i><u><span style="mso-ansi-language: ES-AR;">Tribunal:</span></u></i></b><span style="mso-ansi-language: ES-AR;"> Corte Suprema Justicia Nación</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1>Hechos principales</h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;">Una ley de la Provincia de Bs. As. establecía un gravamen, el cual <u>recaía sobre el precio de venta de los productos</u> en ella alcanzados, en donde, aparte, se estaba incluido un impuesto Nacional<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de $1 por litro de alcohol. Asimismo la<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>citada Ley establecía un <u>gravamen al valor de venta de la mercadería por toda transacción <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>que se realice fuera de la provincia</u>, cuando los productos hubieren sido elaborados en ella.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1>Normas en Juego:<span style="text-decoration: none; text-underline: none;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; text-underline: none;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Actor: Arts. 9, 10, 11 67 inc.12 y Art. 108 de la Constitución Nacional </span><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"></span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><span style="color: black; mso-ansi-language: ES-AR;">Fallo citado: CSJN T.134 Ps.259 y 267</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1>Holding</h1><div class="MsoBodyText" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: -35.4pt;">...He aquí, la trasgresión precedentemente aludida a principios y preceptos constitucionales in tergiversables. Es en efecto, de considerar elemental que al legislar la provincia, gravando operaciones realizadas fuera de su territorio, actúa mas allá de su potestad jurisdiccional, invade otras jurisdicciones, afecta la circulación territorial de sus productos, dicta reglas a su comercio Interprovincial , y en fin, extiende su poder impositivo hasta superpones un gravamen local sobre un impuesto incorporado a las rentas fiscal de la Nación. Ni a esta ni a los estados puede serle permitido computar un impuesto como parte de precio de un producto para incidir sobre él un nuevo gravamen. Asimismo, la jurisprudencia de la corte ha dicho en numerosos fallos que los impuestos establecidos por una provincia sobre productos que son objeto de venta o otros negocios fuera de la jurisdicción de la misma, es violatorio de la Constitución Nacional<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-85331662531032857702011-06-24T21:05:00.000-07:002011-06-24T21:05:53.315-07:00Sintesis de Contrato de Distribucion Internacional<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal"><span style="font-size: 22.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><u>Contrato de distribución </u></span></div><div class="MsoNormal"><u>1º Concepto:</u></div><div class="MsoNormal">-Contrato en virtud del cual una de las partes (“Distribuidor”) se obliga a adquirir de la otra parte (“Distribuído”) mercaderías de consumo masivo (bienes de bajo valor o baja tecnología), para su posterior colocación en el mercado por cuenta y riesgo propio, estipulándose como contraprestación un beneficio o margen de reventa. <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">-En sentido genérico, se lo entiende como las diversas maneras de establecer canales de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación de dependencia, o bien -en un sentido estricto- para referirse a un medio determinado, con características propias, que utiliza el productor (o mayorista) para colocar su mercadería en el mercado.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">-Contrato consensual que le otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determinado, cuya ganancia consiste, generalmente, en la diferencia entre el precio de compra y el de venta, denominada impropiamente, “comisión” y, más acertadamente, “de reventa”. </div><div class="MsoNormal"><u>2º Caracteres:</u></div><div class="MsoNormal">*Bilateral (Participan: Distribuidor- Distribuído) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*Oneroso (Ambas partes pretenden alcanzar beneficios) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*Consensual (Consentimiento de ambas partes) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*Atípico (Dado que carece de ley que regule el contrato. Más existe 2 excepciones: “Cont. de Distribución de diarios y revistas” y “Cont. de Distribución cinematográfico”) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*No Formal (No hay ley que imponga el cumplimiento de solemnidades específicas; con excepción de las ya citadas)<span style="color: red;"> </span></div><div class="MsoNormal">*Tracto sucesivo (El contrato se encuentra sujeto a una duración, que se impone con motivo de alcanzar la causa motivo de la vinculación contractual) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*Intuitu Personal (El Distribuído considera la organización económica, técnica y comercial del distribuidor, sus antecedentes en la zona determinada (o en otras) y demás condiciones para cumplir el objeto del contrato)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">*Delimitación de zona de distribución (El Cont. de distribución tiene delimitada una zona territorial; caracterizada como el espacio geográfico determinado y distinto de aquellos donde venden los restantes distribuidores)<span style="color: red;"> </span></div><div class="MsoNormal">*<u>Obligaciones de las partes</u>:</div><div class="MsoNormal">-Distribuído:</div><div class="MsoNormal">a) Hacer entrega de los bienes pactados en tiempo, forma y lugar convenidos <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">b) Cumplir con el contrato de buena fe y no rescindirlo intempestivamente <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">c) Asumir la garantía de evicción y vicios redhibitorios <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">d) Cumplir con las clausulas de publicidad (del producto) en el contrato, si ellas existieren <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">e) Entregar un producto idóneo <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">f) Informar el valor de venta del producto y sus variaciones <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">- Distribuidor:</div><div class="MsoNormal">g)Queda a cargo; de haber asumido la obligación de exclusividad; de: 1)no adquirir de tercero los bienes fabricados por el distribuído, 2)no realizar ventas o promociones fuera de su zona exclusiva y 3)no vender productos que se encuentren en competencia con aquellos fabricados por el distribuído (concurrencia desleal) <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">h) Deberá encargarse; de no haberse pactado; de realizar las publicidades y promociones necesarias para una óptima colocación del producto<span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">i) Debe permitir la fiscalización y control de su empresa; si se hubiera pactado; por parte del distribuidor <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">j) Mantener un stock de mercaderías que le permita hacer frente a mayores e inusuales demandas por parte de los consumidores <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">k) Responde por evicción y vicios redhibitorios respecto a los terceros adquirientes de los productos distribuidos <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal">L) Pagar al Distribuído las facturas de los productos adquiridos <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoNormal"><u>3º Diferencias con otros contratos</u>:</div><div class="MsoNormal">-Diferencia entre el “Cont. de Distribución” y el “Cont. de Agencia”:</div><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>En el Cont. de Agencia, el “agente” (mediador o promotor de negocios) interviene con el fin de procurar al proponente un resultado derivado de su actuación; mientras que el Cont. de Distribución, el “distribuído” busca que su producción llegue con mayor facilidad a distintos lugares, ampliando su clientela. </div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><br />
</div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>El “agente” a diferencia del “distribuidor” puede actuar con o sin representación; más siempre por cuenta del proponente; mientras que el segundo; vende en el mercado a cuenta y riesgo propio. </div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><br />
</div><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="mso-list: l1 level1 lfo1; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>La actuación en nombre propio que caracteriza al “distribuidor” y al “distribuído” permite diferenciarlos del “agente”, pues éste es sólo un intermediario entre el productor y el cliente.<span style="color: red;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal">-Diferencia entre el “Cont. de Distribución” y el “Cont. de Concesión”:</div><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>Habrá “Cont. de Concesión” cuando exista una subordinación técnica y económica por parte del “concesionario” al “concedente”(es el mismo contrato el que establece, por medio de un reglamento las directivas a que debe ajustarse el concesionario); mientras que en el “Cont. de Distribución”, el “distribuidor” conserva una mayor autonomía. <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>En la “distribución” se publicita tanto el producto y su marca como la empres distribuidora; mientras que en la “concesión” sólo se publicita la marca del producto y éste en sí mismo. </div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>El “distribuidor” y el “concesionario” tienen en común que ambos son comerciantes independientes, que aceptan comprar para revender ciertos materiales o productos de una marca determinada, a condición de que el fabricante o proveedor les conceda la venta de sus productos en un sector determinado. <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>La “distribución” se refiere a mercadería común de consumo o de uso sencillo, en tanto que la “concesión” se refiere a bienes de alta tecnología como, por ejemplo, los automóviles. <span style="color: red;"></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>La distinción entre “distribuidor” y “concesionario” está dada por la circunstancia de que este último asume obligaciones específicas de garantía y de service posterior a la venta, lo que no sucede con el distribuidor, quien cumple con la entrega del producto y no asume estas obligaciones adicionales ( fuera de la garantía común que ofrece cualquier vendedor).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="color: red;"></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="mso-list: l3 level1 lfo2; text-indent: -18.0pt;"><span style="font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">§<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span>El “distribuidor”, en la mayoría de los casos, tiene como clientes a comerciantes minoristas que compran para revender, en tanto que el “concesionario” por lo común contrata con clientes particulares que adquieren para sí.<span style="color: red;"></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpLast"><br />
</div><div class="MsoNormal"><u>4º Ley Aplicable</u>:</div><div class="MsoNormal">Éste tipo de contrato, en nuestro país, carece de regulación legal al respecto, tanto en doctrina como en jurisprudencia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Más existen dos excepciones de contratos, que en materia contractual distributiva admiten regulación fáctica. Ellos son:</div><div class="MsoNormal">-El “Cont. de distribución de diarios y revistas!, que está regulado por el dec. 24.095/49, por resoluciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión y por ordenanzas municipales. La finalidad que inspira esta normativa es la de nivelar las relaciones entre las partes (empresas editoras – distribuidores), dado el carácter aleatorio de esta negociación.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Es así que el dec. 24.095/49 otorga en su art. 1º el derecho a tal “devolución”. Esa característica especial, ha calificado a la distribución de publicaciones periódicas como contrato de distribución comercial impropio, ya que desnaturaliza la asunción de los riesgos de comercialización que, por definición, recaen sobre el distribuidor.<span style="color: red;"> </span></div><div class="MsoNormal">-El “Cont. de distribución cinematográfico”, que deriva del régimen de la ley de propiedad intelectual 11.723, que comprende la comercialización de la obra cinematográfica, dicha comercialización ofrece tres momentos individualizados, que dan lugar al empleo de tres modalidades contractuales: el contrato de producción (locación de obra); el contrato de distribución, y el contrato de exhibición.<span style="color: red;"> </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><u>5º Extinción del contrato</u>:</div><div class="MsoNormal">La extinción se produce por “causas ordinarias” (entendidas por las causas comunes a todos los contratos) y por “causas particulares”. Respecto de estas últimas diremos:</div><div class="MsoNormal">**“Caso de tratarse de un contrato de plazo determinado”: las partes no pueden apartarse de la relación antes de su vencimiento salvo que se configure una causal de resolución expresamente prevista por las partes, o el incumplimiento de una prestación esencial por cualquiera de las partes. De no haberse ejercido una clausula tácita de reducción, ambas partes conservan el derecho a dar por finalizado el vínculo, limitándose a que éste no sea ejercido abusivamente (art. 1071 CC).</div><div class="MsoNormal">**“Caso de tratarse de un contrato de plazo indeterminado”: las partes pueden denunciarlo en cualquier momento, siempre que el ejercicio de dicha facultad no sea anti funcional (art. 1071 CC) estado además obligadas a otorgar el preaviso pertinente a la otra parte contratante.</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Es habitual que las partes acuerden causales de resolución o rescisión del contrato como:</div><div class="MsoNormal">-Quiebra o concurso preventivo (de cualquiera de las partes), muerte o pérdida de la capacidad de uno de los contratantes, la transmisión del fondo de comercio, el cambio de actividad y , con respecto a las personas de existencia ideal, la trasformación de ésta, el cambio del objeto social, la reducción del capital y otras circunstancias semejantes; las condenas de naturaleza penal; la no colocación de la cantidad mínima de mercadería prevista en el contrato; la calidad de los productos distinta a las condiciones que fueron tenidas en cuenta como necesarias al contratar.</div><div class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La rescisión unilateral del contrato, sin causa justificada o no acordada expresamente, que provoca un daño a la otra parte, da origen al derecho del contratante perjudicado de reclamar la reparación de daños y en forma integral.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La cuantía de la indemnización se determina según los daños efectivamente probados, y comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Con respecto al resarcimiento del daño moral, entendemos que el afectado por la ruptura intempestiva del contrato podrá reclamarlo. </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 200%;"><u><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">6º Derecho Comparado</span></u><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">:</span></div><div class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Una de las formas de acceder a un mercado extranjero es mediante la utilización de distribuidores locales, pues éstos suelen tener el contacto con los clientes finales. La relación con distribuidores extranjeros introduce elementos de internacionalidad en el contrato de distribución. Los dos elementos de internacionalidad más típicos son: la competencia judicial y la ley aplicable. Cuando se rompe la relación contractual, lo primero que se plantean las partes es: ante qué tribunales nacionales puedo demandar (desde el punto de vista del potencial actor) o puedo ser demandado (desde el punto de vista del potencial demandado). Las reglas de competencia judicial internacional determinan esos tribunales, qué ley nacional va a aplicar el juez competente para resolver el fondo del litigio. Ejemplo. Los casos de contratos de distribución internacional que ha conocido la jurisprudencia española suelen responder prácticamente todos al mismo patrón una empresa de distribución nacional tiene un contrato celebrado con una firma extranjera. Al cabo de los años, la firma extranjera decide resolver anticipadamente el contrato y la empresa española, disconforme, se plantea ejercer una reclamación judicial. Las dos preguntas fundamentales desde el punto de vista internacional son: (a) ¿Ante que tribunales, los españoles o los extranjeros, va a poder ejercitar su acción? (b) ¿Qué ley estatal, la española o una extranjera, va a determinar si hay incumplimiento contractual y, en su caso, la eventual indemnización? </span><span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">La competencia judicial internacional de los tribunales españoles viene determinada –fundamentalmente, y dejando de lado ciertos convenios bilaterales- por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y por el Reglamento Bruselas I (Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000). La aplicación de cada texto depende, en principio, de dónde tenga su domicilio el demandado: si la persona demandada tiene su domicilio en otro Estado miembro de la Comunidad (salvo Dinamarca, frente a la que se aplica un Acuerdo bilateral de 19 de octubre de 2005), rige el Reglamento Bruselas I; si la persona demandada tiene su domicilio en un tercer Estado, rige la LOPJ. No hay solapamiento entre ambos textos: la aplicación del Reglamento excluye el juego de la LOPJ. Vamos a comenzar por el régimen del Reglamento ya que es el 1 <i>Vid., </i>por ejemplo, SAP de Madrid, de 31 de enero de 2007, <i>AEDIPr, </i>2007, p. 896 y ss. que más aplicación práctica tiene y, además, el que ofrece un régimen más refinado técnicamente.</span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">El régimen de competencia judicial que establece el Reglamento Bruselas I se basa en un esquema de alternatividad ente un foro general y una serie de foros especiales. El Reglamento arranca de la competencia general de los tribunales del Estado miembro donde tenga su domicilio del demandado y establece una serie de foros especiales, que funcionan como alternativos a aquél. Ello no impide, naturalmente, que las partes puedan fijar <i>ex ante </i>la competencia mediante una cláusula de jurisdicción. Las cláusulas de jurisdicción son muy comunes en los contratos de distribución concluidos por escrito y, de hecho, se encuentran en cualquiera de los modelos-tipo que ofrecen distintas asociaciones u organismos internacionales. La ventaja de estas cláusulas es que permiten a las partes fijar <i>ex ante </i>la competencia y, por consiguiente, eliminar desde el principio cualquier riesgo o incertidumbre al respecto y prevenir posteriores conductas estratégicas. En defecto de cláusula de jurisdicción, o cuando ésta no tiene alcance exclusivo, el Reglamento responde a ese esquema que hemos señalado: foro general foro especial (alternativo). El <i>foro general </i>está previsto en el Artículo 2 del Reglamento: “<i>Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado”.</i></span></div><div class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">El segundo problema de internacionalidad que plantean los contratos de distribución es el relativo a la determinación de la ley aplicable al contrato. Hasta ahora, la respuesta a esta cuestión venía determinada por el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980. Desde el 17 de diciembre de 2009, éste instrumento será sustituido por el Reglamento Roma I (Reglamento 593/2008).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 200%;"><u><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">7ºJurisprudencia</span></u><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">:</span></div><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.7pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo3; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -17.85pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Distribuidora Busnelli S.A. c. Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A.</span></b><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> [Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B (CNCom)(Sala B),con fecha del 28/06/2002,<b><span style="color: black;"> </span></b><span style="color: black; mso-bidi-font-weight: bold;">cuyo hecho reseña: </span><span style="color: black;">dos empresas se encontraban vinculadas mediante un contrato de distribución en el que no se había fijado plazo de duración. Una de las partes; </span>Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A<span style="color: black;">; rescindió el contrato. La otra interpuso; </span>Distribuidora Busnelli S.A.;<span style="color: black;"> una demanda por daños y perjuicios. En primera instancia se hizo lugar al reclamo. La Cámara confirmó la resolución.]</span></span></div><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.7pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><br />
</div><div style="background: white; line-height: 115%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l2 level1 lfo4; text-indent: -18.0pt;"><span style="color: black; font-family: Symbol; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-themecolor: text1;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1;">Compañía Americana de Productos Industriales S.R.L. c. Aldoro Industria de Pos e Pigmentos Metálicos Ltda. </span></b><span style="color: black; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1;">[Juz. Nac. Com. 5, secretaría 9, con fecha del 13/03/08, 1º instancia, cuyo hecho reseña: la Compañía Americana de Productos Industriales S.R.L. promovió acción contra Aldoro Industria de Pos e Pigmentos Metálicos Ltda. procurando se la indemnice de todos los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la decisión intempestiva y unilateral de Aldoro de dar por concluida la relación comercial que unía a las partes. Más la solución de la litis radica en determinar si existió entre las partes un contrato de distribución, para luego avanzar en la oportunidad de la rescisión y por último, la valoración de los daños que se hayan ocasionado con lo anterior en caso de que deban ser indemnizados. De este modo, la justicia falla decidiendo que no existió<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>contrato de distribución entre las partes; aduciendo que la relación que las unió se trató de ventajas singulares, circunstanciales y únicas, sin regularidad aparente. Instituyendo por ende, en contra de la actora. ]</span></div><div class="MsoNormal" style="tab-stops: 87.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><br />
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</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-15396199182242398242011-06-21T20:11:00.001-07:002011-06-21T20:11:43.334-07:00Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">PROCEDIMIENTO FISCALES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Decreto 821/98</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Apruébase el texto ordenado de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Bs. As., 13/7/98</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ver Antecedentes Normativos </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">VISTO la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1978, y sus modificaciones, y</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CONSIDERANDO:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Que resulta necesario aprobar el texto ordenado de las normas aludidas, a fin de facilitar su consulta y evitar confusiones en su aplicación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Ley Nº 20.004.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Por ello,</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DECRETA:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo 1º — Apruébase el texto ordenado de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, de acuerdo al ordenamiento que, como Anexo I, integra el presente decreto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El citado texto ordenado, elaborado según el índice agregado como Anexo II, se denominará "Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998".</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MENEM - Jorge A. Rodríguez — Roque Fernández.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">TITULO I</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO I</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DISPOSICIONES GENERALES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Principio de Interpretación y Aplicación de las Leyes</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 1º — En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 2º — Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Domicilio Fiscal</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 3° — El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, es el real, o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. (Nota Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 90/2001 B.O. 29/01/2001, se establece que donde dice "MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" debe entenderse "JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS")</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde este situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el caso de las personas jurídicas del Código Civil, las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, los patrimonios destinados a un fin determinado y las demás sociedades, asociaciones, entidades y empresas, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien en el extranjero y no tengan representantes en el país o no pueda establecerse el de estos últimos, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la República en que dichos responsables tengan su principal negocio o explotación o la principal fuente de recursos o subsidiariamente, el lugar de su última residencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo, el mismo tendrá validez a todos los efectos legales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en la presente ley o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su numeración, y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS conociere el lugar de su asiento, podrá declararlo por resolución fundada como domicilio fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, tuviere conocimiento, a través de datos concretos colectados conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal del responsable, podrá declararlo, mediante resolución fundada, como domicilio fiscal alternativo, el que, salvo prueba en contrario de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales. Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable. En tales supuestos el juez administrativo del domicilio fiscal del responsable mantendrá su competencia originaria. (Párrafo incorporado por art.1° pto. I de la Ley N° 26.044 B.O.6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado o también, si se tratara de un domicilio legal, cuando el mismo hubiere desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Todo responsable que haya presentado una vez declaración jurada u otra comunicación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los DIEZ (10) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de esta ley. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma que determine la reglamentación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de ello, en aquellas actuaciones en las que corresponda el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 9°, punto 1, inciso b), del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997 y concordantes y en el Capítulo XI de este Título, el cambio de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y en forma directa en las referidas actuaciones administrativas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo producirá en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, siéndole aplicables, en su caso, las disposiciones de los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1334/98 B.O. 16/11/1998)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien deberá evaluar que se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta vía.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. II de la Ley N° 26.044 B.O.6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Términos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 4º — Para todos los términos establecidos en días en la presente ley se computarán únicamente los días hábiles administrativos. Cuando un trámite administrativo se relacione con actuaciones ante Organismos judiciales o el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, se considerarán hábiles los días que sean tales para éstos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Para todos los términos establecidos en las normas que rijan los gravámenes a los cuales es aplicable esta ley, se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo que de ellas surja lo contrario o así corresponda en el caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: Establécese un régimen de consulta vinculante.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La consulta deberá presentarse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración conforme la reglamentación que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá exceder los NOVENTA (90) días corridos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el incumplimiento de los obligados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La respuesta que se brinde vinculará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y a los consultantes, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la consulta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los consultantes podrán interponer contra el acto que evacúa la consulta, recurso de apelación fundado ante el Ministerio de Economía y Producción, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el mismo. Dicho recurso se concederá al solo efecto devolutivo y deberá ser presentado ante el funcionario que dicte el acto recurrido.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las respuestas que se brinden a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas conforme los medios que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. En tales casos se suprimirá toda mención identificatoria del consultante.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. III de la Ley N° 26.044 B.O.6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO II</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">SUJETOS DE LOS DEBERES IMPOSITIVOS</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsables por deuda propia</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 5º — Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean contribuyentes según las leyes respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el artículo 8º, inciso d). Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho común.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Las sucesiones indivisas, cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la ley respectiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial o municipal, así como las empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos (impuestos, tasas y contribuciones), regidos por esta ley y a los restantes tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), incluidos los aduaneros, estando, en consecuencia, obligadas a su pago, salvo exención expresa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsables del cumplimiento de la deuda ajena</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 6º — Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) El cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Los padres, tutores y curadores de los incapaces.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 5º en sus incisos b) y c).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Los administradores de patrimonios, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que gravan las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos, en la forma y oportunidad en que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto I de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 7º — Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran o liquidan, los deberes que esta ley y las leyes impositivas imponen a los contribuyentes en general para los fines de la determinación, verificación y fiscalización de los impuestos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las personas mencionadas en los incisos d) y e) de dicho artículo tienen que cumplir los mismos deberes que para esos fines incumben también a las personas, entidades, etc., con que ellas se vinculan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsables en forma personal y solidaria con los deudores</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 8º — Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales. (Inciso sustituido por Título XV art. 18 inciso 1) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de sociedades irregulares o de hecho. También serán responsables, en su caso, los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que los mismos representen o integren. (Párrafo incorporado a continuación del inciso a) por art. 1° pto. IV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de los concursos preventivos y de las quiebras que no hicieren las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto de quiebra, según el caso; en particular, si dentro de los QUINCE (15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, no hubieran requerido a la Administración Federal de Ingresos Públicos las constancias de las respectivas deudas tributarias, en la forma y condiciones que establezca dicho organismo. (Inciso sustituido por art. 1° pto. V de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los QUINCE (15) días siguientes a aquél en que correspondía efectuar la retención, si no acreditaren que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo existe a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo señalado; y los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron de ingresar a la ADMINISTRACION FEDERAL en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS, podrá fijar otros plazos de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o del control de la deuda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideran como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubiesen cumplido la intimación administrativa de pago del tributo adeudado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada, caducará:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. A</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> los TRES (3) meses de efectuada la transferencia, si con antelación de QUINCE (15) días ésta hubiera sido denunciada a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. En cualquier momento en que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiera adeudarse, o en que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Los terceros que, aún cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a la cancelación de la misma, si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Cualesquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colaboración empresaria, respecto de las obligaciones tributarias generadas por el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. (Inciso incorporado por art. 1°, punto II de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">h) Los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes, apócrifos o no autorizados, cuando estuvieren obligados a constatar su adecuación, conforme las disposiciones del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 33 de la presente ley. En este caso responderán por los impuestos adeudados por el emisor, emergentes de la respectiva operación y hasta el monto generado por la misma, siempre que no puedan acreditar la existencia y veracidad del hecho imponible. (Inciso incorporado por art. 1°, punto II de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsables por los subordinados</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 9º — Los obligados y responsables de acuerdo con las disposiciones de esta ley, lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsabilidad del consumidor final</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 10 — Los consumidores finales de bienes y servicios, o quienes según las leyes tributarias deben recibir ese tratamiento, estarán obligados a exigir la entrega de facturas o comprobantes que documenten sus operaciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La obligación señalada incluye la de conservarlos en su poder y exhibirlos a los inspectores de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, que pudieran requerirlos en el momento de la operación o a la salida del establecimiento, local, oficina, recinto o puesto de ventas donde se hubieran celebrado las mencionadas transacciones. El incumplimiento de esta obligación en las operaciones de más de DIEZ PESOS ($ 10) será sancionado según los términos del primer párrafo del artículo 39 de esta ley reduciéndose el mínimo de la multa a este efecto a VEINTE PESOS ($ 20). La actitud del consumidor deberá revelar connivencia o complacencia con el obligado a emitir o entregar la factura o comprobante.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La sanción a quien haya incumplido el deber de emitir o entregar facturas o comprobantes equivalentes será un requisito previo para que recaiga sanción al consumidor final por la misma omisión.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO III</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DETERMINACION Y PERCEPCION DE IMPUESTOS</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Declaración jurada y liquidación administrativa del tributo</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 11 — La determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con la presente ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que establecerá la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para reemplazar, total o parcialmente, el régimen de declaración jurada a que se refiere el párrafo anterior, por otro sistema que cumpla la misma finalidad, adecuando al efecto las normas legales respectivas. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posee.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 12 — Las liquidaciones de impuestos previstas en el artículo anterior así como las de intereses resarcitorios, actualizaciones y anticipos expedidos por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS mediante sistemas de computación, constituirán títulos suficientes a los efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen, además de los otros requisitos y enunciaciones que les fueran propios, la sola impresión del nombre y del cargo del juez administrativo. Esto será igualmente válido tratándose de la multa y del procedimiento indicados en el artículo 38.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 13 — La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 14 — Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 15 — Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetos a las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes tributarias específicas, a los efectos del monto de la materia imponible y del gravamen, no se tomarán en cuenta las fracciones de peso que alcancen hasta CINCO (5) décimas de centavo computándose como un (1) centavo de peso las que superen dicho tope.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Determinación de Oficio</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 16 — Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos a que se refieren los artículos 9º, punto 1, inciso b) y 10 del Decreto Nº 618/97.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se trate de liquidaciones efectuadas con arreglo al último párrafo del artículo 11 el responsable podrá manifestar su disconformidad antes del vencimiento general del gravamen; no obstante ello, cuando no se hubiere recibido la liquidación QUINCE (15) días antes del vencimiento, el término para hacer aquella manifestación se extenderá hasta QUINCE (15) días después de recibida.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El rechazo del reclamo autorizará al responsable a interponer los recursos previstos en el artículo 76 en la forma allí establecida.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 17 — El procedimiento de determinación de oficio se iniciará, por el juez administrativo, con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de QUINCE (15) días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, el juez administrativo dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago dentro del plazo de QUINCE (15) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el supuesto que transcurrieran noventa (90) días desde la evacuación de la vista o del vencimiento del término establecido en el primer párrafo sin que se dictare la resolución, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Pasados TREINTA (30) días de tal requerimiento sin que la resolución fuere dictada, caducará el procedimiento, sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas, y el Fisco podrá iniciar -por una única vez- un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización del titular de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de lo que se dará conocimiento dentro del término de TREINTA (30) días al Organismo que ejerce superintendencia sobre la ADMINISTRACION FEDERAL, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El procedimiento del presente artículo deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8º.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la disconformidad respecto de las liquidaciones practicadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS con arreglo al último párrafo del artículo 11 se limite a errores de cálculo, se resolverá sin sustanciación. Si la disconformidad se refiere a cuestiones conceptuales, deberá dilucidarse a través de la determinación de oficio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando los agentes de retención o percepción —habiendo practicado la retención o percepción correspondiente— hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o informativas de su situación frente al gravamen de que se trate o, alternativamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos, constatare la retención o percepción practicada a través de los pertinentes certificados, no procederá la aplicación del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de esta ley, bastando la simple intimación de las sumas reclamadas. (Párrafo incorporado por art. 1° pto. VI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 18 — La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que deberán proporcionarles los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca el Administrador Federal con relación a explotaciones de un mismo género.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario que:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Las ganancias netas de personas de existencia visible equivalen por lo menos a TRES (3) veces el alquiler que paguen por la locación de inmuebles destinados a casa-habitación en el respectivo período fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Cuando los precios de inmuebles que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ello no sea explicado satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras circunstancias, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) A los efectos de cada uno de los impuestos que se indican seguidamente, las diferencias físicas de inventarios de mercaderías comprobadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, luego de su correspondiente valoración, representan:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. En el impuesto a las ganancias:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a la diferencia de inventario en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. En el impuesto al valor agregado:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Montos de ventas gravadas omitidas, determinados por aplicación, sobre la suma de los conceptos resultantes del punto precedente, del coeficiente que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Igual método se aplicará para los rubros de impuestos internos que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3. En los impuestos sobre el patrimonio neto y sobre los capitales: bienes del activo computable. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Se presume, sin admitir prueba en contrario, que en relación a los impuestos a las ganancias, sobre el patrimonio neto y sobre los capitales, las diferencias de materia imponible, estimadas conforme a los puntos 1 y 3 precedentes, corresponden al último ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior a aquel en el cual la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS hubiera verificado las diferencias de inventario de mercaderías.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Tratándose del impuesto al valor agregado, las diferencias de ventas gravadas a que se refiere el apartado 2 serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial anterior prorrateándolas en función de las ventas gravadas que se hubieran declarado o registrado, respecto de cada uno de dichos meses. Igual método se aplicará para los rubros de impuestos internos que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c’) Las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y la información obtenida por relevamiento efectuado por imagen satelital, previamente valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en función de precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representan:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1) En el impuesto a las ganancias:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las diferencias de producción en concepto de incremento patrimonial, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2) En el impuesto al valor agregado:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3) En los impuestos sobre los bienes personales y ganancia mínima presunta:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Bienes del activo computable.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las diferencias de materia imponible estimadas, corresponden al ejercicio fiscal en el cual la Administración Tributaria hubiera verificado las diferencias de producción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las diferencias de ventas a que se refieren el punto 2, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado o registrado, respecto de cada uno de dichos meses. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso sustituido por art. 1° pto. VII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) El resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en no menos de DIEZ (10) días continuos o alternados fraccionados en dos períodos de CINCO (5) días cada uno, con un intervalo entre ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días, de un mismo mes, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese mes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones existentes entre las de ese período y lo declarado o registrado ajustado impositivamente, se considerará: </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. Ganancia neta en el impuesto a las ganancias.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. Ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en el impuesto al valor agregado, en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del ejercicio comercial anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Igual método se aplicará para los rubros de impuestos internos que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) En el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma que se prescribe en los apartados 1 y 2 del último párrafo del inciso d) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un período fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará, del modo allí previsto, sobre los años no prescriptos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1) En el impuesto a las ganancias:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2) En el impuesto al valor agregado:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3) El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso sustituido por art. 1° pto. VII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del periodo, representan:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1) En el impuesto a las ganancias:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las diferencias de depósitos en concepto de incremento patrimonial, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2) En el impuesto al valor agregado:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3) El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso sustituido por art. 1° pto. VII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">h) El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1) En el impuesto a las ganancias:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de incremento patrimonial, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2) En el impuesto al valor agregado:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3) El método establecido en el punto 2 se aplicará a los rubros de impuestos internos que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las diferencias de ventas a que se refieren los puntos 2 y 3 de este inciso y de los incisos f) y g) precedentes, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se constataren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado o registrado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso sustituido por art. 1° pto. VII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las presunciones establecidas en los distintos incisos del párrafo precedente no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo gravamen por un mismo período fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">También la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá efectuar la determinación calculando las ventas o servicios realizados por el contribuyente o las utilidades en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada y aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios o utilidades proporcionales a los índices en cuestión. La carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuada por la ADMINISTRACION FEDERAL en base a los índices señalados u otros que contenga esta ley o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta, sin perjuicio del derecho del contribuyente o responsable a probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la ADMINISTRACION FEDERAL sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación —a que alude el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones)— cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los incrementos patrimoniales no justificados a que se refiere el párrafo anterior con más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias y en su caso, base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial en los impuestos al valor agregado e internos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto V de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: La determinación de los gravámenes efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos en base a lo previsto en el artículo 18 o a los métodos de justificación de precios a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), o en la aplicación de precios de operaciones idénticas o similares realizadas en la República Argentina u otros mecanismos que contenga esta ley o que sean técnicamente aceptables, tendrá pleno efecto y se presumirá correcta, cuando se origine en la falta de presentación a requerimiento de declaraciones juradas con el detalle de las transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos estables ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior, así como en la falta de registración fehaciente de dichas operaciones o de los comprobantes respaldatorios de las operaciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de ello, el contribuyente o responsable tendrá derecho a probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la Administración Federal de Ingresos Públicos sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto V de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Efectos de la Determinación de Oficio</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 19 — Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO IV</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DEL PAGO</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Vencimiento general</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 20 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS establecerá los vencimientos de los plazos generales tanto para el pago como para la presentación de declaraciones juradas y toda otra documentación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En cuanto al pago de los tributos determinados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberá ser efectuado dentro de los QUINCE (15) días de notificada la liquidación respectiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Anticipos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 21 — Podrá la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS exigir, hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada por parte del contribuyente, el que fuera posterior, el ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar por el período fiscal por el cual se liquidan los anticipos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el caso de falta de ingreso a la fecha de los vencimientos de los anticipos que fije la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, ésta podrá requerir su pago por vía judicial. Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la ADMINISTRACION FEDERAL no estará obligada a considerar el reclamo del contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses y actualización que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La presentación de la declaración jurada en fecha posterior a la iniciación del juicio no enervará la prosecución del mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a dictar las normas complementarias que considere necesarias, respecto del régimen de anticipos y en especial las bases de cálculo, cómputo e índices aplicables, plazos y fechas de vencimiento, actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Percepción en la fuente</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 22 — La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas y cuando la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y/o percepción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Forma de pago</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 23 — El pago de los tributos, intereses y multas se hará mediante depósito en las cuentas especiales del Banco de la Nación Argentina, y de los bancos y otras entidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la Administración Federal de Ingresos Públicos abrirá cuentas en los bancos para facilitar la percepción de los gravámenes. (Párrafo sustituido por art. 1°, punto VI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la ADMINISTRACION FEDERAL una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno, de acuerdo con las prácticas bancarias.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras se transferirán diariamente a la Tesorería General de la Nación con excepción de los importes necesarios que requiera la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, para atender los pedidos de devolución que la misma ordene en cada uno de los tributos cuya percepción esté a su cargo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 24 — Si la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a la percepción previstas por las leyes no resultan adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Lugar de pago</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 25 — El pago del tributo deberá hacerse en el lugar del domicilio del responsable en el país, o en el de su representante en caso de ausencia. El pago del tributo retenido deberá efectuarse en el lugar del domicilio del agente de retención. El pago del tributo percibido por el agente de percepción deberá efectuarse en el lugar del domicilio de dicho agente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando el domicilio no pudiera determinarse, o no se conociese el del representante en caso de ausencia del responsable, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS fijará el lugar del pago.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Imputación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 26 — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS determinará a cuál de las obligaciones no prescriptas deberán imputarse los pagos o ingresos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de prórroga por obligaciones que abarquen más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que correspondan a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 27 — El importe de impuesto que deben abonar los responsables en las circunstancias previstas por el artículo 20, primera parte, de esta ley, será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la declaración jurada y los saldos favorables ya acreditados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto éstas no hayan sido impugnadas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin la conformidad de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no podrán los responsables deducir, del impuesto que les corresponda abonar, otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los impuestos, a las ganancias —para los sujetos comprendidos en el Título VI de la ley del gravamen—, sobre los activos, sobre los capitales y en la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el gravamen determinado al cierre del ejercicio, como las sumas que se computen a cuenta del mismo —incluso los anticipos dispuestos por el artículo 21—, se actualizarán hasta el vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto resultante o presentación de la declaración jurada y pago, el que fuere anterior, por los siguientes índices:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Precios mayoristas nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos desde el mes de pago o de cierre del ejercicio fiscal según corresponda hasta el penúltimo mes anterior al vencimiento o a la presentación y pago, el que fuere anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Indice financiero sobre base diaria que al efecto determine el Banco Central de la República Argentina desde el último día del penúltimo mes anterior al del vencimiento o presentación de la declaración jurada y pago, el que fuera anterior, o el día de pago, según corresponda, y el día anterior a dicho vencimiento o presentación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación el primer párrafo del artículo 134.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la presentación y pago se efectuara dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio, todos los pagos a cuenta se ajustarán como se indica en el tercer párrafo hasta el mes de cierre del ejercicio. A partir del último día de dicho cierre y hasta el día anterior al pago se aplicará el índice financiero precedente sobre los conceptos mencionados en el presente artículo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Facúltase al Ministerio de ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, cuando razones de orden económico lo aconsejen, a:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Suspender la aplicación de la actualización por índice financiero diario a que se alude en el inciso b) del tercer párrafo y en el párrafo anterior in fine.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Disponer la aplicación de una actualización por el mismo índice financiero diario para los demás impuestos -no mencionados en el tercer párrafo- y los regímenes de retenciones y percepciones, determinando para cada uno de ellos los momentos entre los que deberá practicarse la actualización.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los períodos en que, por ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, se encuentre vigente este sistema de actualización para el impuesto al valor agregado, el mismo será utilizado también para la actualización de saldos a favor a que se refiere el último párrafo del artículo 24 de la ley del referido gravamen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Compensación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 28 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determinados por la ADMINISTRACION FEDERAL y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y, aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6º de esta ley, conforme los requisitos y condiciones que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Párrafo incorporado por art. 1° pto. VIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Frase ", en todos los casos, previa sustanciación, del procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes." Observada por Decreto N° 777/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Acreditación y Devolución</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 29 — Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de oficio o a solicitud del interesado, acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en atención al monto o a las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más, en forma simple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen, los créditos tributarios puedan transferirse a favor de terceros responsables, su aplicación por parte de estos últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtirá los efectos de pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no asumirá responsabilidades derivadas del hecho de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el caso de que el cesionario, requerido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe. Dicha responsabilidad personal y solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el artículo 17.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los cedentes y cesionarios, por el solo hecho de haber notificado a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de la transferencia acordada entre ellos, adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para autorizar y reglamentar este tipo de operaciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Intereses y Costas</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 30 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá disponer el pago directo de intereses y costas causídicas (honorarios, etcétera), aprobados en juicio, con fondos de las cuentas recaudadoras y cargo de oportuno reintegro a las mismas. Estos pagos se efectuarán mediante consignación judicial, observándose en lo pertinente las disposiciones del Decreto Nº 21.653/45.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Este régimen será de aplicación en todos los casos de impuestos, derechos o contribuciones a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, respecto de los cuales se halle o fuera autorizada para hacer directamente devoluciones con fondos de las cuentas recaudadoras.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Pago provisorio de impuestos vencidos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 31 — En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS conozca por declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido tributar gravamen en períodos anteriores, los emplazará para que dentro de un término de QUINCE (15)días presenten las declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su situación, la ADMINISTRACION FEDERAL, sin otro trámite, podrá requerirles judicialmente el pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda abonar, de una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones. La ADMINISTRACION FEDERAL queda facultada a actualizar los valores respectivos sobre la base de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no estará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe requerido sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Prórroga</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 32 — Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se aplicará un interés que no podrá exceder del previsto por el artículo 37 y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la ADMINISTRACION FEDERAL en atención a la antigüedad de la deuda. Podrá también la ADMINISTRACION FEDERAL, en tales casos, titulizar los créditos mediante la constitución de fideicomisos financieros, canalizándose el producido de la negociación de los títulos hacia las cuentas recaudadoras.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquélla, originadas con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá votar favorablemente en las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: La constitución, ampliación, modificación, sustitución, cancelación y extinción de garantías en seguridad de obligaciones fiscales de cualquier naturaleza y de sus intereses, multas y restantes accesorios, como también de los demás actos u operaciones que así lo exijan, podrá efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría e inalterabilidad de las mismas, en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. IX de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO V</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">VERIFICACION Y FISCALIZACION</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 33 — Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS exigir que éstos, y aún los terceros cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven libros rubricados en forma correcta, que a juicio de la ADMINISTRACION FEDERAL haga fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que interese verificar. Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Podrá también exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados, así como los demás documentos y comprobantes de sus operaciones por un término de DIEZ (10) años, o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá limitar esta obligación en atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de la actividad o el servicio y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo podrá implementar y reglamentar regímenes de control y/o pagos a cuenta, en la prestación de servicios de industrialización, así como las formas y condiciones del retiro de los bienes de los establecimientos industriales. (Párrafo incorporado por art. 1° pto. X de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los libros y la documentación a que se refiere el presente artículo deberán permanecer a disposición de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en el domicilio fiscal. (Párrafo incorporado por art. 2º del Decreto Nº 1334/98 B.O. 16/11/1998)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos equivalentes que reciban por sus compras o locaciones, se encuentren debidamente autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Poder Ejecutivo nacional limitará la obligación establecida en el párrafo precedente, en función de indicadores de carácter objetivo, atendiendo la disponibilidad de medios existentes para realizar, la respectiva constatación y al nivel de operaciones de los contribuyentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto VII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 34 — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones en cuyo caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Idénticos efectos a los indicados en el párrafo precedente se aplicarán a aquellos contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes, apócrifos o no autorizados, cuando estuvieran obligados a realizar la constatación dispuesta en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 33.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1°, punto VIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 35 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable. En el desempeño de esa función la ADMINISTRACION FEDERAL podrá:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a juicio de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tenga conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquéllos, para contestar o informar verbalmente o por escrito, según ésta estime conveniente, y dentro de un plazo que se fijará prudencialmente en atención al lugar del domicilio del citado, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre las rentas, ingresos, egresos y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la ADMINISTRACION FEDERAL estén vinculadas al hecho imponible previsto por las leyes respectivas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas. La inspección a que se alude podrá efectuarse aún concomitantemente con la realización y ejecución de los actos u operaciones que interesen a la fiscalización.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en el inciso a), o cuando se examinen libros, papeles, etc., se dejará constancia en actas de la existencia e individualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en los juicios respectivos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Requerir por medio del Administrador Federal y demás funcionarios especialmente autorizados para estos fines por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido, y, en su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Recabar por medio del Administrador Federal y demás funcionarios autorizados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, orden de allanamiento al juez nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser despachadas por el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitando días y horas, si fuera solicitado. En la ejecución de las mismas serán de aplicación los artículos 224, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Clausurar preventivamente un establecimiento, cuando el funcionario autorizado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS constatare que se hayan configurado uno o más de los hechos u omisiones previstos en el artículo 40 de esta ley y concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior a un año desde que se detectó la anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades, como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el cumplimiento, por parte de los vendedores o locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. La orden del juez administrativo deberá estar fundada en los antecedentes fiscales que respecto de los vendedores y locadores obren en la citada Administración Federal de Ingresos Públicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Una vez que los funcionarios habilitados se identifiquen como tales al contribuyente o responsable, de no haberse consumido los bienes o servicios adquiridos, se procederá a anular la operación y, en su caso, la factura o documento emitido. De no ser posible la eliminación de dichos comprobantes, se emitirá la pertinente nota de crédito.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La constatación que efectúen los funcionarios deberá revestir las formalidades previstas en el segundo párrafo del inciso c) precedente y en el artículo 41 y, en su caso, servirán de base para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 40 y, de corresponder, lo estipulado en el inciso anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los funcionarios, en el ejercicio de las funciones previstas en este inciso, estarán relevados del deber previsto en el artículo 10. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso incorporado por art. 1° pto. XI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 36 — Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistemas de computación de datos, deberán mantener en condiciones de operatividad en los lugares señalados en el último párrafo del artículo 33, los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, por el término de DOS (2) años contados a partir de la fecha de cierre del período fiscal en el cual se hubieran utilizado. (Párrafo sustituido por art. 3º del Decreto Nº 1334/98 B.O. 16/11/1998)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS podrá requerir a los contribuyentes, responsables y terceros:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS los elementos materiales al efecto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, como así también, listados de programas, carpetas de sistemas, diseño de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de información.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) La utilización, por parte del personal fiscalizador del Organismo recaudador, de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Lo especificado en el presente artículo también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros. Esta norma sólo será de aplicación en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente artículo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: En el transcurso de la verificación y a instancia de la inspección actuante, los responsables podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente presentadas, de acuerdo a los cargos y/o créditos que surgieren de la misma.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En tales casos, no quedarán inhibidas las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinar la materia imponible que en definitiva resulte.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO VI</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">INTERESES, ILICITOS Y SANCIONES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Intereses resarcitorios</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 37 — La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización del artículo 129 y de las multas que pudieran corresponder por aplicación de los artículos 39, 45, 46 y 48.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiese devengado, éstos, transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos en este artículo. (Párrafo incorporado por Título XV art. 18 inciso 2) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION los intereses de este artículo continuarán devengándose.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Infracciones formales - Sanciones</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 38 — Cuando existiere la obligación de presentar declaraciones juradas, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa de DOSCIENTOS PESOS ($ 200), la que se elevará a CUATROCIENTOS PESOS ($ 400) si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país o de establecimientos organizados en forma de empresas estables —de cualquier naturaleza u objeto— pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior. Las mismas sanciones se aplicarán cuando se omitiere proporcionar los datos a que se refiere el último párrafo del artículo 11. (Expresión "UN CENTAVO DE PESO ($ 0,01)", sustituida por la expresión "DOSCIENTOS PESOS ($ 200)" y la expresión "DOS CENTAVOS DE PESO ($ 0,02)" sustituida por la expresión "CUATROCIENTOS PESOS ($ 400)", por art. 2°, inciso a) de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, con una notificación emitida por el sistema de computación de datos que reúna los requisitos establecidos en el artículo 71. Si dentro del plazo de QUINCE (15) días a partir de la notificación el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo primero de este artículo, se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento general de la obligación hasta los QUINCE (15) días posteriores a la notificación mencionada. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los artículos 70 y siguientes, sirviendo como cabeza del mismo la notificación indicada precedentemente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: La omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de terceros, establecidos mediante resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los plazos establecidos al efecto, será sancionada —sin necesidad de requerimiento previo— con una multa de hasta PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la que se elevará hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) si se tratare de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de empresas estables —de cualquier naturaleza u objeto— pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Párrafo incorporado por art. 1° pto. XIV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: por art. 1° pto. XIV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005 se disponia la incorporación de dos párrafos, pero el segundo fue observada su incorporación por Decreto N° 777/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando existiere la obligación de presentar declaración jurada informativa sobre la incidencia en la determinación del impuesto a las ganancias derivada de las operaciones de importación y exportación entre partes independientes, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), la que se elevará a PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) si se tratare de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de empresas estables —de cualquier naturaleza u objeto— pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los supuestos en que la obligación de presentar declaraciones juradas se refiera al detalle de las transacciones —excepto en el caso de importación y exportación entre partes independientes— celebradas entre personas físicas, empresas o explotaciones unipersonales, sociedades locales, fideicomisos o establecimientos estables ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior, la omisión de hacerlo dentro de los plazos generales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), la que se elevará a PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) si se tratare de sociedades, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país o de establecimientos organizados en forma de empresas estables —de cualquier naturaleza u objeto— pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La aplicación de estas multas, se regirá por el procedimiento previsto en los artículos 70 y siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto IX de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 39 — Serán sancionadas con multas de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) a PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) las violaciones a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio, que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de los incumplimientos que en adelante se indican, la multa prevista en el primer párrafo del presente artículo se graduará entre el menor allí previsto y hasta un máximo de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000):</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. Las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal previstas en el artículo 3º de esta ley, en el decreto reglamentario, o en las normas complementarias que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos con relación al mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. La resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3. La omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control de las operaciones internacionales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">4. La falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las establecidas en el artículo 38 de la presente ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En todos los casos de incumplimiento mencionados en el presente artículo la multa a aplicarse se graduará conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1°, punto X de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Será sancionado con multas de PESOS QUINIENTOS ($ 500) a PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000) el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos a presentar las declaraciones juradas informativas —originales o rectificativas— previstas en el artículo agregado a continuación del artículo 38 y las previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de terceros, establecidos mediante Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las multas previstas en este artículo, en su caso, son acumulables con las del artículo agregado a continuación del artículo 38 de la presente ley, y al igual que aquéllas, deberán atender a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o judicial.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, a los contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), que incumplan el tercero de los requerimientos indicados en el primer párrafo, se les aplicará una multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del importe máximo previsto en el citado párrafo, la que se acumulará a las restantes sanciones previstas en el presente artículo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto XI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: En los casos del artículo agregado a continuación del artículo 38, del artículo 39 y de su agregado a continuación, se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate, a cargo del responsable, no se cumpla de manera integral, obstaculizando a la Administración Federal de Ingresos Públicos en forma mediata o inmediata, el ejercicio de sus facultades de determinación, verificación y fiscalización.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XIV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Clausura</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 40 — Serán sancionados con multa de TRESCIENTOS PESOS ($ 300) a TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) y clausura de TRES (3) a DIEZ (10) días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda de DIEZ PESOS ($ 10), quienes:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) No llevaren registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Inciso sustituido por art. 1° pto. XV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) No se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS cuando estuvieren obligados a hacerlo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El mínimo y el máximo de las sanciones de multa y clausura se duplicarán cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los DOS (2) años desde que se detectó la anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de las sanciones de multa y clausura, y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión en el uso de matrícula, licencia o inscripción registral que las disposiciones exigen para el ejercicio de determinadas actividades, cuando su otorgamiento sea competencia del PODER EJECUTIVO NACIONAL.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) No poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y/o servicios destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate. (Inciso incorporado por art. 1°, punto XIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) No poseyeren, o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por leyes, decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo nacional y toda otra norma de cumplimiento obligatorio, tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Inciso incorporado por art. 1°, punto XIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Las sanciones indicadas en el artículo precedente, exceptuando a la de clausura, se aplicará a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La sanción de clausura podrá aplicarse atendiendo a la gravedad del hecho y a la condición de reincidente del infractor.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto XIV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: En los supuestos en los que se detecte la tenencia, el traslado o transporte de bienes o mercancías sin cumplir con los recaudos previstos en los incisos c) y e) del artículo 40 de la presente ley, los funcionarios o agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán convocar inmediatamente a la fuerza de seguridad con jurisdicción en el lugar donde se haya detectado la presunta infracción, quienes deberán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas: </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o a quien acredite ser poseedor al momento de comprobarse el hecho; </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Secuestro, en cuyo supuesto se debe designar depositario a una tercera persona. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En todos los casos, el personal de seguridad convocado, en presencia de DOS (2) testigos hábiles que convoque para el acto, procederá a informar al presunto infractor las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles y penales para el depositario, debiendo —en su caso— disponer las medidas de depósito y traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarias para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de los mismos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XVI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 41 — Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso, a la suspensión de matrícula, licencia o de registro habilitante, que se refieren en el último párrafo del artículo 40, deberán ser objeto de un acta de comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a su encuadramiento legal, conteniendo, además, una citación para que el responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una audiencia para su defensa que se fijará para una fecha no anterior a los CINCO (5) días ni superior a los QUINCE (15) días. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo. En caso de no hallarse presente este último en el acto del escrito, se notificará el acta labrada en el domicilio fiscal por los medios establecidos en el artículo 100.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El juez administrativo se pronunciará una vez terminada la audiencia o en un plazo no mayor a los DOS (2) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: A los fines de aplicar las medidas preventivas previstas en el artículo agregado a continuación del artículo agregado a continuación del artículo 40, como asimismo el decomiso de la mercadería, resultarán de aplicación las previsiones del artículo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A tales efectos, cuando corresponda, se adjuntará al acta de comprobación un inventario de la mercadería que detalle el estado en que se encuentra, el cual deberá confeccionarse juntamente con el personal de la fuerza de seguridad requerida y los DOS (2) testigos hábiles que hayan sido convocados al efecto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el supuesto de verificarse razones de urgencia que así lo exijan, la audiencia de descargo deberá fijarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de efectivizada la medida preventiva. El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o representante legal del mismo y testigos intervinientes en su caso. En oportunidad de resolver, el juez administrativo podrá disponer el decomiso de la mercadería o revocar la medida de secuestro o interdicción. En caso negativo, despachará urgente una comunicación a la fuerza de seguridad respectiva a fin de que los bienes objeto del procedimiento sean devueltos o liberados en forma inmediata a favor de la persona oportunamente desapoderada, de quien no podrá exigirse el pago de gasto alguno. Para el caso que se confirmen las medidas, serán a cargo del imputado la totalidad de los gastos ocasionados por las mismas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XVII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 42 — La autoridad administrativa que hubiera dictado la providencia que ordene la clausura dispondrá sus alcances y los días en que deba cumplirse.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS, por medio de sus funcionarios autorizados, procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 43 — Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones previsionales, sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su personal en la forma que autoricen las normas aplicables a la relación de trabajo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 44 — Quien quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, será sancionado con arresto de DIEZ (10) a TREINTA (30) días y con una nueva clausura por el doble de tiempo de aquélla.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Son competentes para la aplicación de tales sanciones los jueces en lo penal económico de la Capital Federal o los jueces federales en el resto de la República.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS, con conocimiento del juez que se hallare de turno, procederá a instruir el correspondiente sumario de prevención, el cual, una vez concluido, será elevado de inmediato a dicho juez.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS prestará a los magistrados la mayor colaboración durante la secuela del juicio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Omisión de impuestos - Sanciones</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 45 — El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Será sancionado con la misma multa quien mediante la falta de presentación de declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, o por ser inexactas las presentadas, omitiera la declaración y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La omisión a que se refiere el primer párrafo del presente artículo será sancionada con una multa de UNA (1) hasta CUATRO (4) veces el impuesto dejado de pagar o retener cuando éste se origine en transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos estables ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior. Se evaluará para la graduación de la sanción el cumplimiento, por parte del contribuyente, de los deberes formales establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones internacionales. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Defraudación - Sanciones</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 46 — El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1°, punto XVI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: El que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, perjudique al Fisco exteriorizando quebrantos total o parcialmente superiores a los procedentes utilizando esos importes superiores para compensar utilidades sujetas a impuestos, ya sea en el corriente y/o siguientes ejercicios, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces del importe que surja de aplicar la tasa máxima del impuesto a las ganancias sobre el quebranto impugnado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto XVII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 47 — Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 48 — Serán reprimidos con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el tributo retenido o percibido, los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder, después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción, cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Eximición y reducción de sanciones</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 49 — Si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele las vistas del artículo 17 y no fuere reincidente en las infracciones del artículo 46 ni en la del artículo agregado a su continuación, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a UN TERCIO (1/3) de su mínimo legal. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. XVIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada una vez corrida la vista pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de QUINCE (15) días acordado para contestarla, la multa de los artículos 45, 46 y de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, excepto reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en los dos últimos artículos, se reducirá a DOS TERCIOS (2/3) de su mínimo legal. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. XVIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, fuese consentida por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada a base de los artículos 45, 46 y, de corresponder, la del artículo agregado a su continuación, no mediando la reincidencia a que se refieren los párrafos anteriores, quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. XVIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando fueran de aplicación los artículos 45 y 46 y el saldo total de los gravámenes adeudados, previamente actualizados, no excediera de PESOS UN MIL ($ 1.000) no se aplicará sanción si el mismo se ingresara voluntariamente, o antes de vencer el plazo indicado en el segundo párrafo.(Párrafo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.868 B.O. 8/1/2004. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los supuestos de los artículos 38, agregado a su continuación, 39, agregado a su continuación, 40 y agregado a su continuación, el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad. En el caso de los artículos 40 y el agregado a su continuación, la eximición podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1°, punto XVIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 50 — Si en la primera oportunidad de defensa en la sustanciación de un sumario por infracción al artículo 39 o en la audiencia que marca el artículo 41, el titular o representante legal reconociere la materialidad de la infracción cometida, las sanciones se reducirán, por única vez, al mínimo legal. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Plazo para el pago de multas</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 51 — Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los QUINCE (15) días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 76, 82 y 86.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Intereses punitorios</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 52 — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la interposición de la demanda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, no pudiendo el tipo de interés exceder en más de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: Por art. 2º de la Resolución Nº 1253/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos B.O. 02/10/1998, se establece la tasa de los intereses punitorios previstos en el presente artículo en el CUATRO POR CIENTO (4%) mensual)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO VII</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">RESPONSABLES DE LAS SANCIONES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 53 — Están obligados a pagar los accesorios quienes deban abonar los respectivos impuestos, anticipos y otros pagos a cuenta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Contribuyentes imputables</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 54 — No están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48 las sucesiones indivisas. Asimismo, no serán imputables el cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejerzan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Todos los demás contribuyentes enumerados en el artículo 5º, sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48, no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aún cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Responsables infractores</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 55 — Son personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 38 y en los artículos 39, 40,44,45, 46 y 48, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal (artículos 6º y 7º) que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del artículo 6º.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO VIII</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DE LA PRESCRIPCION</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 56 — Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Por el transcurso de CINCO (5) años, respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos. (Inciso incorporado por art. 1°, punto XIX de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de CINCO (5) años.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Prescribirán a los CINCO (5) años las acciones para exigir, el recupero o devolución de impuestos. El término se contará a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha desde la cual sea procedente dicho reintegro. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XX de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: por art. 2° de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005 se dispone que los plazos de prescripción previstos en el inciso c) y en el último párrafo del presente artículo, —introducidos por la Ley 25.795—, se considerarán operados al 31 de diciembre de 2005 y resultarán de aplicación para los términos de prescripción que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en la medida que hubieren superado los plazos previstos en dichas normas.)</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Prescripción de impuestos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 57 — Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Prescripción de multas y clausuras</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 58 — Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 59 — El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los tributos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 60 — El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Prescripción de la acción de repetición</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 61 — El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento; o desde el 1º de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal ya vencido.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros, y de acuerdo con las normas señaladas en el párrafo que precede.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 62 — Si, durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta el 1º de enero siguiente al año en que se cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa a este saldo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 63 — No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha del pago.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 64 — Con respecto a la prescripción de la acción para repetir no regirá la causa de suspensión prevista en el artículo 3966 del Código Civil para los incapaces.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Suspensión de la prescripción</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 65 — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta NOVENTA (90) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la determinación aludida impugne total o parcialmente saldos a favor del contribuyente o responsable que hubieren sido aplicados a la cancelación —por compensación— de otras obligaciones tributarias, la suspensión comprenderá también a la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para exigir el pago de las obligaciones pretendidamente canceladas con dichos saldos a favor.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Inciso sustituido por art. 36 de la Ley Nº 26.422 B.O. 21/11/2008)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia del mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) La prescripción de la acción administrativa se suspenderá desde el momento en que surja el impedimento precisado por el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley Nº 23.771 hasta tanto quede firme la sentencia judicial dictada en la causa penal respectiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Se suspenderá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 17, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del Capítulo XIII. La suspensión alcanzará a los períodos no prescriptos a la fecha de la vista referida.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley 24.769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva. (Inciso incorporado por art. 1°, punto XXI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: por art. 1° pto. XIX de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005 se disponía la sustitución del presente inciso pero fue observada por Decreto N° 777/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n a continuación del art. 65 sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.063 B.O. 9/12/2005).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 66 — Se suspenderá por DOS (2) años el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar y percibir tributos y aplicar sanciones con respecto a los inversionistas en empresas que gozaren de beneficios impositivos provenientes de regímenes de promoción industriales, regionales, sectoriales o de cualquier otra índole, desde la intimación de pago efectuada a la empresa titular del beneficio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Interrupción de la prescripción</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 67 — La prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpirá:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Por el juicio de ejecución fiscal iniciado contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION debidamente notificada o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente; o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de los incisos a) y b) el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 68 — La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Por el modo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 11.585, caso en el cual cesará la suspensión prevista en el inciso b) del artículo 65.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que ocurrió dicha circunstancia. (Inciso incorporado por art. 1° pto. XXI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 69 — La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción del reclamo administrativo de repetición ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o por la interposición de la demanda de repetición ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o la Justicia Nacional. En el primer caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que se cumplan los TRES (3) meses de presentado el reclamo. En el segundo, el nuevo término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venza el término dentro del cual debe dictarse sentencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO IX</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">PROCEDIMIENTO PENAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Del sumario</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 70 — Los hechos reprimidos por los artículos sin número agregados a continuación del artículo 38, 39, agregado a su continuación, 45, 46, agregado a su continuación y 48, serán objeto de un sumario administrativo cuya instrucción deberá disponerse por resolución emanada de Juez administrativo, en la que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuyere al presunto infractor. También serán objeto de sumario las infracciones del artículo 38 en la oportunidad y forma que allí se establecen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1°, punto XXII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 71 — La resolución que disponga la sustanciación del sumario será notificada al presunto infractor, a quien se le acordará un plazo de QUINCE (15) días, prorrogable por resolución fundada, por otro lapso igual y por una única vez, para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El acta labrada que disponga la sustanciación del sumario, indicada en los supuestos de las infracciones del artículo 39, será notificada al presunto infractor, acordándole CINCO (5) días para que presente su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 72 — Vencido el término establecido en el artículo anterior, se observarán para la instrucción del sumario las normas de los artículos 17 y siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 73 — El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para quienes ellas expresamente autoricen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 74 — Cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la DIRECCCION GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">De la clausura preventiva</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 75 — La clausura preventiva que disponga la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en ejercicio de sus atribuciones deberá ser comunicada de inmediato al juez federal o en lo Penal Económico, según corresponda, para que éste, previa audiencia con el responsable resuelva dejarla sin efecto en razón de no comprobarse los extremos requeridos por el artículo 35, inciso f); o mantenerla hasta tanto el responsable regularice la situación que originó la medida preventiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La clausura preventiva no podrá extenderse más allá del plazo legal de TRES (3) días sin que se haya resuelto su mantenimiento por el juez interviniente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de lo que el juez resuelva, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS continuará la tramitación de la pertinente instancia administrativa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los efectos del cómputo de una eventual sanción de clausura del artículo 40, por cada día de clausura corresponderá UN (1) día de clausura preventiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El juez administrativo o judicial en su caso, dispondrá el levantamiento de la clausura preventiva inmediatamente que el responsable acredite la regularización de la situación que diera lugar a la medida.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Recurso de Reconsideración o de Apelación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 76 — Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los QUINCE (15)días de notificados, los siguientes recursos:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Recurso de reconsideración para ante el superior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Recurso de apelación para ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION competente, cuando fuere viable.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El recurso del inciso a) se interpondrá ante la misma autoridad que dictó la resolución recurrida, mediante presentación directa de escrito o por entrega al correo en carta certificada con aviso de retorno; y el recurso del inciso b) se comunicará a ella por los mismos medios.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El recurso del inciso b) no será procedente respecto de las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses. Asimismo no será utilizable esa vía recursiva en las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 77 — Las sanciones de multa y clausura, y la de suspensión de matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda, serán recurribles dentro de los CINCO (5) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, quienes deberán expedirse en un plazo no mayor a los DIEZ (10) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La resolución de estos últimos causa ejecutoria, correspondiendo que sin otra sustanciación, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS proceda a la ejecución de dichas sanciones, por los medios y en las formas que para cada caso autoriza la presente ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo..: La resolución que disponga el decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción, será recurrible dentro de los TRES (3) días por apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos Públicos, quienes deberán expedirse en un plazo no mayor a los DIEZ (10) días. En caso de urgencia, dicho plazo se reducirá a CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibido el recurso de apelación. En su caso, la resolución que resuelva el recurso, podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados que traslade los mismos al Ministerio de Desarrollo Social, para satisfacer necesidades de bien público, conforme las reglamentaciones que al respecto se dicten.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XXII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 78 — La resolución a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, será recurrible por recurso de apelación, otorgado en todos los casos con efecto devolutivo, ante los Juzgados en lo Penal Económico de la Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los CINCO (5) días de notificada la resolución.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación (Ley Nº 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La decisión del juez será apelable al sólo efecto devolutivo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: La resolución a que se refiere el artículo agregado a continuación del artículo 77 será recurrible por recurso de apelación ante los Juzgados en lo Penal Tributario de la Capital Federal y Juzgados Federales en el resto del territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, el que tendrá efecto suspensivo respecto del decomiso de la mercadería con mantenimiento de la medida preventiva de secuestro o interdicción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los TRES (3) días de notificada la resolución. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación —Ley Nº 23.984— que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La decisión del juez será apelable al solo efecto devolutivo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo s/n incorporado por art. 1° pto. XXIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 79 — Si en el término señalado en el artículo 76 no se interpusiere alguno de los recursos autorizados, las resoluciones se tendrán por firmes. En el mismo caso, pasarán en autoridad de cosa juzgada las resoluciones sobre multas y reclamos por repetición de impuestos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 80 — Interpuesto el recurso de reconsideración, el juez administrativo dictará resolución dentro de los VEINTE (20)días y la notificará al interesado con todos los fundamentos en la forma dispuesta por el artículo 100.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Acción y Demanda de Repetición</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 81 — Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 u optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los TRES (3) meses de presentarse el reclamo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga, a opción del contribuyente, ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o ante la Justicia Nacional.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos facultará a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prosperase el recurso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los impuestos indirectos sólo podrán ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acreditaren que no han trasladado tal impuesto al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO X</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JUDICIAL</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Demanda contenciosa</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 82 — Podrá interponerse demanda contra el Fisco Nacional, ante el Juez Nacional respectivo, siempre que se cuestione una suma mayor de DOSCIENTOS PESOS ($ 200): (Expresión "TRES CIEN MILESIMOS DE CENTAVO DE PESO ($ 0,000003)" sustituida por la expresión "DOSCIENTOS PESOS ($ 200)", por art. 2°, inciso c) de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Contra las resoluciones dictadas en los recursos de reconsideración en materia de multas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de tributos y sus reconsideraciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) En el supuesto de no dictarse resolución administrativa, dentro de los plazos señalados en los artículos 80 y 81 en caso de sumarios instruidos o reclamaciones por repetición de tributos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los supuestos de los incisos a) y b) la demanda deberá presentarse en el perentorio término de QUINCE (15) días a contar de la notificación de la resolución administrativa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Demanda por repetición</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 83 — En la demanda contenciosa por repetición de tributos no podrá el actor fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la instancia administrativa ni ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en dicha instancia, con excepción de los hechos nuevos y de la prueba sobre los mismos. (Párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 4) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Incumbe al mismo demostrar en qué medida el impuesto abonado es excesivo con relación al gravamen que según la ley le correspondía pagar, y no podrá, por tanto, limitar su reclamación a la mera impugnación de los fundamentos que sirvieron de base a la estimación de oficio administrativa cuando ésta hubiera tenido lugar.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sólo procederá la repetición por los períodos fiscales con relación a los cuales se haya satisfecho el impuesto hasta ese momento determinado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Procedimiento judicial</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 84 — Presentada la demanda, el juez requerirá los antecedentes administrativos a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS mediante oficio al que acompañará copia de aquélla, y en el que se hará constar la fecha de su interposición. Los antecedentes deberán enviarse al juzgado dentro de los QUINCE (15)días de la fecha de recepción del oficio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expediente judicial se dará vista al Procurador Fiscal Nacional para que se expida acerca de la procedencia de la instancia y competencia del juzgado. En el caso de que un contribuyente o responsable no hubiere formalizado recurso alguno contra la resolución que determinó el tributo y aplicó multa podrá comprender en la demanda de repetición que deduzca por el impuesto la multa consentida, pero tan sólo en la parte proporcional al impuesto cuya repetición se persigue.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 85 — Admitido el curso de la demanda, se correrá traslado de la misma al Procurador Fiscal Nacional, o por cédula, al representante designado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en su caso, para que la conteste dentro del término de TREINTA (30) días y oponga todas las defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas juntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva, salvo las previas que serán resueltas como de previo y especial pronunciamiento.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 86 — La Cámara Nacional competente en razón de la materia cuestionada y, en su caso, de la sede del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION interviniente, lo será para entender siempre que se cuestione una suma mayor de DOSCIENTOS PESOS ($ 200), en los siguientes casos: (Expresión "TRES CIEN MILESIMOS DE CENTAVO DE PESO ($ 0,000003)" sustituida por la expresión "DOSCIENTOS PESOS ($ 200)", por art. 2°, inciso d) de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) En las apelaciones que se interpusieran contra las sentencias de los jueces de primera instancia, dictadas en materia de repetición de gravámenes y aplicación de sanciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) En los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION en materia de tributos o sanciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) En las apelaciones que se interpusieran contra las decisiones adoptadas por el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, en los recursos de amparo de los artículos 182 y 183, sin limitación de monto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) En los recursos por retardo de justicia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el caso del inciso b), la Cámara:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. Podrá, si hubiera violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones y devolverlas al TRIBUNAL FISCAL con apercibimiento, salvo que, en atención a la naturaleza de la causa, juzgare más conveniente su apertura a prueba en instancia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. Resolverá el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION sobre los hechos probados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ello no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 87 — En el caso del inciso d) del artículo anterior es condición para la procedencia del recurso que hayan transcurrido DIEZ (10) días desde la fecha del escrito de cualquiera de las partes, urgiendo la sentencia no dictada por el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION en el plazo legal. Presentada la queja con copia de aquel escrito, la Cámara Nacional requerirá del TRIBUNAL FISCAL que dicte pronunciamiento dentro de los QUINCE (15)días desde la recepción del oficio. Vencido el término sin dictarse sentencia, la Cámara Nacional solicitará los autos y se abocará al conocimiento del caso, el que se regirá entonces por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para los recursos de apelación concedidos libremente, produciéndose en la instancia toda la prueba necesaria. Toda vez que la queja resultare justificada, la Cámara Nacional pondrá el hecho en conocimiento del presidente del jurado a que se refiere el artículo 148.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">De igual manera procederá en los casos que llegaren a su conocimiento, cuando resultare del expediente que la sentencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION no ha sido dictada dentro del término correspondiente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 88 — Con la salvedad del carácter declarativo que -atento a lo dispuesto en la Ley Nº 3952- asumen las sentencias respecto del Fisco, corresponderá al juez que haya conocido en la causa la ejecución de las sentencias dictadas en ella y al de turno la de las ejecutoriadas ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y se aplicará el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 89 — Las sentencias dictadas en las causas previstas en esta ley, como las dictadas en las causas por ejecución de las mismas, son definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio de la acción de repetición por ningún concepto, sin perjuicio de los recursos que autorizan las Leyes Nros. 48 y 4055.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 90 — Las acciones podrán deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante el domicilio del deudor, o ante el lugar en que se haya cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos que han sido materia de contravención.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 91 — El procedimiento se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso por las del Código Procesal Penal de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO XI</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">JUICIO DE EJECUCION FISCAL</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 92 — El cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en la presente ley, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En este juicio si el ejecutado no abonara en el acto de intimársele el pago, quedará desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles a oponer dentro del plazo de cinco (5) días las siguientes:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Pago total documentado;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Espera documentada;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Prescripción;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: por art. 1° pto. XXIV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005 se disponía la incorporación del de un inciso e) pero fue observada por Decreto N° 777/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los conceptos indicados en el presente artículo, las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se trate del cobro de deudas tributarias no serán de aplicación las disposiciones de la ley 19.983, sino el procedimiento establecido en este capítulo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. XXV de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No podrá oponerse nulidad de la sentencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, la que sólo podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86 de esta ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del agente fiscal ante el Juzgado con competencia tributaria, o ante la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones u Organo de Superintendencia Judicial pertinente en caso de tener que asignarse el juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda, el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo, concepto y monto reclamado, así como el domicilio legal fijado por la demandante para sustanciar trámites ante el Juzgado y el nombre de los oficiales de Justicia ad-hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago, embargos, secuestros y notificaciones. En su caso, deberá informarse las medidas precautorias a trabarse. Asignado el tribunal competente, se impondrá de tal asignación a aquél con los datos especificados en el párrafo precedente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámite, el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará facultado a librar bajo su firma mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo si no indicase otra medida alternativa, por la suma reclamada especificando su concepto con más el quince por ciento (15%) para responder a intereses y costas, indicando también la medida precautoria dispuesta, el Juez asignado interviniente y la sede del juzgado, quedando el demandado citado para oponer las excepciones previstas en el presente artículo. Con el mandamiento se acompañará copia de la boleta de deuda en ejecución.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS por intermedio del agente fiscal estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias alternativas indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores presentaciones al Juez asignado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS por intermedio del agente fiscal podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. Asimismo podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. En cualquier estado de la ejecución podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los depositados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la ley 21.526. Dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida, dichas entidades deberán informar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la ley 21.526.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Para los casos en que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden respectiva del juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la ejecución mediante la enajenación de los bienes embargados mediante subasta o por concurso público.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará por oficio expedido por el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial. La responsabilidad por la procedencia, razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por el agente fiscal, quedarán sometidas a las disposiciones del artículo 1112, sin perjuicio de la responsabilidad profesional pertinente ante su entidad de matriculación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, éstas deberán serle notificadas por el agente fiscal dentro de los cinco (5) días siguientes de tomado conocimiento de la traba por el mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de oponerse excepciones por el ejecutado, éstas deberán presentarse ante el Juez asignado, manifestando bajo juramento la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando la copia de la boleta de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida y documentación acompañada el Juez ordenará traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula al agente fiscal interviniente en el domicilio legal constituido. Previo al traslado el Juez podrá expedirse en materia de competencia. La sustanciación de las excepciones tramitará por las normas del juicio ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La sentencia de ejecución será inapelable, quedando a salvo el derecho de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida en el artículo 81 de esta ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Vencido el plazo sin que se hayan opuesto excepciones el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS requerirá al Juez asignado interviniente constancia de dicha circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas. El agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS procederá a practicar liquidación notificando administrativamente de ella al demandado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el Juez asignado interviniente que la sustanciará conforme el trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de no aceptar el ejecutado la estimación de honorarios administrativa, se requerirá regulación judicial. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS establecerá, con carácter general, las pautas a adoptar para practicar la estimación de honorarios administrativa siguiendo los parámetros establecidos en la ley de aranceles para abogados y procuradores. En todos los casos el secuestro de bienes y la subasta deberán comunicarse al Juez y notificarse administrativamente al demandado por el agente fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las entidades financieras y terceros deberán transferir los importes totales líquidos embargados al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción del juzgado, hasta la concurrencia del monto total de la boleta de deuda, dentro de los DOS (2) días hábiles inmediatos siguientes a la notificación de la orden emitida por el juez. (Párrafo incorporado por art. 1° pto. XXVI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las comisiones o gastos que demande dicha operación serán soportados íntegramente por el contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido. (Párrafo incorporado por art. 1° pto. XXVI de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 5) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 1390/2001 B.O. 05/11/2001, se especifica que las designaciones de Agentes Fiscales previstas en el presente artículo deberán recaer en abogados que acrediten un mínimo de TRES (3) años de antigüedad en la matrícula respectiva.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: Las entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas depositarias de bienes embargados, serán responsables en forma solidaria por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiere podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo, hubieren permitido su levantamiento, y de manera particular en las siguientes situaciones: (Párrafo sustituido por art. 1° pto. XXVII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos, valores o derechos del contribuyente ejecutado, con la finalidad de impedir la traba del embargo, y</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o por los agentes fiscales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Verificada alguna de las situaciones descriptas, el agente fiscal la comunicará de inmediato al juez de la ejecución fiscal de que se trate, acompañando todas las constancias que así lo acrediten. El juez dará traslado por CINCO (5) días a la entidad o persona denunciada, luego de lo cual deberá dictar resolución mandando a hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista, la que deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto XXIV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo...: Si la deuda firme, líquida y exigible estuviera garantizada mediante aval, fianza personal, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, se procederá en primer lugar a ejecutarla, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 92; una vez ejecutada la garantía, si la misma no fuese suficiente para cubrir la deuda, se podrá seguir la ejecución contra cualquier otro bien o valor del ejecutado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sin número incorporado por art. 1°, punto XXIV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 93 — En todos los casos de ejecución, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, accesorios y costas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 6) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 94 — El cobro de los impuestos por vía de ejecución fiscal se tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 95 — El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de los empleados de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, designados como Oficiales de Justicia ad-hoc. El costo que demande la realización de las diligencias fuera del radio de notificaciones del juzgado será soportado por la parte a cargo de las costas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS podrá, una vez expedita la ejecución, designar martillero para efectuar la subasta. La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en el órgano oficial y en otro diario de los de mayor circulación en el lugar.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 7) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO XII</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DISPOSICIONES VARIAS</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Representación Judicial</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 96 — En los juicios por cobro de los impuestos, derechos, recursos de la seguridad social, multas, intereses u otras cargas, cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la representación de éste, ante todas las jurisdicciones e instancias, será ejercida indistintamente por los procuradores o agentes fiscales, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados de la repartición.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 8) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 1390/2001 B.O. 05/11/2001, se extiende la representación judicial prevista en el presente artículo a todos los juicios, demandas o recursos judiciales en los que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, sea parte actora, demandada o tercero interesado. A tales fines, la expresión "procuradores o agentes fiscales" engloba a todos los agentes de planta permanente o transitoria y a los letrados contratados sin relación de dependencia como servicio de asistencia del Cuerpo de Abogados del Estado, a los cuales se les delegue o encomiende, por acto expreso del Administrador Federal, la representación judicial del organismo.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 97 — El Fisco será representado por procuradores o agentes fiscales, los que recibirán instrucciones directas de esa dependencia, a la que deberán informar de las gestiones que realicen.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La personería de procuradores o agentes fiscales quedará acreditada con la certificación que surge del título de deuda o con poder general o especial.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 9) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: Por art. 1º del Decreto Nº 1390/2001 B.O. 05/11/2001, se extiende la representación judicial prevista en el presente artículo a todos los juicios, demandas o recursos judiciales en los que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, sea parte actora, demandada o tercero interesado. A tales fines, la expresión "procuradores o agentes fiscales" engloba a todos los agentes de planta permanente o transitoria y a los letrados contratados sin relación de dependencia como servicio de asistencia del Cuerpo de Abogados del Estado, a los cuales se les delegue o encomiende, por acto expreso del Administrador Federal, la representación judicial del organismo.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 98 — Los procuradores, agentes fiscales u otros funcionarios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que representen o patrocinen al Fisco tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal. (Párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 10) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la representación se encuentre a cargo de funcionarios designados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, ésta podrá fijar la forma de distribución de los honorarios.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los juicios de ejecución fiscal a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 92 no se devengarán honorarios en favor de los letrados que actúen como representantes o patrocinantes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y de los sujetos mencionados en el último párrafo del artículo 5º.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 99 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS anticipará a su representante los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los juicios (de publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos), con cargo de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá la apertura de la cuenta correspondiente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Formas de notificación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 100 — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscripto por un tercero.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Personalmente, por medio de un empleado de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si el destinatario no estuviese o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado DOS (2) funcionarios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o carta que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Por nota o esquela numerada, con firma facsimilar del funcionario autorizado, remitida con aviso de retorno y en las condiciones que determine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para su emisión y demás recaudos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Por tarjeta o volante de liquidación o intimación de pago numerado, remitido con aviso de retorno, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 11.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Por cédula, por medio de los empleados que designe el Administrador Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieron practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Por la comunicación informática del acto administrativo de que se trate en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha notificación se considerará perfeccionada mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el domicilio fiscal electrónico constituido por los responsables siempre que hayan ejercido la opción de registrar el mismo en los términos del articulo sin número incorporado a continuación del artículo 3º. (Inciso Incorporado por art. 1° pto. XXVIII de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005)</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Secreto Fiscal</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 101 — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezca. (Párrafo incorporado por art. 1º del Decreto Nº 606/99 B.O. 09/06/1999); (Nota Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 90/2001 B.O. 29/01/2001, se establece que donde dice "MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" debe entenderse "JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS")</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El secreto establecido en el presente artículo no regirá:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Para los Organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Para personas o empresas o entidades a quienes la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS encomiende la realización de tareas administrativas, relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos casos regirán las disposiciones de los TRES (3) primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto que las personas o entes referidos precedentemente o terceros divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en ocasión de la tarea encomendada por el Organismo, serán pasibles de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La DIRECCION GENERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará obligada a suministrar, o a requerir si careciera de la misma, la información financiera o bursátil que le solicitaran, en cumplimiento de las funciones legales, la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina, sin que pueda alegarse respecto de ello el secreto establecido en el Título V de la Ley Nº 21.526 y en los artículos 8º, 46 y 48 de la Ley Nº 17.811, sus modificatorias u otras normas legales pertinentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Para los casos de remisión de información al exterior en el marco de los Acuerdos de Cooperación Internacional celebrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos con otras Administraciones Tributarias del exterior, a condición de que la respectiva Administración del exterior se comprometa a:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">1. Tratar a la información suministrada como secreta, en iguales condiciones que la información obtenida sobre la base de su legislación interna;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">2. Entregar la información suministrada solamente a personal o autoridades (incluso a tribunales y órganos administrativos), encargados de la gestión o recaudación de los tributos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a los tributos o, la resolución de los recursos con relación a los mismos; y</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">3. Utilizar las informaciones suministradas solamente para los fines indicados en los apartados anteriores, pudiendo revelar estas informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. (Inciso d) incorporado por art. 1°, punto XXV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 102 — El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer con alcance general y bajo las formas y requisitos que establezca la reglamentación, que los Organismos recaudadores de los impuestos a las ganancias, sobre los activos, sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y al valor agregado, así como de los aportes y contribuciones al sistema nacional de seguridad social, publiquen periódicamente la nómina de los responsables de los mismos, indicando en cada caso los conceptos e ingresos que hubieran satisfecho respecto de las obligaciones vencidas con posterioridad al 1º de enero de 1991.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los fines de dicha publicación, no será de aplicación el secreto fiscal previsto en el artículo 101.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Requisitos para las transferencias de bienes</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 103 — Las personas físicas y jurídicas y las sucesiones indivisas deberán declarar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS los bienes muebles e inmuebles registrables, de los cuales sean titulares de dominio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los Organismos que tengan a su cargo el registro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, no inscribirán las transferencias de dominio de los mismos ni la constitución de derechos reales sobre dichos bienes o sus cancelaciones o modificaciones totales o parciales, cuando en las respectivas escrituras o instrumentos no constara la presentación de un certificado otorgado por la ADMINISTRACION FEDERAL que acredite que los referidos bienes han sido debidamente declarados ante la misma por el transferente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Igual recaudo deberá observarse cuando la inscripción se realice por orden judicial.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La ADMINISTRACION FEDERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE INGRESOS PUBLICOS reglamentará la forma, plazo, requisitos y demás condiciones relativas al cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y fijará las excepciones que corresponda introducir para no obstruir las operaciones aludidas o en atención a las particularidades que el caso ofrezca.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Acreditación de Cumplimiento Fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 104 — Las personas físicas y sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- en oportunidad de encontrarse en las situaciones o de realizar los hechos y actos, que al efecto determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL, deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones respecto de tributos cuya percepción esté a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en los plazos, forma y condiciones que establezca dicho Organismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Igual obligación a la establecida en el párrafo anterior deberá ser cumplida con relación a los mutuos hipotecarios, cuando el acreedor —sea éste persona física o jurídica, excepto las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificatorias— promueva la ejecución hipotecaria. Dicha obligación se formalizará en ocasión de entablar la demanda, mediante el certificado extendido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, siendo también de aplicación la modificación dispuesta en el Punto de referencia para aquellas ejecuciones hipotecarias que se encuentren en trámite a la citada fecha, cualquiera sea el estado del proceso.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La Administración Federal</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> de Ingresos Públicos instrumentará un régimen de retención, aplicable sobre el capital objeto de la demanda, cuando el acreedor omita cumplir con la obligación dispuesta en el párrafo anterior, debiendo efectuarse la retención en oportunidad de aprobarse la correspondiente liquidación. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, siendo también de aplicación la modificación dispuesta en el Punto de referencia para aquellas ejecuciones hipotecarias que se encuentren en trámite a la citada fecha, cualquiera sea el estado del proceso.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Deberes de Entidades, de Funcionarios Públicos y de Beneficiarios de Franquicias Tributarias</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 105 — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS propondrá al PODER EJECUTIVO NACIONAL las medidas que deberán adoptar las entidades públicas y privadas para facilitar y garantizar la mejor percepción de los gravámenes regidos por esta ley, y, en especial, las que tiendan a evitar que las personas que no tengan domicilio en el país se ausenten del mismo sin haber abonado los impuestos correspondientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de franquicias tributarias, los beneficiarios que establezca el decreto reglamentario deberán informar de la manera que disponga la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS sobre la materia y el tributo exento. El incumplimiento de esta obligación significará la caducidad de aquellos beneficios sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por aplicación del artículo 39.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para implantar un régimen de identificación de responsables del pago de gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a su cargo, mediante el otorgamiento de una cédula o credencial que cumpla esa finalidad.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La cédula o credencial será obligatoria para quienes ejerzan actividades sujetas a los gravámenes mencionados en el párrafo anterior en los casos, forma y condiciones que determine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los Organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial nacionales, provinciales y municipales y sus dependencias, no darán curso a ningún trámite que resulte de interés para los solicitantes, si los obligados no exhiben, de corresponder como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la correspondiente cédula o credencial. Tales Organismos deberán asimismo prestar obligatoriamente la colaboración que se les requiera a los fines de su aplicación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 106 — Las exenciones o desgravaciones totales o parciales de tributos, otorgadas o que se otorguen, no producirán efectos en la medida en que pudiera resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan expresamente las leyes de los distintos gravámenes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando afecte acuerdos internacionales suscriptos por la Nación en materia de doble imposición.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 107 — Los organismos y entes estatales y privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a pedido de los jueces administrativos a que se refieren los artículos 9º, punto 1, inciso b) y 10 del Decreto Nº 618/97, todas las informaciones que se les soliciten para facilitar la determinación y percepción de los gravámenes a su cargo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las solicitudes de informes sobre personas —físicas o jurídicas— y sobre documentos, actos, bienes o derechos registrados; la anotación y levantamiento de medidas cautelares y las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios a registros públicos, instituciones financieras y terceros detentadores, requeridos o decretados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y los jueces competentes, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios comunicación informáticos, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Esta disposición prevalecerá sobre las normas legales o reglamentarias específicas de cualquier naturaleza o materia, que impongan formas o solemnidades distintas para la toma de razón de dichas solicitudes, medidas cautelares y órdenes. (Párrafo incorporado por Título XV art. 18 inciso 11) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La información solicitada no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento de los referidos Organismos y entes estatales o privados.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los funcionarios públicos tienen la obligación de facilitar la colaboración que con el mismo objeto se les solicite, y la de denunciar las infracciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones bajo pena de las sanciones que pudieren corresponder.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cargas Públicas</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 108 — Las designaciones con carácter de carga pública deberán recaer siempre en personas residentes en el lugar donde deban desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o cambios de domicilio, por razón del desempeño de las mismas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente por causas justificadas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Exención del Sellado</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 109 — Quedan exentas del sellado de ley todas las actuaciones y solicitudes de inscripción, de aclaración, consultas sobre su situación, pedidos de instrucciones para la liquidación y pago, como asimismo los pedidos de acreditación, compensación y devolución de impuestos que formulen los contribuyentes y agentes de retención o sus representantes. Las reclamaciones contra pagos y los recursos administrativos contra la determinación de la materia imponible, contra el impuesto aplicado y contra las multas quedan igualmente exentas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Conversión</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 110 — A los efectos de la liquidación de los tributos, las operaciones y réditos no monetarios serán convertidos a su equivalente en moneda de curso legal. Las operaciones y réditos en moneda extranjera serán convertidas al equivalente en moneda de curso legal resultante de la efectiva negociación o conversión de aquélla o, en defecto de éstas, al equivalente al que, en atención a las circunstancias del caso, se hubiera negociado o convertido dicha moneda extranjera.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Embargo Preventivo</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 111 — En cualquier momento la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá solicitar embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios y los jueces deberán decretarlo en el término de veinticuatro (24) horas, ante el solo pedido del fisco y bajo la responsabilidad de éste.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Este embargo podrá ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si dentro del término de trescientos (300) días hábiles judiciales contados a partir de la traba de cada medida precautoria, en forma independiente, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspenderá, en los casos de apelaciones o recursos deducidos ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, desde la fecha de interposición del recurso y hasta TREINTA (30) días después de quedar firme la sentencia del TRIBUNAL FISCAL.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Régimen Aplicable a los Distintos Gravámenes</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 112 — Sin perjuicio de los preceptos contenidos en las leyes que establecen los gravámenes, las disposiciones de esta ley que no sean de aplicación exclusiva para determinado tributo rigen con relación al Impuesto a los Réditos; Impuesto a las Ganancias; Impuesto a las Ventas; Impuesto al Valor Agregado; Contribución de mejoras establecida por el artículo 19 de la Ley Nº 14.385; Impuesto a las Apuestas en los Hipódromos de Carreras; Impuesto a los Combustibles Líquidos derivados de la destilación del petróleo; Impuesto para Educación Técnica; Recargo sobre petróleo crudo elaborado en el país; Impuesto a las Ganancias Eventuales; Impuestos Internos a los Tabacos, Alcoholes, Bebidas alcohólicas, Combustibles y aceites lubricantes y Vinos, Cubiertas y llantas macizas de goma, a los Artículos de tocador, Objetos suntuarios, Seguros, Bebidas gasificadas, Refrescos, Jarabes, Extractos y concentrados, y otros bienes; Impuesto sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes; Impuesto especial sobre el precio básico de cada localidad o entrada a salas cinematográficas; Impuesto a los Avisos Comerciales Transmitidos por Radio y Televisión; Impuesto a los Ingresos Brutos por Explotación del Servicio de Radiodifusión y/o Televisión; Impuesto Especial establecido por el artículo 56, inciso c) de la Ley Nº 17.319; Gravamen a las utilidades provenientes de exportaciones agrícolas; Impuesto a la Venta de Valores Mobiliarios; Impuesto Adicional al Impuesto Interno a la Nafta; Gravámenes a la producción sobre la venta de cereales, semillas oleaginosas y lanas; Gravamen nacional de emergencia al parque automotor; Impuesto a los Incrementos Patrimoniales no Justificados; Impuesto a los Beneficios de Carácter Eventual; Impuesto a los Capitales; Impuesto a los Patrimonios; Impuesto a las Transferencias de Dominio a Título Oneroso de Acciones, Títulos, Debentures y demás Títulos Valores; Impuesto a los Beneficiarios de Créditos Otorgados por el Sistema Financiero Nacional y Gravamen extraordinario a la posesión de divisas. La aplicación de los Impuestos de Sellos, Derechos de inspección de sociedades anónimas, Arancel consular, Canon minero y Contribución sobre petróleo crudo y gas, se regirá por las leyes respectivas. Con relación a tales impuestos, el Administrador Federal de Ingresos Públicos ejercerá en lo pertinente las funciones que le confieren los artículos 7º, 8º y 9º, punto 1, incisos a) y b), del Decreto Nº 618/97. Serán de aplicación con relación a los mencionados impuestos, las facultades de verificación que se establecen en esta ley. La aplicación del sobreprecio a los combustibles se regirá por la presente ley, facultándose al PODER EJECUTIVO NACIONAL para establecer las excepciones, aclaraciones o modificaciones que considere convenientes para adaptar a las características de dicho gravamen el régimen de esta ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 113 — El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o radios, la reducción parcial de la actualización prevista en los artículos 129 y siguientes, la exención total o parcial de multas, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con todos o cualquiera de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención, siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el responsable.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Facúltase igualmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL para poder acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos y para hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes, así como también para acordar la cesión total o parcial de los derechos sobre la cartera de créditos fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos. Todos estos actos deberán publicarse en el Boletín Oficial.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Anualmente se dará cuenta al Honorable Congreso DE LA NACION del uso de las presentes atribuciones.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo ...: Con excepción de lo indicado en el primer párrafo del artículo precedente, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo agregado a continuación del art. 113, incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.678 B.O. 10/12/2002. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y regirán para los regímenes de regularización de deudas tributarias que se dicten a partir de la citada fecha.).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 114 — Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer procedimientos tendientes a incentivar y promover la colaboración directa o indirecta del público en general, para lograr el cumplimiento de los deberes formales a cargo de los distintos responsables en materia tributaria.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los citados procedimientos podrán consistir tanto en el otorgamiento de premios en dinero o en especie a través de sorteos o concursos organizados a tales fines, como en la retribución a las personas físicas o jurídicas sin fines de lucro que aporten facturas o documentos equivalentes emitidos de acuerdo con las condiciones establecidas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, que respalden operaciones de compraventa de cosas muebles y locaciones y prestaciones de cosas, obras y/o servicios.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 115 — En los casos en que ello resulte pertinente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer la aplicación provisoria de los convenios firmados con otros países a fin de evitar los efectos de la doble imposición internacional, hasta que los mismos entren en vigor.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A tales efectos queda facultado para disponer los alcances y efectos de dicha aplicación frente a las disposiciones relativas a garantías, actualización, intereses y repetición de impuestos previstos por esta ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 116 — En todo lo no previsto en este Título serán de aplicación supletoria la legislación que regula los Procedimientos Administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO XIII</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">REGIMEN ESPECIAL DE FISCALIZACION. PRESUNCION DE EXACTITUD</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 117 — Para los contribuyentes y responsables cuyos ingresos o patrimonio no superen las cifras que establece el artículo 127, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer, con carácter general y por el tiempo, impuestos y zonas geográficas que estime conveniente, que la fiscalización a cargo de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS se limite al último período anual por el cual se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, último párrafo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En caso de tributos que no se liquiden anualmente, la fiscalización deberá abarcar los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce (12) meses calendarios anteriores a la misma.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La facultad establecida en los párrafos anteriores se extiende al caso de los agentes de retención o percepción de impuestos que hubieran omitido actuar como tales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 118 — Hasta que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en el artículo 117 y practique la determinación prevista en el artículo 17 y siguientes, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La presunción que establece este artículo no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, presentadas luego de iniciada la inspección, ni aun de las que lo hubieran sido antes de ella, si concurrieran las circunstancias indicadas en el primer párrafo, última parte, del artículo 113.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Tampoco impedirá que la auditoría pueda extenderse a períodos anteriores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre los resultados del período o períodos fiscalizados o bien para prevenir los supuestos indicados en los artículos 119, apartado 2 y 120, último párrafo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La presunción a que se refiere el párrafo primero no regirá respecto de los períodos fiscales vencidos y no prescriptos beneficiados por ella en virtud de una fiscalización anterior, cuando una fiscalización ulterior sobre períodos vencidos con posterioridad a la realización de la primera, demostrare la inexactitud de los resultados declarados en relación a cualquiera de estos últimos. En este caso se aplicarán las previsiones del artículo 119.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 119 — Si de la impugnación y determinación de oficio indicada en el artículo 118 resultare el incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o, en su caso, se redujeran los quebrantos impositivos o saldos a favor de los responsables, el Organismo podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Extender la fiscalización a los períodos no prescriptos y determinar de oficio la materia imponible y liquidar el impuesto correspondiente a cada uno.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Hacer valer, cuando correspondiere, la presunción de derecho prevista en el artículo 120 y siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Una vez que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS hubiera optado por alguna de las alternativas referidas, deberá atenerse a la misma respecto a todos los demás períodos fiscalizables.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No será necesaria la determinación de oficio a que se refiere el primer párrafo si los responsables presentaren declaraciones juradas rectificativas que satisfagan la pretensión fiscal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Dicha pretensión se considerará satisfecha si tales declaraciones juradas rectificativas no fueran impugnadas dentro de los sesenta (60) días corridos contados desde su presentación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 120 — Si de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 la impugnación y determinación de oficio se hubieran efectuado directamente y por conocimiento cierto de la materia imponible o de los quebrantos impositivos o saldos de impuestos a favor de los responsables, se presumirá admitiendo prueba en contrario, que las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos no prescriptos adolecen de inexactitudes equivalentes, en cada uno de ellos, al mismo porcentaje que surja de relacionar los importes declarados y ajustados a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en el período base fiscalizado, salvo que en posteriores fiscalizaciones se determine un porcentaje superior para los mismos períodos no prescriptos a los cuales se aplicó la presunción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se trate de períodos de liquidación no anuales, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior resultará de considerar el conjunto de declaraciones juradas presentadas y de promediar los ajustes surgidos a favor o en contra del responsable a moneda del último de los períodos considerados. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS establecerá la metodología de actualización respectiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En ningún caso se admitirá como justificación que las inexactitudes verificadas en el período tomado como base de la fiscalización puedan obedecer a causas imputables a ejercicios fiscales anteriores.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La presunción del párrafo primero no se aplicará en la medida que las impugnaciones tuvieran origen en cuestiones de mera interpretación legal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 121 — Los porcentajes indicados en el artículo 120 se aplicarán respecto de cada uno de los períodos no prescriptos para incrementar la base imponible o para reducir los quebrantos o saldos a favor del responsable.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El cálculo de la rectificación se iniciará por el período no prescripto más antiguo respecto del cual se hubieren presentado declaraciones juradas y los resultados acumulados que se establezcan a partir del mismo, se trasladarán a los períodos posteriores como paso previo a la aplicación de los porcentajes aludidos al caso de estos últimos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 122 — En el caso de que las rectificaciones practicadas en relación al período o períodos a que alude el artículo 117 hubieran sido en parte sobre base cierta y en parte por estimación, el Organismo podrá hacer valer la presunción del artículo 120, únicamente en la medida del porcentaje atribuible a la primera. En lo demás regirá la limitación indicada en el párrafo siguiente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si los ajustes efectuados en el período base fueran exclusivamente estimativos, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá impugnar las declaraciones juradas y determinar la materia imponible o los saldos de impuestos correspondientes a los restantes períodos no prescriptos sólo en función de las comprobaciones efectivas a que arribe la fiscalización en el caso particular de cada uno de ellos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 123 — Los saldos de impuestos determinados con arreglo a la presunción de derecho de los artículos 120 y 122 serán actualizables y devengarán los intereses resarcitorios y punitorios de la presente ley, pero no darán lugar a la aplicación de las multas de los artículos 39, 45 y 46.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando corresponda ejercer las facultades del artículo 31, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá tomar en consideración tales resultados para fijar el importe de los pagos provisorios a que se refiere dicho artículo, indistintamente de que se trate de períodos anteriores o posteriores al que se hubiera tomado como base de la fiscalización.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 124 — La determinación administrativa del período base y la de los demás períodos no prescriptos susceptibles de la presunción del artículo 120 sólo se podrá modificar en contra del contribuyente cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 19.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Corresponderá igualmente dicha modificación si en relación a un período fiscal posterior sobreviniera una nueva determinación administrativa sobre base cierta y por conocimiento directo de la materia imponible, en cuyo caso la presunción del artículo 120 citado se aplicará a los períodos fiscales no prescriptos con exclusión del período base de la fiscalización anterior y aun cuando incluyan períodos objeto de una anterior determinación presuntiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 125 — Las presunciones establecidas en los artículos 118 y 120 regirán respecto de los responsables de los impuestos a las ganancias, sobre los activos, al valor agregado e internos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Servirán como base para la aplicación de las mismas las declaraciones juradas y determinaciones efectuadas a partir de los sesenta (60) días corridos desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial, en tanto que correspondan a períodos fiscales anuales cuyo vencimiento general hubiera operado con posterioridad al 1º de enero de 1991.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si no se tratara de impuestos anuales, la presunción del artículo 120 quedará habilitada con la impugnación de la última declaración jurada o determinación de oficio que reúna las condiciones indicadas en el primer párrafo de dicho artículo, pero solo se hará efectiva bajo la condición y en la medida que resulten de la fiscalización de los períodos a que alude el segundo párrafo del artículo 117.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 126 — Una vez formalizada la impugnación de las declaraciones juradas o determinaciones indicadas en el segundo y tercer párrafo del artículo anterior, la presunción del artículo 120 se aplicará a los resultados de todos los períodos no prescriptos a ese momento, aun cuando su vencimiento general hubiera operado con anterioridad a la vigencia de dicha norma.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La aplicación de la presunción referida podrá efectuarse, a opción de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en forma simultánea con el acto administrativo por el cual se determine el impuesto del período fiscal que hubiere servido como base o dentro de los noventa (90) días corridos siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 127 — A los fines dispuestos en el artículo 117, fíjase en diez millones DE pesos ($ 10.000.000) el monto de ingresos anuales y en cinco millones DE pesos ($ 5.000.000) el monto del patrimonio. Dichas cifras se considerarán fijadas al 31 de diciembre de 1990 y se ajustarán para el futuro conforme la variación en el índice de precios mayoristas nivel general. Los ingresos y patrimonio se ajustarán igualmente a moneda uniforme según el mencionado índice tomando en consideración los montos correspondientes al último ejercicio económico actualizados a la fecha en que se realice la comparación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO XIV</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CUENTA DE JERARQUIZACION</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 128 — Créase la Cuenta "Administración Federal de Ingresos Públicos - Cuenta de Jerarquización", la que se acreditará con hasta el CERO SESENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,60%) del importe de la recaudación bruta total de los gravámenes y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución judicial se encuentra a cargo del citado organismo y se debitará por las sumas que se destinen a dicha cuenta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Déjase establecido que el porcentaje de la Cuenta de Jerarquización a que alude el párrafo anterior, incluye los importes de las contribuciones patronales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La TESORERIA GENERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> DE LA NACION, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, depositará mensualmente el importe establecido en una cuenta a disposición de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La Cuenta</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> de Jerarquización se distribuirá entre el personal de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de acuerdo a las pautas que establecerá el PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa intervención de la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, conforme a un sistema que considere la situación de revista, el rendimiento y la eficiencia de cada uno de los agentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Lo dispuesto en los párrafos anteriores entrará a regir al sexto mes siguiente de dictadas las pautas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Mientras tanto, la acreditación y distribución de las cuentas de jerarquización de los Organismos que se disuelven de acuerdo al artículo 1º del Decreto Nº 618/97, continuarán efectuándose de conformidad con los regímenes establecidos por los artículos 77 y 78 de la Ley Nº 23.760.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Durante el período referido en el párrafo anterior, delégase en el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, previa intervención de la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, la facultad de dictar un régimen de transición para el personal de cada organismo disuelto, modificando al efecto las reglamentaciones vigentes. (Nota Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 90/2001 B.O. 29/01/2001, se establece que donde dice "MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" debe entenderse "JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS")</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO XV</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">REGIMEN DE ACTUALIZACION</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO129 — Establécese un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado, administración central o descentralizada, y de los créditos a favor de los particulares, emergentes de impuestos, tasas, contribuciones y multas, en la forma y condiciones que se indican en los artículos siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En lo que hace a su competencia y en todo lo no especificado, en especial lo referente a plazos, cómputo e índices aplicables, se estará a lo que disponga la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los efectos indicados en el párrafo anterior, el importe en concepto de actualización más los intereses resarcitorios no podrá exceder del que resulte de aplicar al monto adeudado el doble de la tasa de interés activa de cartera general utilizada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en sus operaciones de crédito, sin perjuicio de la aplicación de los intereses punitorios en los casos en que proceda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El monto por actualización de los créditos que resulte de la diferencia entre su valor actualizado y su valor original, participará de la misma naturaleza del crédito a que corresponda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Créditos sujetos a actualización</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 130 — Estarán sujetos a actualización:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Los impuestos, tasas y contribuciones regidos por la presente ley.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Los impuestos, tasas y contribuciones nacionales regidos por otras leyes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Los impuestos, tasas y contribuciones, inclusive municipales, de aplicación en jurisdicción nacional.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, correspondientes a los citados tributos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Las multas aplicadas con motivo de los mencionados tributos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Los montos por dichos tributos que los particulares repitieren, solicitaren devolución o compensaren.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El régimen de actualización será de aplicación general y obligatoria, sustituyendo los regímenes propios que, en su caso, pudiesen existir para algunos de los tributos mencionados precedentemente, y sin perjuicio de la aplicabilidad adicional de los intereses o recargos por mora, intereses punitorios, demás accesorios y multa que aquéllos prevean.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Plazo de actualización</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 131 — Cuando los impuestos, tasas, contribuciones, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones o percepciones y multas, se ingresen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha fecha y hasta aquella en que se efectuare el pago.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">De recurrirse al cobro judicial, la deuda reclamada se actualizará de acuerdo con este régimen, sin necesidad de liquidación e intimación previa por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, siendo suficiente la reserva formulada en el título ejecutivo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Multas actualizables</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 132 — Las multas actualizables serán aquellas que hayan quedado firmes y correspondan a infracciones cometidas con posterioridad al 7 de abril de 1976.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de multas que hubieran sido recurridas y quedara firme la sanción, corresponderá su actualización en los términos del artículo 131, considerando como vencimiento el fijado en la resolución administrativa que la hubiera aplicado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Ese modo de cómputo del período sujeto a actualización será aplicable aún cuando la apelación de la multa integrara la del impuesto respectivo y en la proporción en que éste fuera confirmado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Pago de la actualización</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 133 — La obligación de abonar el importe correspondiente por actualización surgirá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna por parte del ente acreedor. Esta obligación subsistirá no obstante la falta de reserva por parte de aquél al recibir el pago de la deuda por los tributos o sanciones y mientras no se haya operado la prescripción para el cobro de ellos. En los casos en que se abonaren los tributos o sanciones sin la actualización y/o intereses correspondientes, los montos respectivos estarán también sujetos a la aplicación del presente régimen desde ese momento, en la forma y plazos previstos para los tributos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 134 — El monto de actualización correspondiente a los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, no constituye crédito a favor del contribuyente contra la deuda del tributo al vencimiento de éste, salvo en los supuestos en que el mismo no fuera adeudado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando el monto de actualización citado en el párrafo precedente y/o el de los intereses respectivos no fueran abonados al momento de ingresarse el tributo, formarán parte del débito fiscal y les será de aplicación el presente régimen desde ese momento, en la forma y plazos previstos para el tributo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 135 — En los casos de pago con prórroga, la actualización procederá sobre los saldos adeudados, hasta su ingreso total.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 136 — La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios previstos en esta ley o los de carácter específico establecidos en las leyes de los tributos a los que este régimen resulta aplicable. Asimismo, la actualización integrará la base del cálculo para la aplicación de los intereses del artículo 52, cuando ella se demandare judicialmente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 137 — Cuando la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS solicitare embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes, podrá incluir en dicha cantidad la actualización presuntiva correspondiente a la misma, sin perjuicio de la determinación posterior del impuesto y de la actualización adeudada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Reclamo administrativo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 138 — Contra las intimaciones administrativas de ingreso del monto de actualización, procederá el reclamo administrativo —que se resolverá sin sustanciación— únicamente en lo que se refiere a aspectos ligados a la liquidación del mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando dicho reclamo involucrara asimismo aspectos referidos a la procedencia del gravamen, serán aplicables las disposiciones que rigen esta última materia inclusive en lo que hace a la correspondiente actualización.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 139 — Para que proceda la repetición prevista en el artículo 83 deberá haberse satisfecho el importe de la actualización correspondiente al impuesto que se intente repetir.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 140 — Serán de aplicación a las actualizaciones las normas de esta ley referidas a aplicación, percepción y fiscalización de los tributos con las excepciones que se indican en este Capítulo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Vigencia</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 141 — Serán actualizadas en los términos de esta ley las obligaciones tributarias correspondientes a tributos, anticipos, pagos a cuenta, retenciones o percepciones, cuyo vencimiento se haya operado con anterioridad a la publicación de la Ley Nº 21.281, pero solamente desde esa fecha.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Actualización a favor de los contribuyentes</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 142 — También serán actualizados los montos por los que los contribuyentes solicitaren devolución, repetición, pidieren reintegro o compensación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Dichos montos se actualizarán desde la fecha de pago o presentación de la declaración jurada que dio origen al crédito a favor de los contribuyentes o responsables.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de compensaciones que operen dentro del mismo impuesto o entre los impuestos a las ganancias y a los activos, la actualización procederá desde la fecha en que el saldo acreedor a compensar haya sido susceptible de ser imputado como pago.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Capítulo XVI</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">REGIMENES DE PROMOCION</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 143 — En los regímenes de promoción industriales, regionales, y sectoriales o de otra clase que conceden beneficios impositivos de cualquier índole, las respectivas autoridades de aplicación estarán obligadas a recibir, considerar y resolver en términos de preferente o urgente despacho según las circunstancias, las denuncias que formule la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ante las mismas y que se refieran al presunto incumplimiento por parte de los responsables de las cláusulas legales o contractuales de las cuales dependieren los beneficios aludidos. Transcurrido un plazo de noventa (90) días sin haberse producido la resolución de la autoridad de aplicación, la ADMINISTRACION FEDERAL quedará habilitada para iniciar el procedimiento dispuesto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de observar los recaudos en él establecidos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando en uso de las facultades que le otorga esta ley la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS compruebe el incumplimiento de las cláusulas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrá considerar a los fines exclusivamente tributarios, como caducos, total o parcialmente, los beneficios impositivos acordados, debiendo, en dicho caso, previa vista por QUINCE (15) días al Organismo de aplicación respectivo, proceder a la determinación y percepción de los impuestos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más su actualización e intereses. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo, deberá intimar a los inversionistas simultáneamente y sin necesidad de aplicar el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes, el ingreso de los impuestos diferidos en la empresa cuyos beneficios se consideran caducos. En caso de incumplimiento la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberá proceder conforme lo establecido por el Capítulo XI de este Título.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La determinación e intimación previstas en el párrafo anterior, en relación con los incumplimientos que la originan, serán procedentes, aun cuando subsistan formalmente los actos administrativos mediante los cuales la autoridad de aplicación haya acordado los beneficios tributarios, y sólo podrá recurrirse cuando dicha autoridad, en uso de las facultades que le son propias y mediante resolución debidamente fundada, decidiera mantener los beneficios promocionales por los períodos a que se refiere la mencionada determinación. Dicho recurso deberá interponerse, exclusivamente, por la vía establecida en el artículo 81 y las sumas repetidas se actualizarán desde la fecha en que fueron ingresadas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">TITULO II</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO I</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DE LA ORGANIZACION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">FISCALES Y ACTUACION ANTE ELLOS</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 144 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION creado por la Ley Nº 15.265 entenderá en los recursos que se interpongan con relación a los tributos y sanciones que aplicare la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en ejercicio de los poderes fiscales que le acuerda el Título I de la presente ley y en recurso de amparo establecido en este Título. Asimismo tendrá la competencia establecida en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 6.692/63 —en la forma y condiciones establecidas en los artículos 5º a 9º de dicho decreto-ley— en los recursos que se interpongan con relación a los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones que aplique la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en ejercicio de los poderes fiscales que le son propios, excepto en los que corresponden a las causas de contrabando.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sede</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 145 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la República:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Mediante delegaciones fijas, que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá establecer en los lugares del interior del país que se estime conveniente. (Inciso sustituido por Título XV art. 18 inciso 12) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Mediante delegaciones móviles, que funcionen en los lugares del país y en los períodos del año que establezcan los reglamentos del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los jueces del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION podrán establecer su despacho en cualquier lugar de la República, a los efectos de la tramitación de las causas que conozcan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En todas las materias de competencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, los contribuyentes y responsables podrán optar por deducir los recursos y demandas en la Capital Federal o ante las delegaciones fijas o móviles del TRIBUNAL FISCAL, las que tendrán la competencia que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Constitución</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 146 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION estará constituido por veintiún (21) Vocales, argentinos, de TREINTA (30) o más años de edad y con cuatro (4) o más años de ejercicio de la profesión de abogado o contador, según corresponda.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Se dividirá en siete (7) Salas; de ellas, cuatro (4) tendrán competencia en materia impositiva, integradas por DOS (2) Abogados y un (1) Contador Público, y las TRES (3) restantes, serán integradas cada una por TRES (3) Abogados, con competencia en materia aduanera.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cada Vocal será asistido en sus funciones por un Secretario con título de Abogado o Contador.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La composición y número de salas y vocales podrán ser modificados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. (Párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 13) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION será designado de entre los Vocales por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y durará en sus funciones por el término de TRES (3) años, sin perjuicio de poder ser designado nuevamente para el cargo. No obstante, continuará en sus funciones hasta que se produzca su nueva designación, o la de otro de los Vocales, para el desempeño del cargo. La Vicepresidencia será desempeñada por el Vocal más antiguo de competencia distinta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los miembros desempeñarán sus cargos en el lugar para el que hubieran sido nombrados, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En los casos de excusación, vacancia, licencia o impedimento de los miembros de cualquier Sala, serán reemplazados -atendiendo a la competencia- por Vocales de igual título, según lo que se establezca al respecto en el reglamento de procedimiento.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Designación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 147 — Los Vocales del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, previo concurso de antecedentes que acrediten competencia en cuestiones impositivas o aduaneras, según el caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Remoción</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 148 — Los miembros del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado presidido por el Procurador del Tesoro de la Nación e integrado por cuatro (4) miembros abogados y con DIEZ (10) años de ejercicio en la profesión, nombrados anualmente por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La causa se formará obligatoriamente si existe acusación del PODER EJECUTIVO NACIONAL o del Presidente del TRIBUNAL FISCAL y sólo por decisión del jurado si la acusación tuviera cualquier otro origen. El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y el debido trámite de la causa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Son causas de remoción: a) mal desempeño de sus funciones; b) desorden de conducta; c) negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos; d) comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre y honor; e) ineptitud; f) violación de las normas sobre incompatibilidad; g) cuando debiendo excusarse en los casos previstos en el artículo 150 no lo hubiere hecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las funciones de los miembros del jurado serán "ad-honorem".</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Incompatibilidades</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 149 — Los miembros del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION no podrán ejercer el comercio, realizar actividades políticas o cualquier actividad profesional, salvo que se tratare de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres o de los hijos, ni desempeñar empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios o la docencia. Su retribución y régimen previsional serán iguales a los de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. A los fines del requisito de la prestación efectiva de servicios, de manera continua o discontinua, por el término a que se refiere el régimen previsional del Poder Judicial de la Nación, se computarán también los servicios prestados en otros cargos en el TRIBUNAL FISCAL y en Organismos nacionales que lleven a cabo funciones vinculadas con las materias impositivas y aduaneras.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los Secretarios Generales y los Secretarios Letrados de Vocalía tendrán las mismas incompatibilidades que las establecidas en el párrafo anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION gozará de un suplemento mensual equivalente al veinte por ciento (20%) del total de la retribución mensual que le corresponda en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior. Igual suplemento percibirá el Vicepresidente por el período en que sustituya en sus funciones al Presidente, siempre que el reemplazo alcance por lo menos a TREINTA (30) días corridos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Excusación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 150 — Los miembros del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION no serán recusables, pero deberán excusarse de intervenir en los casos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, supuesto en el cual serán sustituidos por los miembros restantes en la forma establecida en el artículo 146 si la excusación fuera aceptada por el Presidente o el Vicepresidente si se excusara el primero.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Distribución de Expedientes - Plenario</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 151 — La distribución de expedientes se realizará mediante sorteo público, de modo tal que los expedientes sean adjudicados a los Vocales en un número sucesivamente uniforme; tales Vocales actuarán como instructores de las causas que les sean adjudicadas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando el número, similitud y concomitancia de causas a resolver haga necesario dilucidar cuestiones de derecho comunes a todas ellas, el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION con el voto de las DOS TERCERAS PARTES (2/3), al menos, de los Vocales con competencia impositiva o aduanera, tendrá facultades de establecer directivas de solución común a todas ellas definiendo puntualmente las características de la situaciones a las que serán aplicables. En estos casos la convocatoria a reunión plenaria será efectuada en la forma prevista por el presente artículo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la misma cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes Salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las Salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario. Dentro del término de cuarenta (40) días se devolverá la causa a la Sala en que estuviere radicada para que la sentencie, aplicando la interpretación sentada en el plenario.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La convocatoria a TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION pleno será efectuada de oficio o a pedido de cualquier Sala, por el Presidente o el Vicepresidente del TRIBUNAL FISCAL, según la materia de que se trate.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando la interpretación de que se trate verse sobre disposiciones legales de aplicación común a las Salas impositivas y aduaneras, el plenario se integrará con todas las Salas y será presidido por el Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si se tratara de disposiciones de competencia exclusiva de las Salas impositivas o de las Salas aduaneras, el plenario se integrará exclusivamente con las Salas competentes en razón de la materia; será presidido por el Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o el Vicepresidente, según el caso, y se constituirá válidamente con la presencia de los dos tercios (2/3) de los miembros en ejercicio, para fijar la interpretación legal por mayoría absoluta. El mismo quórum y mayoría se requerirá para los plenarios conjuntos (impositivos y aduaneros). Quien presida los plenarios tendrá doble voto en caso de empate.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando alguna de las Salas obligadas a la doctrina sentada en los plenarios a que se refiere el presente artículo, entienda que en determinada causa corresponde rever esa jurisprudencia, deberá convocarse a nuevo plenario, resultando aplicable al respecto lo establecido precedentemente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Convocados los plenarios se notificará a las Salas para que suspendan el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. Hasta que se fije la correspondiente interpretación legal, quedarán suspendidos los plazos para dictar sentencia, tanto en el expediente sometido al acuerdo como en las causas análogas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cómputo de Términos</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 152 — Todos los términos de este Título serán de días hábiles y se suspenderán durante el período anual de feria del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Reglamento</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 153 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION dictará reglas de procedimiento que complementen las disposiciones de esta ley, a fin de dar al proceso la mayor rapidez y eficacia. Dichas reglas serán obligatorias para el TRIBUNAL FISCAL y las personas que actúen ante él, desde su publicación en el Boletín Oficial y podrán ser modificadas para ajustarlas a las necesidades que la práctica aconseje.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Presidente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION podrá dictar normas complementarias del Reglamento de Procedimientos del Tribunal, tendientes a uniformar trámites procesales y cuestiones administrativas cuando no se encuentren previstos en el mismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Facultades del Tribunal</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 154 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION actuará como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según las normas del presente Capítulo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 155 — A tales fines, su patrimonio estará constituido por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica. Continuará la gestión del actual Organismo, quedándole afectados íntegramente los bienes propios o los cedidos en uso, créditos, derechos y obligaciones. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para transferir sin cargo inmuebles que sean necesarios para el funcionamiento del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 156 — Los recursos del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION provendrán de:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Los importes que anualmente le asigne la ley de presupuesto de la Administración Nacional.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Los importes que provengan de la aplicación de multas contempladas en el artículo 162 y en el artículo 1.144 del Código Aduanero.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c)Los importes que provengan de la venta de bienes muebles o inmuebles registrables o no. Dichos importes podrán ser aplicados exclusivamente a la compra o construcción de otros bienes de tal naturaleza en forma indistinta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Todo ingreso no contemplado expresamente, pero cuya percepción no sea incompatible con las facultades otorgadas al Organismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION tendrá a su cargo la administración y manejo de los fondos destinados a atender su presupuesto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 157 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION tendrá, además facultades para:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Designar a los Secretarios Generales y Secretarios Letrados de Vocalía.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Conceder licencia con goce de sueldo o sin él, en las condiciones que autoricen las disposiciones administrativas, a los miembros del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 158 — El Presidente tendrá las atribuciones y responsabilidades que se detallan seguidamente:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Representar legalmente al TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor, y suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y/o modificación de la estructura orgánico funcional y el estatuto del personal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por intermedio de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el escalafón del personal y su reglamento, incluidos el régimen disciplinario pudiendo dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Designar personal con destino a la planta permanente y/o temporaria así como también, promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias, con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que en consecuencia se dicte.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Aplicar sanciones disciplinarias a su personal de conformidad con las normas legales y reglamentarias y determinar los funcionarios con facultades para hacerlo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Suscribir, en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL y bajo la autorización previa de la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, convenciones colectivas de trabajo con la entidad gremial que represente al personal, en los términos de la Ley N° 24.185.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">h) Fijar el horario general y los horarios especiales en que desarrollará su actividad el Organismo, de acuerdo con las necesidades de la función específicamente jurisdiccional que el mismo cumple.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">i) Elevar anualmente a la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS el plan de acción y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">j) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del Organismo, pudiendo redistribuir los créditos sin alterar el monto total asignado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">k) Licitar, adjudicar y contratar suministros, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer de toda forma respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio, aceptar donaciones con o sin cargo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">l) Toda otra atribución compatible con el cargo y necesaria para el cumplimiento de las funciones del Organismo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Competencia del Tribunal</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 159 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION será competente para conocer:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, o ajusten quebrantos, por un importe superior a DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) o SIETE MIL PESOS ($ 7.000), respectivamente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que, impongan multas superiores a DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas ante la AFIP, y de las demandas por repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Del recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) En materia aduanera, el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION será competente para conocer de los recursos y demandas contra resoluciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que determinen derechos, gravámenes, recargos y sus accesorios o ingresos a la renta aduanera a cargo de los particulares y/o apliquen sanciones —excepto en las causas de contrabando—; del recurso de amparo de los contribuyentes y terceros y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, accesorios y recargos recaudados por la ADMINISTRACION FEDERAL como también de los recursos a que ellos den lugar.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 14) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Personería</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 160 — En la instancia ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial, el que acreditará su calidad de tal mediante simple autorización certificada por el Secretario del TRIBUNAL FISCAL o Escribano Público.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Representación y Patrocinio</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 161 — La representación y patrocinio ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION se ejercerá por las personas autorizadas para actuar en causas judiciales.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Tales funciones podrán ser desempeñadas, además, por doctores en ciencias económicas o contadores públicos, inscriptos en la respectiva matrícula y por todas aquellas personas que al 30 de diciembre de 1964 estuvieran inscriptas y autorizadas a actuar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION por haber cumplido los requisitos exigidos por el Decreto Nº 14.631/60.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Sanciones Procesales</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 162 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION y el vocal interviniente tendrán facultad para aplicar sanciones a las partes y demás personas vinculadas con el proceso, en caso de desobediencia o cuando no presten la adecuada colaboración para el rápido y eficaz desarrollo del proceso. Las sanciones podrán consistir en llamados de atención, apercibimiento o multas de hasta DOS MIL PESOS ($ 2.000) y serán comunicadas a la entidad que ejerza el poder disciplinario de la profesión en su caso. (Párrafo sustituido por Título XV Art. 18 inciso 15) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La resolución firme que imponga esta multa deberá cumplirse dentro del tercer día, bajo apercibimiento de seguir la vía de ejecución fiscal establecida en el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las resoluciones que apliquen las sanciones a que se refiere este artículo, serán apelables dentro de igual plazo ante la Cámara Nacional competente pero el recurso se sustanciará dentro del término y forma previstos para la apelación de la sentencia definitiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 163 — El proceso será escrito, sin perjuicio de la facultad de los Vocales para llamar a audiencia durante el término de prueba cuando así se estime necesario. En este caso la intervención personal del Vocal o su Secretario deberá cumplirse bajo pena de nulidad, sin posibilidad de confirmación. La nulidad podrá ser invocada por cualesquiera de las partes, en cualquier estado del proceso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Impulso de Oficio</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 164 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION impulsará de oficio el procedimiento teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá dictar sentencia teniendo a la litigante por desistida o allanada según corresponda. Cuando se allanare, el Fisco deberá hacerlo por resolución fundada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO II</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DE LAS ACCIONES Y RECURSOS</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Del Recurso de Apelación por Determinación de Impuestos,</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Quebrantos y Aplicación de Multas</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 165 — Serán apelables ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o impongan sanción, cuando las obligaciones de pago excedan la suma que al efecto establece el artículo 159. Si la determinación tributaria y la imposición de sanción se decidieran conjuntamente, la resolución íntegra podrá apelarse cuando ambos conceptos en conjunto superen el importe mínimo previsto en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir sólo por uno de esos conceptos pero siempre que éste supere dicho importe mínimo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asimismo, serán apelables los ajustes de quebrantos impositivos que excedan el respectivo importe consignado en el citado artículo 159.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 16) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 166 — El recurso se interpondrá por escrito ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, dentro de los QUINCE (15) días de notificada la resolución administrativa. Tal circunstancia deberá ser comunicada por el recurrente a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA o a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en su caso, dentro del mismo plazo y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 39.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el recurso el apelante deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho. Salvo en materia de sanciones y sin perjuicio de las facultades establecidas en los artículos 164 y 177, no se podrá ofrecer la prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para reputar el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Los requisitos de forma y condiciones a que deberán ajustarse los actos precitados serán establecidos en el reglamento del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 17) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 167 — La interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago respectiva, que deberá cumplirse en la forma establecida por la ley, salvo por la parte apelada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Intereses</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 168 — Cuando el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, podrá disponer que sin perjuicio del interés del artículo 37 se liquide otro igual hasta el momento del fallo, que podrá aumentar en un ciento por ciento (100%).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Traslado del Recurso</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 169 — Se dará traslado del recurso por TREINTA (30) días a la apelada para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca su prueba.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si no lo hiciere, de oficio o a petición de parte el vocal instructor hará un nuevo emplazamiento a la repartición apelada para que lo conteste en el término de DIEZ (10) días bajo apercibimiento de rebeldía y de continuarse con la sustanciación de la causa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El plazo establecido en el primer párrafo sólo será prorrogable por conformidad de partes manifestada por escrito al Tribunal dentro de ese plazo y por un término no mayor de TREINTA (30) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por Título XV art. 18 inciso 18) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Rebeldía</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 170 — La rebeldía no alterará la secuencia del proceso y si en algún momento cesare, continuará la sustanciación sin que pueda en ningún caso retrogradar.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Excepciones</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 171 — Producida la contestación de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA o de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en su caso, el Vocal dará traslado por el término de DIEZ (10) días al apelante, de las excepciones que aquéllas hubieran opuesto para que las conteste y ofrezca la prueba que haga a las mismas.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las excepciones que podrán oponer las partes como de previo y especial pronunciamiento son las siguientes:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Incompetencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Falta de personería.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Falta de legitimación en el recurrente o la apelada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">d) Litispendencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">e) Cosa juzgada.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">f) Defecto legal.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">g) Prescripción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">h) Nulidad.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las excepciones que no fueren de previo y especial pronunciamiento se resolverán con el fondo de la causa. La resolución que así lo disponga será inapelable.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Vocal deberá resolver dentro de los DIEZ (10) días sobre la admisibilidad de las excepciones que se hubieran opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se hubieran ofrecido, en su caso. Producidas aquéllas, el Vocal interviniente elevará los autos a la Sala.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Causa de Puro Derecho. Autos para Sentencia</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 172 — Una vez contestado el recurso y las excepciones, en su caso, si no existiera prueba a producir, el Vocal elevará los autos a la Sala.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Apertura a Prueba</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 173 — Si no se hubiesen planteado excepciones o una vez tramitadas las mismas o resuelto su tratamiento con el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el Vocal resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas, proveyéndolas en su caso y fijando un término que no podrá exceder de sesenta (60) días para su producción.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A pedido de cualesquiera de las partes, el Vocal podrá ampliar dicho término por otro período que no podrá exceder de TREINTA (30) días. Mediando acuerdo de partes la ampliación no podrá exceder del término de cuarenta y cinco (45) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Producción de la Prueba</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 174 — Las diligencias de prueba se tramitarán directa y privadamente entre las partes o sus representantes, y su resultado se incorporará al proceso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Vocal prestará su asistencia para asegurar el efecto indicado, allanando los inconvenientes que se opongan a la realización de las diligencias y emplazando a quienes fueran remisos en prestar su colaboración. El Vocal tendrá a ese efecto, para el caso de juzgarlo necesario, la facultad que el artículo 35 acuerda a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para hacer comparecer a las personas ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Informes</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 175 — Los pedidos de informes a las entidades públicas o privadas podrán ser requeridos por los representantes de las partes. Deberán ser contestados por funcionario autorizado, con aclaración de firma, el que deberá comparecer ante el Vocal si lo considerara necesario, salvo que designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La DIRECCION GENERAL</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> IMPOSITIVA y la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberán informar sobre el contenido de resoluciones o interpretaciones aplicadas en casos similares al que motiva el informe.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Alegato - Vista de la Causa</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 176 — Vencido el término de prueba o diligenciadas las medidas para mejor proveer que hubiere ordenado o transcurrido ciento ochenta (180) días del auto que las ordena -prorrogables por una sola vez por igual plazo- el Vocal Instructor declarará su clausura y elevará de inmediato los autos a la Sala, la que de inmediato los pondrá a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos, por el término de DIEZ (10) días o bien —cuando por auto fundado entienda necesario un debate más amplio— convocará a audiencia para la vista de la causa. Dicha audiencia deberá realizarse dentro de los veinte (20) días de la elevatoria de la causa a la sala y sólo podrá suspenderse -por única vez- por causa del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, que deberá fijar una nueva fecha de audiencia para dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la primera.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando no debiera producirse prueba, el Vocal elevará de inmediato los autos a la Sala respectiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Medidas para Mejor Proveer</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 177 — Hasta el momento de dictar sentencia podrá el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION disponer las medidas para mejor proveer que estime oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de funcionarios que le proporcionarán la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS o aquellos organismos nacionales competentes en la materia de que se trate.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Tales funcionarios actuarán bajo la exclusiva dependencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En estos casos, el término para dictar sentencia se ampliará en TREINTA (30) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si se hubiere convocado audiencia para la vista de la causa concurrirán las partes o sus representantes, los peritos que hubieren dictaminado y los testigos citados por el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La audiencia se celebrará con la parte que concurra y se desarrollará en la forma y orden que disponga el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, el que requerirá las declaraciones o explicaciones que estime pertinentes, sin sujeción a formalidad alguna, con tal que versaren sobre la materia en litigio.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">En el mismo acto las partes o sus representantes alegarán oralmente sobre la prueba producida y expondrán las razones de derecho.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Acciones de Repetición</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 178 — Cuando el contribuyente -en el caso de pago espontáneo-, ejerciendo la opción que le acuerda el artículo 81, interpusiera apelación contra la resolución administrativa recaída en el reclamo de repetición, lo hará ante el TRIBUNAL FISCAL en la forma y condiciones establecidas para las demás apelaciones, a cuyo procedimiento aquélla quedará sometida. Si la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no evacuare en término el traslado previsto en al artículo 169, será de aplicación el artículo 170. El mismo procedimiento regirá para la demanda directa ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, pero el término para contestarla será de sesenta (60) días. Con la contestación de la apelación o la demanda, el representante fiscal deberá acompañar la certificación de la ADMINISTRACION FEDERAL sobre los pagos que se repiten.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 179 — En los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, según fuere el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 180 — En el caso de que un contribuyente no hubiere interpuesto recurso alguno contra la resolución que determinó el tributo y aplicó multa, podrá comprender en la demanda de repetición que deduzca por el gravamen, la multa consentida, pero tan sólo en la parte proporcional al tributo cuya repetición se persigue.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 181 — Transcurrido el plazo previsto en el artículo 81, primer párrafo, sin que se dicte resolución administrativa, el interesado podrá interponer recurso ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION para que éste se avoque al conocimiento del asunto, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido para la apelación; ello sin perjuicio del derecho de optar por la demanda ante la Justicia Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82, inciso c).</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Recurso de Amparo</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 182 — La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION mediante recurso de amparo de sus derechos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El recurrente deberá previamente haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de QUINCE (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 183 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, podrá el TRIBUNAL FISCAL resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El Vocal Instructor deberá sustanciar los trámites previstos en la primera parte del presente artículo dentro de los TRES (3) días de recibidos los autos, debiendo el Secretario dejar constancia de su recepción y dando cuenta inmediata a aquél.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cumplimentados los mismos, elevará inmediatamente los autos a la Sala, la que procederá al dictado de las medidas para mejor proveer que estime oportunas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la elevatoria, que se notificará a las partes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las resoluciones sobre la cuestión serán dictadas prescindiendo del llamamiento de autos y dentro de los CINCO (5) días de haber sido elevados los autos por el Vocal Instructor o de que la causa haya quedado en estado, en su caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO III</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 184 — Cuando no debiera producirse prueba o vencido el término para alegar, o celebrada la audiencia para la vista de la causa, en su caso, el Tribunal Fiscal de la Nación pasará los autos para dictar sentencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La elevación de la causa a la Sala respectiva deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días de haber concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La Sala</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> efectuará el llamado de autos dentro de los CINCO (5) o DIEZ (10) días de que éstos hayan sido elevados por el Vocal Instructor o de haber quedado en estado de dictar sentencia, según se trate de los casos previstos por los artículos 171 y 172 o 176, respectivamente, computándose los términos establecidos por el artículo 188 a partir de quedar firme el llamado.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La sentencia podrá dictarse con el voto coincidente de DOS (2) de los miembros de la Sala, en caso de vacancia o licencia del otro Vocal integrante de la misma.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones que rigen en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes de las partes y sus patrocinantes, así como las arancelarias respectivas para los peritos intervinientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando en función de las facultades del artículo 164 el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la sanción a aplicar, las costas se impondrán en el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1° pto. XXIX de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 185 — La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese TRIBUNAL de la NACION.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 186 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION podrá declarar en el caso concreto, que la interpretación ministerial o administrativa aplicada no se ajusta a la ley interpretada. En ambos supuestos, la sentencia será comunicada al organismo de superintendencia competente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Liquidación</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 187 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION podrá practicar en la sentencia la liquidación del tributo y accesorios y fijar el importe de la multa o, si lo estimare conveniente, deberá dar las bases precisas para ello, ordenando a las reparticiones recurridas que practiquen la liquidación en el término de TREINTA (30) días prorrogables por igual plazo y una sola vez, bajo apercibimiento de practicarlas el recurrente.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">De la liquidación practicada por las partes se dará traslado por CINCO (5) días, vencidos los cuales el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION resolverá dentro de los DIEZ (10) días. Esta resolución será apelable en el plazo de QUINCE (15) días, debiendo fundarse al interponer el recurso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Término para Dictar Sentencia</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 188 — Salvo lo dispuesto en el artículo 177, la sentencia deberá dictarse dentro de los siguientes términos, contados a partir del llamamiento de autos para sentencia:</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">a) Cuando resolviere excepciones, tratadas como cuestiones previas y de especial pronunciamiento: QUINCE (15) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">b) Cuando se tratare de la sentencia definitiva y no se produjeran pruebas: TREINTA (30) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">c) Cuando se tratare de la sentencia definitiva y hubiere mediado producción de prueba en la instancia: sesenta (60) días.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Las causas serán decididas con arreglo a las pautas establecidas por el artículo 34, inciso 2) del Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial de la Nación, dando preferencia a los recursos de amparo.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La intervención necesaria de Vocales subrogantes determinará la elevación al doble de los plazos previstos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Cuando se produjere la inobservancia de los plazos previstos, la sala interviniente deberá llevar dicha circunstancia a conocimiento de la Presidencia en todos los casos, con especificación de los hechos que la hayan motivado, la que deberá proceder al relevamiento de todos los incumplimientos registrados, para la adopción de las medidas que correspondan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Si los incumplimientos se reiteraran en más de DIEZ (10) oportunidades o en más de CINCO (5) producidas en un año, el Presidente deberá, indefectiblemente, formular la acusación a que se refiere el primer párrafo del artículo 148, en relación a los vocales responsables de dichos incumplimientos.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 189 — Si la sentencia decidiera cuestiones previas que no ponen fin al litigio, la posibilidad de apelarla quedará postergada hasta el momento de apelarse la sentencia definitiva.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 190 — Los plazos señalados en este Título se prorrogarán cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL resolviera de modo general establecer términos mayores en atención al cúmulo de trabajo que pesare sobre el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, demostrado por estadísticas que éste le someterá.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Recurso de Aclaratoria</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 191 — Notificada la sentencia, las partes podrán solicitar, dentro de los CINCO (5) días, que se aclaren ciertos conceptos oscuros, se subsanen errores materiales, o se resuelvan puntos incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Recurso de Revisión y Apelación Limitada</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 192 — Los responsables o infractores podrán interponer el recurso de revisión y de apelación limitada a que se refiere el artículo 86, para ante la Cámara Nacional competente, dentro de TREINTA (30) días de notificárseles la sentencia del TRIBUNAL y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. No interpuesto el recurso, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de QUINCE (15) días de quedar firme.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Será Cámara Nacional competente aquélla en cuya jurisdicción funcione la sede o la delegación permanente o móvil del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, según sea donde se ha radicado la causa.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">El plazo para apelar las sentencias recaídas en los recursos de amparo, será de DIEZ (10) días. (Párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 20) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 193 — La Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, deberán apelar las sentencias desfavorables, en tanto afecten al Fisco, e inmediatamente elevarán un informe fundado a la Subsecretaría de Política Tributaria —dependiente de la Secretaría de Hacienda — o el organismo que la reemplace, quien podrá decidir el desistimiento de la apelación interpuesta.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.720 B.O. 17/1/2003)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(Nota Infoleg: Por art. 1º de la Resolución Nº 401/2000 del Ministerio de Economía B.O. 15/05/2000, se delega la firma de las autorizaciones para apelar las sentencias del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, en el funcionario a cargo de la SUBSECRETARIA DE POLITICA TRIBUTARIA dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del Ministerio de Economía, las que se considerarán otorgadas por el mismo)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 194 — La apelación de las sentencias se concederá en ambos efectos, salvo la de aquellas que condenaren al pago de tributos e intereses, que se otorgará al solo efecto devolutivo. En este caso, si no se acreditare el pago de lo adeudado ante la repartición apelada dentro de los TREINTA (30) días desde la notificación de la sentencia o desde la notificación de la resolución que apruebe la liquidación practicada, la repartición expedirá de oficio la boleta de deuda a que se refiere el artículo 92, fundada en la sentencia o liquidación, en su caso.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Interposición del Recurso</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 195 — El escrito de apelación se limitará a la mera interposición del recurso. Dentro de los QUINCE (15)días subsiguientes a la fecha de su presentación, el apelante expresará agravios por escrito ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, el que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido el cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la Cámara Nacional competente, sin más sustanciación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">La apelación contra las sentencias recaídas en los recursos de amparo deberá fundarse juntamente con la interposición del recurso y se dará traslado de la misma a la otra parte para que la conteste por escrito dentro del término de DIEZ (10) días, vencido el cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la Cámara sin más sustanciación, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas. (Párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 21) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999)</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 196 — En el caso de que la sentencia no contuviere liquidación del impuesto y accesorios que mandase pagar al contribuyente, el plazo para expresar agravios se contará desde la fecha de notificación de la resolución que apruebe la liquidación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">CAPITULO IV</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">DISPOSICIONES GENERALES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Aplicación Supletoria</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 197 — Será de aplicación supletoria en los casos no previstos en este Título y en el Reglamento Procesal del Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 198 — El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá extender la competencia de los Tribunales Fiscales que organiza la presente ley a otros impuestos que los indicados en el artículo 144. Queda también autorizado para modificar la suma que el artículo 165 establece como condición para apelar de las resoluciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 199 — Contra las resoluciones que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dictare después de la instalación del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, los particulares podrán interponer ante éste los recursos y demandas que la presente ley autoriza, los que en tal caso producirán los efectos que en ella se determinan.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">TITULO III</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">OTRAS DISPOSICIONES</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 200 — Los importes consignados en los distintos artículos de esta ley se actualizarán anualmente, en función de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, operada entre el 1º de noviembre y el 31 de octubre de cada año. Los nuevos importes resultantes regirán a partir del 1º de enero, inclusive, de cada año y deberán ser publicados con anterioridad a dicha fecha por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. La primera actualización regirá a partir del 1º de enero de 1979, inclusive.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">A los fines de las actualizaciones a que se refiere el párrafo anterior, las tablas e índices que elabore la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS para ser aplicados a partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 201 — Las actualizaciones previstas en esta ley de obligaciones de dar sumas de dinero, se efectuarán hasta el 1º de abril de 1991, inclusive.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 202 — Las normas que establecen la actualización de deudas fiscales, no serán de aplicación desde el momento en que se hubiere garantizado con depósito de dinero en efectivo y a la orden de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la totalidad del importe controvertido. En caso de que procediere la devolución, ésta será actualizada y no devengará intereses.</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 203 — Los artículos 157, 158, 159, 160, 161 y 162 del texto ordenado en 1974 -por Decreto Nº 1769/74-, así como el artículo nuevo incorporado sin número por la Ley Nº 20.904, continuarán en vigencia en los casos y situaciones que correspondan. </span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">ARTICULO 204 — En la medida en que no fueren afectados por lo dispuesto en los artículos precedentes, continuarán en vigor produciendo sus correspondientes efectos, sin excepción alguna ni solución de continuidad, las modificaciones a la Ley Nº 11.683 introducidas por las Leyes Nros. 17.595, 20.024, 20.046, 20.219, 20.277, 20.626, 20.904, 21.281, 21.344, 21.363, 21.425, 21.436, 21.858, 21.864, 21.911, 22.091, 22.294, 22.826, 22.917, 23.013, 23.314, 23.495, 23.549, 23.658, 23.697, 23.760, 23.771, 23.871, 23.905, 23.928, 24.073, 24.138, 24.587, 24.765 y los Decretos Nros. 2.192/86, 507/93 ratificado por Ley N° 24.447, 1.684/93, 618/97 y 938/97.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Antecedentes Normativos <span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo s/n a continuación del art. 65, incorporado por art. 1° pto. XX de la Ley N° 26.044 B.O. 6/7/2005. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 18, inciso f) sustituido por art. 1°, punto III de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 18, inciso c') incorporado por art. 1°, punto IV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Artículo 18, inciso g) incorporado por art. 1°, punto IV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 18, inciso h) incorporado por art. 1°, punto IV de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 40, Inciso b) sustituido por art. 1°, punto XII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 65, inciso d) incorporado por art. 1°, punto XXI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 184, cuarto párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 19) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 184, Último párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVIII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 65, inciso a), segundo párrafo sustituido por Título XV art. 18 inciso 3) de la Ley Nº 25.239 B.O. 31/12/1999;</span></div><div class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">- Artículo 39, segundo párrafo incorporado por art. 4º del Decreto Nº 1334/98 B.O. 16/11/1998.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-28226743382931014252011-06-21T20:08:00.001-07:002011-06-21T20:08:54.607-07:00Cuadro de Organos de la ONU<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<tr style="height: 24.0pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;"> <td style="background: #969696; border-right: solid windowtext 1.0pt; border: solid windowtext 1.5pt; height: 24.0pt; mso-border-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid #969696; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 7.0pt;">ÓRGANO</span></b></div></td> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.5pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: solid windowtext 1.5pt; height: 24.0pt; mso-border-bottom-alt: 1.5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; 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text-autospace: none;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 7.0pt;">ELECCIÓN</span></b></div></td> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.5pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: solid windowtext 1.5pt; height: 24.0pt; mso-border-bottom-alt: 1.5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-style-alt: solid; mso-border-top-alt: 1.5pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 7.0pt;">DURACIÓN</span></b></div></td> <td style="background: silver; 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<tr style="height: 98.8pt; mso-yfti-irow: 1;"> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: solid windowtext 1.5pt; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-right-alt: 1.5pt; mso-border-style-alt: solid; mso-border-top-alt: .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Asamblea General</span></u></i></b><i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> (AG</span></i><i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt;">)</span></i></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Deliberativo</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Gubernamental</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Autonomo</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(hasta 5 representantes por estado)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Duran en su cargo mientras el estado sea miembro</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Fomentar la coop. Internacional en el ambito economico, social, cultural</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Puede discutir asuntos o cuestiones relativas a la carta.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Puede emitir recomendaciones.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Tiene amplias funciones.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Cooperacion y mantenimiento de la paz y la seguridad cuando sean presentadas por miembros o no de la ONU.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 18: Decisiones importantes: 2/3 de los presentes y votantes. (ej. Mantener la paz, eleccion de ecosoc, admision de nuevos miembros, expulsion de miembros)</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Otras: por mayoria de miembros presentes y votantes.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 19: si un miembro esta en mora, tiene exepciones del dcho. A voto.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Corresponde 1 voto x miembo.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-style: italic;">Vinculante para la ONU.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-style: italic;">NO vinculante para ambito externo a la ONU.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 98.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No permanente.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="height: 107.1pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: solid windowtext 1.5pt; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Consejo de Seguridad</span></u></i></b><b><i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;"> </span></i></b><i><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">(CS)</span></i></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Poitico</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Gubernamental</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Autonomo</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Compuesto por 15 miembros de las UN. </span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">( Republica China; Francia; URSS; Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del norte; EUA son permanentes) + 10 miembros de las Naciones Unidas como no permanentes.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(duran 2 años, rep. Geografica)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Los NO permanentes duran 2 años.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Mantenimiento de la paz y la seguridad.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Monopolio en el uso de la fuerza.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Establecer sistemas de reg. De armas.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Hacer recomendaciones</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 24; 25; 26.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Capitulo<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>6 y 7 carta onu</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Cada miembro tiene un voto.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto afirmativo de 9 miembros.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 27.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Cada miembros del consejo de seguridad tiene un voto.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(vinculantes cap. 7 carta)</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(no vinculantes art. 39)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 107.1pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Permanente</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="height: 61.65pt; mso-yfti-irow: 3;"> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: solid windowtext 1.5pt; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-right-alt: 1.5pt; mso-border-style-alt: solid; mso-border-top-alt: .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Consejo Económico y Social</span></u></i></b><b><i><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;"> </span></i></b><i><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(ECOSOC)</span></i></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Gubernamental</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Depende de AG</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No autonomo</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Estara integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(representacion geografica)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Permanentes: 5</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No permanentes: 10</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Son elegidos cada año por un periodo de 3 años.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Informes y recomendaciones.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Se ocupa de asuntos sociales, economicos, educativos, etc.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 62; 63; 64; 65; 66.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Cada miembro posee derecho a un voto.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Las resoluciones se tomaran por mayoria de miembros presentes y votantes.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 67.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No vinculantes por mayoria.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 61.65pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No permanente.</span></div></td> </tr>
<tr style="height: 51.9pt; mso-yfti-irow: 4;"> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: solid windowtext 1.5pt; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-right-alt: 1.5pt; mso-border-style-alt: solid; mso-border-top-alt: .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Consejo de Administración Fiduciaria.</span></u></i></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Miembros de las UN que administran+ miembros del CS que ni administran + equil.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">3 años</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Considerar informes.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Aceptar y examinar consultas.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Independencia</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art 87; 88.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Cada miembro tendra un voto. Las decisiones seran tomadas por la mayoria de los presentes y votantes.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No vinculante</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 51.9pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">No permanente.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="height: 70.55pt; mso-yfti-irow: 5;"> <td style="background: silver; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: solid windowtext 1.5pt; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-right-alt: 1.5pt; mso-border-style-alt: solid; mso-border-top-alt: .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Corte Internacional de Justicia</span></u></i></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Autonomia judicial</span><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;"></span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">15 miemboros, no pudiendo haber 2 del mismo estado.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Por consejo de seguridad y asamblea gral.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(titulo personal)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">9 años.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Pueden ser reelectos.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Se renuevan por tercios</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(art. 13 estatuto)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Competencia contenciosa (art. 38)</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Consultiva: ag+ cs+ organ. De las UN si son autorizados por la asamblea general.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">(por mayoria de votos: 9 de 15)</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Contencioso: </span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Vinculante</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Consultiva: NO vinculante</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 70.55pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Permanente.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> </tr>
<tr style="height: 62.5pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="background: silver; border-top: none; border: solid windowtext 1.5pt; height: 62.5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-pattern: solid silver; mso-shading: windowtext; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 62.15pt;" width="83"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><b><i><u><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Secretaría</span></u></i></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 61.35pt;" valign="top" width="82"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="PT-BR" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: PT-BR;">Administrativo.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="PT-BR" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: PT-BR;">No gubernamental.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 87.0pt;" valign="top" width="116"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Secretaria general.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Personal no burocratico.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Lo recomienda el consejo de seguridad.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Lo elige la asamblea.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 66.0pt;" valign="top" width="88"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">5 años, pudiendo ser reelegido.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 148.5pt;" valign="top" width="198"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Administrativas.</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt; mso-ansi-language: ES;">Art: 98, 99.</span></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 121.0pt;" valign="top" width="161"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 88.0pt;" valign="top" width="117"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 62.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt; width: 72.95pt;" valign="top" width="97"> <div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 8.0pt;">Permanente</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none;"><br />
</div></td> </tr>
</tbody></table><div class="MsoNormal"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-20543537769489321442011-06-21T20:07:00.001-07:002011-06-21T20:07:24.566-07:00Fallo Pereyra Iraola C. Provincia de Bs. As<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Voces: </span></b><span style="color: navy; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">CONFISCATORIEDAD ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CONTRIBUCION DE MEJORAS ~ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ~ FACULTADES DEL PODER JUDICIAL ~ IMPUESTO ~ INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD ~ LEY PROVINCIAL</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tribunal: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Fecha: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">22/06/1923</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Partes: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Pereyra Iraola, Martín c. Provincia de Buenos Aires</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Publicado en: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La Ley Online; </span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Cita Online: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">AR/JUR/7/1923</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Hechos: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Un contribuyente reclama la devolución de una suma de dinero pagada bajo protesta al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y exigida por éste a título de contribución especial de mejoras creada por la ley de dicho estado de 30 de Diciembre de 1907, con el propósito de obtener los recursos necesarios para el servicio de un empréstito destinado a la apertura y pavimentación de un camino entre las ciudades de La Plata y Avellaneda hasta el límite de la Capital Federal. Como fundamento de la acción promovida se sostiene que el mencionado impuesto es incompatible con los principios consignados en la Constitución Nacional en protección de la propiedad privada, pues, absorbería íntegramente el valor de las propiedades afectadas, sin tener en cuenta el valor de dichos bienes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la contribución impugnada.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Sumarios: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">1. Para la validez de una contribución de mejoras deben concurrir los elementos esenciales de que la obra pública sea de beneficio local y de que ese beneficio no sea substancialmente excedido por la contribución, pues, faltando esos elementos, el impuesto especial no puede sostenerse ni como una contribución de mejoras, ni tampoco como un impuesto común, que supone condiciones de igualdad y de uniformidad de que aquél carece. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">2. La contribución cobrada en virtud de ley de la Provincia de Buenos Aires de 30 de diciembre de 1907 es contraria al art. 17 de la Constitución Nacional, pues, la obra para cuya construcción ha sido establecida no reviste por su propia naturaleza los caracteres de una mejora local o destinada a beneficiar especialmente un sitio o región determinados, ya que se trata de un camino general abierto y pavimentado con el propósito de facilitar las comunicaciones de la Capital de la Provincia con uno de sus principales centros de población —Ciudad de Avellaneda— y con la Capital de la Nación, es decir, una obra de evidente y casi exclusivo interés general. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">3. El Poder Judicial está habilitado para pronunciarse respecto de la validez de una contribución de mejoras cuando se la impugna por su carácter arbitrario, opresivo o confiscatorio, es decir, por ser incompatible con los principios fundamentales establecidos en salvaguarda de la inviolabilidad de la propiedad. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Texto Completo: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Dictamen del Procurador General de la Nación:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Buenos Aires, Abril 18 de 1921</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Suprema Corte:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Don Martín Pereyra Iraola demanda a la Provincia de Buenos Aires por devolución de la cantidad de setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos cincuenta y nueve centavos moneda nacional y sus intereses pagada indebidamente, según el actor, en concepto de impuesto especial de afirmados del camino público de La Plata a Avellaneda, en ejecución de una ley provincial de treinta de Diciembre de mil novecientos siete.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Entiendo que la vista que V. E. se ha servido darme del expediente, antes de resolverlo, se refiere a la cuestión de derecho constitucional que se ha discutido, y a ella limitaré este dictamen.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Por la ley citada la legislatura de la Provincia de Buenos Aires autorizó al Poder Ejecutivo a emitir doce millones de pesos en fondos públicos para pagar la construcción del camino; y creó (artículo 6), para el ejercicio de la amortización e intereses de los títulos una contribución denominada de afirmados, sobre "las propiedades comprendidas dentro de una zona total de mil quinientos metros de fondo a cada costado del camino por el frente en que se construya el afirmado excluido el cruce de camino y calle".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El artículo 8° establece que el setenta por ciento del valor del camino y sus anexos será cubierto por las propiedades comprendidas en las dos zonas y el treinta por ciento restante por el Gobierno.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El artículo 9° dice: "El setenta por ciento establecido en el artículo anterior se adjudicará por mitad a cada zona total de mil quinientos metros de fondo, los que a su vez serán divididos por líneas paralelas al camino en tres zonas parciales iguales, de quinientos metros de fondo cada una. El 35 por ciento que corresponde pagar a cada zona total se dividirá en las tres zonas parciales en la siguiente proporción: La primera zona que arranca del camino pagará el 60 por ciento; la segunda el 25 y la tercera el 15 restante".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El demandante sostiene que esta ley es inconstitucional: 1° porque establece una verdadera confiscación, porque absorbe la totalidad del valor de los inmuebles afectados; y 2° porque no toma en cuenta el valor de los bienes, sino el costo de la obra a realizar, costo fijado arbitrariamente por la ley misma, con lo cual, según el actor se viola el artículo 17 de la Constitución que declara inviolable la propiedad y garante que ningún habitante de la Nación será privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Al contestar la demanda y pedir su absolución, la Provincia negó que el costo del afirmado absorba el valor de la propiedad, y sostuvo que, aunque fuera igual, no sería inconstitucional un impuesto que solo importa el cobro de la valorización recibida por el inmueble.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Se trata, como se ve, de una cuestión concerniente a la relación entre el estado y la propiedad, relaciones que la vida contemporánea hace cada día más complicadas y difíciles de definir.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Nuestras Legislaturas y Municipalidades no tienen, como la de los Estados Unidos, precedentes numerosos en que apoyarse cuando ejercitan poderes que afectan a los propietarios interesados en las obras públicas. Nuestro derecho administrativo carece de reglas formadas por la aplicación definida de los principios constitucionales.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En la misma Ciudad de Buenos Aires se aborda con criterio vacilante el problema de la apertura y ensanche de calles, Casos hay en que se han ensanchado calles a costa de la comunidad, con el principal resultado de enriquecer a los propietarios colindantes, que han recibido, a título de indemnización por la parte de terreno que se les ha tomado sumas de dinero superiores a su valor, sin contar la valorización que la obra produce al resto del inmueble.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No creo que la Constitución Argentina haga del fisco el aliado del rico ni obligue a la comunidad a aumentar las fortunas de unos pocos con el tesoro de todos. Pero tampoco creo que la propiedad privada de cada uno esté a merced de los gobiernos, dada la enérgica condenación que el artículo 29 pronuncia contra los que formulen, consientan o firmen leyes que tengan ese resultado.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Pienso que se ha de llegar gradualmente a conciliar los intereses públicos con los privados en forma justa dentro de los principios constitucionales, sin que los gobiernos despojen a los particulares ni los particulares exploten a los gobiernos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Entre tanto, han de suscitarse pleitos como el presente, cuya solución parece difícil por la incertidumbre de las doctrinas imperantes en el país.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Si la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, no se justifica que el estado tome a unos parte del valor de su propiedad o patrimonio para ejecutar obras que beneficien la propiedad de otros.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">De ahí el derecho del Estado a repartir el costo de una obra pública entre aquellas personas que resulten especialmente beneficiadas por ella, hasta el valor del beneficio.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Uno de los tribunales Norteamericanos ha fijado la distinción entre un impuesto ordinario y un local assessement, como se llama allí la contribución especial impuesta a los beneficiados por una obra pública, en los términos siguientes: "Un impuesto se establece sobre todo el estado o sobre una subdivisión política conocida, como un condado o un municipio. Un local assessement se establece sobre propiedad situada en un distrito creado con el propósito expreso de la contribución y sin otra función, ni aún existencia, por ser la cosa sobre la cual se impone la contribución. Un impuesto es una carga continua y debe ser recaudado en cortos intervalos fijados para todo tiempo, sin lo cual el gobierno no puede existir; mientras que un local assessement es excepcional, —así respecto del tiempo como respecto de la localidad— es traído a la existencia para una ocasión particular, y para cumplir un propósito particular, y muere cuando la ocasión pasa y el propósito queda cumplido". (Cooley. On Taxation, 3ª ed. página 1154).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, los tribunales norteamericanos han admitido que pueden imponerse cargas especiales en compensación de beneficios especiales en caso de construcción o mejora de calles y caminos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Esta doctrina me parece aplicable en nuestro país, atentos los principios constitucionales que he recordado; y creo que ambas partes la acepten en este pleito.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La duda surge cuando se trata de fijar el beneficio recibido por cada propietario.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Si se reconoce a las legislaturas de provincia la facultad de fijar ellas mismas el mayor valor que las obras públicas dan a las propiedades privadas y de imponer a los dueños de éstas la obligación de devolver ese mayor, valor en forma de una contribución especial fijada por la misma legislatura, todas las propiedades quedarían a merced de estas ramas del gobierno, a pesar de las garantías acordadas por la Constitución. "La propiedad es inviolable, dice el artículo 17, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">¿A qué quedarían reducidas estas cláusulas si una ley pudiera suprimir el requisito de la sentencia, que decide entre el fisco y el contribuyente o particular; si una ley pudiera decir: hágase tal camino por los propietarios tales y cuales, o hágase en terrenos de ellos, cuya expropiación queda indemnizada con el beneficio que la obra les produce?</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Todas las provincias y centenares de municipalidades habrían encontrado el modo de hacer obras públicas sin gastar dinero, a costa de los propietarios y acaso de los propietarios de determinado color político. No sería entonces de extrañar que los caminos tuviesen sesgos frecuentes destinados a buscar los propietarios que habrían de costearlos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No es, pues, posible reconocer a las legislaturas y municipalidades la función de determinar qué beneficio recibe cada propietario con la obra pública decretada: esa es una función judicial como que importa la decisión de un caso contencioso, de una desidencia entre el fisco y el dueño del terreno.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Sobre esta cuestión, faltan precedentes judiciales en nuestro país.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En los Estados Unidos existen muchos, pero no son cables a las facultades de nuestras provincias sino con limitaciones; porque allí los estados particulares tienen el poder de reglamentar el derecho de propiedad, lo que en la República Argentina corresponde al Congreso. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Hasta la guerra civil de 1861, en los Estados Unidos, la libertad individual estuvo bajo la protección inmediata de los estados como cosa local, pero triunfante la Nación, procuró nacionalizar los derechos civiles agregando las enmiendas decimatercia y decimacuarta a la Constitución, disposiciones por las cuales abolió la esclavitud y se prohibió a los estados menoscabar los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ni denegar la igual protección de las leyes a cualquier persona dentro de su jurisdicción.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Comentando esta reforma, dice Burgess, en su tratado sobre Ciencia Política y Derecho Constitucional: "En presencia de todos estos hechos tan notorios, apenas era lícito dudar que, cuando tuviese que decidir sobre este punto la Suprema Corte, el intérprete autorizado de la Constitución en todo lo que atañe directamente a la libertad individual, ese gran cuerpo declararía unánimemente que el dominio entero de la libertad Civil se hallaba bajo su protección, así contra el gobierno general como contra los locales. Grande, fué, pues, la sorpresa de todos los que estudian científicamente nuestra historia política cuando, en Diciembre 1872, se supo que patrocinaba la opinión opuesta (Slaughter House Cases, 16 Wallace, 36), a saber: que aún no se ha nacionalizado más que una parte de la libertad civil, y que la más amplia e importante se halla sometida, sin apelación, al poder de los Estados. Esta opinión fue adoptada por simple mayoría del tribunal… Mr. Field formuló la disidencia, que fue subscripta por el Presidente Chase y los Jueces Swayne y Bradley".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La mayoría declaró que hay diferencia entre los privilegios e inmunidades pertenecientes a un ciudadano de los Estados Unidos, como tal, y los pertenecientes al ciudadano de un estado, como tal, que los segundos deben hallar su seguridad y protección donde la han hallado hasta aquí, incluyendo la protección de la vida, libertad y propiedad, salvo cuando se hallen en alta mar o en territorio extranjero, casos en que la protección corresponde al gobierno federal.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El profesor Burgess, califica esta doctrina de absolutamente errónea, desde cualquier punto de vista que se le mire, sea el histórico, el político o el jurídico. "Creo —dice— que ella ha hecho caso omiso del gran triunfo conquistado por la Nación en el dominio de la libertad civil a costa de tan terribles pruebas, y tengo la plena confianza de que algún día se reconocerá su carácter profundamente reaccionario y se revocará.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En la República Argentina no tiene cabida esta doctrina, porque la libertad civil ha sido siempre nacional y nuestra Constitución, superior en ese punto, como en otros, a la norteamericana, puso desde el primer momento, 1853, bajo la protección de las autoridades de la Nación a todos los derechos civiles y entre ellos al de propiedad, que motiva este pleito. La reforma localista de 1860 no se atrevió a arrancar de manos del poder nacional la atribución de dictar el Código Civil y se contentó con declarar que su aplicación correspondería a los tribunales nacionales o provinciales según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Además, hay que tener en consideración que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha demostrado siempre el temor de dar a la enmienda 14 un alcance capaz de destruir géneros de impuestos que eran usados cuando la enmienda se adoptó, y así lo dijo expresamente en el caso de Louisville and Nashvill Ralroad Company versus Barber Asphaltpaving Company, 197, U. S. 430.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El local assessement era uno de esos modos de tributación usados por los gobiernos locales.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En la República Argentina no hay nada de eso, y sólo muchos años después de dictada la Constitución han empezado a imponerse a los propietarios contribuciones destinadas a compensar beneficios recibidos de las obras públicas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En el caso de Norwood v. Baker, decidido en 12 de Diciembre de 1898 (Volumen 172, U. S. 269), la Suprema Corte de los Estados Unidos, por órgano del Juez Herlan, estableció que "el principio que sirve de fundamento a los special assessement para cubrir el costo de las mejoras públicas es que la propiedad sobre la cual se imponen es peculiarmente beneficiada, y que por consiguiente los propietarios no pagan en realidad nada de exceso de lo que reciben por razón de tales mejoras. Pero las garantías para la protección de la propiedad privada serían seriamente alteradas si se estableciera como regla de derecho constitucional que la imposición por la legislatura sobre determinada propiedad privada del costo de una mejora pública, sin referencia a ningún beneficio peculiar recibido por el propietario a causa de tal mejora, no pudiera ser discutido por él en los tribunales del país".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte dijo, además: "Una cosa es que la legislatura prescriba como regla general que la propiedad adyacente a una calle abierta por el público se presume haber sido especialmente beneficiada por tal mejora y en consecuencia deba contribuir especialmente al gasto hecho por el público. Otra completamente diferente es sentar como regla absoluta que tal propiedad, sea o no beneficiada en realidad por la apertura de la calle, puede ser gravada en proporción del frente con una fija que represente todo el costo de la mejora y sin derecho alguno en el propietario de demostrar, cuando un assessement de ese género se impone o está por imponerse, que la suma así fijada es en exceso de los beneficios recibidos. A nuestro juicio, exigir del dueño de una propiedad privada el costo de una mejora pública en exceso substancial de los beneficios causados a él, es hasta la extensión de tal exceso, un apoderamiento, bajo la apariencia de impuesto de propiedad privada para uso público sin indemnización".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En el caso de French v. Barber Asphalt Paving Company, decidido en 29 de Abril de 1901 (vol. 181 U. S. 324), la Suprema Corte de los Estados Unidos llegó a una solución diferente de la dada en el caso de Norwood v. Baker, declarando cuestión legislativa la de si el gasto de una mejora local será pagado por la tesorería general o será repartido entre las propiedades especialmente beneficiadas y en esta segunda forma si la contribución será impuesta sobre toda la propiedad que se estime beneficiada o solo sobre las contiguas, según al frente o según el área de sus lotes".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Disintieron con esta sentencia tres miembros del tribunal, y uno de ellos, el Juez Harlan, el mismo que había expuesto la opinión de la mayoría en el caso de Norwood v. Baker, escribió una de las disidencias más expresivas que registran los anales de la justicia norteamericana.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Refutó punto por punto la argumentación de la sentencia y demostró que la mayoría de la Corte se separaba de los principios sostenidos en el caso de Narwood v. Baker, al declarar que los tribunales no pueden investigar si el propietario ha recibido un beneficio especial que justifique que se le imponga una carga no compartida por el público general para cuyo uso se hizo la mejora, ni investigar si el costo de la obra iguala o excede el valor de la propiedad.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">"Vivimos, dijo el Juez Harlam (181. U. S. 367), bajo una Constitución que es la ley suprema del país. Enumera los poderes del gobierno y prescribe limitaciones y restricciones sobre la autoridad legislativa respecto a la propiedad de los ciudadanos. Algunas de esas limitaciones y restricciones se aplican igualmente al Congreso de los Estados Unidos y a las legislaturas de los Estados. Si es cierto que la única base sobre la cual puede un special assessement imponerse sobre determinada propiedad privada para cubrir el costo de una mejora pública es que tal propiedad recibe, o puede razonablemente sostenerse que recibe, especiales beneficios no compartidos por el público en general, y nadie, lo supongo, disputará la justicia de este principio, y si es cierto que no puede hacerse soportar a la propiedad una proporción de tales gastos en exceso substancial de los beneficios especiales, síguese necesariamente que el propietario tiene derecho a protección contra cualquier regla o requisición legislativa que imponga, a su propiedad una carga mayor que la que puede legalmente imponérsele. Cómo puede él obtener tal protección sino por medio de los tribunales? Decir que no puede obtenerla así, es decir que la legislatura posee un poder absoluto e ilimitado sobre el derecho de propiedad, lo que es inconsistente con la ley suprema del país".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y cita una sentencia de New York en que el juez Church, dijo: "El derecho de hacer una calle pública se basa sobre la necesidad pública, y el público debe pagarla. Imponer una mejora costosa sobre unos pocos propietarios, contra su consentimiento, y compelerles a pagar el costo total, bajo la engañosa pretensión de un beneficio específico correspondiente conferido sobre su propiedad, es una especie de despotismo que no debe ser perpetuado bajo un gobierno que pretende proteger la propiedad lo mismo que la vida y la libertad. Y además de su manifiesta injusticia priva al ciudadano prácticamente de la principal protección (fuera de las restricciones constitucionales) contra la contribución injusta, a saber: la responsabilidad de los representantes por sus actos hacia sus constituyentes. Esta responsabilidad actúa cuando todos son igualmente afectados como el impuesto general, pero no tiene aplicación provechosa cuando se trata de imposición local para mejoras públicas. La mayoría no se reprime de consentir, o aún pedir, mejoras de que puedan gozar sin gasto para ellos".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En el caso de Gas Realty and Investement Company v. Schenider Granite Company, decidido en 31 de Enero de 1916, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la legislatura puede crear distritos de contribución para costear las mejoras locales, sin que ello afecte la enmienda 14 de la Constitución, a menos que su acción sea palpablemente arbitraria o un abuso manifiesto. Pero, si la ley es de tal carácter que no hay presunción razonable de que se hará justicia substancial, sino antes bien la posibilidad de que las partes serán gravadas desproporcionalmente entre sí y con respecto al beneficio conferido dicha ley no puede subsistir constitucionalmente, contra la queja de uno, así gravado.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, la ordenanza de la ciudad de San Luis mandando costear parte del pavimento de una calle mediante un impuesto pagadero en proporción al área de las propiedades con frente a la calle, fue declarada inconstitucional; porque "las diferencias de impuestos no se basaban en ninguna consideración de diferencia en los beneficios conferidos, sino que eran establecidos mecánicamente en obediencia a los criterios que la carta municipal ordenaba aplicar. El caso de los demandados, (dijo la Corte) no es un resultado incidental de una regla que, tomada en conjunto, y en término medio, puede esperarse que opere bien, sino de una ordenanza que es un fárrago de irregularidades irracionales toda ella. Basta decir que la ordenanza, siguiendo lo establecido por la Corte, es mala a la vista en cuanto distribuye un impuesto local en proporciones groseramente desiguales, no a causa de especiales consideraciones aplicables a las parcelas gravadas, sino en ciega obediencia a una regla que requiere ese resultado. (240 U. S. 55).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">De estas tres sentencias, la que más se ajusta a los principios de la Constitución Argentina, es, a mi juicio, la del caso de Norwood versus Baker, que desconoce categóricamente a las legislaturas locales el poder de hacer pagar el costo de una obra pública por ciertos propietarios sin referencia a beneficios especiales recibidos por ellos a causa de la obra y sin salvar el derecho de ellos a discutir ante los tribunales la existencia y valor de los beneficios.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La sentencia del caso de French versus Baber Asphal Paving Company, en cuanto reconoce a las legislaturas facultades de carácter judicial, está suficientemente refutada por la enérgica disidencia de la minoría, y la doctrina absolutista en que se funda ha sido posteriormente abandonada por el mismo tribunal, como resulta de la decisión del tercer caso citado. Es evidentemente contraria al derecho constitucional argentino.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto a la última decisión a la del Gas Realty and Investement Company versus Schneider Granite Company, está notoriamente inspirada en un espíritu más nacionalista que la anterior y marca acaso un principio de regresión a las opiniones de Harlan, al dar a la enmienda 14 una significación más amplia y liberal. La estimo como una solución tímida en que las facultades de las legislaturas están todavía exageradas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Parece, pues, que el único precedente norteamericano que podría invocarse al resolver este pleito es el del caso de Nowood contra Baker. Las consideraciones que hizo entonces el juez Harlan y que amplió en 1901, podrían hacerse con respecto a la ley de la Provincia de Buenos Aires que aquí se discute; porque aquí también la legislatura se ha arrogado el poder de fijar por sí sola la existencia y valor del beneficio que el camino decretado produce a los propietarios colindantes.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y esta interpretación de la ley es benévola porque propiamente ella no habla de beneficios. Se limita a crear un impuesto sobre una zona determinada que no corresponde a división administrativa alguna. Como impuesto, tal contribución sería fácilmente tachada de inconstitucional, porque carece de la igualdad y uniformidad necesarias. Sólo atribuyendo a la ley un fundamento no expresado en ella, el de que la legislatura entiende beneficiar especialmente con el camino a los propietarios colindantes, solo así se puede dar a la contribución referida el carácter de local assessement norteamericano, aunque en condiciones contrarias a los principios constitucionales de ambas repúblicas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El demandante ha tratado de probar, en la estación oportuna de este pleito, que el impuesto que se le cobra es mayor que el valor, del beneficio que obtiene del camino; y cree que, en efecto lo ha probado. Pero no es necesario analizar la prueba para declarar inconstitucional la ley en cuestión, porque basta considerar su texto y su espíritu.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Una ley que pone, como ésta, a cargo de unos pocos propietarios el 70 por ciento del costo de un canino rural de muchos kilómetros de largo y que distribuya la carga en proporción al área de los inmuebles dentro de una zona arbitrariamente fijada, sin referencia al beneficio efectivo que cada propietario obtenga de la construcción del camino y sin dar a los interesados oportunidad para discutir la existencia e importancia del beneficio supuesto, una ley tal viola el derecho de propiedad, porque priva al propietario de sus bienes sin la sentencia judicial que requiere el artículo 17 de la Constitución y sin que establezca un verdadero impuesto, pues desconoce la igualdad requerida por el artículo 16 de la misma Constitución.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Dicha ley se apodera de la propiedad sin la previa indemnización que el art. 17 exige, indemnización que corresponde fijar a los tribunales, en caso de controversia, por esa función judicial, como lo ha dicho con razón la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso de Monnongabela Navegation Company United States, 148 U. S. 312.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Dicha ley, en fin, olvida que, en nuestras instituciones, las legislaturas de provincia no son árbitros de la mayor o menor extensión de los derechos civiles ni de decidir los conflictos que pueda surgir entre el interés público y el interés particular. Para fallar en tales casos, están los jueces, que, sean nacionales o provinciales, deben aplicar en primer término la Constitución de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, pienso que el demandante ha sido gravado con impuesto inconstitucional, y tiene derecho a repetir la suma pagada. — José Nicolás Matienzo.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Buenos Aires, Junio 22 de 1923</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y Vistos:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El doctor Carlos Ibarguren, mandatario de don Martín Pereyra Iraola, entabla formal demanda contra la Provincia de Buenos Aires por devolución de la suma de setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional y sus intereses, pagados indebidamente y bajo protesta por su mandante en concepto de impuesto especial de afirmado del camino público de La Plata a Avellaneda.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En apoyo a su demanda invoca los antecedentes de hecho y las consideraciones de carácter legal que a continuación se expresan:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el 27 de Diciembre de 1907 la Legislatura de la Provincia demandada dictó una ley autorizando la construcción de un Ferrocarril Eléctrico de La Plata a Avellaneda y de un camino adoquinado a ambos lados de la vía. El artículo 4° de la ley fija en diez millones cuatrocientos mil pesos la suma que el Poder Ejecutivo podrá invertir en la ejecución del camino. El artículo 5° la autoriza a emitir hasta doce millones en fondos públicos con el interés de cinco por ciento y la amortización de uno por ciento anual y acumulativa y el artículo 6° crea una contribución especial de afirmado para el servicio de dichos títulos, pagada el setenta por ciento por los propietarios y el treinta por ciento por el Gobierno. La primera cuota de este impuesto, satisfecha por el señor Pereyra Iraola, es la que motiva esta acción.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el impuesto de que se trata es inconstitucional:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">1° Porque dado su asiento y su tasa, absorbe la totalidad del valor de los inmuebles afectados. No es un impuesto sino una confiscación. En efecto, el promedio de la valuación territorial hecha por el Gobierno para esas zonas es de quinientos treinta y siete pesos con veintisiete centavos por hectárea, en tanto que el impuesto de pavimentación por cada hectárea que se supone beneficiada asciende a quinientos cincuenta y tres pesos si fuese pagado al contado o en caso contrario a un censo anual de treinta y tres pesos durante treinta y seis años, es decir superior a la mayor renta que pueden producir esas tierras.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">2° Porque su asiento y tasa no han tomado en cuenta el valor de los bienes afectados, sino el costo de la obra a realizar, costo fijado arbitrariamente por la ley, que no estableció para ello una suma sino un criterio. El camino con sus dos fajas debía construirse dentro de los diez millones cuatrocientos mil pesos. Costaría más o costaría menos. En el hecho costo el doble; pero conviene señalar desde luego el defecto constitucional y técnico de la base impositiva, causa de haberse convertido precisamente este gravamen en una confiscación. Los propietarios deben pagar el setenta por ciento, pero no del valor de las tierras sino del costo máximo calculado de la obra. Si la ley hubiera fijado como contribución a los propietarios el setenta por ciento del valor de sus terrenos la inconstitucionalidad de la ley habría saltado a la vista; pero la liquidación del impuesto arroja este otro resultado: no es el setenta sino el cien por ciento del valor de esas propiedades el monto de la contribución.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el impuesto es, además, ilegal. El régimen impositivo que costearía el camino se asentaba sobre el mayor valor que daría a las propiedades atravesadas no solamente la construcción de dicha vía pública en dos fajas pavimentadas, sino también un ferrocarril eléctrico que sería construido entre las dos secciones del camino. Las dos obras se complementaban a juicio de los sostenedores del proyecto y de los legisladores que dieron su voto en favor de la construcción de dichas obras, de tal manera que el Ministro de Obras Públicas declaraba ante el Senado de la Provincia que de la realización del ferrocarril eléctrico dependía la realización del camino pavimentado. En la discusión legislativa se consideró el plan en conjunto como un todo indivisible, expresándose que si no se construyera el ferrocarril sería muy dudosa la facultad de la legislatura para imponer a los propietarios de las tierras afectadas un gravamen de quinientos pesos por hectárea, y reconociéndose que la obra principal, la que mayores beneficios reportaría a los propietarios de los inmuebles vecinos por la valorización de dichos bienes era la del ferrocarril eléctrico.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que no realizándose esta última obra, como cabe suponerlo, desde que se ha declarado caduca la concesión y el gobierno no ha adoptado medida alguna que indique el propósito de llevarla a cabo, se ha creado a los propietarios una situación de hecho que no es la que previó ni autorizó la ley, pues están obligados a soportar una contribución monstruosa por concepto de una obra incompleta. El Gobierno que no ha cumplido con la ley en la parte que beneficiaba realmente a los propietarios, no puede ni debe aplicar a éstos la totalidad del gravamen como si la obra se hubiese realizado íntegramente.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que aún cuando el ferrocarril era construido por un concesionario, se descontaban sin embargo los beneficios que reportaría dicha obra a los propietarios para exigirles una contribución destinada a la obra del camino mucho mayor que el beneficio que derivaría de esta última para los contribuyentes. En realidad se venía a gravar de una manera indirecta a los propietarios por la construcción del ferrocarril. Así se reconocía, en efecto, por los sostenedores del proyecto pues a las objeciones que se le hacían en el curso de la discusión legislativa, se respondía invariablemente: "Los propietarios pagarán el impuesto, que no será oneroso, porque tendrán frente a sus fincas un ferrocarril eléctrico a gran velocidad que los llevará en pocos minutos al centro de la metrópoli y valorizará inmensamente sus inmuebles".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el ferrocarril no se ha construido ni tampoco el camino en la forma legislada y que se tuvo en cuenta para calcular su costo en diez millones cuatrocientos mil pesos. Lo que se ha construido es solamente una faja del camino en vez de dos; es decir, la mitad de lo autorizado como camino, y una parte exigua de la obra total considerada como propulsora del adelanto y valorización de los terrenos atravesados. La mitad del camino ha costado sin embargo lo que se había calculado para toda la obra. Pueden entonces los propietarios ser condenados a pagar una obra que no se ha hecho y a cargar con los errores técnicos o administrativos imputables exclusivamente a la provincia, ya que fueron sus funcionarios los encargados de realizar la obra pública? No es posible que se haga pagar a los propietarios las consecuencias de tales errores. La Constitución, la ley, los hechos, la moral estaban reclamando contra esa situación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Solicita en consecuencia, que una vez llenadas las formas legales se condene a la provincia de Buenos Aires a la devolución de lo pagado en concepto del impuesto de que se trata, con intereses y costas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Una vez acreditada la jurisdicción originaria de la Corte se corrió traslado de la demanda a la provincia de Buenos Aires, que lo evacuó a fojas 31, exponiendo:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el demandante se presentó a la Dirección de Rentas de la provincia demandada y pago bajo protesta los impuestos que motivan el juicio, como lo demuestran los expedientes administrativos que acompañan (P 19345, 1919 y P 18565, 1919).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que posteriormente el doctor Carlos Ibarguren inició a nombre de varios propietarios una reclamación administrativa a fin de obtener lo mismo que persigue en este juicio. Que acompaña el respectivo expediente, reproduciendo todas las alegaciones hechas en él por los representantes de la provincia, especialmente el informe del ingeniero Claps y el decreto del Poder Ejecutivo por considerarlas la mejor defensa del derecho de la demandada.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que aún cuando en rigor le bastaría con referirse a dichos antecedentes, quiere dejar constancia de que la provincia niega todo fundamento serio a esta demanda por las siguientes razones:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">a) Porque no es exacto que el afirmado construido absorba el valor de la propiedad, bastando recordar que el valor de ésta excede en mucho al avalúo para la contribución territorial, que el impuesto cuestionado debe pagarse en largos plazos y que el camino valoriza sensiblemente las tierras que cruza.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">b) Que el valor total del afirmado solo equivale a una mínima parte de lo que ha sido valorizada y beneficiada la propiedad por dicha obra pública.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">c) Que aún cuando el valor total del afirmado fuere igual al de la propiedad, el impuesto no sería inconstitucional ni importaría una confiscación, porque si un terreno vale cien y se le mejora con un camino que pasa por su frente, el terreno valdría después de construida la obra, los cien pesos que valía y los cien que le corresponde en el pago de la mejora, o sean doscientos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">d) Que el señor Pereyra Iraola es el que menos puede quejarse de la construcción de este camino, pues aceptó expresamente la realización de la obra, celebró contrato con los ha valorizado enormemente no solo la faja de terreno afectada al impuesto sino la totalidad de las grandes propiedades concesionarios Otto Franke y Compañía, y porque el camino que posee en la zona del camino.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">e) Que en el régimen impositivo del camino se tuvo en cuenta solamente el beneficio que derivaría de dicha mejora y no el que produciría la construcción del ferrocarril.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">f) Que el Poder Ejecutivo cumplió todas las obligaciones emergentes de la ley de concesión. Si el ferrocarril eléctrico no se construye, es por obra de la empresa y no del gobierno que le ha allanado todas las dificultades en la medida de lo posible. Y si no se construyó sino una faja del camino fue para no aumentar el gravamen que debían soportar los propietarios hasta que no se llevara a cabo el Ferrocarril, pues el tráfico no exige más por el momento.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">g) Que no es exacto que el camino dependiera del ferrocarril, pues se trata de dos obras independientes, la primera explotada por Otto Franke y Compañía y la segunda construida por el Gobierno, lo que surge de la ley misma, de sus antecedentes parlamentarios y de las leyes complementarias que ratificaron todo lo hecho por el Poder Ejecutivo.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia solicita que la demanda sea rechazada oportunamente con costas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Recibida la causa a prueba fojas 33 —agregada la producida por las partes fojas 138 y sus respectivos alegatos (fojas 143 y 165) y oído el señor Procurador General (fojas 168) la causa quedó conclusa para sentencia a mérito del llamamiento de autos de fojas 176.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y Considerando:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En el presente juicio se reclama la devolución de una suma de dinero pagada bajo protesta al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y exigida por éste a título de contribución especial de mejoras creada por la ley de dicho estado de 3° de Diciembre de 1907. Como fundamento de la acción promovida se sostiene que el mencionado impuesto es incompatible con los principios consignados en la Constitución Nacional en protección de la propiedad privada, pues absorbe íntegramente el valor de las propiedades afectadas, y no tiene en cuenta el valor de dichos bienes; y que además es ilegal por no haberse cumplido sino en parte las obligaciones contraídas por la Provincia de Buenos Aires al sancionarse la ley impositiva.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Es esta la primera vez que se controvierte directamente ante la Corte la cuestión relativa a la constitucionalidad de una tasa de pavimentación por razón de su monto, pues en el caso precedentemente resuelto de Puccio versus La Alcancía Popular (Fallos tomo 136, página 316), sólo, se había impugnado la inteligencia atribuida por los tribunales del fuero local de la Capital al artículo 3° de la ley número 4173, que se refiere al privilegio y seguridades establecidos en favor de los créditos provenientes de la pavimentación de las calles del municipio federal, y no estaba en cuestión la tasa misma destinada a cubrir dichos créditos, por lo que esta Corte no tuvo oportunidad de examinar la naturaleza y fundamento de esta clase particular de impuestos en relación con los preceptos constitucionales como deberá hacerlo en el presente caso.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El impuesto de que se trata ha sido creado con el propósito especial de obtener los recursos necesarios para el servicio de un empréstito destinado a la apertura y pavimentación de un camino entre las ciudades de La Plata y Avellaneda hasta el límite con la Capital de la Nación. Con tal objeto, el Poder Ejecutivo de la Provincia fue autorizado a invertir la suma de diez millones cuatrocientos mil pesos, debiendo obtenerse los fondos por medio de la emisión de títulos de deuda interna o externa hasta la cantidad de doce millones (Artículos 2° a 5° de la ley).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La misma ley dispone que el costo de la obra sea cubierto hasta un treinta por ciento por el Gobierno de la Provincia, de rentas generales, y el setenta por ciento restante por los dueños de las propiedades comprendidas dentro de una zona total de mil quinientos metros de fondo a cada costado del camino por el frente en que se construye el afirmado (artículos 6° y 8°). Ese setenta por ciento se adjudica por mitad a cada zona total de mil quinientos metros de fondo, las que a su vez son divididas por líneas paralelas al camino en tres zonas parciales de quinientos metros de fondo cada una.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El treinta y cinco por ciento del costo del camino que corresponde pagar a cada zona total se adjudica a las tres zonas parciales que la forman en la proporción siguiente: A la primera zona, que arranca del camino, el sesenta por ciento; a la segunda el veinticinco; y a la tercera el quince por ciento (artículo 9°).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El sistema adoptado para atender los gastos emergentes de la construcción de esta obra es el de contribución o tasa de mejoras, designado en Inglaterra y en los Estados Unidos con el nombre de local assessement o special assessement. Consiste, como es bien sabido, en hacer recaer el todo o parte del costo de una obra pública de beneficio local sobre los inmuebles particularmente beneficiados o que se presumen beneficiados por la obra, constituyéndose con dichas propiedades un distrito impositivo ocasional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Se ha pretendido fundamentar de muy diversas maneras este poder de las legislaturas para establecer contribuciones de mejoras o sea para hacer pesar el costo de una obra de utilidad pública sobre determinadas propiedades. Se ha sostenido indistintamente que la facultad derivaba del poder de establecer impuestos; del poder general de legislación; del poder de policía; y aún del dominio eminente del estado. Sin embargo, la opinión más generalizada y que cuenta con la adhesión casi unánime de los tratadistas y de las Cortes de Justicia, es la de que dichas contribuciones deben su origen a la misma fuente o poder que el impuesto en general, aún cuando se gobiernan por principios especiales y sólo se justifican, doctrinariamente a lo menos, por razón del beneficio especial que los contribuyentes deben obtener de la obra que se construye total o parcialmente a su costa. En efecto, los bienes especialmente gravados son los que por razón de la mejora de carácter público aumentan de valor o de utilidad, recibiendo así un beneficio que no alcanza a las demás propiedades del estado o del municipio y, por consiguiente, los propietarios contribuyentes no resultan en definitiva perjudicados en relación a los demás propietarios desde que sólo se les toma el equivalente del beneficio excepcional que recogen de la obra. En otras palabras, los beneficios especiales derivados de la obra pública los compensan o más que compensan del monto de la exacción con que se les singulariza Page y Jones, Taxation by assessement números 7 y siguientes: Cooley, On Taxation, 3ª ed. página 1153 y siguientes).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En principio, no es posible desconocer la justicia de este sistema impositivo particular aplicado a la construcción de determinadas obras públicas, como el drenaje de terrenos anegadizos, la apertura, ensanche o pavimentación de calles y otras del mismo género, que al mismo tiempo que interesan al público en general, se traducen en un beneficio para determinadas propiedades, pues como lo ha dicho la Suprema Corte del Estado de Missouri: "Si no es justo que unos pocos sean gravados en beneficio de todos, tampoco lo es que la comunidad sea gravada en beneficio de unos pocos"... ; y agrega: "El impuesto general para fines meramente locales es injusto; grava a los que no son beneficiados y beneficia a los que están exentos del gravamen". (Lockwood v. St. Louis, 24 Mo, 20).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Este sistema ofrece en cambio el peligro de prestarse a fáciles abusos, porque derivando todo su fundamento de los efectos posibles de una obra pública sobre el valor de determinados inmuebles, los cálculos adolecerán con frecuencia del vicio inherente a su base meramente conjetural y no será raro el caso de que los propietarios se vean obligados a pagar crecidas contribuciones en dinero efectivo a trueque de beneficios imaginarios o por lo menos calculados con un optimismo exagerado.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Dada la índole excepcional de este impuesto, que no se justifica sino por razón del beneficio recibido por el contribuyente, lógicamente se deduce que para su validez deben concurrir los elementos esenciales de que la obra pública sea de beneficio local y de que ese beneficio no sea substancialmente excedido por la contribución. Se dice substancialmente, porque atenta la naturaleza de lo que debe ser avaluado, —el beneficio— no es posible exigir una exactitud matemática bastando para tenerse por cumplida la condición que exista una correlación aproximada entre ambos factores.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Faltando esos elementos, el impuesto especial no puede sostenerse ni como una contribución de mejoras, ni tampoco como un impuesto común, que supone condiciones de igualdad y de uniformidad de que aquél carece. Importaría imponer a unas pocas personas o propiedades arbitrariamente elegidas, una carga impositiva destinada a emplearse en beneficio de la comunidad; en una palabra: confiscar total o parcialmente la propiedad.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Relacionados estos principios con el caso especial de autos, procede observar desde luego que la obra para cuya construcción ha sido establecida la contribución impugnada, no reviste por su propia naturaleza los caracteres de una mejora local o destinada a beneficiar especialmente un sitio o región determinada. Es un camino general abierto y pavimentado con el propósito de facilitar las comunicaciones de la Capital de la Provincia con uno de los principales centros de población de la misma y con la Capital de la Nación, es decir, una obra de evidente y casi exclusivo interés general.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La apertura o pavimentación de una calle de ciudad o pueblo produce como principal resultado: incorporar a la actividad urbana los terrenos adyacentes, hacerlos aptos para la construcción de habitaciones y para su enajenación en pequeñas fracciones, con evidente acrecentamiento de su precio en el mercado inmobiliario. De ahí que dichas obras públicas constituyan ejemplos típicos de mejoras de beneficio local y que sin discrepancia se admita que su construcción se efectúe total o parcialmente, a costa de los propietarios vecinos, según sea el beneficio producido o presuntivamente producido a dichas propiedades, pues aún cuando interesen y beneficien en algún sentido a la comunidad en conjunto, se traducen ante todo y principalmente en un progresó y un beneficio para los terrenos limítrofes con la obra.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No ocurre lo propio con los caminos rurales destinados a comunicar pueblos o ciudades y especialmente cuando, como en el caso sub lite, esa comunicación se hace a través de una extensa zona poco poblada. Si algún provecho puede derivar de una obra de esa índole para las grandes propiedades que atraviesa, será indudablemente de relativa importancia y no de efectos directos e inmediatos, ya que la valorización de tierras dedicadas a industrias rurales no depende sino en parte de la proximidad de caminos pavimentados, y toda vez que su utilización para fines más provechosos se halla subordinada a la evolución lenta producida por el aumento de la población más bien que a la voluntad del propietario. No son, por lo tanto, mejoras locales en el sentido estricto de la expresión; y es por eso que en principio no se admite su construcción por medio del sistema de contribución especial, o local assessement, porque como dice Cooley; el beneficio que deriva de tales obras es para el público en general. (On Taxation, tomo II, página 1160).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es posible aceptar como una conclusión lógica, que el camino pavimentado entre La Plata y Avellaneda sea construido casi totalmente a expensas de los propietarios de inmuebles vecinos a dicha obra pública so-color de beneficio local, cuando por el propósito que ha inspirado su construcción y por la dedicación de los terrenos que atraviesa en su mayor extensión, se trata evidentemente de una obra característica de intereses y de beneficio general. Por consiguiente, la decisión legislativa que hace pesar sobre dichas propiedades el setenta por ciento del costo de ese camino rural aparece prima facie, como un acto desprovisto de toda base de justicia dada la evidente desproporción entre el beneficio local que pudiera resultar en la hipótesis más favorable y el gravamen impuesto a los propietarios vecinos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Corrobora lo precedentemente consignado la prueba rendida en el juicio y especialmente el dictamen pericial producido a instancias de las dos partes litigantes (fojas 106 a fojas 121). De ese informe ampliamente fundado, se desprende que mientras los beneficios especiales provenientes de la construcción del camino, liberalmente calculados, no exceden del doce por ciento del valor normal de la tierra, la contribución fijada para toda la fracción del inmueble del demandante que se halla comprendida en la zona que se presume beneficiada por el camino, asciende en conjunto a quinientos cincuenta y tres pesos por hectárea, o sea casi dos tercios del valor actual, de dicha tierra y que si la contribución fuere satisfecha en cuotas escalonadas en treinta y seis años como lo autoriza la ley provincial, representaría un gravamen anual de treinta y tres pesos por hectáreas, absolviendo casi íntegramente la renta libre que podría producir la propiedad del actor.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Como la situación anormal que crea al demandante la aplicación de esta ley impositiva no constituye un hecho aislado o excepcional, según se desprende, de la citada pericia, llégase, necesariamente, a la conclusión de que la tasa impugnada no retire las condiciones esenciales requeridas para su validez, desde que, lejos de guardar relación con los limitados beneficios especiales derivados de la obra pública para que ha sido creada, constituye para el propietario una privación casi completa de la propiedad gravada, o lo que es lo mismo, despoja de ella al propietario bajo el pretexto de conferirle un beneficio particular. Es una situación análoga a la que esta Corte aludía en uno de sus fallos para caracterizar el impuesto realmente confiscatorio, diciendo que ello ocurría: "Cuando su monto alcanzase a una parte substancial de la propiedad o sea a la renta de varios años, pues, en tales casos no serían impuestos sino despojo..." (Fallos tomo 115, página III), con la diferencia de que en ese caso se trataba de un impuesto común, en tanto que en el sub lite se trata de una contribución para mejoras que, por su naturaleza especialísima, requiere que la exacción no se traduzca para el contribuyente en un sacrificio excepcional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los antecedentes de precios pagados en juicio de expropiación que se invocan por la demandada, no pueden primar sobre las conclusiones de la pericia producida en los autos, porque en primer lugar, cabe presumir que en dichos precios se hallen involucradas las indemnizaciones por el fraccionamiento de los inmuebles, y además, porque el dictamen pericial se apoya en el conjunto de todas las operaciones realizadas sobre tierras situadas en condiciones análogas a las del actor y en el rendimiento normal de esas tierras, esto es, en los índices más seguros para poder apreciar el valor de los inmuebles, descartando los precios excepcionales determinados por la especulación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Para la justa solución del litigio no es necesario pronunciarse acerca del poder de las legislaturas para determinar por sí mismas el monto del beneficio y para fijar la contribución, ni sobre si tal determinación reviste o no un carácter final y conclusivo, —cuestiones que, por otra parte, no han sido planteadas por los litigantes,— desde que ya sea que se reconozca dicha facultad y el carácter final de la determinación, como lo sostiene entre otros tratadistas el Juez Cooley (On Taxation II página 1256 y siguientes) y lo ha declarado en reiterados fallos la Suprema Corte de los Estados Unidos (Warner versus Lesser, 239 U. S. 207, y los casos allí citados), o ya sea que se acepte la tesis contraria sustentada en el dictamen de fojas 168, siempre estaría habilitado el poder judicial para pronunciarse respecto de la validez de una contribución como la que es materia del pleito, cuando se la impugna por su carácter arbitrario, opresivo o confiscatorio, es decir, por ser incompatible con los principios fundamentales establecidos en salvaguarda de la inviolabilidad de la propiedad, como lo reconocen aún los más celosos sostenedores de la supremacía legislativa en esta materia. (Véanse las opiniones y fallos precedentemente citados).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No existe motivo para suponer que el actor haya renunciado el derecho de impugnar la validez de la contribución de que se trata, pues el solo hecho de haber pagado bajo protesta la primera cuota del impuesto constituye prueba, decisiva de una intención contraria a la que le atribuye el representante de la demandada. El único antecedente que se invoca para acreditar la renuncia, es el convenio celebrado con un tercero, la razón social Otto Franke y Compañía, concesionaria del ferrocarril eléctrico; de que instruye el documento testimoniado de fojas 3 del expediente administrativo Letra Y, número 335. Ministerio de Hacienda, y por el cual el demandante se obliga a ceder gratuitamente las tierras necesarias para construir la vía férrea y el camino pavimentado en la parte que atravesarían su propiedad a cambio de una modificación en el trazado del ferrocarril y en la ubicación de una de las estaciones. Como el actor no podía impedir que las obras mencionadas fuesen construidas, procuró que atravesaran su propiedad de manera que le irrogaran el menor perjuicio posible por razón del fraccionamiento del inmueble o la mayor utilidad por cualquier otro concepto, y para conseguir ese resultado no trepidó en ofrecer una compensación en forma de donación de tierras. Eso es lo único que surge del documento invocado que, por cierto, no tiene relación con el impuesto destinado a costear el camino, ni por lo tanto para suministrar indicio alguno favorable a la renuncia del derecho de impugnación del expresado gravamen, máxime tratándose de una materia en que la interpretación debe ser restrictiva. (Código Civil artículo 874).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Habiéndose resuelto de acuerdo con las pretensiones del demandante el punto relativo a la inconstitucionalidad del impuesto, es inoficioso pronunciarse sobre la ilegalidad del mismo, planteada en segundo término en la demanda.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Por estos fundamentos y de acuerdo con lo pedido por el Señor Procurador General y lo dispuesto en el artículo 784 y sus concordantes del Código Civil, se declara que la contribución cobrada a don Martín Pereyra Iraola en virtud de la ley provincial de 3° de Diciembre de 1907 es contraria al artículo 17 de la Constitución, y que, en consecuencia, la Provincia de Buenos Aires está obligada a devolver a dicho actor, dentro del término de diez días, la suma demandada de setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional, con los intereses calculados a estilo de los que cobra el Banco de la Nación desde la fecha de la notificación de la demanda. Las costas del juicio se pagarán por su orden en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas. Notifíquese, repóngase el papel y archívese. — A. Bermejo. — Nicanor G. Del Solar. — J. Figueroa Alcorta. — Ramón Méndez.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">JURISPRUDENCIA PREMIUM: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-autospace: none;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-80244415340739708912011-06-21T20:06:00.001-07:002011-06-21T20:06:33.723-07:00Rosa Melo de Cane S, Inconstitucionalidad del Impuesto a las Sucesiones en la Provincia de Bs. As<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Voces: </span></b><span style="color: navy; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">CONFISCATORIEDAD ~ DERECHO DE PROPIEDAD ~ IGUALDAD ANTE LA LEY ~ LEGADO</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tribunal: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Fecha: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">16/12/1911</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Partes: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Rosa Melo de Cane s. inconstitucionalidad del Impuesto a las Sucesiones en la Provincia de Buenos Aires</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Publicado en: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">FALLOS 115:111; </span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Cita Online: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">AR/JUR/2/1911</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Sumarios: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">1. La igualdad de los impuestos requerida por el art. 16 de la Constitución Nacional, no se opone a la clasificación en tres categorías de contribuyentes establecida por la ley del 26 de septiembre 1875 de Educación común de la provincia de Buenos Aires, porque aún cuando se admita que los establecimientos religiosos son "extraños" y pudieran estar comprendidos como tales entre los grabados con el 10 % y no con el 50 %, como lo están, sobre el importe de los legados a su favor, el legislador no esta inhabilitado para distinguir entre ellos y las personas particulares, ya por motivos fundados en el carácter ordinario de indefinida duración de los primeros, circunstancia que aleja la posibilidad de que los mismos bienes o la facultad de adquirirlos sean objeto de nuevos impuestos con motivos de ulteriores transferencias a título hereditario o de institución de legados , ya para evitar que se acumulen en dichos establecimientos riquezas excesivas e innecesarias a los fines de su sostenimiento; ya por otras razones libradas a la discreción legislativa y que los tribunales deben respetar, a menos de ser arbitrarios e inspirados en un espíritu manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases.- </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">2. El impuesto del 50 % sobre el importe del legado dejado a favor de un establecimiento religioso, impugnado por el mismo, es una verdadera exacción o confiscación que restringe en condiciones excesivas los derechos de propiedad y de testar, que la Constitución consagra en sus artículos 17 y 20 en favor de sus ciudadanos y extranjeros, toda vez que el alcanza una parte sustancial de la propiedad o a la renta de varios años de capital gravado.- </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Texto Completo: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Vistos los recursos entablados por el representante del albacea y por el fiscal eclesiástico del obispado de La Plata, contra sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en los autos testamentarios de doña Rosa Melo de Cané, de los cuales, en lo pertinente, resulta: Que habiendo la expresada señora Melo de Cané instituido legado a favor de las iglesias del Pilar y San Antonio de Areco, la Dirección General de Educación de la provincia mencionada, solicitó el pago del 50 por ciento sobre el importe de dichos legados, con arreglo al art. 62, inc. 3º de la ley provincial de educación común de 26 de septiembre de 1875; que los mencionados albacea y fiscal eclesiástico, se opusieron al pago del impuesto, sosteniendo que la ley citada no era aplicable al caso, y que si se le interpretaba de otra manera, sería inconstitucional, porque los legados son en realidad a la iglesia católica argentina, que no puede ser gravada, dada su condición jurídica y las limitaciones del poder de las provincias para crear y establecer impuestos; que además el que se trata es una confiscación violatoria de los arts. 14, 28, 31, 67, y 68 de la Constitución Nacional, en cuanto se opone a las disposiciones del Código Civil sobre sucesión testamentaria; que la sentencia de 1ª instancia de fs 39, resolvió que el impuesto estaba comprendido en la ley, pero que era inconstitucional por no ser igual y uniforme y por importar una confiscación disimulada, invocando el efecto de los arts. 99, Constitución Provincial; 14, 28 y 67 de la Constitución Nacional; que recurrida dicha sentencia la Cámara 1ª de Apelaciones, la confirmó, estableciendo que la ley citada no comprendía el impuesto, y que éste era contrario a los arts. 17, 20, 4, 67, inc. 2º, 28 y 31 de la Constitución Nacional (fs. 82); que deducidos los recursos de inaplicabilidad e inconstitucionalidad contra el último fallo, la Suprema Corte de la Provincia, estimó improcedente el segundo, admitió el primero e hizo la declaración que la iglesia parroquial constituye un establecimiento religioso para los fines del art. 62, inc. 3º de la ley de educación común (fs. 124) y </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Considerando:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">1º.- Que si bien es cierto que la suprema corte de la provincia no ha hecho pronunciamiento categórico, en el sentido de que la ley provincial referida, sea compatible con la Constitución Nacional, también lo es que en el juicio se adujeron oportunamente razones fundadas en la última, para sostener la inaplicabilidad de la primera (fs. 83 vta. y sig.) y que los autos de fs. 137 y 139 de la misma corte, expresan que el presente recurso encuadra en el inciso 2º, art. 14 de la ley nacional de 14 de septiembre de 1863 lo que vale decir, que interpretan la decisión recurrida de fs. 124, juzgándola favorable a la ley provincial, cuya validez se cuestionó bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">2º.- Que en cuanto al fondo, esta corte, en varios fallos anteriores ha admitido ya la constitucionalidad en general de los impuestos provinciales a las herencias, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, que no es necesario repetir el antecedente de que al sancionarse la Constitución Nacional y con motivos de los debates a que dio lugar su art. 4º, reconocióse como una de las fuentes de recursos fiscales de las provincias, el impuesto sobre las herencias, al lado del de patentes, papel sellado y otros. (Fallos, tomo 100, págs. 51 y 157; tomo 101, págs. 409 y 425).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">3º.- Que la igualdad de los impuestos requerida por el art. 16 de la ley fundamental, no se opone a la clasificación en y tres categorías de contribuyentes del inciso 3º, art. 62 de la ley preindicada de 1875, porque aun cuando se admitiera que los establecimientos religiosos son extraños y pudieran estar comprendidos como tales entre los gravados con el 10 % por ese inciso, el legislador no estaba inhabilitado para distinguir entre ellos y las personas particulares, ya por motivos fundados en el carácter ordinario de indefinida duración de los primeros, circunstancia que aleja la posibilidad de que los mismos bienes o la facultad de adquirirlos sean objeto de nuevos impuestos con motivo de ulteriores y más o menos frecuentes transferencias a título hereditario o de institución de legados (art. 6 ley 4855), ya para evitar que se acumulen en dichos establecimientos riquezas excesivas e innecesarias a los fines de su sostenimiento; ya por otras razones libradas a la discreción legislativa y que los tribunales deben respetar, a menos de ser arbitrarios e inspirados en un espíritu manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases (134 U. 232). Beel's Gap R. R. Co. v. Pennsylvania y otros.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">4º.- Que el art. 2 de la Constitución Nacional, al declarar que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano, no impide que la iglesia pueda ser sometida al pago de las contribuciones comunes sobre los bienes que posea o reciba como persona jurídica, al igual de otras personas de la misma clase, y no con ocasión o motivos de actos de culto, según desde luego lo demuestra la ley nacional 4855, que establece un impuesto con iguales fines si bien menor al de la ley provincial impugnada (Art. 1.0 y 2.0), y lo había establecido la anterior núm. 1420, (art. 44, inciso 12, Fallos, tomo 99, página 66, considerandos 12 a 14).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">5º.- Que es insostenible así mismo, que cualquier impuesto por moderado que fuere, a instituciones nacionales o federales, aún de carácter administrativo o creados por las leyes del congreso y sometidos en todo al imperio de ellas, importe un entorpecimiento a la marcha de esas instituciones y se encuentre, por tal motivo, fuera de los poderes impositivos de las provincias, (Fallos, tomo 59, pág. 182, tomo 95, pág. 9, tomo 110, pág. 353 y otros).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">6º.- Que sin embargo, y según se ha dicho en las sentencias de 1ª y 2ª instancia, (fs. 45, 89 y sig.); el impuesto del 50 % impugnado en el caso sub judice, es una verdadera exacción o confiscación que ha venido a restringir en condiciones excesivas los derechos de propiedad, y de testar, que la constitución consagra sus arts. 17 y 20 a favor de ciudadanos y extranjeros, toda vez que el alcanza a una parte substancial de la propiedad o a la renta de varios años de capital gravado (fallos, tomo 100, página 51, considerandos 12 y 13).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">7º.- Que el poder de crear impuestos está sujeto a ciertos principios que se encuentran en su base misma, y entre otros al de que ellos se distribuyan con justicia; habiéndose observado con fundamento que las imposiciones que prescindan de aquellos, no serían impuestos sino despojo. (Story 5ª ed. comp. por Cooley S 1995; Gray; Limitations of Tascing Porver, núms. 173 y 1479; fallos, tomo 98, pág. 52, considerando 16).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">8º.- Que no se encuentra el gravamen a las herencias en la propias condiciones que el interno establecido para los alcoholes, etc., y los de aduana, aún cuando estos excedan del valor de los artículos o mercaderías respectivas, pues recaen sobre el consumo y no impiden la industria o el comercio (Fallos, tomo 98, página 20, considerando 10).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">9º.- Que en este orden de ideas es también oportuno recordar que la suprema corte de Estados Unidos, interpretando y aplicando disposiciones constitucionales menos explícitas que los nuestras, ha dicho en uno de sus recientes fallos: "Si ocurriera alguna vez un caso en que bajo el nombre de impuesto progresivo u en otra forma se imponga una exacción arbitraria y confiscatoria sería la oportunidad de considerar si el poder judicial puede acordar amparo, aplicando los principios inherentes y fundamentales para la protección del individuo, aún cuando no haya para ello autoridad expresa en la constitución (Knowlton y Moore, 178, U. S. 45).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">10º.- Que no podría de otra parte, admitirse la validez del impuesto de 50 % en el concepto de que él responda, más que a la idea de crear renta, a la de prohibir indirectamente las liberalidades en beneficio de la iglesia, pues en tal supuesto, como ejercicio de una de las facultades del poder de policía de las provincias no sería compatible con el recordado art. 2º de la Constitución Nacional (Fallos, tomo 98, págs. 20 y 52).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Por éstos fundamentos y los concordantes de las sentencias de fs. 39 y 82 revocándose la sentencia recurrida de fs. 124, se declara que la ley de la provincia de Buenos Aires de 26 de setiembre de 1875, en cuanto establece el impuesto de cincuenta por ciento sobre los legados a que se refiere el presente juicio, es contrario a la Constitución Nacional, y que en su consecuencia no procede el cobro de dicho impuesto. Notifíquese con el original, repóngase el papel y devuélvanse.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">A. Bermejo - Nicanor G. del Solar - D. P. Daract - D. E. Palacio - L. López Cabanillas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">JURISPRUDENCIA PREMIUM: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Via Procesal</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Jurisdicción y competencia: Por apelación extraordinaria</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tipo de recurso: Extraordinario federal</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tipo de acción: Acción de inconstitucionalidad</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Control de Constitucionalidad</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Art. 14, ley 48</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Información Relacionada</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">MANTIENE LA JURISPRUDENCIA DE: <a href="http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=47&docguid=iB6C1DD16715E10AC31FD2D3DCD1358A5"><span style="color: #393884;">Corte Suprema de Justicia de la Nación - Correa, Jacinto - 1893-07-29</span></a>Cuestiones tratadas en este fallo: IGLESIA CATÓLICA - Sostenimiento del culto - Alcance.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">SU JURISPRUDENCIA ES MANTENIDA POR: <a href="http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=47&docguid=i4807CED09018F8E23C0042D8E509A86D"><span style="color: #393884;">Corte Suprema de Justicia de la Nación - Máximo José Agüero y Teresa Ovejero Cornejo de Agüero c. Banco de la Nación Argentina - 2009-05-12</span></a>Cuestiones tratadas en este fallo: IGUALDAD ANTE LA LEY - Facultades del legislador - Establecimiento de distinciones o categorías de contribuyentes que no revistan el carácter de arbitrarias o estén inspiradas en un propósito hostil</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-autospace: none;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-42738340088142375332011-06-21T20:05:00.001-07:002011-06-21T20:05:44.713-07:00Fallo Bressani Carlos H y otros. C. Provincia de Mendoza<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Voces: </span></b><span style="color: navy; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">ACTIVIDAD COMERCIAL ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ EXPORTACION ~ IMPUESTO PROVINCIAL ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ LIBERTAD DE TRANSITO ~ PODER TRIBUTARIO ~ PODER TRIBUTARIO PROVINCIAL ~ PROVINCIA</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tribunal: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Fecha: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">02/06/1937</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Partes: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Bressani Carlos H. y otros c. Provincia de Mendoza</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Publicado en: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">LA LEY6, 989</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Cita Online: </span></b><span style="color: #535396; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">AR/JUR/2/1937</span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Hechos: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Se demandó a un estado provincial por devolución de sumas de dinero abonadas en concepto de diversos impuestos locales vinculados a la industrialización de la uva. Asimismo solicita la declaración de inconstitucionalidad de los referidos gravámenes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria, no hizo lugar a lo peticionado. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Sumarios: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">1. El art. 107 de la Constitución Nacional (1853-1860) reconoce expresamente la potestad de las provincias de fomentar su vida económica por medio de leyes protectoras, dentro de sus fronteras, en los mismo términos en que concede a la Nación para hacerlo en su órbita (art. 67 inc. 16). Por lo que, si la uva de Mendoza que se industrializa en ella paga el mismo impuesto que la que sale para industrializarse fuera de ella, no hay impuesto a la extracción ni violación al libre tránsito.- </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">2. La circunstancia de que un impuesto provincial grave artículos de producción del país o nacionalizados, que pueden exportarse, o estén destinados para la exportación , no constituye el derecho o impuesto que con este nombre puede establecer sólo el Congreso, y que es el que se cobra a la salida de las mercaderías para el exterior. en efecto, si la uva de Mendoza que se industrializa en ella paga el mismo impuesto que la que sale para industrializarse fuera de ella, no hay impuesto a la extracción ni violación al libre tránsito.- </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">3. La libre circulación territorial establecida por nuestra Constitución Nacional no quiso decir que las mercaderías, en este caso el vino de Mendoza, al salir de una provincia quedarían exentas de impuestos. Sino, que los productos nacionales no pueden ser gravados por el solo hecho de atravesar el suelo de una provincia. de otra manera no habría impuesto indirecto de las provincias que no violara ese principio constitucional. Esta libertad, no es en manera alguna, la libertad de circulación, que forma la base del comercio y que tiene por fines las transacciones, actos y contratos, con el objeto de adquirir y transmitir las cosas sujetas al comercio de los hombres. Si otro fuese el alcance del art. 10 de la Constitución, si la circulación por él declarada libre, fuese la circulación económica, entonces, no habría momento en que la mercadería o producto alguno incorporado a la riqueza del país, fuese pasible de impuesto, y solo quedarían como materias imponibles, el hombre, el inmueble, la capitación y la propiedad territorial. </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Texto Completo: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Dictamen del Procurador General de la Nación </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Suprema Corte:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En la presente demanda se reclama de la provincia de Mendoza la devolución de sumas de dinero abonadas en concepto de impuestos establecidos por las leyes 810, 854, 866, 871 y 903 de dicha provincia, sosteniéndose, que los mencionados impuestos son violatorios de los arts. 9, 10, 11, 14, 16, 28 31, 67 incs. 1 y 12, y 108 de la Constitución Nacional.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El representante de la provincia demandada se ha allanado a la acción deducida, en cuanto se, refiere a los pagos efectuados en virtud de las leyes 810 y 854 y al pago del 2,40 % del impuesto creado por el art. 1º de la ley 903, oponiéndose a la devolución de los pagos que se refieren a las leyes 866, 871 y 886 puestas en cuestión.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los documentos presentados por los actores comprueban suficientemente la protesta formulada, en tiempo con respecto a los pagos efectuados, debiendo tenerse presente que, corno lo ha establecido V. E. reiteradamente, tratándose del mismo gravamen, la reserva de derechos debe hacerse extensiva a todos los pagos efectuados con posterioridad (Fallos: t. 131, pág. 219; t. 154, pág. 115).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Con respecto a la impugnación hecha a las leyes; 866, 871 y 886 debo recordar que esta Corte Suprema, en la sentencia de fecha 10 de agosto de 1934, dictada en la causa "Sardi v. Provincia de Mendoza", desestimó la inconstitucionalidad de las leyes 866 y 886, siendo aplicables a este litigio las consideraciones que dieron fundamento a la referida sentencia. En cuanto a la ley 871, aun cuando no fue mencionada en aquella causa debe reputarse alcanzada, por la decisión dictada, dado que dicha ley 871 quedó involucrada en prescripciones de la 886.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Acerca de la ley 903, V. E. resolvió que era constitucional, salvo en la parte que se destinaba para el cumplimiento de la ley 810, que representaba el 2,40 % del impuesto exigido conforme al art. 1º de la ley 903 (Fallos: t. 155, pág. 78).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Por lo expuesto y dejando a salvo las opiniones emitidas en las causas antes citadas, solicito de V. E. se sirva hacer lugar a la demanda, en la parte que se refiere a los pagos efectuados en concepto de las leyes declaradas inconstitucionales. Buenos Aires, marzo 20 de 1935. - Horacio R. Larreta.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y Vistos:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Estos autos seguidos por los señores Carlos R. Bressani, Francisco Granata, Pedro Mazzoccone, Oscar Olgiatti, Aurelio Podestá, Sigifredo Alonso y Juan Andrés, Angel Antonio, Ana Isolina Toso, y Estefanía Righetti de Toso, los últimos en carácter de herederos de Juan Toso, contra la Provincia de Mendoza, por devolución de sumas de dinero, de los que resulta:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que a fs. 902, se presenta el procurador don Alfredo Schaffroth, como apoderado de los actores, en cuyo carácter expone:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que las cantidades cuyo reintegro reclama, fueron abonadas en concepto de impuestos, creados por las leyes Nos. 810, 854, 866 y 871, sancionadas por la provincia de Mendoza, y cobradas en ocasión de extraerse fuera del territorio de la misma, cierta cantidad de uva para vinificar -como acreditan los documentos acompañados a la demanda- durante los años 1924, 1925 y 1926. En 1927, se dictaron las leyes 886 y 903 en cuya virtud fueron hechos también los pagos correspondientes a la referida anualidad.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que el monto de lo abonado, y cuya devolución a título de capital y con sus intereses y costas, persigue, alcanza a $ 144.825,34 m/n., suma de la que corresponde a cada uno de sus mandantes la parte que indica, añadiendo que los pagos se realizaron bajo protesta formal, ante escribano público, que comprueba con los testimonios que adjunta.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que las leyes que impusieron las erogaciones que menciona, son inconciliables con los arts. 9, 10, 11, 14, 16, 28, 31, 67, incs. 1 y 12, y 108 de la Constitución Nacional, como así lo ha declarado esta Corte, en cuanto gravan la exportación de productos, o persiguen fines de industrialización oficial inadmisible, o destinan el producido íntegro del impuesto al fondo de la Caja Obrera de Pensión a la Vejez o Invalidez.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que, en consecuencia, pide se haga lugar a la demanda, y previos los trámite de ley se condene a la Provincia de Mendoza, a la devolución de las cantidades reclamadas, con sus intereses, que deberán correr a partir de las fechas de las protestas respectivas, y las costas del juicio.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que conferido traslado de la demanda la contesta el señor Adolfo Puebla, por la Provincia de Mendoza -fs. 918- quien expone:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que los impuestos creados por las leyes 866, 871 y 886; de Estado que representa, no violan disposición alguna de la Constitución Nacional, por cuanto gravitan sobre la producción, y no sobre la exportación, como se pretende, encuadrando así entre los que la provincia está facultada para establecer.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que estos gravámenes respetan igualmente el régimen constitucional, cuando prevén la excepción del impuesto a las uvas que se vinifiquen dentro de la provincia, ya que ello responde a la circunstancia de que el vino paga también impuesto, en una proporción calculada fin de mantener la igualdad entre los bodegueros y los "viñateros''. En definitiva, se opone a que las leyes citadas sean declaradas inconstitucionales.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que analizando a continuación el derecho de los actores, expresa, que se allana a la devolución de la sumas pagadas por ellos, por concepto de gravámenes creados por las leyes 810 y 854; y 903, en la parte destinada al servicio de la primera, con respecto a los que han protestado en forma, y por los pagos que se realizaron después de la protesta.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que sostiene en todos los casos la validez constitucional de las leyes Nos. 866, 871, 886 y 903 (salvo en lo recordado en el párrafo anterior) y especifica, dentro de ese criterio, la situación que a su entender corresponde a cada uno de los demandantes, solicitando que en definitiva la causa se resuelva de conformidad con lo que deja expuesto.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que abierta la causa a prueba -fs. 926 vta.- se produjo la que obra en autos y de que informa el certificado de fs. 1021 vta., alegando las partes sobre su mérito a fs. 1025 y 1030. El señor Procurador General dictamina a fs. 1034, llamándose a fs. 1034 vta. autos para definitiva.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Y Considerando:</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Si bien la cuestión fundamental planteada en los autos, es la referente a la validez de las leyes de la provincia de Mendoza, que se impugnan en el presente juicio, conviene, para la mejor resolución y ordenamiento del mismo, dilucidar previamente los demás puntos, sobre cuya apreciación discrepan las partes.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Así, en cuanto a la prueba de los pagos realizados de las sumas que se repiten, deben decidirse que es suficiente la producida en autos. Porque si bien es exacto que en el informe requerido a la provincia demandada -agregado a fs. 1013- no se ha verificado la totalidad de los mismos, no lo es menos que se trata de hechos que no fueron controvertidos en oportunidad procesal, y ello, pese a la doble prórroga otorgada a fs. 912 vta. y fs. 916 vta., que se solicitó precisamente para el control y revisación de los documentos que se refieren al punto, y que se acompañan al demandar.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">A ello cabe añadir que, a estar a los términos del referido informe de fs. 1013, la diferencia entre las cantidades porque se demanda, y aquellas cuya entrada verifica la contabilidad de la Provincia, provendría de causas distintas -el extravío de las planillas o error en la enumeración de las boletas- pero que no permiten afirmar la inexistencia de los pagos aducidos en la demanda.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, y por habérselo solicitado por los actores, corresponde hacer efectiva la sanción del art. 86 de la ley Nº 50, y tener así por suficientemente acreditados los hechos de que se trata.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En el transcurso del juicio -conf. fs. 944- se ha discutido la posibilidad de acreditar durante el período de prueba, las protestas realizadas con motivo del pago de los impuestos cuya invalidez se ha alegado, invocando al efecto las constancias de juicios que no se mencionaron en la demanda. Es éste un punto sobre el que la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse -en la causa "Bodegas y Viñedos Domingo Tomba, S.A. v. Fisco de la Provincia de Mendoza"- en que se decidió que no alcanzaban al supuesto de que se trata, la prohibición del art. 10 de la ley 50, en su parte final, criterio éste, cuya aplicación al caso permite el análisis de los documentos mencionados en el punto 7º del escrito de fs. 942.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La conclusión a que se llega en los precedentes considerandos, impone el análisis de las protestas, que se sostuvo en la demanda, se realizaron de los pagos de que se trata el juicio. Cabe sin embargo, circunscribirlo al de las realizadas a raíz de la sanción de las leyes Nº 810, 854 y 903, en atención a las conclusiones a que en definitiva y con respecto a las demás llega el fallo.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Es indudable que ni de los documentos acompañados al juicio, ni de los que, obran en las causas mencionadas en el punto 7º del escrito de fs. 942, resulta que Granata haya hecho protesta alguna referente a las leyes más arriba indicadas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto a Bressani y Mazzoccone, no han justificado sus protestas de los pagos realizados en virtud de la ley Nº 903.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Con respecto al primero, la demanda no puede pues prosperar en parte, alguna; en cuanto a los últimos, tampoco es procedente, en lo que hace a los pagos realizados por virtud de la ley N9 903, porque el alcance que la jurisprudencia del Tribunal ha dado al requisito de la existencia de protesta -conf. Fallos: t. 116, pág. 299; t. 131, pág. 219; t. 154, pág. 115- lo impide.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Se trata en efecto de gravámenes que no pueden identificarse con las potestades, creadas por leyes diferentes y por lo tanto subsisten las razones que ha tenido esta Corte para exigir, como requisito de la viabilidad de acciones semejantes a la presente, la justificación del recaudo expresado.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">A lo expuesto cabe agregar de acuerdo también con jurisprudencia reiterada que las protestas que justifican los actores, no autorizan la repetición de las sumas que pudieran haberse pagado con anterioridad a la fecha de las mismas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">De ello, y de la manera en que se contestara la demanda, cabe concluir la procedencia de la devolución de las sumas abonadas por los demandantes, en concepto de impuestos creados por las leyes Nos. 810, 854 y 903 (en la parte, en cuanto a ésta, destinada a la atención de la primera) cuya invalidez han sido reconocida, salvo los que no hubiesen sido protestados oportunamente, y de conformidad con lo expuesto en los precedentes considerandos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que por lo que hace a los gravámenes establecidos por las leyes Nos. 866, 871, 886 y 903 (en cuanto a las disposiciones de esta última que no se vinculan con la ley 810) la solución debe ser distinta.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En efecto, dados los antecedentes a considerar y las modalidades de las leyes Nos. 871, 886 y 903 la cuestión ha quedado reducida al principio establecido en la ley Nº 866, como punto central del presente juicio, para cuya solución conviene establecer el texto legal impugnado. La ley Nº 866, dice así en su parte pertinente: "Art. 1º.- Desde el día 1º de enero de 1924, todos los impuestos al vino que estén en vigencia, quedan refundidos en un solo impuesto. A partir de esa fecha queda fijado en dos centavos y medio ($ 0.025) por cada litro el impuesto al vino que se produzca o se consuma en la Provincia. Art. 2º.- Desde la misma fecha en adelante, las uvas que se cosechen en la Provincia, pagarán igual impuesto que el que grava al vino, a cuyo efecto se computará el impuesto equivalente a cien litros de vino por cada 135 kilos de uva. Quedan exceptuadas de ese impuesto las uvas que se vinifiquen dentro del territorio de la Provincia''.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La ley Nº 866 grava, pues, el vino producido y el vino consumido en la Provincia de Mendoza con dos centavos y medio el litro.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Como, en cambio, la uva apta para hacer vino podía ser exportada y escapar al impuesto establecido sobre el vino, la ley grava con el mismo impuesto que a éste, según la paridad de 100 litros de vino igual a 135 kilogramos de uva.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Esa equivalencia no ha sido, objetada, debe la Corte tenerla por exacta. Es este un hecho decisivo para su juzgamiento.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El actor no ha tachado de desigual el impuesto, y solamente lo objeta como violatorio de la garantía de la libre circulación territorial, sancionada por los arts. 10, 11 y concordantes de la Constitución. Importa, dice el actor, un impuesto a1 tránsito, un gravamen aduanero a la exportación y. el ejercicio de una facultad exclusiva de la Nación, como es la de reglar el comercio interior (art. 67, inc. 12).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los principios constitucionales invocados han sido declarados de manera perentoria y enérgica: "en el interior de la República, ha dicho, es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional"; cuando "pasen de una provincia a otra serán libres de los derechos llamados de tránsito y no podrá establecerse ningún otro derecho sobre ellos cualquiera que sea su denominación por el hecho de transitar el territorio" (arts. 10 y 11).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Es necesario examinar estos mandatos ilustrados por la experiencia en que se inspiraron.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Buscaban desterrar un sistema impositivo feudal que venía desde la Colonia, cuyo exponente típico fue la aduana seca de Córdoba. El sistema se prolongó y agravó después de la Independencia, constituyendo una causa de aislamiento, de querellas y luchas entre las provincias, poniendo una valla a la formación y constitución de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Antes de la Constitución de 1853, el derecho común consistía en que era facultad provincial la regulación del comercio interior y exterior (Constitución de Córdoba, año 1821, art. 5 de la sección 6, Cap. 13; de Tucumán, 1820, Cap. 3, art. 15; de Entre Ríos, 1822; Catamarca, 1823; Salta, 1822, etc.).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Cada provincia tenía sus aforos y reglamentos de aduana, hacían entre sí o con el extranjero, concesiones y convenios sobre tarifas, y su vida económica estaba subordinada al régimen aduanero.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los impuestos que las provincias crearon, como consecuencia de su aislamiento, fueron tres principales: 1º el de importación; 2º el de tránsito o peaje, o sea el de atravesar su territorio; 3º el de "extracción" de sus productos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Eran distintos de los que gravaban la producción, eran creados por el solo hecho de importar las mercaderías, por pasar por su suelo o por "extracción" de los frutos de cada provincia. El de extracción recaía exclusivamente sobre la saca de productos y de los frutos y no sobre los mismos cuando quedaban en la provincia. (Reglamento de Aduana de Córdoba, octubre 26 de 1829; Ley de Aduanas de Entre Ríos, 23 de abril de 1849; Reglamento de Aduana de Corrientes, enero 27 de 1825; Reglamento de Hacienda de Tucumán, etc.).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El sentido capital de la aduana provincial consistía en la existencia de impuestos al paso de los productos y mercaderías por su territorio; las mulas de Salta para llegar a Santa Fe pagaban impuesto en Tucumán y Córdoba, los cueros de Tucumán y los frutos de Mendoza debían soportar las gabelas de las provincias que encontraban en su camino para llegar al puerto de Buenos Aires. Los arts. 10 y 11 se refieren a este hecho.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">En segundo término venía el derecho de importación a que se hallaba sometida toda mercadería entrada en su territorio a que se refiere el art. 9.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los arts. 9, 10, 11 y 12 de la Constitución están explicados por ese pasado y cada una de sus frases responden a capítulos de la experiencia (como el que se refiere a los medios de transporte del art. 11 que alude al impuesto que soportaban y la preferencia de puertos que alude a la rivalidad de las Provincias litorales del art. 12).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Pero la "libre circulación territorial'' no quiso decir que las mercaderías al salir de una provincia quedarían exentas de impuestos, en este caso e! vino de Mendoza. El impuesto al tránsito en nuestro caso sería el que establecieran Córdoba, Santa Fe, o Tucumán por pasar sus territorios el vino de Mendoza. Tal ha sido el criterio de esta Corte cuando, ha declarado violatorias de la Constitución las leyes de impuesto a los vinos de Tucumán, Salta, Santa Fe, etc. Así lo resolvió también respecto de Mendoza cuando estableció un impuesto diferencial (Fallos, t. 125, pág. 272).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La libre circulación territorial quiere decir que lo productos nacionales no pueden ser gravados por solo hecho de atravesar el suelo de una provincia. De otra manera no habría impuesto indirecto de las provincias que no violara ese principio constitucional. La Corte ha dicho: ''Pero esta libertad de circulación territorial, no es en manera alguna, la libertad de circulación, que forma la base del comercio y que tiene por fines las transacciones, actos y contratos, con el objeto de adquirir y transmitir las cosas sujetas al comercio de los hombres".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">''Si otro fuese el alcance del artículo diez de la Constitución, si la circulación por él declarada libre, fuese la circulación económica, entonces, no habría momento en que mercadería o producto alguno incorporado a la riqueza del país, fuese pasible de impuesto, y solo quedarían como materias imponibles, el hombre, el inmueble, la capitación y la propiedad territorial". (Fallos: t. 51, pág. 354).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">¿Quiere decir que el antiguo impuesto a la extracción de los productos no fue condenado por la Constitución?</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No, no puede existir porque sería contrario a otra garantía de la Constitución que es la igualdad como base de los impuestos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Esta Corte dictó un fallo que cobra interés especial por llevar la firma de quien era su Presidente y había sido uno de los redactores e informante del proyecto de Constitución, el doctor José B. Gorostiaga.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Se reclamaba del impuesto del marchamo a los cueros, de quince centavos por cada cuero seco y salado. "Este impuesto, dijo la Corte, no impone un impuesto a la exportación ni menos un derecho de tránsito puesto que no los grava a su salida al extranjero ni al pasar a otra provincia sino que indistintamente grava los cueros secos y salados existentes en la Provincia".</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">''La circunstancia de que un impuesto provincial grave artículos de producción del país o nacionalizados, que pueden exportarse, o estén destinados para la exportación, no constituye el derecho o impuesto que con este nombre puede establecer solo el Congreso, y que, como se ha expuesto, es el que se cobra a la salida de las mercaderías para el exterior". (Fallos: t. 20, pág. 304, septiembre de 1878).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Si la uva de Mendoza que se industrializa en ella paga el mismo impuesto que la que sale para industrializarse fuera de ella, no hay impuesto a la extracción ni violación al libre tránsito.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo, ha dicho con razón esta Corte: no habría Nación si cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente. Pero no se ha propuesto hacer una Nación centralizada. La Constitución ha fundado una unión indestructible pero de estados indestructibles (arts. 13, 67, inc. 14).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Los constituyentes actores y testigos presenciales del proceso que tuvo su término en la Constitución de 1853, establecieron una unidad no por supresión de las provincias -camino que había obligado a desahuciar una terrible experiencia- sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los catorce estados y la creación de un órgano para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El valor mayor de la Constitución no está en los textos escritos que adoptó y que antes de ella habían adoptado los ensayos constitucionales que se sucedieron en el país durante cuarenta años, sin lograr realidad, sino en la obra practica, realista, que significó encontrar la fórmula que armonizaba intereses, tradiciones, pasiones contradictorias y belicosas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Su interpretación auténtica no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad que le impide envejecer con el cambio de ideas, crecimiento o redistribución de intereses, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No ha pretendido la Constitución rehacer la naturaleza y suprimir la característica de cada provincia sino dar a sus instituciones un denominador común.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Cualquiera que sea el rasgo distintivo de la economía de las provincias, ganadera, industrial, minera, etc., no pueden éstas encontrar en la interpretación de la Constitución un veto para la acentuación de ese rasgo y el fortalecimiento de su riqueza característica, que es el fortalecimiento de la Nación.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">No es, pues, inoportuno el raciocinio del representante de la provincia demandada, cuando invoca el esfuerzo que ella ha realizado para radicar una industria y el derecho de protegerla.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">El art. 107 de la Constitución lo reconoce expresamente, dando a las provincias la potestad de fomentar su vida económica, por medio de leyes protectoras, dentro de sus fronteras, en los mismos términos en que concede a la Nación para hacerlo en su órbita (art. 67, inc. 16).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte ha sancionado con sus fallos la efectividad de esas facultades en numerosas resoluciones (t. 153, pág. 277; t. 171, pág. 79).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Que esta misma cuestión ha sido debatida por esta Corte y reproduce en consecuencia las consideraciones que allí adujo (t.171. pág. 79).</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Por estos fundamentos, se hace lugar en parte a la demanda, condenándose a la Provincia de Mendoza a pagar a los actores las sumas que resulten de la liquidación que deberá practicarse, y que comprenderá los pagos realizados en concepto de los impuestos creados por las leyes Nos. 810, 854 y 903, en la parte, respecto a ésta última que en el caso transcripto en la colección de fallos, t. 155, pág. 78 se estableció que tenía por fin atender a la primera, en todo cuanto ha existido protesta suficiente, de conformidad con lo expresado en los considerandos, con intereses al tipo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina y a partir de la notificación de la demanda. Y no se hace lugar a la demanda en cuanto persigue la devolución de los impuestos establecidos por las leyes Nos. 866, 871, 886 y 903 -respecto a la última en el resto de su articulado- sobre la base de la inconstitucionalidad de las mismas.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Las costas por su orden, dada la naturaleza de las cuestiones debatidas y el resultado del juicio.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Notifíquese, repóngase el papel archívense los presentes autos en su oportunidad.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Antonio Sagarna. - Luis Linares. - Juan B. Terán.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 2.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">JURISPRUDENCIA PREMIUM: </span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Via Procesal</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Jurisdicción y competencia: Originaria</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Tipo de acción: Tributario</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">Información Relacionada</span></b><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 3.0pt; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 15.0pt; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt;">SU JURISPRUDENCIA ES MANTENIDA POR: <a href="http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=35&docguid=iFAF6BCC59EAB11D8A4BB0001023D8629"><span style="color: #393884;">Corte Suprema de Justicia de la Nación - Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c. Provincia de Buenos Aires y otro - 1999-08-19</span></a>Cuestiones tratadas en este fallo: FEDERALISMO - Concertación - Orígenes</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-hyphenate: none; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-justify: inter-ideograph;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none; text-autospace: none;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-30183123824735710092011-06-04T21:26:00.001-07:002011-06-04T21:26:36.461-07:00Ley Nacional 20.645 Rio de la Plata y su Frente Maritimo<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<strong><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Ley Nacional 20.645 <br />
</span></strong><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">BUENOS AIRES - 31/01/1974 - BOLETIN OFICIAL - 18/02/1974 </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Río de la Plata y su frente marítimo, suscripto entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en Montevideo, el 19 de noviembre de 1973 y las notas reversales que lo complementan. RELACIONES EXTERIORES-CONVENIOS INTERNACIONALES-INTERESES MARITIMOS Y FLUVIALES-LIMITES INTERNACIONALES-LIMITES CON URUGUAY-Aprobación del Tratado del Río de la Plata. <span style="mso-bidi-font-family: "Times New Roman";"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ARTICULO</b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> 1</b>.- Apruébase el "Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo", suscripto entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en la Ciudad de Montevideo el 19 de noviembre de 1973, y las notas reversales complementarias del mismo, cuyos textos forman parte de la presente ley. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 2</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">FIRMANTES: ALLENDE - BUSACCA - Cantoni - Lavia</span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ANEXO A: </span></u></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span></u></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">PARTE PRIMERA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Río de la Plata (artículos 1 al 69)<br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">CAPITULO I</b> Jurisdicción (artículos 1 al 6)</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></u></b><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 1</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El Río de la Plata se extiende desde el paralelo de Punta Gorda hasta la línea recta imaginaria que une Punta del Este (República Oriental del Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina), de conformidad a lo dispuesto en el Tratado de Límites del Río Uruguay del 7 de abril de 1961 y en la Declaración Conjunta sobre el Límite Exterior del Río de la Plata del 30 de enero de 1961. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 2</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Se establece una franja de jurisdicción exclusiva adyacente a las costas de cada Parte en el Río. Esta franja costera tiene una anchura de siete millas marinas entre el límite exterior del Río y la línea recta imaginaria que une Colonia (República Oriental del Uruguay) con Punta Lara (República Argentina) y desde esta última línea hasta el paralelo de Punta Gorda tiene una anchura de dos millas marinas. Sin embargo, sus límites exteriores harán las inflexiones necesarias para que no sobrepasen los veriles de los canales en las aguas de uso común y para que queden incluidos los canales de acceso a los puertos. Tales límites no se aproximarán a menos de quinientos metros de los veriles de los canales situados en las aguas de uso común ni se alejarán más de quinientos metros de los veriles y la boca de los canales de acceso a los puertos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 3</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Fuera de las franjas costeras, la jurisdicción de cada Parte se aplicará, asimismo, a los buques de su bandera. La misma jurisdicción se aplicará también a buques de terceras banderas involucrados en siniestros con buques de dicha Parte. No obstante lo establecido en los párrafos primero y segundo, será aplicable la jurisdicción de una Parte en todos los casos en que se afecte su seguridad o se cometan ilícitos que tengan efecto en su territorio, cualquiera fuere la bandera del buque involucrado. En el caso en que se afecte la seguridad de ambas Partes o el ilícito tenga efecto en ambos territorios, privará la jurisdicción de la Parte cuya franja costera esté más próxima que la franja costera de la otra Parte, respecto del lugar de aprehensión del buque.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 4</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En los casos no previstos en el artículo 3 y sin perjuicio de lo establecido específicamente en otras disposiciones del presente Tratado, será aplicable la jurisdicción de una u otra Parte conforme al criterio de la mayor proximidad a una u otra franja costera del lugar en que se produzcan los hechos considerados.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 5</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La autoridad interviniente que verificara un ilícito podrá realizar la persecución del buque infractor hasta el límite de la franja costera de la otra Parte. Si el buque infractor penetrara en dicha franja costera, se solicitará la colaboración de la otra Parte, la que en todos los casos hará entrega del infractor para su sometimiento a la autoridad que inició la represión. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 6</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las autoridades de una Parte podrán apresar a un buque de bandera de otra cuando sea sorprendido en flagrante violación de las disposiciones sobre pesca y conservación y preservación de recursos vivos y sobre contaminación vigentes en las aguas de uso común, debiendo comunicarlo de inmediato a dicha Parte y poner el buque infractor a disposición de sus autoridades.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO II</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Navegación y obras (artículos 7 al 22) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 7</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se reconocen recíprocamente, a perpetuidad y bajo cualquier circunstancia, la libertad de navegación en todo el Río para los buques de sus banderas. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 8</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se garantizan mutuamente el mantenimiento de las facilidades que se han otorgado hasta el presente, para el acceso a sus respectivos puertos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 9</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se obligan recíprocamente a desarrollar en sus respectivas franjas costeras las ayudas a la navegación y el balizamiento adecuados y a coordinar el desarrollo de las mismas en las aguas de uso común, fuera de los canales, en forma tal de facilitar la navegación y garantizar su seguridad. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 10</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las partes tienen derecho al uso, en igualdad de condiciones y bajo cualquier circunstancia, de todos los canales situados en las aguas de uso común. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 11</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En las aguas de uso común se permitirá la navegación de buques públicos y privados de los países de la Cuenca del Plata, y de mercantes, públicos y privados, de terceras banderas, sin perjuicio de los derechos ya otorgados por las Partes en virtud de Tratados vigentes. Además, cada Parte permitirá el paso de buques de guerra de terceras banderas autorizados por la otra, siempre que no afecte su orden público o su seguridad. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 12</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Fuera de las franjas costeras las Partes, conjunta o individualmente, pueden construir canales u otros tipos de obras de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 17 a 22. La Parte que construye o haya construido una obra tendrá a su cargo el mantenimiento y la administración de la misma. La Parte que construya o haya construido un canal dictará, asimismo, la reglamentación respectiva, ejercerá el control de su cumplimiento con los medios adecuados a ese fin y tendrá a su cargo la extracción, remoción y demolición de buques, artefactos navales, aeronaves, restos náufragos o de carga o cualesquiera otros objetos que constituyan un obstáculo o peligro para la navegación y que se hallen hundidos o encallados en dicha vía. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 13</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En los casos no previstos en el artículo 12, las Partes coordinarán, a través de la Comisión Administradora, la distribución razonable de responsabilidades en el mantenimiento, administración y reglamentación de los distintos tramos de los canales, teniendo en cuenta los intereses especiales de cada Parte y las obras que cada una de ellas hubiese realizado. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 14</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Toda reglamentación referida a los canales situados en las aguas de uso común y su modificación sustancial o permanente se efectuará previa consulta con la otra Parte. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, una reglamentación podrá causar perjuicio sensible a los intereses de la navegación de cualquiera de las Partes. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 15</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La responsabilidad civil, penal y administrativa derivada de hechos que afecten la navegación de un canal, el uso del mismo o sus instalaciones, estará bajo la competencia de las autoridades de la Parte que mantiene y administra el canal y se regirá por su legislación.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 16</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora distribuirá entre las Partes la obligación de extraer, remover o demoler los buques, artefactos navales, aeronaves, restos náufragos o de carga, o cualesquiera otros objetos que constituyan un obstáculo o peligro para la navegación y que se hallen hundidos o encallados, fuera de los canales, teniendo en cuenta el criterio establecido en el artículo 4. y los intereses de cada Parte. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 17</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río. Si así se resolviere o no se llegase a un acuerdo al respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación o al régimen del Río. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 18</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Parte notificada dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para expedirse sobre el proyecto, a partir del día en que su Delegación ante la Comisión Administradora haya recibido la notificación. En el caso de que la documentación mencionada en el artículo 17 fuera incompleta la Parte notificada dispondrá de treinta días para hacérselo saber a la Parte que proyecta realizar la obra, por intermedio de la Comisión Administradora. El plazo de ciento ochenta días precedentemente señalado sólo comenzará a correr a partir del día en que la Delegación de la Parte notificada haya recibido la documentación completa. Este plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por la Comisión Administradora si la Complejidad del Proyecto así lo requiriese. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 19</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Si la Parte notificada no opusiera objeciones o no contestara dentro del plazo establecido en el artículo 18, la otra Parte podrá realizar o autorizar la realización de la obra proyectada. La Parte notificada tendrá, asimismo, derecho a optar por participar en igualdad de condiciones en la realización de la obra, en cuyo caso deberá comunicarlo a la otra Parte, por intermedio de la Comisión Administradora, dentro del mismo plazo a que se alude en el párrafo primero. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 20</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Parte notificada tendrá derecho a inspeccionar la obras que se estén ejecutando para comprobar si se ajustan al proyecto presentado. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 21</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Si la Parte notificada llegare a la conclusión de que la ejecución de la obra o el programa de operación puede producir perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río, lo comunicará a la otra Parte por intermedio de la Comisión Administradora, dentro del plazo de ciento ochenta días fijados en el artículo 18. La comunicación deberá precisar cuáles aspectos de la obra o del programa de operación podrán causar un perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiera al proyecto o al programa de operación. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 22</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Si las Partes no llegaran a un acuerdo dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la comunicación a que se refiere el artículo 21, se observará el procedimiento indicado en la Parte Cuarta (Solución de Controversias).</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO III</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Practicaje (artículos 23 al 26) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 23</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La profesión de práctico en el Río sólo será ejercida por los profesionales habilitados por las autoridades de una u otra Parte. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 24</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Todo buque que zarpe de puerto argentino o uruguayo tomará práctico de la nacionalidad del puerto de zarpada. El buque que provenga del exterior del Río tomará práctico de la nacionalidad del puerto de destino. El contacto que el buque tenga, fuera de puerto, con la autoridad de cualquiera de las Partes, no modificará el criterio inicialmente seguido para determinar la nacionalidad del práctico. En los demás casos no previstos anteriormente el práctico podrá ser indistintamente argentino o uruguayo. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 25</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Terminadas sus tareas de pilotaje, los prácticos argentinos y uruguayos podrán desembarcar libremente en los puertos de una u otra Parte a las que arriben los buques en los que cumplieron su cometido. Las partes brindarán a los mencionados prácticos las máximas facilidades para el mejor cumplimiento de su función. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 26</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes establecerán, en sus respectivas reglamentaciones, normas coincidentes sobre practicaje en el Río y el régimen de exenciones.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO IV</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Facilidades portuarias, alijos y complementos de carga (artículos 27 al 32) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 27</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se comprometen a realizar los estudios y adoptar las medidas necesarias con vistas a dar la mayor eficacia posible a sus servicios portuarios, de modo de brindar las mejores condiciones de rendimiento y seguridad, y ampliar las facilidades que mutuamente se otorgan en sus respectivos puertos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 28</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 la tareas de alijo y complemento de carga se realizarán, exclusivamente, en las zonas que fije la Comisión Administradora de acuerdo con las necesidades técnicas y de seguridad en materia de cargas contaminantes o peligrosas. Habrá siempre un número igual de zonas situadas en la proximidad de las costas de cada Parte, pero fuera de las respectivas franjas costeras. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 29</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las zonas a que se refiere el artículo 28 podrán ser utilizadas indistintamente por cualquiera de las Partes. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 30</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En las operaciones de alijo intervendrán las autoridades de la Parte a cuyo puerto tenga destino la carga alijada. <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ARTÍCULO 31</b> En las operaciones de complemento de carga intervendrán la autoridades de la Parte de cuyo puerto provengan la carga complementaria. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 32</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En los casos en que los puertos de destino y de procedencia de la carga pertenezcan a terceros Estados, las operaciones de alijo y de complemento de carga serán fiscalizadas por las autoridades argentinas o uruguayas según se realicen respectivamente en las zonas situadas más próximas a una u otra franja costera, de conformidad con lo que establece el artículo 28.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO V</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Salvaguardia de la vida humana (artículos 33 al 37) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 33</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Fuera de las franjas costeras, la autoridad de la Parte que inicie la operación de búsqueda y rescate tendrá la dirección de la misma. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 34</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La autoridad que inicie una operación de búsqueda y rescate, lo comunicará inmediatamente a la autoridad competente de la otra Parte. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 35</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cuando la magnitud de la operación lo aconseje, la autoridad de la Parte que la dirige podrá solicitar a la de la otra el concurso de medios, reteniendo el control de la operación y obligándose a su vez a suministrar información sobre su desarrollo . </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 36</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cuando por cualquier causa la autoridad de una de las Partes no pueda iniciar o continuar una operación de búsqueda y rescate, solicitará a la de la otra que asuma la responsabilidad de la dirección y ejecución, facilitándole toda la colaboración posible. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 37</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las unidades de superficie o aéreas de ambas Partes que se hallen efectuando operaciones de búsqueda y rescate, podrán entrar o salir de cualquiera de los respectivos territorios, sin cumplir las formalidades exigidas normalmente.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO VI</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Salvamento (artículos 38 al 40) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 38</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El salvamento de un buque de la bandera de una de las Partes, fuera de las franjas costeras, podrá ser efectuado por la autoridad o las empresas de cualquiera de ellas a opción del capitán o armador del buque siniestrado, sin perjuicio de lo que respecto de esa opción dispongan las reglamentaciones internas de cada Parte. Sin embargo, la tarea de salvamento de un buque de bandera de cualquiera de las Partes, siniestrado en un canal situado en las aguas de uso común, se efectuará por la autoridad o las empresas de la Parte que lo administra cuando el buque siniestrado constituya un obstáculo o peligro para la navegación en dicho canal. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 39</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El salvamento de un buque de tercera se efectuará por la autoridad o las empresas de la Parte cuya franja costera esté más próxima al lugar en que se encuentre el buque que solicita asistencia. No obstante, la tarea de salvamento de un buque de tercera bandera siniestrado en un canal situado en las aguas de uso común se efectuará por la autoridad o las empresas de la Parte que administra dicho canal. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 40</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Sin perjuicio de los establecido en los artículos 38 y 39, cuando la autoridad o las empresas de la Parte a la que corresponda la tarea de salvamento desistan de realizarla, dicha tarea podrá ser efectuada por la autoridad o las empresas de la otra Parte. El desistimiento a que se refiere el párrafo primero será notificado de inmediato a la otra parte.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO VII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Lecho y subsuelo (artículos 41 al 43)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 41</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada parte podrá explorar y explotar los recursos del lecho y del subsuelo del Río en las zonas adyacentes a sus respectivas costas, hasta la línea determinada por los siguientes puntos geográficos fijados en las cartas confeccionadas por la Comisión Mixta Uruguayo Argentina de Levantamiento Integral del Río de la Plata publicadas por el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina, que forman parte del presente Tratado: NOTA DE REDACCION: (CUADRO) NO MEMORIZABLE<br />
Carta H-118 2. Edición 1972 </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 42</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las instalaciones u otras obras necesarias para la exploración o explotación de los recursos del lecho y del subsuelo no podrán interferir la navegación en el río en los pasajes o canales utilizados normalmente. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 43</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> EL yacimiento o depósito que se extienda a uno y otro lado de la línea establecida en el artículo 41, será explotado de forma tal que la distribución de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho yacimiento o depósito sea proporcional al volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicha línea. Cada Parte realizará la explotación de los yacimientos o depósitos que se hallen en esas condiciones, sin causar perjuicio sensible a la otra Parte y de acuerdo con las exigencias de un aprovechamiento integral y racional del recurso, ajustado al criterio establecido en el párrafo primero.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO VIII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Islas (artículos 44 al 46)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 44</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las islas existentes o las que en el futuro emerjan en el Río, pertenecen a una u otra Parte según se hallen a uno u otro lado de la línea indicada en el artículo 41., con excepción de lo que se establece para la Isla Martín García en el artículo 45. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 45</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Isla Martín García será destinada exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas, bajo jurisdicción de la República Argentina, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 46</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Si la Isla Martín García se uniera en el futuro a otra isla, el límite correspondiente se trazará siguiendo el perfil de la Isla Martín García que resulta de la carta H-118 a la que se refiere el artículo 41. Sin embargo, los aumentos por aluvión de Martín García, que afecten sus actuales accesos naturales a los canales de Martín García (Buenos Aires) y del Infierno, pertenecerán a esta Isla.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO IX</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Contaminación (artículos 47 al 52)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 47<span style="font-weight: normal;"> A</span><span style="font-weight: normal;"> los efectos del presente Tratado se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos. </span></span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 48</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada Parte se obliga a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad a los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 49</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se obligan a no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos: a) Las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, y b) las severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 50</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes se obligan a informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las aguas. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 51</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada Parte será responsable frente a la otra por los daños inferidos como consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las de personas físicas o jurídicas domiciliadas en su territorio. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 52</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La jurisdicción de cada Parte respecto de toda infracción cometida en materia de contaminación se ejercerá sin perjuicio de los derechos de la otra Parte a resarcirse de los daños que haya sufrido, a su vez, como consecuencia de la misma infracción. A esos efectos, las Partes se prestarán mutua cooperación.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO X</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Pesca (artículos 53 al 56)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 53</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada Parte tiene derecho exclusivo de pesca en la respectiva franja costera indicada en el artículo 2. Fuera de las franjas costeras, las Partes se reconocen mutuamente la libertad de pesca en el Río para los buques de sus banderas. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 54</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes acordarán las normas que regularán las actividades de pesca en el Río en relación con la conservación y preservación de los recursos vivos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 55</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cuando la intensidad de la pesca lo haga necesario, las Partes acordarán los volúmenes máximos de captura por especies como asimismo los ajustes periódicos correspondientes. Dichos volúmenes de captura serán distribuidos por igual entre las Partes. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 56</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes intercambiarán, regularmente, la información pertinente sobre esfuerzos de pesca y captura por especie así como sobre la nómina de buques habilitados para pescar en las aguas de uso común.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XI</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Investigación (artículos 57 al 58)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 57</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada Parte tiene derecho a realizar estudios e investigaciones de carácter científico en todo el Río, bajo condición de dar aviso previo a la otra Parte, indicando las características de los mismos, y de hacer conocer a ésta los resultados obtenidos. Cada Parte tiene, además, derecho a participar en todas las fases de cualquier estudio o investigación que emprenda la otra Parte.<br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ARTICULO 58</b> Las Partes promoverán la realización de estudios conjuntos de carácter científico de interés común y, en especial, los relativos al levantamiento integral del Río.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Comisión administradora (artículos 59 al 67)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 59</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes constituyen una comisión mixta que se denominará Comisión Administradora del Río de la plata, compuesta de igual número de delegados por cada una de ellas. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 60</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora gozará de personalidad jurídica para el cumplimiento de su cometido. Las Partes le asignarán los recursos necesarios y todos los elementos y facilidades indispensables para su funcionamiento. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 61</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora podrá constituir los órganos técnicos que estime necesarios. Funcionará en forma permanente y tendrá su correspondiente Secretaría. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 62</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes acordarán, por medio de notas reversales, el Estatuto de la Comisión Administradora. Esta dictará su reglamento interno. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 63</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes acuerdan asignar como sede de la Comisión Administradora la Isla Martín García. La Comisión Administradora dispondrá de los locales y terrenos adecuados para su funcionamiento y construirá y administrará un parque dedicado a la memoria de los héroes comunes a ambos pueblos, respetando la jurisdicción y el destino convenidos en el artículo 45. La República Argentina dispondrá de los locales, instalaciones y terrenos para el ejercicio de su jurisdicción. En el acuerdo de sede correspondiente se incluirán disposiciones que regulen las relaciones entre la República Argentina y la Comisión, sobre la base de que la sede asignada de conformidad con el párrafo primero está amparada por la inviolabilidad y demás privilegios establecidos por el Derecho Internacional. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 64</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora celebrará, oportunamente, con ambas Partes, los acuerdos conducentes a precisar los privilegios e inmunidades reconocidos por la práctica internacional a los miembros y personal de la misma. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 65</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Para la adopción de las decisiones de la Comisión Administradora cada Delegación tendrá un voto. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 66</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora desempeñará las siguientes funciones: a) Promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, con especial referencia a la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación y la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración y explotación de las aguas del Río; b) Dictar las normas reguladoras de la actividad de pesca en el Río en relación con la conservación y preservación de los recursos vivos: c) Coordinar las normas reglamentarias sobre practicaje; d) Coordinar la adopción de planes, manuales, terminología y medios de comunicación comunes en materia de búsqueda y rescate; e) Establecer el procedimiento a seguir y la información a suministrar en los casos en que las unidades de una Parte que participen en operaciones de búsqueda y rescate ingresen al territorio de la otra o salgan de él: f) Determinar las formalidades a cumplir en los casos en que deba ser introducido, transitoriamente, en territorio de la otra Parte, material para la ejecución de operaciones de búsqueda y rescate; g) Coordinar las ayudas a la navegación y el balizamiento; h) Fijar las zonas de alijo y complemento de carga conforme a lo establecido en el artículo 28; i) Transmitir en forma expedita, a las Partes, las comunicaciones, consultas, informaciones y notificaciones que las mismas se efectúen de conformidad a la Parte Primera del presente Tratado: j) Cumplir las otras funciones que le han sido asignadas por el presente Tratado y aquellas que las Partes convengan otorgarle en su Estatuto o por medio de notas reversales u otras formas de acuerdo. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 67</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora informará periódicamente a los Gobiernos de cada una de las Partes sobre el desarrollo de sus actividades. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XIII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Procedimiento conciliatorio (artículos 68 al 69) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 68</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cualquier controversia que se suscitare entre las Partes con relación al Río de la Plata será considerada por la Comisión Administradora, a propuesta de cualquiera de ellas. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 69</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Si en el término de ciento veinte días la Comisión no lograra llegar a un acuerdo, lo notificará a ambas Partes, las que procurarán solucionar la cuestión por negociaciones directas.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">PARTE SEGUNDA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Frente marítimo (artículos 70 al 86)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XIV</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Limite lateral marítimo (artículos 70 al 71)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 70</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El límite lateral marítimo y el de la plataforma continental, entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina; está definido por la línea de equidistancia determinada por el método de costas adyacentes, que parte del punto medio de la Línea de base constituida por la recta imaginaria que une Punta del Este (República Oriental del Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina). </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 71</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El yacimiento o depósito que se extienda a uno y otro lado del límite establecido en el artículo 70, será explotado en forma tal que la distribución de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho yacimiento o depósito sea proporcional al volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicho límite. Cada Parte realizará la explotación de los yacimientos o depósitos que se hallen en esas condiciones sin causar perjuicio sensible a la otra Parte y de acuerdo con las exigencias de un aprovechamiento integral y racional del recurso, ajustado al criterio establecido en el párrafo primero.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XV</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Navegación</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 72</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Ambas Partes garantizan la libertad de navegación y sobrevuelo en los mares bajo sus respectivas jurisdicciones más allá de las doce millas marinas medidas desde las correspondientes líneas de base y en la desembocadura del Río de la Plata a partir de su límite exterior, sin otras restricciones que las derivadas del ejercicio, por cada Parte, de sus potestades en materia de exploración, conservación y explotación de recursos; protección y preservación del medio; investigación científica y construcción y emplazamiento de instalaciones y las referidas en el artículo 86.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XVI</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Pesca (artículos 73 al 77)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 73</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes acuerdan establecer una zona común de pesca, más allá de las doce millas marinas medidas desde las correspondientes líneas de base costeras, para los buques de su bandera debidamente matriculados. Dicha zona es la determinada por dos arcos de circunferencias de doscientas millas marinas de radio, cuyos centros de trazado están ubicados respectivamente en Punta del Este (República Oriental del Uruguay) y en Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina). </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 74</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Los volúmenes de captura por especies se distribuirán en forma equitativa, proporcional a la riqueza ictícola que aporta cada una de las Partes, evaluada en base a criterios científicos y económicos. El volumen de captura que una de las Partes autorice a buques de terceras banderas se imputará al cupo que corresponda a dicha Parte. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 75</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las áreas establecidas en los permisos de pesca que la República Argentina y la República Oriental del Uruguay expidan a buques de terceras banderas en sus respectivas jurisdicciones marítimas, no podrán exceder la línea fijada en el artículo 70. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 76</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes ejercerán las correspondientes funciones, de control y vigilancia a ambos lados, respectivamente, de la línea a que se refiere el artículo 75 y las coordinarán adecuadamente. Las partes intercambiarán la nómina de los buques de sus respectivas banderas que operen en la zona común. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTÍCULO 77</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En ningún caso las disposiciones de este capítulo son aplicables a la captura de mamíferos acuáticos.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XVII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Contaminación</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 78</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Se prohíbe el vertimiento de hidrocarburos provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas y de lastre y, en general, cualquier otra acción capaz de tener efectos contaminantes, en la zona comprendida entre las siguientes líneas imaginarias: a) Partiendo de Punta del Este (República Oriental del Uruguay) hasta b) un punto de latitud 36 14' Sur, longitud 53 32' Oeste; de aquí hasta c) un punto de latitud 37 32' Sur, longitud 55 23' Oeste; de aquí hasta d) Punta Rasa del Cabo Antonio (República Argentina) y finalmente desde este punto hasta el inicial en Punta del Este.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XVIII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Investigación</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 79</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Cada Parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter exclusivamente científico en su respectiva jurisdicción marítima dentro de la zona de interés común determinada en el artículo 73, siempre que le haya dado aviso previo con la adecuada antelación e indicado las características de los estudios o investigaciones a realizarse, y las áreas y plazos en que se efectuarán. Esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados. La Parte autorizante tiene derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a conocer y disponer de sus resultados.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XIX</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Comisión Técnica Mixta (artículos 80 al 84)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 80</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes, constituyen una Comisión Técnica Mixta compuesta de igual número de delegados por cada Parte, que tendrá por cometido la realización de estudios y la adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común que se determina en el artículo 73. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 81</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Técnica Mixta gozará de personalidad para el cumplimiento de su cometido y dispondrá de los fondos necesarios a esos efectos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 82</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Técnica Mixta desempeñará las siguíentes funciones: a) fijar los volúmenes de captura por especie y distribuirlos entre las Partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 74, así como ajustarlos períodicamente; b) promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, particularmente dentro de la zona de interés común, con especial referencia a la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación y a la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración y explotación del medio marino; c) formular recomendaciones y presentar proyectos tendientes a asegurar el mantenimiento del valor y equilibrio en los sistemas bioecológicos; d) establecer normas y medidas relativas a la explotación racional de las especies en la zona de interés común y a la prevención y eliminación de la contaminación; e) estructurar planes de preservación, conservación y desarrollo de los recursos vivos en la zona de interés común, que serán sometidos a la consideración de los respectivos Gobiernos; f) promover estudios y presentar proyectos sobre armonización de las legislaciones de las Partes respectivas a las materias que son objeto del cometido de la Comisión; g) transmitir, en forma expedita, a las Partes las comunicaciones, consultas e informaciones que las mismas se intercambien de acuerdo con lo dispuesto en la Parte Segunda del presente Tratado; h) cumplir las demás funciones que las Partes le asignen en su Estatuto, o por medio de notas reversales u otras formas de acuerdo. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 83</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Técnica Mixta tendrá su sede en la Ciudad de Montevideo, pero podrá reunirse en los territorios de ambas Partes. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 84</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes acordarán, por medio de notas reversales, el Estatuto de la Comisión Técnica Mixta. Esta dictará su reglamento interno. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">PARTE TERCERA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Defensa (artículos 85 al 86) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XX</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> (artículos 85 al 86)</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 85</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las cuestiones relativas a la defensa de toda el área focal del Río de la Plata son de competencia exclusiva de las Partes. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 86</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> En ejercicio de su propia defensa ante amenaza de agresión, cada Parte podrá adoptar las medidas necesarias y transitorias para ello en dicha área focal, fuera de las respectivas franjas costeras de jurisdicción exclusiva en el Río de la Plata y de una franja de doce millas marinas a partir de las respectivas líneas de base costeras del mar territorial, sin causar perjuicios sensibles a la otra Parte.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">PARTE CUARTA SOLUCION DE CONTROVERSIAS <br />
CAPITULO XXI</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></b></div><div style="margin-bottom: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 87</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del presente Tratado, que no pudiere solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia. En los casos a que se refieren los artículo 68 y 69, cualquiera de las Partes podrá someter toda controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado a la Corte Internacional de Justicia cuando dicha controversia no hubiese podido solucionarse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación aludida en el artículo 69.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></div><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">PARTE QUINTA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES</b> (artículos 88 al 91) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XXII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Disposiciones transitorias (artículos 88 al 91) </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 88</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Hasta tanto la Comisión Administradora fije las zonas de alijos y complementos de carga referidas en el artículo 28, se establecen, a esos efectos, las siguientes zonas: Zona A: entre los paralelos de latitud Sur 35.04' y 35.08' y entre los meridianos de longitud Oeste 56.00' y 56.02'; Zona B: entre los paralelos de latitud Sur 35.30' y 35.33' y entre los meridianos de longitud Oeste 56.30' y 56.36'. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 89</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Administradora se constituirá dentro de los sesenta días siguientes al canje de los instrumentos de ratificación del presente Tratado. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 90</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Las Partes publicarán oportunamente, en las cartas marinas correspondientes, el trazado del límite lateral marítimo. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 91</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> La Comisión Técnica Mixta se constituirá dentro de los sesenta días siguientes al canje de los instrumentos de ratificación del presente Tratado. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">CAPITULO XXIII</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> Ratificación y entrada en vigor </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ARTICULO 92</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;"> El presente Tratado será ratificado de acuerdo con los procedimientos previstos en los respectivos ordenamientos jurídicos de las Partes y entrará en vigor por el canje de los instrumentos de ratificación que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman y sellan dos ejemplares del mismo tenor en la Ciudad de Montevideo a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y tres. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">FIRMANTES: ALBERTO J. VIGNES. - JUAN CARLOS BLANCO. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ANEXO B</span></u></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">: </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">artículo 1</span></u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">: </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Señor Ministro:<br />
Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con relación al "Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo" suscripto entre nuestros Gobiernos en el día de la fecha. A este respecto, coincido con Vuestra Excelencia en manifestar que los "canales de acceso a los puertos", a que hace referencia el artículo 2 del mencionado Tratado, son los siguientes: Canales Argentinos de acceso a: 1.- Río Paraná de las Palmas (Canal Emilio Mitre). 2.- Río Luján (Canal Costanero). 3.- Puerto de Buenos Aires. 4.- Puerto de La Plata. <br />
A su Excelencia<br />
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay,<br />
Doctor D. Juan Carlos Blanco. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">artículo 2</span></u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">: </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Canales Uruguayos de acceso a: 1.- Puerto del Carmelo. 2.- Puerto de Conchillas. 3.- Barra de San Juan. 4.- Puerto de Colonia. 5.- Puerto Sauce. 6.- Puerto de Montevideo. 7.- Puerto de Piriápolis. 8.- Bahía de Maldonado.<br />
Asimismo, con respecto a la "libertad de sobrevuelo", mencionada en el artículo 72, ésta deberá entenderse con las limitaciones que le imponen las convenciones internacionales vigentes en la materia.<br />
La presente nota y la de Vuestra Excelencia, de la misma fecha e idéntico tenor, constituyen acuerdo entre nuestros dos Gobiernos. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las expresiones de mi más alta consideración. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">FIRMANTES: ALBERTO J. VIGNES. - JUAN CARLOS BLANCO. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span><br />
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">ANEXO C: </span></u></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span></u></b><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">artículo 1</span></u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">: </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span></u></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">Señor Ministro:<br />
Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con relación al "Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo" suscripto entre nuestros Gobiernos en el día de la fecha. A ese respecto, coincido con Vuestra Excelencia en manifestar que los "canales de acceso a los puertos", a que hace referencia el artículo 2 del mencionado Tratado, son los siguientes: Canales Uruguayos de acceso a: 1.- Puerto de Carmelo. 2.- Puerto de Conchillas. 3.- Barra de San Juan. 4.- Puerto de Colonia. 5.- Puerto de Sauce. 6.- Puerto de Montevideo. 7.- Puerto de Piriápolis. 8.- Bahía de Maldonado. <br />
A su Excelencia<br />
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina<br />
Embajador D. Alberto J. Vignes.<br />
Canales Argentinos de acceso a: 1.- Río Paraná de las Palmas (Canal Emilio Mitre). 2.- Río Luján (Canal Costanero). 3.- Puerto de Buenos Aires. 4.- Puerto de la Plata. <br />
Asimismo, con respecto a la "libertad de sobrevuelo", mencionada en el artículo 72, ésta deberá entenderse con las limitaciones que le imponen las convenciones internacionales vigentes en la materia. </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"></span></u></b><br />
<span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">La presente nota y la de Vuestra Excelencia, de la misma fecha e idéntico tenor, constituyen acuerdo entre nuestros dos Gobiernos. Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las expresiones de mi más alta consideración. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"><br />
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Arial;">FIRMANTES: JUAN CARLOS BLANCO <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>- ALBERTO J VIGNES</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 9.0pt;"> </span><br />
<div class="MsoNormal"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-6544448685804592312011-06-04T21:25:00.000-07:002011-06-04T21:25:36.729-07:00Reseña historica del Derecho de Mar<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif"; font-size: 14.0pt; font-variant: small-caps; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; text-shadow: auto;">Derecho del Mar</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; text-transform: uppercase;">Reseña histórica</span></b></div><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 480;"><tbody>
<tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;"> <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Desde siglo XVI</span></b></div></td> <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Primera norma de derecho internacional sobre espacios marítimos. Principio rector: libertad de los mares. Naturaleza jurídica de lo que hoy se llama alta mar.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 1;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">A partir del siglo XVII</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Evolución de las normas referentes a espacios marítimos. Avance de la jurisdicción de los Estados ribereños sobre los mares adyacentes a sus costas.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Fines del siglo XVIII</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="background: black; color: white; font-size: 11.0pt; mso-highlight: black;">Mar territorial</span></b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">. Protección militarmente efectiva de las costas. 3 mm (alcance de una bala de cañón).</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 3;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Durante el siglo XIX</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Mar territorial se transforma en un espacio donde el Estado Ribereño se comporta como dueño. Plena soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial. Derecho de paso inocente.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Fines del siglo XIX</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="background: black; color: white; font-size: 11.0pt; mso-highlight: black;">Zona contigua</span></b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">. Seguridad y efectivo contralor sobre mar territorial. Determinadas competencias en materia: sanitaria, fiscal, aduanera y de migraciones (no soberanía).</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 5;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Principios del siglo XX</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">DI reconoce tres zonas marítimas con regímenes jurídicos distintos: mar territorial, zona contigua, alta mar.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 6;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1930</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención de la Haya bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones. Codificación de determinadas materia del DI, ente ellas mar territorial. Falta de acuerdo sobre límite máximo 3 mm.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 7;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1945</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Declaración Truman. Reivindicación a favor de los Estados Unidos de un derecho de reserva para la exploración y explotación del lecho y subsuelo marítimo conocido como <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="background: black; color: white; mso-highlight: black;">plataforma continental</span></b>. Antecedente de otras reivindicaciones estaduales. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Definida como la prolongación natural del territorio bajo el mar. Derechos soberanos para la exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentren en ella. </span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 8;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1958</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">La AG</span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;"> ONU</span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;"> convoca una conferencia de estados. Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, celebrada en Ginebra La Se aprueban cuatro convenciones que codifican y ordenan el derecho preexistente:</span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 21.6pt; text-align: justify; text-indent: -8.5pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Shruti","sans-serif"; font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Shruti;"><span style="mso-list: Ignore;">*<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención sobre el mar territorial.</span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 5.65pt; text-align: justify; text-indent: -8.5pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Shruti","sans-serif"; font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Shruti;"><span style="mso-list: Ignore;">*<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención sobre la plataforma continental.</span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 5.65pt; text-align: justify; text-indent: -8.5pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Shruti","sans-serif"; font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Shruti;"><span style="mso-list: Ignore;">*<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención sobre la alta mar.</span></div><div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 5.65pt; text-align: justify; text-indent: -8.5pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Shruti","sans-serif"; font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Shruti;"><span style="mso-list: Ignore;">*<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención sobre la conservación de los recursos vivos de la alta mar.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Sistematizadoras de normas consuetudinarias.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 9;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1960</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar celebrada en Ginebra. Tema principal: anchura del mar territorial. Fracaso de las negociaciones. No se logra acuerdo alguno.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 10;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1967</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Incorporación de los <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="background: black; color: white; mso-highlight: black;">fondos marinos</span></b> como tema de futuras negociaciones en el ámbito AG ONU.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 11;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">17/12/1970</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Resolución AG 2749 (XXV): la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">res communis</i>), cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la situación geográfica de los estados.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 12;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">Principios década ’70</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Un número considerable de estados en vías de desarrollo reclama 200 mm, ya sea de mar territorial, ya sea de alguna forma de mar patrimonial.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 13;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">1973-1982</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Resultado final: CONVEMAR.</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 14;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">A partir de 1975</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Aceptación generalizada de una nueva zona marítima: la <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="background: black; color: white; mso-highlight: black;">zona económica exclusiva</span><span style="color: navy;"> </span></b>(ZEE), sobre la que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. Producto de una transacción entre los estados que reclamaban 200 mm de mar territorial y los que no estaban dispuestos<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>reconocer mares territoriales de más de 12 mm. Principio rector: utilización óptima racional de los recursos</span></div></td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tw Cen MT Condensed","sans-serif";">10/12/1982</span></b></div></td> <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), aprobada en Montego Bay, Jamaica.</span></div></td> </tr>
</tbody></table><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif"; font-variant: small-caps; text-shadow: auto;">Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982</span></i></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: Wingdings; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">v<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1994</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: Wingdings; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">v<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Consta de 320 artículos y 9 anexos.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: Wingdings; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">v<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Aprobada por Argentina por ley 24. 543. Esta ley fue sancionada el 13 de septiembre de 1995 y publicada en el BO el 25 de octubre de 1995.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: Wingdings; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">v<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Ratificada por Argentina el 1º de diciembre de 1995.</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: Wingdings; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings;"><span style="mso-list: Ignore;">v<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Tunga","sans-serif";">Entró en vigor para Argentina el 31 de diciembre de 1995.</span></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-40566521808466410342011-05-25T12:23:00.000-07:002011-05-25T12:23:31.192-07:00Fallo Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo c. Provincia de Mendoza<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo, T.A.C. Limitada c. Mendoza, Provincia de </span></strong><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;"><br />
<br />
Buenos Aires, setiembre 8 de 1998. - Vistos los autos: Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Limitada c. Mendoza, Provincia de s/acción declarativa de los que resulta:</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">I. A fs. 97/104 se presenta la Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Limitada e inicia demanda contra la Provincia de Mendoza con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley local 4235 por la que se adhirió al Convenio Multilateral de Salta del 18 de agosto de 1977, como así también de los arts. 159, 161, 163, 168, 178, 183, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194 y 195 del cód. fiscal de la provincia; de las leyes 4783, 5011, 5096 y 5373 y de las resoluciones 4094/93 y 16/94 de la Dirección Provincial de Rentas.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Entiende que esas normas no resultan válidas en razón de que autorizan gravar con el impuesto a los ingresos brutos a la actividad del transporte público de pasajeros en el ámbito interprovincial, contrariando así los arts. 4º, 9º, 12, 31, 75, inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional y 3º de la ley nacional 12.346, como así también las leyes 20.221 [ED, 49-1066] y 22.006 [EDLA, 1979-127]. Dice que siempre pagó dicho impuesto respecto del transporte que efectúa dentro de la provincia, en la inteligencia de estar exenta cuando aquél es interjurisdiccional ya que, en este caso, las tarifas fijadas por la autoridad administrativa nacional no contemplan, entre sus elementos de costos, el impuesto que la Dirección de Rentas intenta percibir.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Agrega, por otro lado, que no puede afrontar el pago por cuanto su fuente de ingresos está constituida por la venta de pasajes y dicho impuesto no puede ser trasladado a los usuarios.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">II. A fs. 115/128 contesta la Provincia de Mendoza. Sostiene que el impuesto a los ingresos brutos tiene las características de los impuestos indirectos, es decir, de aquellos que se trasladan, porque solamente se impone en la parte final de la comercialización, entre el comerciante minorista o prestador del servicio y el consumidor final o prestatario del servicio.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Dice que no obstante la afirmación de la actora en el sentido de que no puede trasladarlo al usuario porque no fue previsto en las tarifas, se desprende de las numerosas notas que remitió a las autoridades nacionales en la materia referentes a diferentes proyectos para cubrir nuevos tramos de transporte, acompañados con los pertinentes cuadro de tarifas y estudios de costos sobre cuya base aquellas fijarían las tarifas, que pudo haber previsto el impuesto en cuestión. En tales condiciones, al no haber intentado demostrar la imposibilidad de transmitir el tributo, carece de interés jurídico en la declaración de inconstitucionalidad.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Cuestiona el criterio utilizado por la actora para identificar los impuestos directos e indirectos, califica al de ingresos brutos como indirecto y sostiene que no existe la doble imposición alegada por cuanto aquél y el impuesto a las ganancias presentan diversa naturaleza jurídica y distinta base imponible.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">En otro orden de ideas, afirma la inaplicabilidad de la doctrina sentada en el caso Aerolíneas (Fallos, 308:2153), que no media impedimento alguno a la libre circulación territorial, y reitera que no puede sostenerse que sea público y notorio que el impuesto no esté previsto en el costo del boleto.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Considerando: 1° Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117, Constitución Nacional).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">2º Que es de aplicación la doctrina expuesta en la causa E.20.XXIII El Libertador, S.A.C.I. c. Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa, disidencia de los jueces Nazareno, Moliné OConnor y Petracchi, sentencia del 20 de diciembre de 1994, en los cuales los planteos de las partes guardan sustancial analogía con lo aquí debatido.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Por ello y de conformidad en lo pertinente con el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, se decide: hacer lugar a la demanda y declarar la improcedencia de la pretensión fiscal de la demandada. Con costas (art. 68, cód. procesal civil y comercial de la Nación). Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6º, inc. b), c), y d), 9º, 37 y 38 de la ley 21.839 [EDLA, 1978-290], se regulan los honorarios del doctor E. A. M., por la dirección letrada y representación de la actora. Asimismo, se fija la retribución del perito contador B. S. (art. 6°, decretoley 16.638/57 [EDLA, 1978-397]). Notifíquese y, oportunamente, archívese. - Eduardo Moliné OConnor. - Julio S. Nazareno. - Carlos S. Fayt (en disidencia). - Augusto César Belluscio (en disidencia). - Antonio Boggiano (en disidencia). - Enrique S. Petracchi. - Guillermo A. F. López (por su voto). - Gustavo A. Bossert (en disidencia). - Adolfo Roberto Vázquez (por su voto).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">VOTO DE LOS SEñORES MINISTROS DOCTORES DON GUILLERMO A. F. LóPEZ Y DON ADOLFO ROBERTO VáZQUEZ. - Considerando: 1º Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117, Constitución Nacional).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">2º Que la actora plantea la inconstitucionalidad de diversas normas locales de la provincia demandada en cuanto gravan con el impuesto a los ingresos brutos la actividad que desarrolla en el mercado del transporte público de pasajeros interprovincial. Entiende que esas normas son contrarias a lo establecido por los arts. 4º, 9º, 12, 31, 75, inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional; al art. 3º de la ley nacional 12.346 y a las leyes 20.221 y 22.006 que prohíben la doble imposición.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">3º Que, sin perjuicio de lo previsto por el art. 11, inc. d), segundo párrafo de la ley 23.548 [EDLA, 1988-17], ningún óbice existe para que el Tribunal entienda en el sub lite, de conformidad con la doctrina de Fallos, 308:2153, considerandos 3º y 4º.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">4º Que las provincias conservan todas las facultades no delegadas al gobierno federal (art. 121, Constitución Nacional), y por consiguiente pueden establecer tributos sobre todos los bienes que formen parte de su riqueza general, así como sobre las actividades ejercidas dentro de ellas, y determinar los medios de distribución en la forma y alcance que les parezca más conveniente; facultades que, mientras no contraríen los principios consagrados en la Ley Fundamental de la Nación, pueden ser ejercidos en forma amplia y discrecional (Fallos, 310:2443; 311:1148; H.148.XXIX Hidroeléctrica El Chocón, S.A. c. Buenos Aires, Provincia de y otro s/acción declarativa, sentencia del 1º de julio de 1997).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">5º Que, por otra parte, una elemental hermenéutica de los arts. 75, inc. 13, y 126 de la Constitución Nacional, permite concluir que estos no fueron concebidos para invalidar absolutamente todos los tributos locales que se proyectan sobre el comercio interprovincial, reconociendo a éste una inmunidad o privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a cada una de las provincias de la República (T. 375-XXXI Telefónica de Argentina c. Municipalidad de Chascomús s/acción meramente declarativa, sentencia del 18 de abril de 1997).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">6º Que, no obstante, ese principio general, respetuoso de las autonomías provinciales, cede cuando los tributos locales inciden sobre el comercio interprovincial de modo tal que operan o pueden operar desviaciones contrarias a la intención constitucional -ínsita en el art. 75, inc. 13, de la Carta Magna de preservar actividades, que se desenvuelven en dos o más jurisdicciones, del riesgo de que puedan verse sometidas a una múltiple imposición (local y nacional) que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la misma porción de base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a otra similares desarrolladas dentro de cada provincia (Fallos, 305:327, consid. 8º, segundo párr. in fine: 305:1672).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Que, en este sentido, una necesaria armonización de los valores en juego lleva a preservar el comercio interprovincial de los gravámenes discriminatorios, de la superposición de recursos locales y de aquellos que encarezcan su desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación territorial (doctrina de Fallos, 306:516).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">7º Que lo anterior debe ser así especialmente cuando el impuesto local no es susceptible de traslación, dando lugar a una doble imposición de carácter definitivo.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Que, en ese orden de ideas, la determinación de si el impuesto local es o no trasladable, constituye dato ponderativo de singular importancia para establecer cuál es el criterio por aplicar en cada caso concreto.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">8º Que en el sub lite ha quedado demostrado que las tarifas que percibe la actora como contraprestación del transporte interjurisdiccional que realiza son fijadas por el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación) en función de un cálculo de costos de explotación que no tiene incorporado el impuesto a los ingresos brutos (fs. 225/227).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">9º Que, en tales condiciones, cabe concluir que el impuesto provincial a los ingresos brutos no es susceptible de traslación en el caso de la actora por no estar contemplado en las tarifas que cobra.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Si a ello se añade que las rentas de dicha parte están sujetas al impuesto a las ganancias (leyes 20.628 [ED, 53-883] y 22.016 [EDLA, 1979-136] y modificatorias), se concluye que la aplicación del tributo local importa que se configure en el caso la hipótesis de doble imposición contraria a la regla del art. 9º, inc. b), párr. segundo de la ley 23.548, la cual se asienta en la imposibilidad de mantener o establecer impuestos locales sobre materia sujeta a tributación nacional coparticipable.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">10. Que lo concluido no violenta la esfera de los poderes no delegados de las provincias, sino que es consecuencia de las previsiones de los arts. 31 y 75, inc. 13 de la Constitución Nacional, y atiende a la necesidad de asegurar una efectiva unión nacional.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se decide: hacer lugar a la demanda y declarar la improcedencia de la pretensión fiscal de la demandada. Con costas (art. 68, cód. procesal civil y comercial de la Nación). Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6º, incs. b), c) y d); 9º, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor E., A. M., por la dirección letrada y representación de la actora. Asimismo, se fija la retribución del perito contador B. S. (art. 6º, decretoley 16.638/57). Notifíquese y, oportunamente, archívese. - Guillermo A. F. López. - Adolfo Roberto Vázquez.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">DISIDENCIA DE LOS SEñORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT Y DON ANTONIO BOGGIANO. - Considerando: Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117, Constitución Nacional).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Que es de aplicación la doctrina expuesta en la causa E.20.XXIII El Libertador, S.A.C.I. c. Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa, voto de los jueces Fayt, Levene y Boggiano, sentencia del 20 de diciembre de 1994, en los cuales los planteos de las partes guardan sustancial analogía con lo aquí debatido.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal, se decide: Rechazar la demanda. Costas por su orden en atención a la existencia de precedentes que pudieron inducir a la actora a creerse con derecho a demandar (art. 68, segunda parte, cód. procesal civil y comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente archívese. - Carlos S. Fayt. - Antonio Boggiano.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">DISIDENCIA DE LOS SEñORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CéSAR BELLUSCIO Y DON GUSTAVO A. BOSSERT. - Considerando: Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117, Constitución Nacional).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Que corresponde aplicar al sub lite la doctrina establecida por el Tribunal en el caso E.20.XXIII El libertador, S.A.C.I. c. Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa, sentencia del 20 de diciembre de 1994, en el cual se reconocieron las facultades provinciales de imposición en materia modificándose así el anterior criterio expuesto, entre otros, en Fallos, 316:2206 y sus antecedentes.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 9pt;">Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal, se decide: Rechazar la demanda. Costas por su orden en atención a la existencia de precedentes que pudieron inducir a la actora a creerse con derecho a demandar (art. 68, párr. segundo, cód. procesal civil y comercial de la Nación). Notifíquese y archívese. - Augusto César Belluscio. - Gustavo A. Bossert.-</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-46356795430328400352011-05-25T12:22:00.000-07:002011-05-25T12:22:22.236-07:00Fallo Hileret y otro c. Provincia de Tucuman (CSJN 1903)<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">CSJN. Fallos 98:20. “Hileret y otro c. Provincia de Tucumán”, sentencia del 5/9/1903</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Partes:</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Publicado en: Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Const. - Alberto Dalla Vía, 94 - Fallos: 98:20</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">HECHOS:<br />
Los dueños de ingenios azucareros de la provincia de Tucumán demandaron al estado provincial a fin que se declare la inconstitucionalidad de una ley que creaba un impuesto adicional sobre la cosecha de 1902. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al planteo declarando la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">SUMARIOS:<br />
La ley de la provincia de Tucumán que crea un impuesto adicional sobre la producción de azúcar correspondiente a una determinada cosecha -1902- es inconstitucional, pues al ser el valor de la cuota superior al valor que tiene el producto en el marcado importa lisa y llanamente una prohibición absoluta de producirlo, vulnerando de tal modo el derecho a trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita contemplado en el art. 14 C.N.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Es inconstitucional la ley de la provincia de Tucumán que crea un impuesto adicional sobre la producción de azúcar correspondiente a una determinada cosecha -1902-, pues dispone un prorrateo diferencial entre los distintos ingenios de la provincia obligando a algunos pagar montos más elevados y exonerando a otros del pago del gravamen por iguales cantidades, lo cual atenta contra la garantía de igualdad prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional y muy especialmente la que impone que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">La imposición de un impuesto adicional sobre la producción de azúcar correspondiente a una determinada cosecha -1902- establecida por una ley de la provincia de Tucumán es inconstitucional y no constituye un supuesto de reglamentación legítima del comercio interno, tendiente a proteger derechos de terceros o de la comunidad, en tanto no hay ni se alega en la elaboración de azúcar o en la forma de llevarla a cabo, nada contrario al buen orden, moralidad, higiene y bienestar de la provincia.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">TEXTO COMPLETO:<br />
Buenos Aires, setiembre 5 de 1903.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Vistos: Hileret y Rodríguez demandan a la provincia de Tucumán para que, previa declaración de inconstitucionalidad de la ley sancionada por dicha provincia el 14/06/1902, se la condene a la devolución de las sumas a que se refieren los recibos de fs. 4 a 10, sus intereses y costas, alegando:</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que por la ley mencionada se ha creado un impuesto, con el nombre de adicional, sobre la totalidad de la cosecha de azúcar correspondiente al año 1902, hasta el 31 de mayo del corriente, haciéndose un prorrateo de 71.500 toneladas de ese art., en que se calculó el consumo de toda la República entre determinadas fábricas, cuyos nombres se detallan.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que las fábricas aludidas debían pagar por cada kilo de azúcar elaborada en tales condiciones medio centavo, y 40 centavos por cada kilo que expendiesen sobre la cantidad que respectivamente se les señaló.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que a los ingenios no comprendidos en el prorrateo, paralizados desde hacía años, que trabajasen en la cosecha de 1902, se les asignó para el pago de medio céntimo por cada kilo de azúcar, la cuarta parte de la que fabricasen.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la ley dispuso además que por cada kilo de azúcar de los gravados con 40 centavos que se comprobase haber sido exportado al extranjero desde el 1/06/1902 a 31/05/1903, se devolviera a los fabricantes exportadores 39 1/2 centavos por lo exportado con prima de la Nación y 40 centavos por lo exportado sin prima.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que el producto del impuesto se destinó a indemnizar proporcionalmente a los plantadores de caña que, por no tener vendido el producto de la cosecha de 1902, se quedaran con la caña en pie y quisieran acogerse a los beneficios de la ley, destruyendo sus plantíos o destinando la caña a otra aplicación que no fuera la fabricación de azúcar o alcohol.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que el Poder Ejecutivo, al enviar a la Legislatura el proyecto convertido sin variación en la ley antes citada, expresó que su objeto era limitar en lo posible los efectos del desastre económico que amenazaba todos los gremios vinculados a la suerte de la industria azucarera, por la superproducción del azúcar, ya que los productores no habían podido llegar a un arreglo, para evitar que el exceso de oferta trajese la consiguiente desvalorización del producto.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la ley, aparte de que no pueden lograrse sus propósitos por existir fuera de la provincia otros centros de producción de azúcar, es contraria a los arts. 10, 14, 20, 28 y 16 de la Constitución Nacional, porque grava la libre circulación en todo el territorio de la República de los productos nacionales, limita o prohíbe de hecho el ejercicio de una industria lícita y quebranta el principio de igualdad en el impuesto y ante la ley, pues el de medio centavo por kilo no recae uniformemente sobre igual número de toneladas por cada uno de los fabricantes comprendidos en sus arts. 1° y 3°, sino que establece diferencias arbitrarias entre ellos.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que de la cosecha de 1902 los actores han fabricado 15.650 toneladas de azúcar más o menos, de la que habían vendido desde el 2 al 14 de junio, o sea antes de la promulgación de la ley, la cantidad de 1.061.312 kilos, que les fue contada entre las 8250 toneladas que se les acordó en el prorrateo, como propietarios del ingenio Santa Ana, amalgamado con el de Lules de Hileret, obligándosele así a pagar la suma de $ 5306,56 por razón del llamado impuesto adicional de medio centavo por kilo, en violación del principio de la no retroactividad de las leyes, consagrado por el Cód. Civil.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la provincia demandada pide el rechazo de la demanda, con costas, aduciendo entre otros fundamentos:</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la ley de que se trata no constituye lo que, en la acepción técnica se conoce como ley fiscal de impuestos, atentas las causas que le han dado origen y los fines inmediatos que persigue, pues no ha sido dictada para proporcionar al fisco medios de vida o para atender exigencias ordinarias de la marcha administrativa, ni urgencias fiscales extraordinarias, sino con propósitos de bienestar común, orden, seguridad y progreso social, en razón de que, no habiendo aumentado el consumo del azúcar en la República, era de preverse que en mayo del corriente año habría en plaza un excedente de 50.000 toneladas, que reduciría el precio a pesos 1 el kilo, y causaría la ruina de la industria, con grandes trastornos de carácter local y nacional.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que habiendo fracasado los arreglos que se intentaron para impedir la superproducción, se hizo indispensable la sanción de la ley de que se trata, que condensa la opinión previamente manifestada de ochenta por ciento de los industriales, de todas las localidades de la República donde existen intereses conexos con la principal fuente de riqueza de la provincia de Tucumán.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que el prorrateo de que habla la demanda fue proyectado por todos los industriales y aceptado implícitamente por Hileret, según consta a fs. 92 y 105 del folleto que se acompaña.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la ley ha logrado sus objetos valorizando los azúcares, como lo demuestran las mismas ventas hechas por los actores, a 1,80 y 2 pesos en el mes de junio y en julio a pesos 2,50 en el Rosario, lo que equivale a más de 2,30 en Tucumán.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que la ley referida, por las circunstancias en que se dictó, tiene el carácter de ley de orden público que no se propuso amparar intereses privados, sino los de la comunidad en sus relaciones de conjunto.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que aun en el supuesto de que se tratara de una ley de impuestos, ella estaría de acuerdo con las nacionales que han acordado primas a la exportación del azúcar, a fin de evitar los efectos de la superproducción.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que el impuesto no es, por otra parte, contrario al art. 10 de la Const. Nacional, porque recae sobre la producción total del azúcar en la provincia de Tucumán, en un año determinado, tomándose el acto de expendio que esteriliza esa producción como base para hacerla efectiva, sin aplicarse a la circulación territorial, a azúcar importada o a actos de exportación, o con motivo de ellos.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que no hay limitación a la industria porque la ley no prohíbe la producción del azúcar.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que las declaraciones y garantías enumeradas en el título preliminar de la Constitución, no establecen restricciones al gobierno local, sino en tanto que hagan parte de las expresamente impuestas a éste.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que, por otra parte, el impuesto no exonera a ningún contribuyente y reviste los caracteres de igualdad equitativa y proporcional que exigen los arts. 4° y 67 de la Const. Nacional…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Considerando: 1. Que, según se ha visto por los términos de la litis contestación, la ley de 14/06/1902 que grava la producción total de azúcar en la provincia de Tucumán con los impuestos de medio centavo y 40 centavos el kilo, es impugnada por los actores de inconstitucional y nula como repugnante a los arts. 10, 14 y 16 de la Constitución Nacional y como violatoria también de la ley civil, en cuanto autoriza el cobro, con efecto retroactivo, de los impuestos percibidos, en su mérito, por el gobierno de la provincia, y cuya devolución se le demanda por aquéllos.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que, a su vez, el apoderado de la provincia sostiene la constitucionalidad y validez de esa ley, estudiándola bajo su doble faz económica y jurídica.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Considerándola del primero de estos puntos de vista, ha dicho, con el intento de prestigiarla ante esta Suprema Corte, que ella ha salvado la industria azucarera de Tucumán, del derrumbe y ruina seguros con que la amenaza la superproducción del art. en relación a su consumo en la República, y que ha salvado también los grandes y vitales intereses de la provincia de Tucumán y de otras provincias, ligados al desarrollo y conservación de tan importante industria, no habiendo causado perjuicio alguno a los actores, tanto por haber estado conformes con el prorrateo que se les adjudicó en ella, como porque fueron grandemente beneficiados con la suba del precio que adquirieron los azúcares en el mercado por efecto de la ley.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">En cuanto a la faz jurídica de ésta, el apoderado de la provincia ha defendido su constitucionalidad alegando que ella no ataca ninguno de los derechos consagrados por los arts. de la Constitución que se citan de contrario, y que ha sido dictada con estricta sujeción a las facultades reservadas por la misma Constitución Nacional a los gobiernos de provincia, no siendo cierto que esté prohibido a las provincias dar efecto retroactivo a las leyes de orden público, como es la que grava con impuestos los azúcares de la provincia.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">2. Que expuesta así en su más breve síntesis la cuestión propuesta a la resolución de esta Suprema Corte, procede observar ante todo, que no corresponde a las facultades de que está investido este tribunal, apreciar la ley de que se trata bajo la faz económica, para declarar si debe o no, subsistir por haber consultado y favorecido o no, la gran masa de intereses industriales, comerciales, financieros y sociales que se dicen afectados por la industria azucarera, dentro y fuera de la provincia, pues ésta es cuestión del resorte exclusivo de los poderes públicos de la provincia, siendo a la vez incontestable, que sólo ha podido ser traída esa ley al conocimiento de la Suprema Corte, buscando la solución de la cuestión jurídica o sea de la conformidad o disconformidad de aquélla con los arts. de la Constitución Nacional que se han alegado para tacharla de nula.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">3. Que esto, no obstante, y por lo que puede convenir a la más exacta apreciación del fallo que va a pronunciar esta Suprema Corte, sobre la faz jurídica de la cuestión propuesta, el que se conozca a la vez, su opinión respecto a la faz económica de la ley, ya que el apoderado de la provincia tanto se ha empeñado en propiciarla, encomiando, en su escrito de contestación los grandes beneficios que de su sanción reportarían los intereses públicos de la provincia y de la Nación, cumple a los deberes de este tribunal, declarar que no ha hallado en autos acreditada la verdad tan preconizada de esta tesis, antes bien, ha encontrado en ellos elementos suficientes para formar un juicio contrario, a falta de prueba que determine el costo de producción y en su consecuencia el precio mínimo de venta que podría mantener en condiciones remunerativas la expresada industria.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Ha obrado muy especialmente en su ánimo para esto, el hecho reconocido por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán en su mensaje a la Legislatura y confirmado por su apoderado en estos autos, de que el objeto de la ley era limitar la producción del azúcar en la provincia hasta la cantidad de 71.500 toneladas, que ella establece para el prorrateo entre los fabricantes, impidiendo así para el expendio dentro de la República con el impuesto de 40 centavos el kilo, la superproducción del art. en cantidad de 50.000 toneladas, que se calculaba daría, sobre las necesidades del consumo, la cosecha de 1902, hecho que viene sin duda, a demostrar claramente, que esa ley no ha podido ser benéfica para los intereses públicos que se pretende consultaba y favorecía desde que su efecto inmediato tenía que ser el sustraer de la explotación de la industria azucarera, que se dice daba ocupación a un número de setenta a ochenta mil obreros, una tercera parte cuando menos de este número, por ser la proporción que corresponde a la reducción de la totalidad de su producción.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Puede también decirse, que ella ha privado y perjudicado al comercio de Tucumán y de las provincias vecinas del que hacían con ocasión del desarrollo que aquélla tenía y en la medida que la considerable porción en que lo ha hecho imposible con el impuesto de 40 centavos el kilo de azúcar; ha perjudicado del mismo modo los transportes por los ferrocarriles con la supresión de miles de toneladas de carga que representa la superproducción cohibida de dicho art., y finalmente, lo que es más grave aún, ha perjudicado a los millares de consumidores que tienen en la República el azúcar como art. de primera necesidad, haciéndoles pagar casi el ciento por ciento del precio que tenía antes de dictarse la ley como resulta probado por la suba de valor que, reconoce el apoderado de la provincia, adquirió dicho art. con motivo de la sanción de la ley realizándose así el sacrificio de la casi totalidad de los habitantes de la Nación en beneficio de una veintena de fabricantes, ya tan favorecidos por el gobierno de la Nación con primas a la exportación de dicho producto y especialmente con altos derechos a la importación de los similares extranjeros.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que por último, es de tener muy presente, que si esta valiosa protección del gobierno de la Nación para la industria azucarera de la República, no hubiese sido suficiente todavía para conjurar la crisis y la ruina de que se dice estaban amenazados los fabricantes de azúcar en la provincia de Tucumán, con motivo de la superproducción de este art. en 1902, siempre sería cierto que la culpa de ello la tendrían dichos industriales por haberse equivocado, haciendo cálculos que no respondían a sus expectativas de un lucro munificente, como ordinariamente sucede en la vida de los negocios, sin que por esto sea justo de modo alguno que los que ninguna parte han tenido en el error, o culpa de los especuladores, hayan sin embargo, de satisfacer, con sacrificio de sus intereses y a título de bien público, no ya las pérdidas que hubiesen de sufrir estos comerciantes, lo que es ya mucho decir, sino lo que es peor, precios de ciento por ciento que les aseguren por la mercadería, positiva utilidad, a costa de todas las clases sociales de la Nación, como ha sucedido por efecto del prorrateo de la producción de azúcar prescripto en la ley de que se trata, según lo ha sostenido el apoderado de la provincia, calificando el prorrateo de razonable, útil o equitativo, o mejor dicho, de paternal, no obstante que alguno de los comprendidos en él, consideren haber sido tratados inequitativamente en la distribución de sus beneficios por el gobierno de aquella provincia.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que no puede, por consiguiente, esta Suprema Corte, mirar con favor esa ley bajo su faz económica, sin más razón que haberse tratado de convencerla sobre la excelencia e importancia de la industria azucarera de Tucumán, que nadie discute, y de los grandes bienes que de su desarrollo ha reportado esa provincia y la Nación; y por haberse insistido en la ruina del comercio y riqueza de ambas, si no se sancionaba dicha ley; sin cuidarse sus defensores de demostrar siquiera que hubiera llegado el caso de haber perdido los industriales, capital y no utilidades, con la superproducción mencionada…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">7. Que ello, no obstante el gravamen impuesto a dicha producción en el mundo y forma que lo hace la ley de Tucumán, es manifiestamente contrario a los arts. 14 y 16 de la Constitución. Nacional.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Para demostrarlo, conviene tener presente las disposiciones de aquella ley y de los arts. citados.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">La ley grava la producción total de azúcar de la provincia, estableciendo medio centavo de impuesto por kilo de este art. hasta la cantidad de 71.500 toneladas, y 40 centavos el kilo por el expendio de la que pase de este número de toneladas, que ha prorrateado la ley entre cada una de las fábricas que se nombran en ella.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">El art. 14 de la Constitución declara que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, etcétera.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">El art. 16 contiene estas declaraciones: Todos los habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Ahora bien, siendo cierto y de incontestable verdad, que el impuesto de 40 centavos por kilo con que se ha gravado toda la producción de azúcar excedente de la cantidad de toneladas prorrateada en la ley, ha hecho imposible en condiciones comerciales el ejercicio en Tucumán de la industria azucarera, así como el expendio del producto de la misma en toda la República, fuera del límite del prorrateo establecido, desde que el precio del kilo de azúcar no ha llegado, antes ni después de la sanción de la ley, al valor de la tasa de 40 centavos del impuesto, como lo ha reconocido el apoderado de la provincia y desde que ningún industrial puede razonablemente atreverse a fabricar azúcar y expenderla dentro de la Nación, para pagar al gobierno de Tucumán mucho más del valor que tiene en el mercado.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que, por lo tanto, es de toda evidencia que la ley de Tucumán, en la parte que prohíbe con el impuesto de 40 centavos por kilo, el expendio dentro de la República, del azúcar que se fabrica en los ingenios de esa provincia, fuera del límite de toneladas que ella prescribe, es claramente inconstitucional, como contraria a la franquicia acordada a todos los habitantes de la República por el art. 14 de la Constitución, de trabajar y ejercer toda industria lícita, como de comerciar.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">8. Que no puede con éxito oponerse a la verdad de esta conclusión el argumento que se hace, diciendo, que si el art. 14 de la Constitución acuerda estos derechos, es conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de cuya cláusula se pretende derivar para la provincia de Tucumán, la facultad de limitar y de prohibir, según lo tenga a bien, en ocasiones dadas, el ejercicio de esos derechos; pero esto seguramente no es exacto, ni conciliable con la prescripción del art. 28 de la Constitución, que declara: que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los arts. anteriores (entran en esta designación los arts. 14 y 16) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio”.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que en presencia de esta terminante disposición de la Constitución ¿como puede ser de modo alguno correcto, que si no es posible tanto a los poderes nacionales, como a los de las provincias, que tienen que dictar sus Constituciones de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional (art. 5° de ella) alterar estos principios, garantías y derechos, con leyes que reglamenten su ejercicio, ha de serles permitido prohibir y extinguir parcialmente que sea con leyes reglamentarias, el ejercicio de esos mismos derechos?</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Porque es evidente que si una ley de carácter reglamentario no puede ni debe constitucionalmente alterar el derecho que está llamada a reglamentar, es porque debe conservar incólume y en su integridad ese derecho, lo que vale decir, que no debe ni puede degradarlo y mucho menos extinguirlo en todo o en parte; ningún otro que éste puede ser el alcance que los constituyentes han querido dar al art. constitucional de que se trata…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que no se justifica la tesis contraria que sostiene el apoderado de la provincia, alegando, como lo hace a fs. 84, que si las provincias tienen la facultad de imponer contribuciones, como es indispensable que la tienen, no existe ley alguna que limite su ejercicio en lo referente a la importancia pecuniaria, siendo el interés, sabiduría y justicia del cuerpo legislativo y sus relaciones con los electores, la única seguridad contra los abusos del poder discrecional que derivan las provincias de su autonomía económica, según Desty.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que es de observar que la verdad de esta doctrina no es absoluta en el sentido en que se la expone, pretendiendo consagrar por su medio la soberanía ilimitada de las autonomías provinciales en materia de impuestos, porque con tal alcance ella es una doctrina falsa, no siendo, como no es cierto que, en el régimen constitucional que ha adoptado la Nación Argentina, sea lícito a las provincias, a título de autonomía económica, o de gobierno propio, emanciparse de las restricciones y trabas que la misma Constitución Nacional ha impuesto al poder constitucional y legislativo de aquéllas, cuando por el art. 5° ha establecido que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”, y cuando por el art. 31 declara que: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, etc., son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales”.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que estas prescripciones sirven indudablemente a demostrar que las autonomías económicas, o de cualquier otro género del gobierno propio de las provincias, no autoriza a dar a sus leyes de impuestos, ni de otra cualquier clase, la virtud de sustraerlas del legítimo control del Poder Judicial de la Nación, para que éste no declare si son o no constitucionales y válidas, toda vez que se haga un caso judicial, impugnándolas por haber atentado y herido con ellas un derecho o garantía consagrados por la Constitución, aun cuando, por otra parte, sea también cierto que el Poder Judicial de la Nación nada tenga que ver con la conveniencia y justicia de esas leyes, ni con la mayor o menor exorbitancia de la tasa de un impuesto, si se trata de una ley de este género, siempre que con tales leyes no se vulneren ni destruyan principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, porque en tal caso es, sin duda, verdad que el único remedio contra los abusos del Poder Legislativo, que puede ejercitarse discrecionalmente, dentro de ese límite, es, según la doctrina expuesta, el interés, sabiduría y justicia del cuerpo legislativo y sus relaciones con los electores.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">10. Que no se justifica tampoco la tesis que sostiene la defensa de la provincia, diciendo a fs. 83 vta., que la cuota de 40 centavos, por ser superior al valor del art. impuesto, no es un hecho inductivo de la inconstitucionalidad de la ley, porque existen, desde muchos años, en el país, varios impuestos cuya cuota excede el valor del producto, sin que a nadie se le haya ocurrido decir de inconstitucionalidad por esa causa, y se cita el ejemplo de la Nación que viene gravando y grava hoy mismo la producción de alcoholes y la fabricación de licores con sumas muy superiores a su valor, sin que por ello dejen de producirse esos arts. ni las industrias pierdan su libertad.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que para desvanecer la fuerza, más aparente que real de este argumento, basta observar que, por muy superiores que sean al costo de producción de los alcoholes y licores que se fabrican en el país, los impuestos con que los grava la Nación, y aunque deba decirse lo mismo de los derechos con que también grava, en las aduanas, la importación de mercaderías extranjeras con relación a su valor de costo, es evidente que esos impuestos, por la circunstancia de ser iguales y no diferenciales, para todos los alcoholes y clases de licores que se fabrican en el país, lo mismo que los derechos que gravan las diferentes clases de mercaderías que se introducen del extranjero, no matan por ello ni hacen imposible la industria ni el comercio de esos productos y mercaderías, razón porque no se ha dicho ni pueden impugnarse de atentatorias a los derechos y garantías que acuerdan los arts. 14 y 16 de la Constitución las leyes al establecer dichos impuestos; lo que no sucede con el impuesto de 40 centavos por kilo con que la ley tucumana grava el expendio de azúcar que se realice más allá del límite de 71.500 toneladas, fijado en la ley, impuesto prohibitivo de la producción y comercio del art. fuera de dicho límite dentro del país, según ya se ha demostrado, y atentatorio, por consiguiente, a la garantía del art. 14 de la Constitución.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">11. Que, finalmente, son de manifiesta inconsistencia los argumentos que se hacen en favor de la ley, alegando a fs. 81 vta., que ella no limita con el impuesto de 40 centavos la producción; que el impuesto y la prohibición no son sinónimos; que ésta es excluyente de aquél; que la ley no ha distinguido en el destino de los azúcares gravados; cualquiera que sea su destino, la cuota debe pagarse; tanto la que satisface medio centavo como la que paga 40 centavos, puede aplicarse al consumo interno.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Y luego se agrega: “Si alguna distinción puede desentrañarse de sus preceptos, ella no es otra que la que comporta un decidido espíritu de protección. En este espíritu ofrece la devolución de 39 1/2 centavos al contribuyente que compruebe haber exportado el producto gravado con 40 centavos. Esta exportación, estimulada, premiada, pero no obligatoria. No hay, entonces, un límite al consumo interno. La libertad de los fabricantes es plena: no tiene más límites que su propio interés”.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que para contestar lo primero, basta observar que no es explicable, ni se comprenderá jamás, cómo el impuesto de 40 centavos que se ha reconocido que es en mucho superior al valor que tiene, en el mercado, el art. gravado con él, no haya de importar prohibición absoluta de producirlo, si es que ha de considerarse a los industriales a quienes se impone ese gravamen, hombres en su sano juicio que no han de querer producir para perder mucho más que el valor del art., destinándolo al consumo interno.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que respecto de lo otro, o sea de la prima de 40 centavos, que la ley ofrece como estímulo para fomentar la producción de azúcar a los que prueben haber exportado el art. al exterior, teniendo, como debe tenerse presente, que es un hecho de pública notoriedad, que a ningún industrial o fabricante le conviene exportar el art. al extranjero, fuera de la limitada cantidad favorecida con prima por el gobierno de la Nación, nadie podrá explicarse tampoco que la liberalidad del gobierno de Tucumán, acordando aquella prima y favoreciendo por tal medio la libertad de la industria azucarera, sea otra cosa que una imitación ilusoria de la prima del gobierno nacional, el cual realmente vuelve al exportador un valor que éste le ha pagado por azúcar ya expendida para el consumo interno; mientras que el gobierno de Tucumán pretende regalar como prima un valor que no ha salido del bolsillo del industrial, ni puede salir por razón de un expendio imposible del art. dentro del país, sucediendo así, que por el hecho de darle el nombre de prima a ese valor de 39 1/2 centavos, en nada absolutamente se beneficia al industrial de Tucumán ni le asegura, por tal medio, la menor libertad de industria.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">12. Que la ley de Tucumán es también atentatoria del art. 16 de la Constitución, lo demuestra el hecho de que por esa ley se adopta como base, para que cada industrial o fabricante de azúcar de los ingenios que menciona, pague el impuesto de medio centavo por kilo, el desigual número de toneladas de azúcar que adjudica a cada uno de ellos en el prorrateo que hace al efecto de las 71.500 toneladas de producción; y ciertamente que no se necesita más que la incontestable verdad de tal hecho para que en su mérito quede viciada la ley con la tacha de inconstitucionalidad, desde que es imposible armonizar ni encuadrar su disposición en las declaraciones que contiene el art. 16 de la Constitución, cuando prescribe que: “todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley”, y muy especialmente que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, porque en verdad no hay la posibilidad de convencer a nadie de que la manifiesta desigualdad del número de toneladas que fija la ley y sirve de base para el cobro del impuesto de medio centavo por kilo a cada industrial de Tucumán, sea “la igualdad, base del impuesto y de las cargas públicas”, de que habla y prescribe el art. constitucional citado.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que tienen que ser vanos todos los esfuerzos que se hagan para demostrar que la ley de azúcares de Tucumán no ha quebrantado las declaraciones del art. 16 de la Constitución, cuando ordena por su art. 1° que los dueños (por ejemplo) de los ingenios San José, Invernada, Esperanza, Santa Ana y Lules, y Compañía Azucarera Tucumana, paguen, respectivamente, medio centavo de impuesto por kilo de azúcar: el primero por la cantidad de 735 toneladas; el segundo por 775; el tercero por 3375; el cuarto, Hileret y Rodríguez, por 8250, y el quinto por 20.000 toneladas; y que paguen, tanto éstos como los demás ingenios del prorrateo, 40 centavos el kilo por toda la cantidad que expendan de más del prorrateo establecido en dicho art.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Y bien, ante estas disposiciones de esa ley ¿podrá sostenerse con verdad y justicia que se han cumplido las declaraciones del art. 16 de la Constitución, cuando en virtud de aquéllas, a unos se les obliga a pagar 40 centavos de impuesto por kilo sobre el expendio de las cantidades que excedan del límite del prorrateo, mientras a otros se les exonera del pago de ese mismo impuesto por esas cantidades, limitando para ellos el impuesto a medio centavo por kilo?</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">¿Es esto hacer efectivos, en dicha ley, los principios consagrados por el art. 16 de la Constitución de que “todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”?</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Que para contestar negativamente estas interrogaciones, no se necesita, en verdad, la ciencia del derecho, pues para nadie puede ser admisible que sean de igual condición ante la ley tucumana los industriales que pagan a razón de 40 centavos el kilo de azúcar por el expendio de este art. sobre 735 toneladas y sobre 1250 íd., que los que sólo pagan medio centavo de impuesto por kilo hasta las cantidades del referido prorrateo, y de 20.000 toneladas como sucede a la Compañía Azucarera Tucumana, ni que pueda, en el mismo caso, aceptarse por igualdad, que es la base del impuesto, según la Constitución, la del prorrateo establecido por aquella ley, y que sirve de base al cobro de los impuestos, cuyo pago ha ordenado…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">15. Que hay error en atribuir a las declaraciones y garantías contenidas en la 1ª parte, cap. único de la Constitución, el alcance de restricciones tan sólo a los poderes públicos nacionales, bajo la influencia de teorías y precedentes que no están en armonía con las fuentes inmediatas de la ley fundamental con algunas disposiciones peculiares de ella, con las necesidades y anhelos de la época en que se dictó y con la inteligencia que se le ha dado en “documentos históricos y numerosos fallos. Omitiendo, en efecto, otros, bastaría recordar a este respecto el informe de la comisión encargada de formular un proyecto de Constitución en la primera Convención Nacional de Santa Fe”. La comisión, se dice en ese informe, se ha preocupado especialmente de la resolución de ese problema ¿cómo hacer para que el gobierno federal proporcione a la Nación respeto y reputación exterior, paz interna y desenvolvimiento del comercio, de la industria y la población? La comisión ha creído resolverlo por los medios consagrados en las declaraciones y garantías. Nuestra situación es dolorosa por retrógrada. Es preciso que la práctica del régimen constitucional a que aspiramos, dé cuando menos para nuestros sucesores, seguridad a la vida y propiedades, medios de trabajo, precio a nuestras tierras y productos y facilidades para comerciar con los pueblos extranjeros de cuyos artefactos y ciencias carecemos… Por último, el proyecto que la comisión tiene la honra de someter a examen de V.H. no es obra exclusivamente de ella. Es la obra del pensamiento argentino manifestado por sus publicistas… (Congreso General Constituyente de Santa Fe. Sesión de 18/04/1853).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">16. Que entre estos publicistas estaba el doctor Alberdi (sesión de 23/4/1853) en cuyo proyecto de Constitución se encuentran los arts. 16 y 19 bajo el nombre de “Derecho Público Argentino”, no simplemente federal nacional, concordantes con los arts. 14 a 20 de la Constitución de 1853 y de la actual que les da también la calificación de derecho público (art. 27).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">17. Que Alberdi, que tomó en esa parte como modelos de su proyecto las Constituciones de Massachussets y California, o sea de comunidades políticas en que no funcionaban dos Administraciones Públicas independientes (”Bases” XI y XXXVI) entendía que las “garantías privadas del ciudadano y del hombre, son las mismas en la provincia que en la Nación: toda autoridad local o general les debe igual amparo y protección”, sosteniendo a la vez, la conveniencia de celebrar tratados con naciones extranjeras para afianzar más esas garantías. “Bases”, § XV, “Elementos de Derecho Publico Provincial Argentino”, ed. 1856, p. 252 y 258)…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">19. Que en el art. 5° de la misma Constitución está dispuesto que las provincias dictan sus Constituciones locales bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la primera, y ante esta prescripción, ni sería explicable un derecho público provincial del resorte exclusivo del pueblo y autoridades locales, ni es posible admitir que el art. carezca de la necesaria sanción, mediante la intervención del Poder Judicial federal, ya en la forma establecida por los arts. 14 de la ley 48 y 6° de la ley 4055, ya directa o inmediatamente (art. 3°, ley 27; arts. 1°, 2° y 21, ley 48; arts. 1°, 2°, 16 y 27, ley 4055. Fallos 33:194 y otros).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">20. Que la misma procedencia objetada del recurso ante esta Corte contra las resoluciones de los tribunales locales en los juicios de su competencia, que se pretendan contrarios a la Constitución, implica necesariamente la fuerza obligatoria de las garantías para todos los poderes públicos del país, cualquiera que sea su origen.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">21. Que no es tampoco el presente un caso legítimo de reglamentación del comercio interno, tendiente a proteger derechos de terceros o de la comunidad, visto que no hay ni se alega que haya en la elaboración del azúcar o en la forma de llevarla a cabo, nada contrario al buen orden, moralidad, higiene y bienestar de la provincia (Fallos 9:277), siendo manifiesto, lejos de ello, que esa elaboración constituye el ejercicio de una industria lícita, así conceptuada por la misma provincia y por la Nación, que la cuenta entre las fuentes internas de sus rentas y que ha dictado diversas medidas para su desarrollo en la República, favoreciéndola con primas y derechos protectores de aduana…</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">23. Que si para evitar la baja del precio de un art. en el mercado u otro fin que no sea de aquellos que se mencionan en el consid. 21, fueran admisibles medidas de la naturaleza de la adoptada por la provincia de Tucumán, no habría industria alguna de las que permite y ampara la ley fundamental, que no pudiera ser coartada o impedida transitoria o indefinidamente, ni monopolio que no pudiera justificarse, no obstante que en el sistema económico de la Constitución sólo son legítimos los privilegios temporales en ciertos casos y las recompensas de estímulo, como una consecuencia necesaria del principio de igualdad ante la ley y del propósito primordial de desenvolver los elementos de progreso del país (arts. 16, 17, 24 y 67, inc. 16, Constitución Nacional).</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">24. Que, finalmente, la reglamentación de la ley tucumana, fijando, como ha fijado a cada ingenio de la provincia, la cantidad de azúcar que ha de producir, bajo la pena de pagar por el exceso un impuesto que representa algo más que la confiscación misma de ese exceso, puesto que se obliga al industrial a pagar un valor mayor que el que tiene en el mercado, no puede, en manera alguna, ser considerada por esta Suprema Corte como ajustada y conforme, no solamente a las prescripciones de los arts. 16 y 14 de la Constitución, sino a ninguno de los principios de libertad y de gobierno que consagra este Cód., debiendo consignar aquí lo que, con profunda verdad, ha sido observado: Que si fuese aceptable la reglamentación impuesta al azúcar, pudría hacerse extensiva a toda la actividad industrial, y la vida económica de la Nación, con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de Legislaturas o Congresos que usurparían, por ingeniosos reglamentos, todos los derechos individuales. Los gobiernos se considerarían facultados para fijar al viñatero la cantidad de uva que le es lícito producir; al agricultor la de cereales; al ganadero la de sus productos; y así hasta caer en un comunismo de Estado en que los gobiernos serían los regentes de la industria y del comercio, y los árbitros del capital y de la propiedad privada.</span></div><div style="color: black; margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Por estos fundamentos, se declara que la ley de la provincia de Tucumán, promulgada el 14/6/02, creando un impuesto adicional de medio centavo y 40 centavos, respectivamente, según el prorrateo que la misma establece sobre la producción de azúcar correspondiente a la cosecha de 1902, es violatoria de los arts. 14 y 16 de la Constitución Nacional, y que, en consecuencia, dicha provincia debe devolver a los demandantes Hileret y Rodríguez, dentro de diez días, con sus intereses a estilo de Banco, contados desde la presentación de la demanda, la cantidad de $ m/n 57.487,25, que percibió en virtud de dicha ley; sin especial condenación en costas, atenta la naturaleza de la causa. - Abel Bazán. - Octavio Bunge. . - Nicanor G. del Solar. - M. P. Daract.- A. Bermejo.</span></div><div class="MsoNormal" style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-51282988843212301352011-05-13T21:02:00.000-07:002011-05-13T21:02:06.331-07:00Evolución de la Jurisprudencia Argentina en Materia de Inmunidad de Jurisdicción de los Estados Extranjeros ( texto de Silvina S. González Napolitano)<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoTitle" style="margin-left: -9.0pt; text-indent: 9.0pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-variant: small-caps;">Evolución de la Jurisprudencia Argentina en Materia de Inmunidad de Jurisdicción de los Estados Extranjeros</span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Silvina S. González Napolitano</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX;">I. INTRODUCCIÓN</span></b></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-font-weight: bold;">En 1995 entró en vigor la Ley 24.488<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[1]</span></span></span></span></a> que regula los alcances del principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros que son demandados ante los tribunales argentinos.</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX; mso-bidi-font-weight: bold;">La mencionada ley recoge la moderna práctica internacional en la materia, que distingue entre “actos de imperio” y “actos de gestión”, manteniendo la inmunidad sólo para los primeros y consagrando lo que ha sido denominado como “teoría de la inmunidad restringida” o “relativa”. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-MX" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-MX;">Antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, resultaba de exclusiva aplicación el artículo 24 d</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">el Decreto-Ley 1285/58<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[2]</span></span></span></span></a>, que en su inciso 1° dispone: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 35.45pt; margin-top: 0cm; tab-stops: 504.0pt; text-align: justify; text-indent: .55pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">“<i>La Corte Suprema</i><i> de Justicia conocerá: 1) Originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos que versen entre una provincia y un Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público.</i></span></div><div class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 35.45pt; margin-top: 0cm; text-indent: 0cm;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio.</span></i></div><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 35.45pt; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero con respecto al cual se ha hecho tal declaración queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad cuando el país extranjero modifique sus normas al efecto</span></i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[3]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div><div class="MsoBodyText"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Ley 24.488 parte, en su artículo 1°, del reconocimiento del principio de inmunidad de jurisdicción<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[4]</span></span></span></span></a>, para luego consagrar, en el artículo 2°, diversas excepciones<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[5]</span></span></span></span></a>, muchas de las cuales ya habían sido objeto de tratamiento y discusión en diversos litigios resueltos por los tribunales argentinos. <span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el análisis de la jurisprudencia argentina, podemos visualizar dos grandes etapas. Sin duda el paso de la primera hacia la segunda esta dada por el caso “<i>Manauta, Juan José y otros</i> c/ <i>Embajada de la Federación Rusa</i>”, resuelto el 22 de diciembre de 1994, que marca un quiebre en la aplicación de la tesis de la inmunidad absoluta, por lo menos de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que muchos tribunales inferiores habían rechazado la inmunidad de jurisdicción en casos en donde el Estado extranjero actuaba como persona de derecho privado, realizando “actos de gestión”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En efecto, hasta 1994, salvo algún caso aislado, la Corte Suprema había convalidado la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros sin importar la naturaleza de los actos por ellos realizados que fueran cuestionados ante la Justicia argentina por los particulares demandantes. A partir de 1994, no sólo quedó consagrada la teoría de la inmunidad “relativa” como norma consuetudinaria de aplicación para nuestro país, sino que se confirman ciertas reglas para resolver problemas que se planten en torno al instituto de la inmunidad de jurisdicción. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A partir de la sanción y promulgación de la Ley 24.488, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de interpretar varios de los supuestos contemplados en su artículo 2°, definiendo su alcance y aplicándolos o desechándolos en las situaciones concretas que se le presentaron. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Resulta interesante, asimismo, analizar algunos casos en donde las partes litigantes pretendieron aplicar la jurisprudencia y la legislación actual argentina en materia de inmunidad “de jurisdicción” del Estado extranjero tanto a supuestos de inmunidad “de ejecución” como a situaciones que involucraban la inmunidad de jurisdicción de otros entes, tales como los “organismos internacionales”.</span></div><h1><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> </span></h1><h1><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif";">II</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">. JURISPRUDENCIA ARGENTINA ANTERIOR AL CASO “MANAUTA”</span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Dentro de la etapa anterior al caso “Manauta”, hemos seleccionado los siguientes casos:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">1) ZUBIABURRE, JOSÉ c/ EMBAJADA DE BOLIVIA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (CSJN, 8 de junio de 1899)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[6]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Aquí nuestro máximo tribunal determinó que no correspondía a la jurisdicción originaria de la Corte la demanda contra un Estado extranjero.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">2) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">BAIMA Y BESSOLINO c/ GOBIERNO DEL PARAGUAY </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 1916)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[7]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Se trataba de una demanda por desalojo de un local de Embajada. La Corte Suprema decidió que n</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">o correspondía a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema el conocimiento de una demanda entablada por un particular contra un gobierno extranjero. Cabe aclarar que la demanda estaba dirigida contra el Estado y no contra un embajador, por lo que el caso encuadraba en el ex artículo 100 de la Constitución Nacional<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[8]</span></span></span></span></a> y no en el entonces artículo 101<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[9]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">3) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">FISCO NACIONAL c/ MONEZ CAZÓN, RODOLFO Y OTRO</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (CSJN, 28 de diciembre de 1916)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[10]</span></span></span></span></a><span style="color: blue;">: </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">En este caso uno de los demandados era un representante diplomático del Paraguay, quien había sido citado por intermedio del P.E.N. La Corte entendió que la citación de evicción no implicaba traer a juicio al Gobierno del Paraguay sino facilitarle los medios de defender el título del demandado. Según la Corte, era facultativo para el citado comparecer o no; por lo tanto, como no era obligatorio, no se afectaba la soberanía del Estado extranjero.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">4) ROMAY, ANTONIO c/ ROYAL COMMISSION ON WHEAT SUPPLIES </span></b><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">(CSJN, 14 de noviembre de 1921)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[11]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US" style="color: blue; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">En este asunto el actor demandaba a la “Real Comisión para la Provisión de Trigo” –una agencia del Gobierno inglés– por rescisión de contrato e indemnización. La demandada declinó la jurisdicción del juez de comercio de la Capital Federal, sosteniendo que correspondía a la Justicia Federal. Esta excepción fue desechada tanto en primera como en segunda instancia, motivo por el cual se interpuso recurso extraordinario. Como el actor era español, la Corte Suprema entendió que no correspondía la jurisdicción federal, puesto que estaría excluida para pleitos entre dos partes extranjeras. La jurisdicción federal sólo correspondía cuando un extranjero litigaba con ciudadanos argentinos. Sin embargo, la Corte puntualizó “<i>que ha quedado reconocido el carácter de persona jurídica extranjera de la demandada y, con ella, su capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, lo que importa que puede ser llevada a juicio por acciones civiles y que sea o no departamento oficial de los gobiernos extranjeros para la adquisición de trigo argentino, es secundario, desde que <b>obra no en el carácter de Estado “jure imperii” en ejercicio de su soberanía política, sino de Estado “jure gestionis” en ejercicio de su carácter administrativo</b></i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[12]</span></span></span></span></a>. <span style="color: blue;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">5) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">IBARRA Y CIA. c/ CAPITÁN DEL VAPOR ESPAÑOL IBAÍ (GOBIERNO DE ESPAÑA) </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 1937)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[13]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Si bien los incisos 9 y 10 del artículo 2° de la Ley 48 podían ser invocados para justificar la competencia federal con respecto a la acción reivindicatoria deducida contra el capitán de un barco, según la Corte Suprema no ocurría lo mismo cuando el autor dirigía su acción contra el Gobierno de una nación extranjera que, por intermedio de su embajador, expresaba que no deseaba ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de la República.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">6) TOWNSHEND DE BRIOCHETTO, MURIEL OLGA c/ OFICINA DEPARTAMENTO COMERCIAL DEL CANADÁ</span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> (CSJN, 21 de noviembre de 1949)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[14]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Se trataba de una demanda laboral. Se notificó al Estado extranjero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien manifestó su negativa a someterse a la jurisdicción argentina. La Corte Suprema concluyó que carecía de competencia originaria para entender en la demanda.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText3"><b><span style="color: windowtext; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">7) SUÁREZ DE SOLARES, JUDITH c/ ESTADO DE TURQUÍA s/ DESALOJO </span></b><span style="color: windowtext; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, 30 de noviembre de 1964)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[15]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoBodyText3" style="text-indent: 35.4pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Este asunto concernía a un juicio por desalojo iniciado por un ciudadano argentino respecto de la sede de la Embajada de Turquía. El juez de primera instancia, luego de admitir su competencia y previo a dar curso a la demanda, dispuso solicitar la conformidad del Estado extranjero para ser sometido a juicio a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, atento lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto-Ley 1285/58. La actora apeló.</span></div><div class="MsoBodyText3" style="text-indent: 35.4pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto a la competencia, la Cámara entendió que era correcto que el juez de primera instancia se hubiera declarado competente, pues se trataba de una demanda entre un ciudadano (argentino) y un Estado extranjero, por lo que correspondía su juzgamiento al juez de sección y no era competencia originaria de la Corte Suprema, de acuerdo con la abundante jurisprudencia del máximo tribunal. Sin embargo, según la Cámara, la constitución de un domicilio especial en un contrato de locación de la sede de la embajada de un Estado significaba aceptación de la jurisdicción de los tribunales locales, por lo que no era necesario el requerimiento al embajador para que manifestara la conformidad de su país para ser sometido a juicio por desalojo. La Cámara entendió que resultaba injusto y contrario a la buena fe que una de las partes contratantes por el hecho de ser un Estado extranjero pudiera suprimir o dejar de lado un artículo del convenio, justamente aquel que permitía exigirle ante nuestros tribunales el cumplimiento de sus obligaciones: “<i>Basta pensar en el absurdo que significaría la posibilidad de que un Estado extranjero contratara con ciudadano de este país y que obtuviera de ellos cualquier cantidad de bienes y luego se negara a cumplir sus obligaciones y a someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales. Por ello es que la constitución de un domicilio especial tiene ese carácter de convenio especial acerca de la jurisdicción</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[16]</span></span></span></span></a>. En conclusión, la Cámara resolvió revocar lo actuado en primera instancia respecto de dicho punto.</span></div><div class="MsoBodyText3" style="text-indent: 35.4pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En 1965 el P.E.N. inició acciones para obtener la declaración de inexistencia, nulidad o inconstitucionalidad de esta sentencia dictada por la Cámara –que había sometido a Turquía a la jurisdicción argentina–, por entender que Turquía había gozado de inmunidad de jurisdicción durante el juicio. Sin embargo, dicha pretensión no llegó a ser resuelta porque el proceso finalizó en una transacción<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[17]</span></span></span></span></a>. </span></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">8) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">ROLDÁN, SEGUNDO BLAS c/ EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE VIETNAM DEL SUR s/ COBRO DE PESOS</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (Cámara Nacional del Trabajo, Sala IV, 24 de octubre de 1974)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[18]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">:</span><span style="color: purple; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Se trataba de una demanda por reclamo de indemnización derivada de una relación laboral. </span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">En este caso ya la CSJN había decidido excluirlo de su competencia originaria y exclusiva. El juez de primera instancia también declaró su incompetencia para conocer en el caso. La actora apeló. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La Cámara</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> sostuvo que debía revocarse la decisión de primera instancia por falta de sustento y asumir el Juez la plenitud de su jurisdicción, dándole inmediato traslado de la demanda a la Embajada de Vietnam del Sur. De acuerdo con el dictamen que había efectuado el Procurador General de la Nación, las embajadas extranjeras no revestían el carácter de personas aforadas en el sentido del artículo 24 del Decreto-Ley 1285/58. Por lo tanto, a juicio de la Cámara, no podía restringirse la jurisdicción del Juez Nacional del Trabajo. Tampoco encontró fundamento para que se procediera según el recaudo del mencionado artículo 24, inciso 1, “<i>cuyo objeto no incluye situaciones como la aquí debatida</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[19]</span></span></span></span></a>. Según la Cámara, “<i>las prerrogativas reconocidas por la ley a los ministros diplomáticos extranjeros, las personas que componen la legación y los individuos de su familia ... se refieren en primer término a las que son de incumbencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y en segundo lugar a las cuestiones en las que, por su índole se requiere mantener incólume la independencia del agente diplomático cuya finalidad no es otra que la armonía en las relaciones exteriores de la Nación. Son estos los fundamentos que asisten a la norma arriba citada...”</i>; “<i>una antigua y reiterada doctrina de derecho internacional público, fundó la necesidad de asegurar a las representaciones diplomáticas, su independencia, exigida para el buen desempeño de su cometido, en privilegios inexcusables, pero de suyo tales prerrogativas no implica mantener aquellos que no resulten indispensables para cumplir con su cometido, <b>ya que no tiene razón de ser extender irracionalmente la exención, hasta que se lleve a constituir una suerte de irresponsabilidad más allá de toda inmunidad</b></i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[20]</span></span></span></span></a>. De acuerdo con el <i>Institut de Droit International</i>, “<b><i>no hay exención de jurisdicción cuando el acto incriminado interesa a un nacional del país donde funciona la embajada o legación... no está en tela de juicio el cumplimiento de la misión diplomática, sino el cumplimiento de deberes emergentes de contratos que a su vez cuentan con regulación afianzada por normas revestidas de orden público. Si se reconociese privilegio a la embajada aquí demandada para que la acción quedase supeditada a lo que decida el Gobierno que la envió o que debiese recurrir el actor a los tribunales de la lejana Nación representada, tal modo de obrar importaría una cuasi negativa a un ciudadano argentino de gozar de la tutela de las leyes de su propio país, que además resguardan su prestación laboral</i></b>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[21]</span></span></span></span></a>. En definitiva, no era posible reconocer inmunidad porque en este caso no estaba comprometido el interés internacional, ni el prestigio del país que envió la embajada. Además, según la Cámara, “<i>no puede sentirse menoscabada la República de Vietnam del Sur, porque su embajada sea llamada a juicio y sometida a la jurisdicción laboral, cuando con ello sólo se persigue dar acabado cumplimiento a derechos humanos, que dicho país reconoce a sus nacionales en análogas circunstancias</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[22]</span></span></span></span></a>.</span><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"></span></b></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">9) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">MACLEAN, CARLOS c/ GOBIERNO DE LOS EE.UU.</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (CSJN, 2 de septiembre de 1975)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[23]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">El actor demandaba a los EE.UU. por cobro de la comisión que le correspondía por un contrato de locación de un inmueble. No habiendo sido contestada la demanda, solicitaba se declarara rebelde a la demandada. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo saber que los EE.UU. –por medio de una nota enviada– rehusaban a renunciar a su inmunidad soberana. Por lo tanto, en primera instancia, no se hizo lugar a lo pedido por la actora, quien apeló. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La Cámara Nacional</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo confirmó la sentencia del tribunal inferior: no se dio curso a la demanda sin la conformidad del Estado extranjero, según artículo 24 del Decreto-Ley 1285/58. Reiteró el precedente “Suárez de Solares”. </span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La parte actora consideraba que el precedente jurisprudencial que decía que la elección de un domicilio especial en la República por parte de un Estado extranjero trae aparejada la extensión de su jurisdicción no era aplicable al caso por no haber sido aquél parte en el contrato de locación para cuya celebración intermedió. Sin embargo, esa jurisprudencia había sido invocada por el propio demandante. Además el actor solicitaba la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 1 del mencionado Decreto-Ley.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> consideró que no se habían suministrado argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de dicha norma, la cual tenía su fundamento en el derecho internacional: un Estado no puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro en contra de su voluntad. Destacó que este principio había sido aplicado desde la antigüedad y reiterado por la propia Corte en numerosos casos. Por lo tanto, declaró improcedente el recurso extraordinario interpuesto.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">10) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">GOMEZ, SAMUEL c/ EMBAJADA BRITÁNICA </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 24 de junio de 1976)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[24]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Este asunto se originó por una acción por despido iniciada por el jardinero de la Embajada británica en Buenos Aires. El tribunal de primera instancia requería el allanamiento del Gobierno británico a la jurisdicción argentina en aplicación del artículo 24, inciso 1 del Decreto-Ley 1285/58. El Reino Unido se negaba y por ello no compareció al proceso, invocando inmunidad de jurisdicción, hecho que fuera comunicado a la Justicia por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Aquí uno de los temas de debate era si la inmunidad de jurisdicción debía invocarse por vía judicial o podía hacerse a través del P.E.N. Sin embargo el tribunal decidió llevar adelante la causa siguiendo el criterio sentado en el caso “Roldán”. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La CSJN</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> hizo lugar a la inmunidad de jurisdicción por entender que no se habían aplicado correctamente las disposiciones vigentes ni se había dado cumplimiento a los principios de derecho internacional, los cuales eran de aplicación prioritaria al caso. Consideró que el Decreto-Ley 1285/58 no autorizaba la distinción respecto de la naturaleza de la cuestión y que era procedente la vía utilizada por el Reino Unido para hacer valer la inmunidad de jurisdicción.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">11) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">LÓPEZ, ELSA Y OTRO c/ EMBAJADA DE FRANCIA</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (CSJN, 24 de junio de 1976)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[25]</span></span></span></span></a>:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Este caso concernía a las acciones originadas contra Francia por el despido de dos empleados de limpieza argentinos. La Corte remitió a la solución dada en el caso anterior, resuelto el mismo día (por ser análogos). A diferencia del otro, aquí la Embajada de Francia había contestado subsidiariamente la demanda por si no prosperaba la excepción de incompetencia planteada –lo que efectivamente ocurrió. El tribunal actuante en primera instancia había aplicado la solución dada en los autos “Roldán”. En definitiva, la Corte Suprema admitió la inmunidad de la Embajada de Francia.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">12) PROTEXIN AMERICANA S.A.C.I.F.I. y A. c/ BOULHAROUF, TAIEB </span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(CSJN,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>27 de diciembre de 1979)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[26]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">:</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> </span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En este caso la Corte Suprema decidió que no correspondía que ejerciera su jurisdicción originaria en el supuesto en que el pedido de declaración de inconstitucionalidad, como contrario a la garantía de la defensa en juicio de las normas de la Convención de Viena que consagraban la inmunidad diplomática, no formó parte de los términos de la litis, pese a resultar previsible la negativa del Estado extranjero a prestar conformidad con el sometimiento a la jurisdicción de los tribunales argentinos.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">13) COMPAÑÍA ARENERA DEL RÍO LUJÁN S.A. c/ DE CASTRO, FRANCISCO Y OTROS s/ INDEMNIZACIÓN</span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> (C.S.J.N., 1° de septiembre de 1992)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[27]</span></span></span></span></a>:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Este caso tiene su origen en una demanda de daños y perjuicios entablada por la actora, que era propietaria y armadora del buque de bandera argentina “Pato Bragado”, contra la República Oriental del Uruguay y contra el comandante del buque de la Armada de dicho Estado, Francisco De Castro. La demandante aducía que el buque de su propiedad había sido interceptado, abordado, apresado y conducido a puerto uruguayo por el citado buque de guerra del país vecino, mientras se encontraba operando en aguas argentinas del Río Uruguay. Si bien las autoridades uruguayas en un primer momento adujeron que se encontraría extrayendo materiales del lecho del río en jurisdicción uruguaya, tres años después, los procedimientos judiciales iniciados ante la Justicia uruguaya fueron cancelados, al reconocerse que los cargos eran infundados. Sin embargo, en dichos pronunciamientos se había omitido resarcir los perjuicios materiales y morales sufridos por la actora, quien reclamaba indemnización.<span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por aplicación del artículo 24, inciso 1° del Decreto-Ley 1285/58, se requirió la conformidad del Estado uruguayo para ser sometido a juicio en nuestro país, con resultado negativo, puesto que la representación diplomática del Uruguay hizo saber que no renunciaba a la inmunidad de jurisdicción que gozaba, en virtud de un principio reconocido universalmente. Fundaba asimismo su respuesta en las normas del Tratado de Navegación Comercial Internacional de Montevideo de 1940 y el la Convención de Bruselas de 1926 y su Protocolo Adicional de 1934, señalando que tanto los buques de guerra, como su oficialidad y sus tripulaciones estaba exentos de la jurisdicción de cualquier otro Estado excepto el propio, aunque se encontrasen en aguas jurisdiccionales o internas ajenas y se produjesen reclamaciones por actos pretendidamente realizados en ellas. Asimismo el coaccionado De Castro, invocó la inmunidad de jurisdicción como capitán de navío de guerra uruguayo que había actuado como agente del Estado uruguayo, en ejercicio de actos de servicio. La actora solicitaba se declarase al codemandado De Castro en rebeldía, entendiendo que el criterio dominante en el moderno derecho internacional era que la inmunidad debía limitarse a hechos y actos jurídicos internos de la nave, pero no cuando la acción en sí estaba dirigida en contra de personas del Estado donde se había producido el hecho. Además señalaba que los Tratados de Montevideo determinaban la jurisdicción exclusiva argentina. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Tanto el Juez Federal de Primera Instancia como la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal admitieron la inmunidad de jurisdicción planteada y desestimaron la declaración de rebeldía solicitada al reconocer que en virtud de las normas convencionales citadas por la parte demandada, los buques de guerra extranjeros, las cosas y las personas a su bordo estaban sometidos a la jurisdicción del Estado de su bandera y exentos de todo acto de autoridad por parte del Estado local. Sostuvieron que la demandante debía promover las acciones correspondientes ante la jurisdicción del pabellón del buque de guerra. La actora dedujo recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara, entendiendo que la sentencia era arbitraria ya que no se había tenido en cuenta que los hechos, aunque calificaran de actos de servicio, habían sido ejercidos dentro del territorio soberano argentino. Además sostenía que se negaba validez a tratados internacionales que constituían “suprema legislación”, como el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, que en su artículo 1° determinaba la competencia de los jueces argentinos, entre otras normas convencionales. Por otra parte, esgrimía la inconstitucionalidad del Decreto-Ley 1285/58, tanto por su ilegitimidad de origen (norma emanada del Poder Ejecutivo de facto) como por contradecir tratados vigentes y vulnerar las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de defensa en juicio.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">, compartiendo los argumentos de la Procuración General de la Nación, decidió declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada. Entre los fundamentos, se sostuvo que la doctrina internacional les reconocía a los buques de guerra el carácter de órganos del Estado de su pabellón, carácter que no resultaba alterado por el hecho de que la nave pública se encontrase en aguas nacionales o en aguas territoriales extranjeras, siempre que estuvieran tripuladas y bajo el mando de un comandante responsable al servicio del Estado, tesis consagrada en los tratados internacionales invocados por el Estado uruguayo. La apelante había errado en su enfoque jurídico, puesto que no se trataba de un problema de competencia<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>para aplicar el artículo 1° del Tratado de Montevideo, sino del beneficio de la inmunidad de jurisdicción de un integrante de la fuerza armada de un país extranjero, con motivo de la ejecución de un acto de servicio. Por ello, se hace la siguiente distinción: los magistrados argentinos no se habían declarado incompetentes, sino que habían admitido la inmunidad de jurisdicción planteada en base a la aplicación de principios y normas convencionales internacionales ineludibles. Asimismo, se descalificó la aplicación de ciertos tratados internacionales invocados por la actora, como el Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional de Montevideo de 1940, por no ser aplicables a los buques de guerra. Asimismo, se afirmó que la acción del navío de guerra uruguayo aparecía formalmente como un acto de autoridad o de imperio, que mal podría calificarse de “abordaje”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto a extender la inmunidad de jurisdicción –que amparaba al Estado extranjero y al buque de guerra– al comandante del buque uruguayo, se expresó que se trataba de conceptos inescindibles, toda vez que el Estado extranjero como persona jurídica se valía de las personas físicas para llevar a cabo hechos y actos correspondientes a él. Por lo tanto, eran los “órganos personas” a través de los cuales las personas jurídicas estatales expresaban su voluntad. Respecto del argumento invocado por la actora, acerca de que se trató de un acto ilícito que no podía ser calificado como un acto de servicio de un órgano extranjero, se rechazó esta posición, por entenderse que aún cuando se contara con el reconocimiento explícito del Gobierno extranjero, cabría aplicar la doctrina que consideraba que la legitimidad del acto no era el elemento primordial para decidir si era o no un acto estatal, sino que se entendía, en cambio, que debía atenerse únicamente a la apariencia externa del acto, propio de la función atribuida al órgano, haya sido ella ejercida regular o irregularmente. Además, el examen y juzgamiento de tales actos no podía ser realizado por los tribunales argentinos sin el consentimiento del Estado extranjero.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Por último, se rechazaron asimismo los agravios respecto de la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 1° del Decreto-Ley 1285/58, por haber sido propuestos extemporáneamente.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">14) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">AMARFIL ALBORNOZ, MIRTA SUSANA Y OTRA c/ CONSULADO DE CHILE Y OTROS </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 16 de diciembre de 1993)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn28" name="_ftnref28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[28]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Aquí se acciona por indemnización derivada de un despido, por cierre de un Consulado Honorario de Chile en la Provincia de San Juan. La demanda se dirigía contra el Consulado y contra el cónsul de ese momento. La Embajada de Chile en Buenos Aires se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino invocando la inmunidad de jurisdicción en dichos actuados, aludiendo a los principios básicos del derecho internacional y a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La parte actora aludía que la inmunidad diplomática no era aplicable dado lo dispuesto por el artículo 48, inciso 3 de la segunda de la convenciones (que establece que cuando los miembros de la oficina consular empleen a personas que no estén eximidas del régimen de seguridad social, deberán cumplir con las obligaciones de seguridad social que el Estado receptor imponga a los empleadores). </span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">El juez de primera instancia dictó sentencia sin tener en cuenta la negativa de la Embajada de Chile de someterse a la jurisdicción nacional. Sostuvo que la inmunidad diplomática pretendida no amparaba al Consulado de Chile ni a su titular, ya que reconocía excepciones de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de 1961 que, de no ser admitidas, se configuraba un supuesto de privación de justicia atentatorio no sólo de la Constitución Nacional, sino también del <i>jus cogens</i>. Por lo tanto condenó al Consulado General de Chile. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, la Embajada General de Chile se presentó nuevamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y reiteró lo vertido con anterioridad, por lo que el Juez decidió elevar de oficio las actuaciones a la Corte Suprema (conocimiento por vía de <i>per saltum</i>). La demandada consideraba que esa nota presentada carecía de eficacia jurídica ya que la Embajada no era parte del juicio, y tampoco se especificaba en ella ninguna nulidad o excepción legal que impidiera el cumplimiento de una sentencia consentida y no apelada que ya había resuelto el planteo de inmunidad.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">De acuerdo con el Procurador General de la Nación, si del expediente surgía que la embajada extranjera se había negado en forma expresa a someterse a la jurisdicción nacional, correspondía admitir la inmunidad invocada y dejar sin efecto lo actuado por el juez,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>que<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>había declarado su competencia en razón de no considerar comprendido<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>el<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>caso<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dentro de lo dispuesto en el artículo 24, inciso 1°, del Decreto-Ley 1285/58.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> reiteró la jurisprudencia de los casos “Gómez, Samuel” y “Embajada de Francia” y resolvió admitir la inmunidad de jurisdicción invocada por la Embajada de Chile, dejando sin efecto lo actuado por el juez de primera instancia.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><h1><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">III. EL CASO “MANAUTA”</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn29" name="_ftnref29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[29]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"></span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Como ya adelantamos, e</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">ste caso marca un quiebre de la tesis de la inmunidad absoluta en la Corte Suprema.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Se trata de una demanda por reclamo de incumplimiento de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares que correspondían a empleados de la Oficina de Prensa de la Embajada rusa. El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal libró oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de requerir la conformidad de la Federación de Rusia. Al no contar con un pronunciamiento expreso de aceptación de la competencia decidió ordenar un nuevo oficio. La parte actora apeló la decisión. </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Cámara</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> de Apelaciones confirmó la decisión al entender que el silencio ante el requerimiento sólo podía ser interpretado como “negativa tácita”. Los actores interpusieron recurso extraordinario. Entendían que el Decreto-Ley 1285/58 no incluía el término “expreso” al referirse a la conformidad que debían prestar los Estados extranjeros para ser sometidos a juicio en nuestro país. Además, sostenían que no existía inmunidad de jurisdicción por tratarse de ilícitos previsionales y no de cuestiones políticas propias de las delegaciones extranjeras.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> reconoció que si bien algunos tribunales inferiores habían resuelto la no aplicación del artículo 24 del Decreto-Ley 1285/58 a las causas laborales, dicha Corte siempre había aplicado el principio de inmunidad en todos los casos, incluso laborales. Según la Corte, la redacción de este artículo “<i>no conduce necesariamente a la adopción de la teoría clásica o absoluta</i>”, aunque “<i>tampoco introduce textualmente la distinción entre los actos iure imperii y los iure gestionis</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn30" name="_ftnref30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[30]</span></span></span></span></a>. Sin embargo, “<i>a la vista de la práctica actual divergente de los Estados, ya no es posible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituya una norma de derecho internacional general, porque no se practica de modo uniforme ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn31" name="_ftnref31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[31]</span></span></span></span></a>, haciendo referencia a las leyes modernas que se enrolaban en la teoría restrictiva, manteniendo sólo la inmunidad de jurisdicción para los actos de imperio. En consecuencia, aplicó el artículo 24, inciso 1 del Decreto-Ley 1285/58 a las actuales circunstancias. Reconoció que este caso se refería al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales que no afectaban el normal desenvolvimiento de una representación diplomática. Asimismo subrayó que “<i>una interpretación opuesta ... conduciría en el caso, al injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero o a requerir el auxilio diplomático argentino pro vías letradas generalmente onerosas y extrajudiciales. Todo ello conduciría a un grave peligro de su derecho humano a la jurisdicción, peligro que el derecho internacional actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn32" name="_ftnref32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[32]</span></span></span></span></a>. En consecuencia, se revocó la resolución apelada, declarándose la competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal.</span></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><h1><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">IV. JURISPRUDENCIA ARGENTINA POSTERIOR AL CASO “MANAUTA”</span></h1><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Dentro de esta etapa, hemos seleccionado los siguientes casos:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">1) </span></b><b><span style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">SARAVIA</span></b><b><span lang="ES-TRAD" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">, GREGORIO c/ AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN </span></b><span lang="ES-TRAD" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">(CSJN, 1° de septiembre de 1998)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn33" name="_ftnref33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[33]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Esta caso se originó por una acción por despido sin causa interpuesta contra un organismo oficial del Japón, por servicios prestados en la Ciudad de Buenos Aires. La demandada pretendía que no se le aplicara la doctrina del caso “Manauta” por tratarse de una demanda iniciada con anterioridad al mismo y también previa a la sanción de la Ley 24.488. Sin embargo, la Corte Suprema aplicó el artículo 2, inciso “d” de dicha Ley (</span><span lang="ES-TRAD" style="color: black; font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">trabajador argentino, que reside y trabajó en el país) por entender</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> que</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">, aun cuando haya sido sancionada luego de la interposición de la demanda, se trataba de una norma sobre habilitación de la instancia, que revestía carácter jurisdiccional y era, por ende, de aplicación inmediata.</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">2) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">CEREALES ASUNCIÓN S.R.L. c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS DE LA REPÚBLICA PARAGUAYA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO) </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 29 de septiembre de 1998)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn34" name="_ftnref34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[34]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Una compañía cerealera argentina accionó contra una entidad autárquica del Poder Ejecutivo paraguayo por la rescisión unilateral de un contrato de concesión que habilitaba a la parte actora a operar en la zona franca paraguaya en territorio argentino, la cual se había establecido en 1979 por medio de un convenio entre Argentina y Paraguay. En virtud de dicho acuerdo, Argentina cedía la administración de la zona franca ubicada en el Puerto de Rosario, para las mercaderías de exportación provenientes de Paraguay y para las que se importasen por ese país para uso y consumo. La Argentina se reservaba todas las facultades emanadas de la soberanía territorial y la jurisdicción sobre ese lugar. Paraguay opuso una excepción de incompetencia. En primera instancia se hizo lugar a la excepción y se declaró la falta de jurisdicción argentina para conocer en el caso. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La Cámara Federal</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> de Apelaciones de Rosario revocó dicha sentencia, dado que en aquel convenio Argentina se había reservado las facultades emanadas de la soberanía territorial y que, por lo tanto, Paraguay al no hacer reserva alguna había reconocido la jurisdicción argentina. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La CSJN</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> consideró que resultaba aplicable al caso la Ley 24.488, aun cuando había sido sancionada con posterioridad a la interposición de la demanda y las partes no la hubieran invocado, ya que los jueces debían aplicar el derecho vigente (las normas sobre habilitación de instancia revisten carácter jurisdiccional y tienen aplicación inmediata). </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">La Corte</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> consideró que el caso encuadraba en el artículo 2, inciso “c” de dicha ley (<b>actividad comercial</b> o industrial llevada a cabo por el Estado extranjero, si la jurisdicción argentina surge del contrato o del derecho internacional). La Corte interpretó el alcance del término “comercial” (para ello tomó en cuenta los antecedentes de la ley argentina: Convención Europea, proyectos de convenciones de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y de la O.E.A., leyes norteamericana y británica). También citó jurisprudencia extranjera en donde se había determinado a los actos comerciales por exclusión de los actos de imperio, es decir, todo acto que no fuera una inmediata manifestación de la soberanía de un Estado, así como el caso “Manauta”. Concluyó que nuestra ley empleó el término “comercial” en sentido amplio, dentro de los actos de gestión. La entidad demandada era un órgano administrativo del Gobierno de Paraguay que había otorgado en concesión a la demandante el movimiento de cargas en la zona franca. Más allá de la finalidad pública perseguida por todo Estado (incluso al realizar actos de gestión), la Corte Suprema entendió que lo que incumbía aquí era la naturaleza comercial del acto para determinar si podía ser sometido a la jurisdicción argentina. Para la Corte, los servicios de movimiento de carga portuaria eran una actividad comercial en el sentido de la Ley 24.488. Restaba verificar el 2° requisito de la Ley, es decir, si la jurisdicción argentina surgía del contrato o del derecho internacional. De acuerdo con la Corte, en cuanto al derecho internacional general, sólo impone que haya una conexión razonable entre la jurisdicción del Estado y la controversia, dejando librado a los Estados el establecimiento de tales conexiones. La Corte aplicó el Tratado de Montevideo de 1940, por tener jerarquía superior a cualquier solución brindada por las normas nacionales de derecho internacional privado. Dicho tratado establece, además del foro del domicilio del demandado, la jurisdicción en el caso de los contratos sobre la base del derecho del lugar de cumplimiento. En el caso concreto, el lugar de cumplimiento del contrato de concesión era la zona franca ubicada en territorio argentino. Por otra parte, según el razonamiento de la Corte, dicho contrato pudo haber previsto la jurisdicción paraguaya, cosa que no hizo, por lo que las partes pudieron haber entendido que era competente la Justicia argentina. En conclusión, tanto el contrato como el derecho internacional (general o privado) habilitaban la jurisdicción argentina. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Cabe destacar que el Ministro Petracchi, en un voto separado, consideró que la Argentina tenía jurisdicción porque ello se desprendía directamente del convenio entre Argentina y Paraguay por el que se establecía la zona franca. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Por su parte, el Ministro Moliné O’Connor votó en disidencia, por los mismos fundamentos dados por el Procurador General, entendiendo que los tribunales argentinos no eran competentes.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">3) DUHALDE, MARIO ALFREDO c/ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OFICINA SANITARIA PANAMERICANA S/ ACCIDENTE-LEY 9688 </span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(CSJN, 31 de agosto de 1999)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn35" name="_ftnref35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[35]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Se trata de una acción interpuesta ante la Justicia argentina, por un funcionario de una organización internacional –Organización Panamericana de la Salud. Tanto en primera como segunda instancia (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo) resolvieron rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada basada en la inmunidad de jurisdicción, por considerar que esta causa era análoga al caso “Manauta”, donde la Corte Suprema, adhiriendo a la teoría restringida, había decidido excluir de la inmunidad lo relativo al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. La recurrente sostenía que la doctrina del caso “Manauta” no podía ser aplicable a este asunto por ser propia de un Estado extranjero y no de organismos internacionales, ya que aquí se encontraban a disposición de la actora vías alternativas adecuadas para la resolución de su reclamo. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> advierte que lo que se discute en este caso no es el carácter de organismo especializado de las Naciones Unidas de la demandada, sino la cuestión de si debe hacerse extensiva la interpretación restringida de la inmunidad de jurisdicción a los organismos internacionales. Según la Corte, la limitación al juzgamiento compulsivo de un asunto ante las organizaciones internacionales no tenía por fundamento el derecho de gentes sino la voluntad común de los Estados parte de su tratado constitutivo (o en su caso, en un acuerdo de sede). Por ello la organización gozaba de dicho privilegio con el alcance definido en el instrumento internacional pertinente. La Corte aplicó la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas y los acuerdos vinculados a la organización demandada donde se reconocía la inmunidad tanto de la organización como de sus funcionarios en el territorio de los Estados miembros, en este caso, de la República Argentina. En segundo lugar, la Corte verificó que dichos tratados se adecuaran a los principios del derecho público contenidos en la Constitución Nacional (en virtud de lo prescripto por el artículo 27 de la Carta Magna), ya que no se podía pactar una inmunidad de jurisdicción absoluta a favor de la organización internacional que comportase una privación de justicia, por lo que resultaba imprescindible que la organización contara con tribunales propios o se previera una jurisdicción arbitral o internacional con garantías suficientes en la administración de justicia. Reiteró que “<i>la existencia de un mecanismo alternativo satisfactorio de solución de controversias, es condición para el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción que compete a los organismos internacionales</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn36" name="_ftnref36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[36]</span></span></span></span></a>. <span style="color: red;"></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto al reclamo de este caso, la Corte observó que tanto el Reglamento como el Estatuto del Personal de la O.P.S. – O.M.S., preveían procedimientos para resolver los reclamos laborales, estableciendo un procedimiento interno de revisión de la medida objeto del reclamo por un órgano administrativo. Su decisión podía ser apelada ante el Tribunal Administrativo de la O.I.T., cuya jurisdicción había sido reconocida por el organismo demandado. Las decisiones de este tribunal eran de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Por tal motivo la Corte entendió que no podía alegarse un supuesto de privación de justicia, por cuanto existía un procedimiento para la solución de controversias expresamente aceptado oportunamente por el actor, sobre el que no se demostró su ineficacia. En razón de los diferentes fundamentos que sustentan el otorgamiento de la excepción de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros y de las organizaciones internacionales, no cabía, según la Corte, la extensión de la solución dada por la Ley 24.488, dado que de lo contrario se hubiera modificado unilateralmente la inmunidad que surgía de tratados obligatorios para la Argentina, con las posibles consecuencias sancionatorias de la comunidad internacional. En conclusión, se revocó la sentencia apelada y se admitió la inmunidad de jurisdicción de la organización internacional.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">4)</span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> <b>BLASSON, BEATRIZ LUCRECIA GRACIELA c/ EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA </b>(CSJN, 6 de octubre de 1999)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn37" name="_ftnref37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[37]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Esta caso se originó a causa de una demanda laboral interpuesta contra la Embajada de la República Eslovaca. Tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se había rechazado un pedido de levantamiento de embargo “preventivo” decretado sobre la cuenta corriente de la Embajada mencionada por considerar que la demanda se basaba en actos de gestión originados en una relación laboral, exentos de la inmunidad de jurisdicción y, por ende, siendo irrelevante el pedido de renuncia a menos que la ejecución se dirigiera contra alguno de los bienes contemplados como inviolables por la Convención de Viena de 1961, entre los que no se consideró incluidos los fondos depositados en la cuenta corriente de la Embajada. A causa de ello se presentó recurso extraordinario. La demandada destacaba que los fondos embargados habían sido depositados por el Estado para cubrir gastos oficiales de representación diplomática y que no se había renunciado a la inmunidad de ejecución, tal como lo exigía la Convención de Viena de 1961.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> analizó que en nuestro país no existía una norma interna que regulara específicamente el conflicto de inmunidad de ejecución suscitado en esta causa. La Ley 24.488 sólo regía la inmunidad de jurisdicción y ninguno de sus artículos permitía aplicarla por analogía a la inmunidad de ejecución. Por lo tanto, el caso debía ser resuelto a la luz de los principios y normas del derecho internacional. </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 establecen que los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos no podrán ser objeto de embargo o medida de ejecución. Como las medidas ejecutorias contra bienes de un Estado extranjero, que implican el uso de la fuerza pública por el Estado del foro, afectan gravemente la soberanía e independencia, de acuerdo con la Corte no cabía extender las soluciones sobre inmunidad de jurisdicción. Incluso la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implicaba la renuncia a la inmunidad de ejecución. Lo que la demandada cuestionaba era un embargo preventivo sobre los fondos de su cuenta corriente, supuesto que no se encuentra contemplado en las Convenciones de Viena de 1961 y 1963. Por ello, la Corte concluye que “<i>ante el delicado y embarazoso conflicto entre el derecho del trabajador a cobrar su salario de una embajada sobre la cuenta destinada normalmente a pagarlo y el derecho de un Estado extranjero a la inmunidad de ejecuciones sobre esa misma cuenta, ha de darse preferencia a tal inmunidad, pese a que no haya sobre el caso inmunidad de jurisdicción...</i>”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn38" name="_ftnref38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[38]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En consecuencia, se revocó la sentencia apelada y se ordenó el levantamiento del embargo preventivo.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">5) </span></b><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">VALLARINO, EDELMIRO OSVALDO c/ EMBAJADA DEL JAPÓN s/ DESPIDO </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">(CSJN, 4 de mayo de 2000)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn39" name="_ftnref39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[39]</span></span></span></span></a>:<b> </b></span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Este caso se trata de una acción por indemnizaciones derivadas de un despido sin causa promovida por un empleado del área de seguridad interna de la Embajada del Japón. La Justicia laboral se declaró competente y dictó sentencia, la que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24.488 y de nulidad, incompetencia e inmunidad de jurisdicción y ejecución interpuestos por la Embajada, por lo que se interpuso recurso extraordinario. El recurrente entendía que la sentencia apelada se apartaba de la causa “Romero” donde, según interpretaba, se había abandonado la doctrina del caso “Manauta” y se había establecido que no era posible someter a la jurisdicción de los tribunales argentinos a los Estados extranjeros sin su consentimiento. Aún de aceptarse la inmunidad de jurisdicción restrictiva, sostenía que había que encuadrar el supuesto como acto de imperio porque estaba en juego la seguridad de la embajada. Tachaba asimismo de inconstitucional la Ley 24.488 por resultar contraria a tratados internacionales que remitían a la costumbre internacional que consagraba el principio de inmunidad de jurisdicción absoluta.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> reiteró la jurisprudencia de los casos “Manauta” y “Saravia”: que la inmunidad absoluta no constituía una norma de derecho internacional. Aplicó el artículo 2, inciso “d” de la Ley 24.488 por tratarse de un trabajador que residía y trabajaba en el país. Asimismo desestimó el planteo referido a la inmunidad de ejecución, por no existir un agravio concreto y actual, pues no había ni un propósito cautelar ni ejecutorio.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">6) O.S.N. c/ EMBAJADA DE LA U.R.S.S. – REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE RUSIA s/ EJECUCIÓN</span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"> (CSJN, 21 de mayo de 2001)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn40" name="_ftnref40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[40]</span></span></span></span></a>: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">Se trata de un juicio de ejecución fiscal contra la Embajada de Rusia<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>por cobro de la deuda de la tasa por servicio de agua potable y desagües a un inmueble de su propiedad. El Estado demandado opuso excepción de incompetencia fundada en la inmunidad de jurisdicción que, a su juicio, se hallaba consagrada de modo absoluto en la Ley 24.488 y en el principio de inmunidad de ejecución previsto por la práctica internacional y en la Convención de Viena de 1961 (subsidiariamente invocaba la prescripción de la deuda). </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">En primera y segunda instancia se rechazó la excepción de incompetencia. Se encuadró el caso en el artículo 2, inciso “f” de la Ley 24.488 (acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio nacional). La demandada dedujo recurso extraordinario para quien eventualmente se trataría de una sentencia de imposible ejecución en vistas de lo establecido por la Convención de 1961.</span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto al agravio concerniente a la inmunidad de jurisdicción, la Corte Suprema entendió que el caso encuadraba en el supuesto del artículo 2, inciso “f” de la Ley 24.488. Interpretó la expresión “acciones sobre bienes inmuebles” en sentido amplio, abarcando a las tasas en cuestión. Por lo tanto, desestimó el agravio.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">En cuanto a la cuestión relativa a la inmunidad de ejecución, la Corte consideró que la sentencia impugnada mandaba llevar adelante la ejecución (que por razones históricas se denominaba “sentencia de remate”) en sí no comportaba actos precautorios –los que no habían sido solicitados ni dispuestos en el caso– ni actos coactivos sobre el patrimonio del deudor. Por lo tanto, al no existir un gravamen concreto y actual que comportara una violación a la Convención de Viena de 1961, este agravio devenía prematuro y meramente conjetural. Por ello se confirmó la sentencia apelada.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;">El Ministro Boggiano en su voto en disidencia, consideró que si bien la actora aún no había emprendido actos precautorios o ejecutorios contra los bienes de la demandada, existía sin embargo un agravio concreto y actual, pues la adopción de esa clase de medidas era la consecuencia natural e inmediata que acarreaba la sentencia de remate. Reiteró la jurisprudencia del caso “Blasson”, en el sentido que frente al conflicto entre el derecho de la actora a percibir su crédito y el derecho a la inmunidad de ejecución de la demandada, debía darse preferencia a este último.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">7) CERESOLE, NORBERTO c/ REPÚBLICA DE VENEZUELA</span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> (CSJN, 25 de septiembre de 2001)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn41" name="_ftnref41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[41]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">: </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">El actor reclamaba ante la justicia argentina los daños y perjuicios causados por los actos ilícitos cometidos por agentes de inteligencia dependientes del Estado venezolano durante una visita a dicho país realizada por cuestiones profesionales. Adujo haber sido secuestrado, amenazado, maltratado y golpeado por tales agentes, siendo posteriormente deportado sin entregársele ciertos efectos personales de valor económico. En primera instancia se requirió la conformidad del Estado venezolano por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, la cual fue denegada, motivo por el cual, basado en la distinción efectuada en el caso “Manauta”, se resolvió aplicar la inmunidad de jurisdicción del Estado Venezolano, por entender que la indemnización solicitada tenía su origen en un acto de imperio, excluido de las excepciones establecidas en la Ley 24.488. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Cámara</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> confirmó esta sentencia. En el recurso extraordinario interpuesto el actor sostenía que el artículo 118 de la Constitución Nacional era directamente operativo y que debía prevalecer sobre la Ley 24.488. Asimismo consideraba que su reclamo derivaba de los ilícitos cometidos por agentes venezolanos los cuales no podían ser considerados ni actos de imperio ni actos de gestión. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Finalmente la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada e hizo suyos los fundamentos del Procurador General de la Nación, en el sentido de que los actos de los agentes venezolanos acaecidos dentro del territorio de Venezuela no podían ser incluidos entre las excepciones que consagraba el artículo 2° de la Ley 24.488, ya que el inciso “e” se refería a la posibilidad de demandar ante los tribunales nacionales pero por daños y perjuicios derivados delitos y cuasi-delitos cometidos “en el territorio argentino”. Se hace alusión a que los actos “de imperio” estaban alcanzados por la inmunidad consagrada en el artículo 1° de la mencionada Ley. Tampoco consideró aplicable el artículo 118 de la Constitución Nacional por cuanto, en primer lugar, esta disposición se refería a los juicios criminales y no a casos como el presente donde se reclamaban daños y perjuicios; en segundo lugar, el artículo 118 resultaba inaplicable ya que no se había sancionado la ley especial allí prevista que determinara el lugar en donde habría de seguirse el juicio.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">8) GALINGER Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO (COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE) </span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(CSJN, 15 de julio de 2003)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn42" name="_ftnref42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[42]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">:<b> </b></span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Los actores eran ex empleados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande e iniciaron un reclamo por diferencias salariales ante el Tribunal arbitral de dicha entidad, que rechazó la acción. Ello motivó la presentación de un pedido de revisión ante la Justicia argentina. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invocó la inmunidad de jurisdicción, la cual fue rechazada en primera instancia. </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Ante la apelación efectuada, la Cámara revocó la sentencia del tribunal, haciendo lugar a la inmunidad de jurisdicción. En consecuencia, la parte demandante recurrió, invocando el artículo 2, inciso “d” de la Ley 24.488. </span></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> confirmó la sentencia de Cámara. Consideró que los actores no habían demostrado que el sistema de solución de controversias de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande fuera ineficaz y que al someterse a la jurisdicción arbitral sin ningún tipo de reserva, ello obstaba a que luego pudieran objetar dicho procedimiento. Reiteró la inaplicabilidad de la Ley 24.488 y aplicó la doctrina del caso “Fibraca”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn43" name="_ftnref43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[43]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">9) SESTITO, ROMINA NATALIA c/ CONSULADO DE ITALIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS </span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(CSJN, 17 de febrero de 2004)</span><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn44" name="_ftnref44" style="mso-footnote-id: ftn44;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[44]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Se trataba de una demanda interpuesta contra el Consulado de Italia con el fin de obtener un resarcimiento basado en el artículo 1071 del Código Civil, por su incumplimiento respecto de una beca.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Corte Suprema</span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> determinó, remitiendo al Dictamen del Procurador General de la Nación, que la competencia originaria de la Corte, por ser de raigambre constitucional, se encontraba taxativamente limitada a los supuestos en los que fuera parte, ya sea como actor o demandado, un agente extranjero que gozara de status diplomático, según la Convención de Viena sobre Agentes Diplomáticos y la Convención sobre Agentes Consulares de 1963, y no podía ampliarse, restringirse, ni modificarse, máxime cuando la embajada del Estado extranjero había solicitado la inmunidad de jurisdicción prevista en el artículo 1° de la Ley 24.488 y no se daba ninguna de las excepciones previstas en el artículo 2° de dicha norma.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">V. CONCLUSIONES</span></b></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">De la lectura y análisis de los casos jurisprudenciales seleccionados, podemos esbozar algunos comentarios a modo de conclusión.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En cuanto a la primera etapa evaluada, es decir los casos que se originaron con anterioridad al caso “Manauta”, si bien predomina la aplicación de la teoría absoluta en materia de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros, no es exacto afirmar, como lo hacen muchos artículos bibliográficos –e incluso la propia CSJN al citar fallos anteriores–, que todos ellos correspondan a casos de aplicación de la “inmunidad absoluta” de parte de la Corte Suprema. En efecto, en varios de esos asuntos dicha Corte sólo se limitó a concluir que no correspondía la jurisdicción originaria del máximo tribunal argentino respecto de esa demanda en particular<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn45" name="_ftnref45" style="mso-footnote-id: ftn45;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[45]</span></span></span></span></a>, por ejemplo por no estar entablada contra un embajador sino contra un gobierno extranjero<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn46" name="_ftnref46" style="mso-footnote-id: ftn46;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[46]</span></span></span></span></a>, o que no correspondía la jurisdicción federal por tratarse de un litigio entre un particular “extranjero” con un Estado también extranjero<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn47" name="_ftnref47" style="mso-footnote-id: ftn47;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[47]</span></span></span></span></a> o incluso, que no se afectaba la soberanía del Estado extranjero por no tratarse de citaciones que tuvieran efectos vinculantes<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn48" name="_ftnref48" style="mso-footnote-id: ftn48;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[48]</span></span></span></span></a>. Sin duda, el fallo más notorio es el pronunciado en noviembre de 1921, en los autos “<i>Romay</i> c/ <i>Royal Commission on Wheat Supplies</i>”, donde la Corte Suprema ya subrayaba la distinción entre actos de imperio y actos de gestión, dejando entrever que el Estado extranjero tenía capacidad para ser llevado a juicio frente a estos últimos –aunque, en definitiva, sin llegar a entender en el fondo de la cuestión–, postura que siete décadas más tarde asumiera con absoluta firmeza en el caso “Manauta”. </span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto a los casos en donde la Corte Suprema aplica plenamente la teoría clásica o absoluta de la inmunidad de jurisdicción, frente a la negativa del Estado de someterse a los tribunales argentinos, ellos versan sobre acciones cometidas por el comandante de un buque de guerra de bandera extranjera<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn49" name="_ftnref49" style="mso-footnote-id: ftn49;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[49]</span></span></span></span></a>, sobre incumplimientos de obligaciones laborales<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn50" name="_ftnref50" style="mso-footnote-id: ftn50;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[50]</span></span></span></span></a> o derivados de contratos de locación<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn51" name="_ftnref51" style="mso-footnote-id: ftn51;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[51]</span></span></span></span></a>. Esta doctrina judicial contrasta con la aplicada por algunos tribunales de segunda instancia<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn52" name="_ftnref52" style="mso-footnote-id: ftn52;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[52]</span></span></span></span></a> de aquella época.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">En esta primera etapa se despeja la duda acerca de cuál es la vía pertinente para que el Estado extranjero demandado manifieste su falta de conformidad en someterse ante los tribunales argentinos. Asimismo, se constata que la constitución de un domicilio especial en nuestro país en un contrato de locación implica la aceptación de la jurisdicción argentina por parte del Estado extranjero que actuó en calidad de locatario, no siendo, por ende, necesario requerir, una vez entablada la demanda en cuestión, su conformidad para estar en juicio ante los tribunales del foro<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn53" name="_ftnref53" style="mso-footnote-id: ftn53;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[53]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el caso “Manauta”, la Corte Suprema reconoce que la redacción del artículo 24 del Decreto-ley 1285/58 no conducía necesariamente a la adopción de la teoría absoluta de la inmunidad de jurisdicción, aunque tampoco introducía textualmente la distinción entre actos de imperio y de gestión. Apartándose de su jurisprudencia más reciente, en donde había resuelto aplicar la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros incluso en causas laborales, reinterpreta aquella disposición, es decir, el artículo 24, a la luz de las circunstancias actuales, concluyendo que ya no es posible sostener la inmunidad absoluta como norma de derecho internacional general y privilegiando el derecho humano a la jurisdicción de los trabajadores contratados en nuestro territorio.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">A partir de la segunda etapa, la Corte aplica la doctrina judicial establecida en el caso “Manauta” en varios otros asuntos, así como las excepciones a la inmunidad de jurisdicción consagradas en la Ley 24.488 aún en litigios que se originaron en demandas interpuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en cuestión, por entender que se trata de normas “sobre habilitación de instancia”, las cuales son de aplicación inmediata<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn54" name="_ftnref54" style="mso-footnote-id: ftn54;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[54]</span></span></span></span></a>.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Suprema tuvo ya varias oportunidades de aplicar el artículo 2 inciso “d” de la Ley 24.488, frente a demandas laborales contra Estados extranjeros<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn55" name="_ftnref55" style="mso-footnote-id: ftn55;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[55]</span></span></span></span></a>, así como de interpretar los términos “actividad comercial”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn56" name="_ftnref56" style="mso-footnote-id: ftn56;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[56]</span></span></span></span></a> y “acciones sobre bienes inmuebles”<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn57" name="_ftnref57" style="mso-footnote-id: ftn57;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[57]</span></span></span></span></a> contenidas en los incisos “c” y “f”<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>respectivamente, de mencionada ley, y de rechazar una demanda por no corresponder los hechos a la aplicación del artículo 2, inciso “e”, vinculado a la comisión de delitos o cuasi-delitos<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn58" name="_ftnref58" style="mso-footnote-id: ftn58;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[58]</span></span></span></span></a>. </span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Creemos que el hecho de que la Ley 24.488 contenga un principio general al cual se le reconozcan varias excepciones no significa: 1) ni que el principio general sentado en el artículo 1° de la ley sea aplicable a los Estados extranjeros <b>sólo</b> por actos de imperio; 2) ni que todas las excepciones previstas en el artículo 2° se originen <b>únicamente</b> en actos de gestión. </span></div><div class="MsoBodyTextIndent"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Sin embargo, la posición de la Corte Suprema en el caso “<i>Ceresole, Norberto</i> c/ <i>República de Venezuela</i>”, genera bastante confusión al insinuar que ciertas situaciones que no encuadran en el artículo 2° de la ley pueden resultar ser “actos de imperio”, al haber tenido lugar en el territorio del Estado extranjero. Llama la atención que la Corte –haciendo suyos los fundamentos de la Procuración General– se refiriera a tales hechos como “actos de imperio”, sobre todo por tratarse de perjuicios derivados de presuntos delitos penales cometidos por agentes venezolanos en ejercicio de funciones públicas.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto a la relación entre los principios de inmunidad “de jurisdicción” de los Estados extranjeros y de inmunidad “de ejecución” de los mismos, la Corte suprema dejó sentado, en la reciente jurisprudencia, que no cabe la aplicación por analogía a los casos de inmunidad de ejecución de las excepciones previstas por la Ley 24.488, concernientes sólo a la inmunidad de jurisdicción<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn59" name="_ftnref59" style="mso-footnote-id: ftn59;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[59]</span></span></span></span></a>.<span style="color: red;"> </span>La Corte considera que la práctica internacional respecto de una y de otra clase de inmunidad difieren, acogiéndose a la inmunidad de ejecución de manera absoluta. Asimismo, puntualizó que la renuncia de una (inmunidad de jurisdicción) no implica la renuncia de la otra (inmunidad de ejecución)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn60" name="_ftnref60" style="mso-footnote-id: ftn60;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[60]</span></span></span></span></a>. Incluso, frente al conflicto entre un reclamo laboral o de otra índole y la inmunidad de ejecución, nuestro máximo tribunal de Justicia hace prevalecer el último principio<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn61" name="_ftnref61" style="mso-footnote-id: ftn61;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[61]</span></span></span></span></a>.<span style="color: red;"> </span>Según nuestra opinión, esta posición puede llevar a la ineficacia del reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción relativa o restringida receptada en la Ley 24.488, así como su espíritu y finalidad, ya que de nada serviría, por ejemplo, a un trabajador argentino, entablar y concluir con éxito una demanda laboral contra un Estado extranjero ante nuestros tribunales en virtud del artículo 2°, inciso “d” de aquella norma, si luego no puede hacer efectiva la indemnización ordenada en aquella sede judicial.</span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Asimismo, se desprende de la jurisprudencia, que, a diferencia de lo que ocurre con la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad de ejecución sólo es aplicada por la Corte Suprema cuando hay un riesgo concreto y actual de ejecución<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn62" name="_ftnref62" style="mso-footnote-id: ftn62;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[62]</span></span></span></span></a>. <span style="color: red;"></span></span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por último, cabe destacar, que la Corte Suprema de nuestro país ha rechazado la aplicación analógica de las excepciones contendidas en el artículo 2° de la Ley 24.488 a las demandas contra organismos internacionales que gozaban de inmunidad de jurisdicción y que contaban con un mecanismo internacional de solución de controversias<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn63" name="_ftnref63" style="mso-footnote-id: ftn63;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[63]</span></span></span></span></a>. La razón invocada por la Corte es que ambas inmunidades –la de los Estados extranjeros y la de las organizaciones internacionales– tienen distinto fundamento. La primera se basa en una norma consuetudinaria, mientras que la segunda tiene su origen en una norma convencional, por lo que –en este último caso– debe estarse a las reglas específicamente reconocidas por los Estados partes en tales convenios. La única excepción que visualiza la Corte<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn64" name="_ftnref64" style="mso-footnote-id: ftn64;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[64]</span></span></span></span></a>, en donde se deje de lado la inmunidad de jurisdicción del organismo internacional en cuestión, es que se pruebe que el procedimiento de solución de controversias al que debe someterse la demanda, no sea eficaz o se presente una situación de privación de justicia<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn65" name="_ftnref65" style="mso-footnote-id: ftn65;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[65]</span></span></span></span></a>. </span></div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><br />
</div><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-indent: 0cm;"><br />
</div><div style="mso-element: footnote-list;"><br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> </span><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">Sancionada el 31/05/1995 y promulgada parcialmente el 22/06/1995. Publicada en el Boletín Oficial el 28/06/1995.</span></div></div><div id="ftn2" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[2]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> </span><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">Publicado en el Boletín Oficial del 07/02/1958.</span></div></div><div id="ftn3" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[3]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> </span><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">El último párrafo transcripto fue agregado por el Decreto-ley 9015/63.</span></div></div><div id="ftn4" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[4]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> El art. 1° dispone: “</span><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">Los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos, en los términos y condiciones establecidos en esta ley</span></i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">”.</span></div></div><div id="ftn5" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[5]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> El art. 2° establece: “</span><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">Los Estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción en los siguientes casos:</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">a) Cuando consientan expresamente a través de un tratado internacional, de un contrato escrito o de una declaración en un caso determinado, que los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción sobre ellos;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">b) Cuando fuere objeto de una reconvención directamente ligada a la demanda principal que el Estado extranjero hubiere iniciado;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">c) Cuando la demanda versare sobre una actividad comercial o industrial llevada a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del contrato invocado o del derecho internacional;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">d) Cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en el territorio nacional;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">e) Cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasidelitos cometidos en el territorio;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">f) Cuando se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio nacional;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">g) Cuando se tratare de acciones basadas en la calidad del Estado extranjero como heredero o legatario de bienes que se encuentren en el territorio nacional;</span></i></div><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">h) Cuando, habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio relacionado con una transacción mercantil, pretendiere invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales argentinos en un procedimiento relativo a la validez o la interpretación del convenio arbitral, del procedimiento arbitral o referida a la anulación del laudo, a menos que el convenio arbitral disponga lo contrario</span></i><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">”.</span></div></div><div id="ftn6" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[6]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 79:124.</span></div></div><div id="ftn7" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[7]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 123:58.</span></div></div><div id="ftn8" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[8]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Este artículo, reemplazado por el actual art. 116, disponía: “</span><i><span lang="ES-TRAD" style="letter-spacing: -.1pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 8.0pt;">Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero</span></i><span lang="ES-TRAD" style="letter-spacing: -.1pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-size: 8.0pt;">”.</span></div></div><div id="ftn9" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[9]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Este artículo, cuyo texto se corresponde con el actual art. 117, dispone: </span><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;">“<i>En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente</i>”.</span></div></div><div id="ftn10" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[10]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 125:40.</span></div></div><div id="ftn11" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[11]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 135:259.</span></div></div><div id="ftn12" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[12]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 2 (lo resaltado es nuestro).</span></div></div><div id="ftn13" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[13]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 178:173.</span></div></div><div id="ftn14" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[14]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 215:252.</span></div></div><div id="ftn15" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[15]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>La Ley</i>, t. 117, p. 741.</span></div></div><div id="ftn16" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[16]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 3.</span></div></div><div id="ftn17" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[17]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Ver caso “<i>Amarfil Albornoz, Mirta Susana y otra</i> v. <i>Consulado de Chile y otros</i>”, CSJN, Fallos: 316: 3117.</span></div></div><div id="ftn18" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[18]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>La Ley</i>, t. 1975-B, p. 527.</span></div></div><div id="ftn19" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[19]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem</i>, p. 527.</span></div></div><div id="ftn20" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[20]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem</i>, pp. 527-528. Lo resaltado es nuestro.</span></div></div><div id="ftn21" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[21]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem</i>, p. 528. Lo resaltado es nuestro.</span></div></div><div id="ftn22" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[22]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem</i>, p. 528.</span></div></div><div id="ftn23" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[23]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 292:461.</span></div></div><div id="ftn24" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[24]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 295:176.</span></div></div><div id="ftn25" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[25]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 295:187.</span></div></div><div id="ftn26" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[26]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 301:1223.</span></div></div><div id="ftn27" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[27]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 313:1779.</span></div></div><div id="ftn28" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[28]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 316:3111.</span></div></div><div id="ftn29" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref29" name="_ftn29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[29]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Manauta, Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa, 22 de diciembre de 1994;<b> </b>CSJN Fallos: 317:1880.</span></div></div><div id="ftn30" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref30" name="_ftn30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[30]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 8.</span></div></div><div id="ftn31" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref31" name="_ftn31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[31]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 10.</span></div></div><div id="ftn32" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref32" name="_ftn32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[32]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 13.</span></div></div><div id="ftn33" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref33" name="_ftn33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[33]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 321:2434.</span></div></div><div id="ftn34" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref34" name="_ftn34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[34]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 321:2594.</span></div></div><div id="ftn35" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref35" name="_ftn35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[35]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 322:1905.</span></div></div><div id="ftn36" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoBodyText"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref36" name="_ftn36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[36]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> Cfr. considerando 10. Esta cita de la Corte corresponde al precedente del caso “<i>Fibraca Constructora</i> c/ <i>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</i>”, CSJN, 7 de julio de 1993, CSJN Fallos: 316:1669.</span></div></div><div id="ftn37" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref37" name="_ftn37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[37]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 322:2399.</span></div></div><div id="ftn38" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref38" name="_ftn38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[38]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Cfr. considerando 10.</span></div></div><div id="ftn39" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref39" name="_ftn39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[39]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 323:959. </span></div></div><div id="ftn40" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref40" name="_ftn40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[40]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 324:1648. </span></div></div><div id="ftn41" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref41" name="_ftn41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[41]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> CSJN Fallos: 324:2885. </span></div></div><div id="ftn42" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref42" name="_ftn42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[42]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Fuente: <i><http://www.csjn.gov.ar/...></i>. </span></div></div><div id="ftn43" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoBodyText"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref43" name="_ftn43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[43]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> “<i>Fibraca Constructora</i> c/ <i>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</i>”, CSJN, 7 de julio de 1993, CSJN Fallos: 316:1669.</span></div></div><div id="ftn44" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref44" name="_ftn44" style="mso-footnote-id: ftn44;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[44]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Fuente: <i><http://www.csjn.gov.ar/...></i>. </span></div></div><div id="ftn45" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref45" name="_ftn45" style="mso-footnote-id: ftn45;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[45]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Zubiaburre, José</i> c/ <i>Embajada de Bolivia</i>”; “<i>Baima y Bessolino</i> c/ <i>Gobierno del Paraguay</i>”.</span></div></div><div id="ftn46" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref46" name="_ftn46" style="mso-footnote-id: ftn46;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[46]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Baima y Bessolino</i> c/ <i>Gobierno del Paraguay</i>”.</span></div></div><div id="ftn47" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref47" name="_ftn47" style="mso-footnote-id: ftn47;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[47]</span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;"> “<i>Romay, Antonio</i> c/ <i>Royal Commission on Wheat Supplies</i>”.</span></div></div><div id="ftn48" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref48" name="_ftn48" style="mso-footnote-id: ftn48;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[48]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Fisco Nacional</i> c/ <i>Rodolfo Monez Cazón y otro</i>”.</span></div></div><div id="ftn49" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref49" name="_ftn49" style="mso-footnote-id: ftn49;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[49]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Compañía Arenera del Río Luján S.A.</i> c/ <i>De Castro, Francisco y otros</i>”.</span></div></div><div id="ftn50" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref50" name="_ftn50" style="mso-footnote-id: ftn50;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[50]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Townshend de Briochetto, Muriel Olga</i> c/ <i>Oficina Departamento Comercial del Canadá</i>”; “<i>Gómez, Samuel </i>c/ <i>Embajada Británica</i>”; “<i>López, Elsa</i> c/ <i>Embajada de Francia</i>”; “<i>Amarfil Albornoz, Mirta Susana y otra</i> c/ <i>Consulado de Chile y otros</i>”.</span></div></div><div id="ftn51" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref51" name="_ftn51" style="mso-footnote-id: ftn51;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[51]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Maclean, Carlos</i> c/ <i>Gobierno de los EE.UU</i>”.</span></div></div><div id="ftn52" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref52" name="_ftn52" style="mso-footnote-id: ftn52;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[52]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Suárez de Solares, Judith</i> c/ <i>Estado de Turquía</i>”, Cámara Nacional Federal, Sala Civil y Comercial; “<i>Roldán, Segundo Blas</i> c/ <i>Embajador de la República de Vietnam del Sur</i>”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala IV.</span></div></div><div id="ftn53" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref53" name="_ftn53" style="mso-footnote-id: ftn53;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[53]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Suárez de Solares, Judith</i> c/ <i>Estado de Turquía</i>”.</span></div></div><div id="ftn54" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref54" name="_ftn54" style="mso-footnote-id: ftn54;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[54]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Cereales Asunción S.R.L.</i> c/ <i>Administración Nacional de Navegación y Puertos de la República Paraguaya</i>”; “<i>Saravia, Gregorio</i> c/ <i>Agencia de Cooperación Internacional del Japón</i>”.</span></div></div><div id="ftn55" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref55" name="_ftn55" style="mso-footnote-id: ftn55;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[55]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Saravia, Gregorio</i> c/<i> Agencia de Cooperación Internacional del Japón</i>”; “<i>Vallarino, Edelmiro Osvaldo</i> c/ <i>Embajada del Japón</i>”.</span></div></div><div id="ftn56" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref56" name="_ftn56" style="mso-footnote-id: ftn56;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[56]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Cereales Asunción S.R.L.</i> c/ <i>Administración Nacional de Navegación y Puertos de la República Paraguaya</i>”. En este caso la Corte Suprema, a los efectos de encuadrar el acto como “actividad comercial”, en el sentido del art. 2°, inc. “c” de la Ley 24.488, hace hincapié en la “naturaleza comercial” más allá del fin público que dicho acto también pudiera tener.</span></div></div><div id="ftn57" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref57" name="_ftn57" style="mso-footnote-id: ftn57;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[57]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>O.S.N. </i>c/ <i>Embajada de la U.R.S.S. –Representación Comercial de Rusia s/ Ejecución</i>”.</span></div></div><div id="ftn58" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref58" name="_ftn58" style="mso-footnote-id: ftn58;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[58]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES-MX" style="mso-ansi-language: ES-MX;"> “<i>Ceresole, Norberto</i> c/ <i>República de Venezuela</i>”.</span></div></div><div id="ftn59" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref59" name="_ftn59" style="mso-footnote-id: ftn59;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[59]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Blasson, Beatriz Lucrecia Graciela</i> c/ <i>Embajada de la República Eslovaca</i>”.</span></div></div><div id="ftn60" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref60" name="_ftn60" style="mso-footnote-id: ftn60;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[60]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem.</i></span></div></div><div id="ftn61" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref61" name="_ftn61" style="mso-footnote-id: ftn61;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[61]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> <i>Ibídem.</i></span></div></div><div id="ftn62" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref62" name="_ftn62" style="mso-footnote-id: ftn62;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[62]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>O.S.N.</i> c/ <i>Embajada de la U.R.S.S. – Representación Comercial de Rusia</i>”.</span></div></div><div id="ftn63" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref63" name="_ftn63" style="mso-footnote-id: ftn63;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[63]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Duhalde, Mario Alfredo</i> c/ <i>Organización Panamericana de la Salud – Oficina Sanitaria Panamericana</i>”.</span></div></div><div id="ftn64" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref64" name="_ftn64" style="mso-footnote-id: ftn64;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[64]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> “<i>Fibraca Constructora </i>c/ <i>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</i>”; “<i>Duhalde, Mario Alfredo</i> c/ <i>Organización Panamericana de la Salud – Oficina Sanitaria Panamericana</i>”; “<i>Galinger y otro</i> c/<i> Estado Nacional y otro (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande)</i>”.</span></div></div><div id="ftn65" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref65" name="_ftn65" style="mso-footnote-id: ftn65;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[65]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Esto último acontecía en el caso “<i>Cabrera, Washington</i> c/ <i>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</i>”, CSJN, 5 de diciembre de 1983, por lo que la Corte Suprema decidió aceptar la competencia de los tribunales argentinos, en tanto todavía no habían sido constituidos los tribunales arbitrales que entenderían en las controversias vinculadas al ente binacional de Salto Grande; ver CSJN Fallos: 305:2150.</span></div></div></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-79484859826346889782011-05-13T21:00:00.001-07:002011-05-13T21:00:36.781-07:00Caso Manauta Juan Jose c/ Embajada de la Federacion Rusa (CSJN)<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoBodyText"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">MANAUTA, JUAN JOSE Y OTROS c/EMBAJADA DE LA FEDERACION RUSA s/DAÑOS Y PERJUICIOS.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Buenos Aires, 22 de diciembre de 1994.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Vistos los autos: “Manauta, Juan José y otros c/Embajada de la Federación Rusa s/daños y perjuicios”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Considerando:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">1º) Que los actores promovieron demanda contra la Embajada de la U.R.S.S. en la República Argentina, en la que reclamaron -algunos por derecho propio y otra en su condición de cónyuge supérstite- los daños y perjuicios que les habría irrogado el incumplimiento de las obligaciones en materia de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares, a cargo de la demandada. Fundaron su pretensión en la relación de dependencia que dos de los demandantes y el esposo de la tercera habrían tenido con la Oficina de Prensa de la Embajada, durante el lapso en que se desempeñaron en la revista “Novedades de la Unión Soviética”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">2º) Que los actores dirigieron posteriormente la acción contra la Embajada de la Federación Rusa, como continuadora política y diplomática de la anterior U.R.S.S.. El Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal libró varios oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fin de requerir “un pronunciamiento expreso por parte de la Embajada de la Federación Rusa, del que surja la aceptación de la competencia de este juzgado para entender en la contienda suscitada” (fs. 89).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Posteriormente, se hizo saber a los actores que “toda vez que no surge en autos un pronunciamiento expreso por parte de las autoridades de la Embajada de la Federación Rusa con relación a la aceptación de la competencia del suscripto para entender en estas actuaciones, el Juzgado no se encuentra en condiciones de dar curso a las peticiones formuladas ... limitándose a ordenar nuevo oficio para ser diligenciado por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto...” (fs. 95).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">3º) Que, apelada por los actores la decisión, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal decidió confirmarla, con fundamento en que los Estados extranjeros sólo podían ser sometidos a los órganos jurisdiccionales del Estado en el supuesto de que mediara su conformidad, la que -en el caso- no existía, pues el silencio ante el requerimiento sólo podía ser interpretado como negativa tácita (fs. 133/133vta).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Contra este pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario federal (fs. 138/141), que fue concedido por el a quo a fs. 142.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">4º) Que la resolución apelada tiene carácter definitivo a los fines del art. 14 de la ley 48 puesto que, al no existir la conformidad expresa del Estado extranjero para ser sometido a juicio, requerida por el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a quo</i>, los actores quedan privados de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza constitucional (Fallos: 310:1861).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Por otra parte, la naturaleza de la cuestión planteada -inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros- hace, según la jurisprudencia del Tribunal, a un “principio elemental de la ley de las naciones” (Fallos: 125:40) que, por lo mismo, revela su inequívoco carácter federal y determina que por su inteligencia deba ser establecida por esta Corte.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">5º) Que los apelantes no discuten la existencia de la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros, sino sus alcances. En primer lugar sostienen que el art. 24, inc. 1º, segundo párrafo, del decreto-ley 1285/58, no incluye el término “expreso” al referirse a la conformidad que deben prestar los Estados extranjeros para ser sometidos a juicio ante los tribunales del país. Por lo tanto, “la extensión analógica interpretativa carece de sustento legal y transforma a la norma en inconstitucional” pues “el privilegio de inmunidad no debe transformarse en impunidad”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">En segundo término afirman que no existe inmunidad de jurisdicción en el caso de las materias sometidas al <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sub-lite</i> ya que la inmunidad “se refiere exclusivamente a la materia política propia de las delegaciones extranjeras y no a los ilícitos provenientes del fraude previsional”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">6º) Que la inmunidad del Estado frente a las jurisdicciones de otros Estados se funda en dos principios. Uno, según la máxima <i style="mso-bidi-font-style: normal;">par in parem non habet jurisdictionem</i>, que se consolidó a lo largo del siglo XIX a través de decisiones de tribunales internos, pero que durante este siglo ha tenido variantes en cuanto a su ámbito de aplicación. En un comienzo se suponía que los Estados actuaban en el terreno político y las actividades económicas se confiaban a los particulares. Por lo tanto, las demandas contra Estados ante los tribunales de otros Estados versaban sobre supuestos en los que el demandado había actuado como soberano. El otro principio sobre el cual se fundó la inmunidad es el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">7º) Que ya en el curso del siglo XIX los Estados se embarcaron en empresas comerciales, creando monopolios, explotando ferrocarriles, buques y correos. La Primera Guerra Mundial aceleró esas actividades y la irrupción de los Estados socialistas y comunistas aumentó enormemente el sector público de la economía y el comercio. Como espejo de esta nueva realidad internacional surgió en la doctrina y después en una jurisprudencia expansiva la llamada teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción, que distingue entre los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i> –los actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano- y los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure gestionis</i> –actos de índole comercial-. Respecto de la primera clase de actos, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. En cambio, la más moderna tendencia jurisprudencial adoptó la doctrina restringida o relativa para los segundos, distinción que a la postre fue recogida por las legislaciones recientes.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">8°) Que el art. 24 del decreto-ley 1285/58 dispone que no se dé curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente su conformidad para ser sometido a juicio. Si bien la redacción de dicho artículo no conduce necesariamente a la adopción de la teoría clásica o absoluta, tampoco introduce textualmente la distinción entre los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i> y los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure gestionis</i>.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">En 1963 la postura absoluta fue morigerada por el decreto-ley 9015/63, que contempla la posibilidad de que un Estado extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo declare que existe falta de reciprocidad al respecto, es decir, que ese Estado acepta reclamos contra la Argentina ante sus tribunales. Esto precisamente ocurre como consecuencia de la recepción de la mencionada distinción entre actos de gobierno y actos de gestión.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">9°) Que aunque algunos tribunales inferiores han resuelto que no es de aplicación el art. 24 del decreto-ley 1285/58 a las causas laborales, esta Corte –incluso con anterioridad a la sanción de dicha norma-, aplicó siempre el principio de inmunidad de los Estados soberanos frente a los tribunales de otro Estado en todos los casos, inclusive los laborales. El Tribunal se basó en la convicción de que existía un “principio elemental de la ley de las naciones que indica que un Estado soberano no puede ser sometido a la potestad jurisdiccional de los Estados extranjeros” y que el decreto-ley mencionado encuentra su fundamento en el Derecho Internacional (Fallos: 292:461).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Al reconocer la inmunidad de jurisdicción la Corte siempre consideró que lo hacía porque debía actuar “según principios del derecho de gentes; de modo que no resulten violadas las bases del orden público internacional” que son de aplicación prioritaria (Fallos: 295:176), pues el desconocimiento de los principios que rigen las relaciones diplomáticas internacionales no tendría otro desenlace que conducir al aislamiento de nuestro país en el concierto de las naciones.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">10) Que empero, a la vista de la práctica actual divergente de los Estados, ya no es posible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituya una norma de Derecho Internacional general, porque no se practica de modo uniforme ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad. Prueba de ello son los textos legislativos modernos que se enrolan claramente en la teoría restrictiva, tales como la “Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados” (1972), la “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Foreign Sovereign Immunities Act</i>” de los Estados Unidos (1976), la “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">State Immunity Act</i>” de Gran Bretaña (1978), entre muchos otros. Asimismo, el proyecto sobre inmunidad de jurisdicción elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sigue la teoría restrictiva.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">11) Que, por lo demás, no siempre se aplica a la Argentina en los foros extranjeros la tesis absoluta. Se admitieron demandas en su contra, aun en casos en los que el carácter de acto de gestión del hecho impugnado era sumamente controvertible; como v.gr. la reprogramación unilateral que efectuara nuestro país de los vencimientos de bonos nominativos en dólares estadounidenses (Supreme Court of the United States, N° 91-763, Republic of Argentina and Banco Central de la República Argentina, Petitioners v. Weltover, Inc., et al., Sentencia del 12 de junio de 1992. Texto en International Legal Materials N° 31, p. 1220 ss.).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">12) Que las consideraciones precedentes autorizan plausiblemente una interpretación de la norma aplicable acorde a las presentes circunstancias de las relaciones internacionales. En consecuencia, cabe concluir que no es de aplicación al caso la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ratio</i> del art. 24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58 por no encontrarse en tela de juicio un acto de gobierno, ya que la controversia traída a conocimiento de este Tribunal se refiere al cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que en modo alguno puede afectar el normal desenvolvimiento de una representación diplomática. No es ocioso recordar, por lo demás, que el Instituto de Derecho Internacional afirmó que no existe inmunidad de jurisdicción del Estado respecto de controversias que se basan en relaciones de buena fe y seguridad jurídica respecto del foro y del derecho local como las de trabajo (ver <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Annuaire de l’Institut de Droit International</i>, vol. 62, I p. 76).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">13) Que una interpretación opuesta de la norma aplicable conduciría en el caso, al injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero o a requerir el auxilio diplomático argentino por vías letradas generalmente onerosas y extrajudiciales. Todo ello conduciría a un grave peligro de su derecho humano a la jurisdicción, peligro que el derecho internacional actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario, se deja sin efecto la resolución apelada y, en ejercicio de la facultad concedida por el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se declara que el señor juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 es competente para entender en las presentes actuaciones. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><br />
</div><div class="MsoBodyText2"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR – CARLOS S. FAYT (por su voto) – JULIO S. NAZARENO – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto) – ENRIQUE S. PETRACCHI (según su voto) – RICRDO LEVENE (H) (según su voto) – ANTONIO BOGGIANO – GUILLERMO A. F. LÓPEZ – GUSTAVO A. BOSSERT.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; layout-grid-mode: both;">VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON RICARDO LEVENE (H).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;">Considerando:</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>1°) Que los actores promovieron demanda contra la Embajada de la U.R.S.S. en nuestro país, en la que reclamaron –algunos por derecho propio y otra en su condición de cónyuge supérstite- los daños y perjuicios que les habría irrogado el incumplimiento por la demandada de las obligaciones a su cargo en materia de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares. Fundaron su pretensión en la relación de dependencia que dos de los demandantes y el esposo de la tercera –todos de nacionalidad argentina- habrían tenido con la Oficina de Prensa de la embajada, durante el lapso en que se desempeñaron en la revista “Novedades de la Unión Soviética”.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>2°) Que después de dirigido el reclamo contra la Embajada de la Federación Rusa, el juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal libró varios oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de requerir “un pronunciamiento expreso por parte de la Embajada de la Federación Rusa, del que surja la aceptación de la competencia de este Juzgado para entender en la contienda suscitada” (fs. 89).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Posteriormente, se hizo saber a los actores que “toda vez que no surge de autos un pronunciamiento expreso por parte de las autoridades de la Embajada de la Federación Rusa con relación a la aceptación de la competencia del suscripto para entender en estas actuaciones, el Juzgado no se encuentra en condiciones de dar curso a las peticiones formuladas ... limitándose a ordenar nuevo oficio para ser diligenciado por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ...” (fs. 95).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>3°) Que, apelada por los actores la decisión, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal decidió confirmarla, con fundamento en que los Estados extranjeros sólo podían ser sometidos a los órganos jurisdiccionales del Estado en el supuesto de que mediara su conformidad, la que –en el caso- no existía, pues el silencio ante el requerimiento sólo podía ser interpretado como negativa tácita (fs. 133 y 133 vta.).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Contra ese pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario federal (fs. 138/141), que fue concedido por el a quo a fs. 142. Los demandantes sostuvieron que el art. 24, inc. 1°, segundo párrafo, del decreto-ley 1285/58, no incluye el término “expreso”, al referirse a la conformidad que deben prestar los Estados extranjeros para ser sometidos a juicio ante tribunales del país. Por lo tanto, “la extensión analógica interpretativa carece de sustento legal y transforma a la norma aplicada en inconstitucional” pues “el privilegio de inmunidad no debe transformarse en impunidad”. Afirmaron también que la inmunidad “se refiere exclusivamente a la materia política propia de las delegaciones extranjeras y no a los ilícitos provenientes del fraude previsional”.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4°) Que el alcance que la resolución apelada confiere a la conformidad del Estado extranjero para ser sometido a juicio, otorga a aquélla carácter definitivo a los fines del art. 14 de la ley 48, puesto que al no existir la conformidad expresa que el a quo requiere, los actores quedan privados de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza constitucional (Fallos: 310:1861).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por otra parte, la naturaleza de la cuestión planteada, -inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros- hace, según la jurisprudencia del Tribunal, a un “principio elemental de la ley de las naciones” (Fallos: 125:40), que, por lo mismo, revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia deba ser establecida por esta Corte.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>5°) Que los apelantes no discuten la existencia del que denominan “privilegio de inmunidad” de los Estados extranjeros, sino sus alcances, respecto de dos puntos: A) La no comparencia a juicio no podría ser asimilada a negativa tácita de someterse a la jurisdicción argentina: B) No podría existir inmunidad de jurisdicción en el caso de las materias sometidas al <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sub lite</i>.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>6°) Que el art. 24, inciso 1°, párrafo 2° del decreto-ley 1285/58 establece: “No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Que la norma transcripta se refiere únicamente a la jurisdicción originaria de esta Corte Suprema y no a la de los tribunales federales inferiores (confr. causa “Berenbau Eduardo E.L. c/ la República Francesa”, sentencia del 21 de junio de 1961, Fallos: 250:85).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>7°) Que la doctrina establecida desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de reconocer a los Estados extranjeros el privilegio de la inmunidad absoluta de jurisdicción, no encontraba su origen en la citada norma legal –posterior a dicha doctrina y limitada a la jurisdicción originaria- sino en un principio de derecho internacional público que impedía que en cualquier tipo de causas un Estado extranjero pudiera ser llevado –sin su consentimiento- ante los tribunales de otro país (confr. Fallos: 123:58; 125:40; 178:173; 292:461, entre otros).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>8°) Que al ser ese el fundamento de la doctrina recordada, resulta claro que la vigencia de ésta en casos como el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sub examine</i>, en que ciudadanos argentinos demandan ante un juzgado federal a un Estado extranjero, dependerá de que pueda seguir postulándose la actualidad del principio del derecho internacional público relativo a la inmunidad absoluta de jurisdicción.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>9°) Que el examen de las prácticas y las normas del derecho internacional contemporáneo revelan un claro abandono de dicho principio, en la mayoría de los casos, y una adhesión al que suele denominarse como de “inmunidad relativa o restringida”. El sentido de este último es el de admitir que, en cierta clase de asuntos, el Estado no pueda invocar su inmunidad cuando es llevado a juicio ante los tribunales de otro Estado.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>10) Que a este respecto es sumamente ilustrativo el fallo del Tribunal Constitucional Alemán del 30 de abril de 1963 en el caso de la demanda iniciada contra el Reino de Irán, en el cual figura una muy extensa reseña de la jurisprudencia de los tribunales de Italia, Bélgica, Suiza, Austria, Francia, Grecia, Egipto y Jordania que aceptaban, a esa fecha, la tesis de la inmunidad limitada o restringida.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ello le permitió concluir al tribunal alemán que la postura de la inmunidad absoluta ya no podía considerarse como una práctica que la mayoría de las naciones pudiera considerar vinculante (BverfGE 16, 27, esp. págs. 51/52).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Debe señalarse que países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que a la época del fallo alemán, eran indicados como representantes del sistema de la inmunidad absoluta de jurisdicción, con posterioridad a aquél variaron su posición. Estados Unidos sancionó en 1976 la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Foreign Sovereign</i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Immunities Act</i> y el Reino Unido hizo lo mismo con la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">State Immunity</i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Act</i> de 1978. En dichas normas se abandonó el sistema de inmunidad absoluta y se detallaron minuciosamente los supuestos en que los Estados extranjeros podían ser llevados ante los tribunales nacionales.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>11) Que en el ámbito del derecho convencional cabe destacar, entre otras normas, la Convención Europea sobre Inmunidad Estatal de 1972, en la cual se recogen numerosas excepciones al privilegio de inmunidad de los Estados, en los campos contractual, laboral, societario, de patentes y marcas, derechos reales, sucesiones y responsabilidad civil (conf. Díez de Velasco, Manuel, “Instituciones de Derecho Internacional Público”, tomo I, novena edición, Madrid 1993, págs. 258 y sgtes.). Dicha convención estaba en vigencia, al 1° de enero de 1991, en siete países (conf. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both; mso-ansi-language: EN-US;">Martin Dixon & Robert Mc Corquodale <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Cases and Materials on International Law</i>, Blackstone Press Limited, Londres 1991, págs. </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;">299 y sgtes.).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>12) Que todo lo expuesto permite afirmar que en el campo del derecho internacional público se ha producido una profunda modificación que no permite seguir sosteniendo –como lo hacía la jurisprudencia de la Corte citada en el considerando 7°- que el principio de la inmunidad absoluta es el vigente en aquel ámbito. Ello lleva, necesariamente, a abandonar aquellos precedentes, por haber variado el sustento en el que se asentaban.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>13) Que para diferenciar los actos del Estado que gozarían del privilegio de inmunidad de aquellos otros que estarían sometidos a la jurisdicción de los tribunales del Estado del foro, se apela a distintas pautas clasificatorias. Así, los países anglosajones suelen distinguir entre actividades “comerciales” y “no comerciales” (conf. leyes norteamericana e inglesa citadas <i style="mso-bidi-font-style: normal;">supra</i>). En Italia es tradicional limitar la impunidad a los actos en los que el Estado actúa como titular del poder soberano (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">ente político</i>), distintos de aquellos en los que actúa como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ente civile</i>. Los tribunales franceses sólo reservan la inmunidad a los actos derivados de las <i style="mso-bidi-font-style: normal;">fonctions etatiqués de gestion publique.</i> Por fin, la pauta clasificatoria más común es –quizá- la que separa los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">acta jure imperii</i> de los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">acta jure gestionis</i> (conf. para esta reseña el fallo alemán citado en el considerando 10 y Díez de Velasco, op. cit.m pág. 254/255).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>14) Que más allá de la utilidad que uno o varios de los señalados criterios puedan tener para resolver casos dudosos, lo cierto es que la actual práctica jurídica internacional parece excluir de la inmunidad de jurisdicción a una demanda fundada en los derechos laboral y previsional, de las características de la presente (confr. considerando 1°).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Así, por ejemplo, la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">State Immunity</i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> Act</i> inglesa de 1978, establece la ausencia de inmunidad en las acciones judiciales vinculadas con el contrato de trabajo, cuando el actor es un nacional del Reino Unido o una persona que allí reside habitualmente (conf. art. 4°, transcripto en Dixon y Mc Corquodale, op. cit., pág. 306).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por su lado, la Convención Europea de 1972 sobre Inmunidad de los Estados excluye de la inmunidad a los “contratos de trabajo con personas físicas siempre que el trabajo deba realizarse en el territorio del Estado del foro” (art. 5°, citado por Díez de Velasco, op. cit., pág. 260).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En España, la Sala 6ª del Tribunal Supremo resolvió que el caso del despido de una secretaria de la Embajada de Sudáfrica no estaba comprendido en la inmunidad de jurisdicción. Invocó el art. 5° de la Convención europea de 1972 (confr. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">supra</i>) como derecho internacional consuetudinario –pese a que España no es parte del convenio- y destacó que igual criterio es mantenido en los trabajos llevados a cabo en las Naciones Unidas, aludiendo a las tareas de codificación de la Comisión de Derecho Internacional ade la O.N.U. (fallo del 1 de diciembre de 1986 en la causa “Diana Abbot c/ República de Sudáfrica”, en Díez de Velasco, op. cit., pág. 257).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>15) Que,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en consecuencia, resulta adecuado resolver que en el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sub lite</i> el juez de primera instancia en lo civil y comercial federal ante quien se inició la demanda es competente para entender en ésta, sin que sea necesario expedirse sobre el agravio reseñado en el punto A del considerando 5°, por la forma en que se decide.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario, se deja sin efecto la resolución apelada y, en ejercicio de la facultad concedida por el art. 16, segunda parte, de la ley 48, se declara que el señor juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal n° 2 es competente para entender en las presentes actuaciones. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;">AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – ENRIQUE S. PETRACCHI – RICARDO LEVENE (H).</span></div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="mso-pagination: widow-orphan; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; layout-grid-mode: both;">VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; font-weight: normal; layout-grid-mode: both;"></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Considerando:</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">1º) Que los actores promovieron demanda contra la Embajada de la U.R.S.S. en la República Argentina, en la que reclamaron -algunos por derecho propio y otra en su condición de cónyuge supérstite- los daños y perjuicios que les habría irrogado el incumplimiento de las obligaciones en materia de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares, a cargo de la demandada. Fundaron su pretensión en la relación de dependencia que dos de los demandantes y el esposo de la tercera habrían tenido con la Oficina de Prensa de la Embajada, durante el lapso en que se desempeñaron en la revista “Novedades de la Unión Soviética”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">2º) Que la acción fue dirigida posteriormente contra la Embajada de la Federación Rusa, como continuadora política y diplomática de la anterior U.R.S.S.. El Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal libró varios oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de requerir “un pronunciamiento expreso por parte de la Embajada de la Federación Rusa, del que surja la aceptación de la competencia de este juzgado para entender en la contienda suscitada”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Posteriormente, hizo saber a los actores que como “no surge en autos un pronunciamiento expreso por parte de las autoridades de la Embajada ... con relación a la aceptación de la competencia del suscripto para entender en estas actuaciones, el juzgado no se encuentra en condiciones de dar curso a las peticiones formuladas ... limitándose a ordenar nuevo oficio para ser diligenciado por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto...” (fs. 95).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">3º) Que, apelada por los actores la decisión, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal decidió confirmarla, con fundamento en que los Estados extranjeros sólo podían ser sometidos a los órganos jurisdiccionales del Estado en el supuesto de que mediara su conformidad, la que -en el caso- no existía, pues el silencio ante el requerimiento sólo podía ser interpretado como negativa tácita (fs. 133/133vta).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4°) Que contra ese pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario federal, que fue concedido por el a quo (confr. fs. 138/141 y 142). Los apelantes sostienen que el art. 24, inc. 1°, segundo párrafo, del decreto-ley 1285/58, no incluye el término “expreso” al referirse a la conformidad que deben prestar los Estados extranjeros para ser sometidos a juicio ante los tribunales del país. Por lo tanto, “la extensión analógica interpretativa carece de sustento legal y transforma a la norma aplicada en inconstitucional” y conduce a un supuesto de “negación de justicia”. En su entender “el privilegio de inmunidad no debe transformarse en impunidad”. Por otro lado, afirman que no existe inmunidad de jurisdicción en el caso de las materias sometidas al <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sub lite</i> ya que ella comprende “exclusivamente a la materia política propia de las delegaciones extranjeras y no a los ilícitos provenientes del fraude previsional”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>5°) Que en cuanto al carácter final de la decisión recurrida, reiterada doctrina de esta Corte ha señalado que, a los efectos del recurso extraordinario, sentencia definitiva no es únicamente la que concluye el pleito, sino también aquel pronunciamiento con consecuencias frustratorias del derecho federal invocado por su imposible o tardía reparación ulterior.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Este último criterio resulta aplicable al caso habida cuenta de que la resolución impugnada importa privar a la apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza constitucional (Fallos: 310:1861).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>6°) Que, sentado lo expuesto, el recurso extraordinario concedido por el a quo resulta formalmente procedente. Ello es así, pues se han puesto en tela de juicio disposiciones de naturaleza federal –tal carácter reviste, en efecto el artículo citado en el considerando 4°-, y la decisión recaída en la causa ha sido contraria al derecho que en ellas fundió el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por otra parte, la naturaleza de la cuestión planteada –inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros- hace, según la jurisprudencia del Tribunal, a un “principio elemental de la ley de las naciones” (Fallos: 125:40) que, por lo mismo, revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia deba ser establecida por esta Corte. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>7°) Que, no obstante los términos de los agravios expuestos, cabe recordar nuevamente que en tanto se encuentra en discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (confr. Fallos: 308:647, considerando 5°, y sus citas).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>8°) Que no existen tratados internacionales referentes a la demandabilidad de los Estados extranjeros, a diferencia de la que ocurre respecto de determinados agentes diplomáticos, cuya situación jurídica sobre el particular ha sido tratada por la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, aprobadas por nuestro país por los decretos-leyes 7672/63 y 17.081/67, respectivamente. Asimismo, por la primera disposición citada, se aprobó también la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 179 del 21 de noviembre de 1947.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>9°) Que la carencia de tratados internacionales sobre la materia no fue óbice, sin embargo, para que se dictaran disposiciones destinadas a su regulación. Es así que el art. 24, inc. 1°, párrafo 2°, del decreto-ley 1285/58, reprodujo similar disposición a la existente en el art. 24 de la ley 13.998, en los siguientes términos: “No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”. Tal norma fue después ratificada por la ley 14.467. Posteriormente, por decreto-ley 9015/63, se dispuso agregar en el art. 24 aludido que “Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando el país extranjero modificase sus normas al efecto”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>10) Que la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros remite a un clásico problema del derecho internacional. Esta parte de la premisa de que una de las consecuencias de la igualdad de los Estados es que ninguno de ellos puede pretender ejercer jurisdicción sobre otro. Ya en su <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Tractatus Represaliarum quaestio </i>1/3, parag. 10, Bartolo de Saxoferrato había expresado que “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Non enim una civitas potest facere Legem super alteram, quia par in parem non habet imperioum</i>” (Un Estado no puede establecer una ley sobre otro porque no tiene imperio sobre quien es su par), afirmación que también se conoce reducida en el brocárdico “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">par in parem non habet imperium</i>” (ver Alfred Verdross, Derecho Internacional Público, pág. 284, Aguilar, Madrid 1955).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>11) Que respecto de la inmunidad de los Estados extranjeros se han adoptado, esencialmente, dos posturas. La primera, que puede denominarse clásica, absoluta, o incondicional proclama la aplicación de la inmunidad con independencia de la naturaleza o del objeto de los actos que los Estados pudieran realizar. La segunda, a la que puede calificarse como condicional o restrictiva, distingue entre actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii e iure gestionis</i>, reservando la inmunidad sólo para los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i>.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En un comienzo se suponía que los Estados actuaban en el terreno político y las actividades económicas se confiaban a los particulares. Por lo tanto, las demandas contra Estados ante los tribunales de otros Estados versaban sobre supuestos en los que el demandado había actuado como soberano. El principio sobre el cual se fundó la inmunidad es el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. En el curso del siglo XIX los Estados se embarcaron en empresas comerciales, creando monopolios, explotando ferrocarriles, buques y correos. La Primera Guerra Mundial aceleró esas actividades y la irrupción de los Estados socialistas y comunistas aumentó el sector público de la economía y el comercio. Como consecuencia de esta nueva realidad surgió en la doctrina y después en una jurisprudencia expansiva la llamada teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción, que distingue entre los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i> –los actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano- y los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure gestionis </i>–actos de índole comercial-.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>12) Que, como se verá, respecto de la primera clase de actos, la jurisprudencia mantuvo el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. En cambio, la más moderna tendencia jurisprudencial en el ámbito internacional adoptó la doctrina restringida o relativa para los segundos, distinción que a la postre fue recogida por la legislación respectiva.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por su parte, en el ámbito legislativo interno a la redacción sin distingos del original art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 le sigue la morigeración fijada por el decreto-ley 9015/63 que contempla la posibilidad de que un Estado extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo declare que existe falta de reciprocidad, es decir, que ese Estado acepta reclamos contra la Argentina ante sus tribunales en virtud de la nueva distinción.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>13) Que el tema ha sido objeto de examen en diversos precedentes de este Tribunal, particularmente en la sentencia recaída en la causa: C.19.XXII, “Compañía Arenera del Río Luján S.A. c/ De Castro, Francisco y otros s/ indemnización”, del 1 de setiembre de 1992, -voto del juez Fayt-. El principio de inmunidad de los Estados extranjeros, fue implícitamente invocado en Fallos: 123:58 y, ya en forma explícita, en Fallos: 125:40. Pero es quizás en Fallos: 178:173 donde se desarrolló por primera vez con cierta profundidad el asunto. Allí el Tribunal sostuvo “que no existe propiamente denegación del fuero federal para el recurrente...” pues el “a quo se ha limitado a aplicar el principio elemental de la ley de las naciones con arreglo al cual un Estado extranjero no puede ser compelido a aceptar la jurisdicción de los tribunales de otro Estado soberano sin perjuicio del derecho que le asiste para intervenir, por acto espontáneo, como actos o acusador ante aquellos tribunales ... Paschal, Constitución anotada, pág. 449, Story, Traducción Calvo, n° 929; Willoughby, On the Constitution, ed. 1910, n° 610 y n° 611”. También en ese precedente se dijo “que la sabiduría y previsión” de ello “es incuestionable”. “Verificar el examen de los actos de un Estado soberano por los tribunales de otro, y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero, llevaría sin duda a poner en peligro las amistosas relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones”, y que “el art. 100 de la Constitución, cuando establece la jurisdicción federal en las causas ‘entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero’, lo hace sobreentendiendo como condición la de que cuando se trata de naciones extranjeras, es implícita la limitación que nace de los principios de derecho internacional público expuestos... Aludiendo a la cláusula equivalente de la Constitución Americana, decía Madison ‘no concibo que una controversia pueda ser decidida en estos tribunales entre un Estado americano y un país extranjero sin el consentimiento de las partes’”. En Fallos: 292:461 se rechazó un formal planteo de inconstitucionalidad del art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 sobre la base de la insuficiencia de los argumentos del apelante, y de que no era ocioso agregar –dijo el Tribunal- que “el principio que la norma consagraba encuentra su fundamento en el plano del derecho internacional ... y comporta la positivización, ya establecida anteriormente por el art. 24 de la ley 13.998 del principio, vigente en dicho derecho, con arreglo al cual un Estado soberano no puede ser sometido contra su voluntad a la potestad jurisdiccional de los tribunales de otro, regla que con anterioridad a su sanción legislativa fue aplicada desde antiguo y en forma reiterada por esta Corte”. Parecidos argumentos sustentó posteriormente el Tribunal en Fallos: 295:176 y 185, y, finalmente, en Fallos: 305:2150, aunque, conviene señalar, que no se demandaba en ese caso a un Estado extranjero, sino a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a quien se calificó de organismo internacional intergubernamental.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>14) Que análogo respeto por el principio que se está considerando se observa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de los actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i>. El reconocimiento de la doctrina de la inmunidad soberana de los Estados Unidos tiene como en la Argentina un claro origen pretoriano. Su desarrollo comienza a perfilarse nítidamente en la sentencia recaída en el caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">The Schooner Exchange vs. Mac Faddon</i>” – <i style="mso-bidi-font-style: normal;">United States</i> (7 <i style="mso-bidi-font-style: normal;">cranch</i>) 116 (1812)-, y ha sido seguida en posteriores precedentes (confr. 271 US 562 (1926); 304 US 126, 134 (1938); 308 US 68 (1938); 318 US 578 (1945); 324 US 30 y 35 (1945); 348 US 356 y 358 (1955); 404 US 485 (1971). En fecha reciente, el tribunal americano ha ratificado la doctrina –bien que esta vez sobre la base legal de 1976 más adelante individualizada- por medio de la decisión dictada el 23 de enero de 1989 en la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation</i>” (875. S. ct. 1372 –1989).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>15) Que, en nuestro país, aunque algunos tribunales inferiores han resuelto que no es de aplicación el art. 24 del decreto-ley 1285/58 a las causas laborales, esta Corte –incluso con anterioridad a la sanción de dicha norma-, aplicó siempre el<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>principio de inmunidad de los Estados en todos los casos, inclusive los laborales. El tribunal se basó en la convicción de que existía un “principio elemental de la ley de las naciones que indica que un Estado soberano no puede ser sometido a la potestad jurisdiccional de los Estados extranjeros” y que el decreto-ley mencionado encuentra su fundamento en el Derecho Internacional (Fallos: 292:461). Al reconocer la inmunidad de jurisdicción la Corte siempre consideró que lo hacía porque debía actuar “según principios del derecho de gentes; de modo que no resulten violadas las bases del orden público internacional” (Fallos: 295:176), pues el desconocimiento de los principios que rigen las relaciones diplomáticas internacionales no tendría otro desenlace que conducir al aislamiento de nuestro país en el concierto de las naciones. Además, el Poder Ejecutivo Nacional tampoco la ha admitido cuando le ha tocado actuar en el extranjero. Así lo indica el origen del decreto-ley 9015/63, que se motivó en la sumisión de que fue víctima el Estado Argentino a algunos tribunales de Milán, Italia, en el recordado caso “Franco Gronda”, sobre cuyas alternativas puede ser consultado Werner Goldschmidt, quien intervino personalmente en el asunto, alcanzando un acuerdo llamado “Mónaco-Goldschmidt” (confr. Goldschmidt, Derecho Internacional Privado, 4° ed., 1982, N° 339, 348, 413 y ss., y 439). En este orden de ideas, en los considerandos del citado decreto-ley 9015/63 se dijo: “que, aunque la República siempre ha observado escrupulosamente las reglas del derecho internacional, no sería prudente ignorar que tal actitud, no podría ser mantenida sin merma de su dignidad y de la defensa de sus intereses, si tropezase con una continua infracción de las disposiciones internacionales por parte de otro país en perjuicio de la Nación”. De alguna manera, relacionada con esa conducta se puede también mencionar el decreto 10.082 del año 1965, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional facultó a la Procuración del Tesoro de la Nación para promover, por medio de la Procuración Fiscal Federal, la declaración de inexistencia, nulidad o inconstitucionalidad de la sentencia dictada en la causa “Suárez de Solares, Judith c/ Estado de Turquía s/desalojo”, que había sometido a Turquía a la jurisdicción Argentina. Debe, no obstante, destacarse que en esa oportunidad se llegó a una transacción de la contienda sin que fueran resueltas tales pretensiones del Estado Nacional. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>16) Que en la causa y voto citado en el considerando 13 esta Corte señaló que no era esa “la ocasión” en la que debía “rectificar o ratificar si nuestro país, a la luz de las normas vigentes” adhería a la teoría “absoluta o incondicional o, por el contrario, a la condicional o restrictiva”, pues en esa causa se trataba de un acto “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i>” (cons. 9°). Muy diferente es la hipótesis de autos, donde no se ha puesto en tela de juicio un acto de gobierno en tanto el debate versa sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, vale decir de claros actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure gestionis</i> que, por lo demás, en modo alguno pueden afectar el normal desenvolvimiento de una representación diplomática.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>17) Que la respuesta al interrogante pasa por indagar cuál es actualmente “la ley de las naciones” en la materia, paradigma a partir del que esta Corte ha establecido los cimientos mismos de la cuestión, asumiendo la responsabilidad pretoriana ya observada por los tribunales de otros países en este tema. Hoy no es posible ya sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados es un principio generalmente aceptado por las naciones civilizadas, una costumbre, o un principio general del derecho internacional, pues no existe una práctica uniforme ni una convicción jurídica de su obligatoriedad. Antes bien, lo contrario resulta de los antecedentes jurisprudenciales de los Estados Unidos y de los países de Europa occidental, entre otros, y fundamentalmente de textos legislativos modernos que denotan una clara admisión de los postulados de la teoría restrictiva: La “Convención Europea sobre inmunidad de los Estados” de 1972, la “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Sovereign Immunities Act</i>” estadounidense de 1976, la ley británica en materia de inmunidad soberana de 1978 o el proyecto sobre inmunidad de jurisdicción elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. En realidad, la discusión actual en el tema parte de una aceptación de la teoría condicional para polemizar en otras distinciones que presuponen su aceptación, como son las alternativas que rodean a la inmunidad de ejecución (ver Clunet 1985, págs. 865 y ss., “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Quelques réflexions sur l’immunite d’executión de l’Etat étranger</i>”, por Hervé Synvet; “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Foreign State Immunity: Emerging consensus on Principles</i>”, por Peter D. Trooboff, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Recueil des cours</i>, Volume 200 –1986- -V-; “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">L’immunité d’Exécution de l’Etat Etranger</i>”, por Pierre Bourel y otros, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Montchrestien</i>, París 1988).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>18) Que las consideraciones desarrolladas justifican una hermenéutica de la norma aplicable a las circunstancias actuales de las relaciones internacionales. Su aplicación en los términos de la doctrina absoluta hoy ya no encuentra fundamento en el derecho internacional y, desde otro punto de vista, no se violarían principios de aquel derecho ni se conduciría al aislamiento de nuestro país en la comunidad internacional por aplicar la teoría restrictiva. Ello, máxime cuando en el caso se trata del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en el que debe reconocerse al estado plena jurisdicción (confr. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Annuaire de l’Institut de Droit International</i>, vol. 62, I p. 76).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>19) Que, por lo demás, es posible hallar casos en los que nos aplica a la Argentina en los foros internacionales la tesis absoluta. Se admitieron demandan en su contra, aun en casos en los que el carácter de acto de gestión del hecho impugnado era sumamente controvertible; como vgr. la reprogramación unilateral que efectuara nuestro país de los vencimientos de bonos nominativos en dólares estadounidenses (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Supreme Court of the United States, N° 91-763. Republic of Argentina and Banco Central de la República Argentina, Petitioner v. Weltover, Inc., et al.</i>, sentencia del 12 de junio de 1992. Texto en International Legal Materials N° 31, p. 1220 y ss.).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>20) Que, a esta altura del discurso, cabe recordar que el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 debe ser interpretado con arreglo a la conocida jurisprudencia de esta Corte según la cual el control de constitucionalidad de las leyes que compete genéricamente a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa judicial, no se limita a la función en cierta forma negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permita (confr. Fallos: 308:647, cons. 8° y sus citas).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>21) Que ello viene a cuenta de la “negación de justicia” invocada por los apelantes, o, dicho con mayor precisión, de su derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción, esto es, la posibilidad de poder ocurrir a un órgano jurisdiccional en procura de justicia, tiene raingambre constitucional. En tal sentido, tiene repetidamente dicho esta Corte que la garantía constitucional de la defensa en juicio, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, supone elementalmente la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (confr. Fallos: 193:135; 246:87; 305:2150; 311:700, entre muchos otros). La defensa en juicio y el debido proceso no se agotan en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a la circunstancia de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional. Así lo exige, por lo demás, el propósito de “afianzar la justicia” enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional (confr. Fallos: 302:299, entre otros).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>22) Que este derecho a la jurisdicción reconoce raíces universales. La Carta de las Naciones Unidas dispone que la organización promoverá “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">efectividad</i> de tales derechos y libertades (art. 55). La declaración universal de derechos humanos, en forma más concreta, establece en su art. 10 el derecho de toda persona “en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. El pacto internacional de derechos civiles y políticos, por su parte, determina en su art. 2° inc. 3 que “cada uno de los Estados partes ... se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso <i style="mso-bidi-font-style: normal;">efectivo</i> ...; b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial”. El art. 14 dice: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley... para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. Esta vez en el ámbito regional, la declaración americana de los derechos y deberes del hombre de 1948, trae en su art. 18 una norma que dispone que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Por otro lado, la convención americana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica, señala en su art. 8° que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>23) Que no es posible negar que los particulares que demandan a países extranjeros se hallan en una situación poco envidiable cuando los Estados extranjeros invocan su inmunidad de jurisdicción. A pesar de ello, puede afirmarse que, como regla, esa sola circunstancia no por cierta resulta violatoria del derecho a la jurisdicción. En efecto, queda la posibilidad para el particular interesado de ocurrir ante los órganos jurisdiccionales del país extranjero que opuso su inmunidad en procura de justicia. Por lo demás, esas dificultades se presentan de manera más o menos habitual, en las hipótesis en las que se intenta una acción ante tribunal argentino y éste declara carecer de jurisdicción internacional por entender que, conforme al derecho internacional privado, esa jurisdicción está radicada en un Estado extranjero. </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>24) Que, sin embargo, una interpretación que no distinga entre actos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure imperii</i> e <i style="mso-bidi-font-style: normal;">iure gestionis</i> del art. 24 tantas veces mencionado, conduciría en el caso, al injusto resultado de obligar al trabajador a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado extranjero o a requerir el auxilio diplomático argentino por vías letradas generalmente onerosas extrajudiciales. Todo ello conduciría a un grave peligro de su derecho a la jurisdicción, peligro que, como se vio, el derecho internacional actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir. Frente a este tipo de reclamos no puede afirmar a que el derecho a la jurisdicción permanece incólume por mayores dificultades que existan –y gravosas que ellas sean- para ocurrir ante tribunales extranjeros cuando tales Estados oponen su inmunidad de jurisdicción. Admitir sin distingo alguno esa doctrina importa la admisión de un idealismo jurídico impropio de quien tienen la elevada misión de administrar justicia pues, en definitiva, los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren un ejercicio efectivo para no quedar reducidos a simples declaraciones de deseos (confr. causa y voto citado en el cons. 13, cons. 21).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por ello, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; mso-ansi-language: ES-TRAD;">CARLOS S. FAYT.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-39587748350362250932011-05-13T20:59:00.001-07:002011-05-13T20:59:41.320-07:00Caso Isla de Clipperton (Mexico c/ Francia)<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: -45.0pt;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Caso de la Isla de Clipperton</span></b></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Partes:</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"> México c. Francia</span></div><div class="MsoBodyText"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Compromiso:</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> México, 2 de marzo de 1909 (Las partes acuerdan someter a arbitraje el litigio existente relativo a la soberanía de la Isla de Clipperton).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Árbitro:</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"> S.M. Victor-Emmanuel III</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Sentencia:</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"> Roma, 28 de enero de 1931.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Fuente:</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><i>Recueil des sentences arbitrales</i>, v. II, p.1105 y ss.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">SENTENCIA ARBITRAL</span></b><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"> (traducción no oficial del original en francés<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[1]</span></span></span></span></a>):</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Nosotros, VICTOR-EMMANUEL III, por la gracia de Dios y por la voluntad de la Nación, Rey de Italia.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Visto el acuerdo firmado en México el 2 de marzo de 1909, y por el cual el Gobierno de la República Francesa y el de la República de México han diferido a nuestro arbitraje la solución del diferendo surgido entre las Altas Partes respecto de la soberanía sobre la Isla de Clipperton;</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Vista nuestra aceptación, que ha sido notificada a las Altas Partes por nota de 21 de agosto de 1909 de nuestro Ministro Secretario de Estado para los Asuntos Extranjeros;</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Leídas todas las memorias presentadas por las Altas partes en las formas y plazos fijados por nosotros, así como los documentos comunicados por ellas;</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hemos deliberado y pronunciamos la presente sentencia.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto a los hechos, diremos en primer lugar que, el 17 de noviembre de 1858, el Lugarteniente de Vaisseau, Victor le Coat de Kerwéguen, Delegado del Gobierno francés, cruzando aproximadamente a media milla de Clipperton, redactó a bordo del navío de comercio <i>L’Amiral</i> (“El Almirante”), un acto por el cual de conformidad con las órdenes que le habían sido dadas por el Ministro de la Marina, proclamó y declaró que la soberanía sobre la isla misma a la fecha de ese día pertenecía a perpetuidad a Su Majestad el Emperador Napoleón III y a sus herederos y sucesores. Durante el crucero se hicieron relevamientos geográficos cuidadosos y minuciosos; un bote logró, luego de numerosas dificultades, desembarcar algunos hombres de la tripulación y la tarde del 29 de noviembre, luego de un segundo intento no pudo lograr tocar tierra, el navío se alejó, sin dejar en la isla ningún signo de soberanía. El Lugarteniente de Kerwéguen avisó oficialmente del cumplimiento de su misión al Consulado de Francia en Honolulu; éste hizo análoga comunicación al Gobierno de Hawai; y, además, por encargo del mismo consulado, se publicó en inglés en el diario <i>The Polynesian</i> (“El Polinesio”) de Honolulu del 8 de diciembre, la declaración por la cual la soberanía francesa de Clipperton había sido ya proclamada.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Más tarde, casi a fines de1887, no se puede recordar ningún acto positivo y aparente de soberanía ni de parte de Francia, ni de parte de otras Potencias. La isla permaneció sin población, al menos estable, y no fue organizada ninguna administración; existía una concesión para la explotación de guano, que había sido aprobada por el Emperador el 8 de abril de 1858, a favor de un señor <i>Lockart</i>, y que había dado lugar a la expedición del Lugarteniente de Kerwéguen, que no había continuado, y esta explotación no había tenido lugar de parte de otros súbditos franceses.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hacia fines de 1897, y precisamente el 24 de noviembre de aquel año, Francia constató, por intervención del jefe de la división naval del Océano Pacífico, que estaba encargado de la inspección, que tres personas se encontraban en la isla y recogían guano por cuenta de la compañía <i>“Oceanic Phosphate Co.”</i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de San Francisco., y que ellas habían enarbolado la bandera americana al aparecer el navío francés. Fueron solicitadas explicaciones al respecto al Gobierno de los EE.UU., quien respondió que no había acordado ninguna concesión a dicha compañía y no pretendía reivindicar ningún derecho de soberanía sobre Clipperton (28 de enero de 1898).</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Aproximadamente un mes después del acto de vigilancia cumplido por la marina francesa y estando pendiente la acción diplomática que se ejerciera con respecto a los EE.UU., México, que ignoraba la ocupación reivindicada por Francia y consideraba que Clipperton era un territorio que le pertenecía desde largo tiempo, envió al lugar una cañonera, la <i>Demócrata</i> (“Demócrata”), por la falta de noticias, reconociendo además inexacto, que Inglaterra haya tenido ambiciones sobre la isla. El </span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">destacamento de oficiales y de marinos, desembarcó de dicho navío el 13 de diciembre de 1897, reencontró a las tres personas que residían en la isla desde el arribo del precedente navío francés; él les hizo arriar la bandera americana e izó en su lugar la bandera mexicana. En cuanto a los tres individuos mencionados, dos consintieron en dejar la isla, y el tercero declaró su deseo de permanecer, y en efecto permaneció hasta una fecha desconocida. Luego, la “Demócrata” partió el 15 de diciembre.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El 8 de enero, Francia, habiéndose enterado de la expedición organizada por México, recordó a esta Potencia sus derechos sobre Clipperton. De allí una discusión diplomática bastante larga, y que se prolongó hasta que, por acuerdo del 2 de marzo de 1909 los dos Gobiernos decidieron diferir a nuestro arbitraje la solución del diferendo relativo a la soberanía sobre la isla.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto al derecho, ha lugar examinar en primer lugar la tesis, sostenida por México principalmente, de que la Isla de Clipperton pertenecía ya a este Estado antes de que Francia hubiera proclamado su soberanía sobre dicha isla: si esta tesis era fundada, habría que concluir sobre la ilegitimidad de la ocupación de la isla por Francia.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Según México, la Isla de Clipperton, la cual habría tomado el nombre del famoso aventurero inglés que, a comienzos del siglo XVIII, se había acostumbrado a usarla de refugio, no sería otra que la Isla de la Pasión, nombrada también la Isla Médano o Médanos.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Esta isla habría sido descubierta por la marina española y, en virtud del derecho entonces en vigor, fijado por la Bula de Alejandro VII, habría pertenecido a España, y luego, a partir de 1836 a México, como Estado sucesor del Estado español.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Pero, en virtud del estado actual de nuestro conocimiento, no se ha probado que esta isla, sea cual fuere su nombre, haya sido efectivamente descubierta por navegantes españoles. Que éstos la conocían antes de que los diarios de a bordo de los navíos franceses <i>La Princesse</i> (“La Princesa”) y <i>La Découverte</i> (“El descubrimiento”), fechados en 1711, la hubieran identificado y descrito, he aquí una conjetura más o menos probable, y de la cual no se extraería ningún argumento decisivo.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En cuanto al resto, incluso admitiendo que el descubrimiento hubiera sido hecho por los súbditos españoles, faltaría, para que la tesis de México fuera fundada, probar que España, no solamente tenía derecho, en tanto Estado, de incorporar la isla a sus posesiones, sino además que lo hubiera efectivamente ejercido. Pero esto tampoco ha sido demostrado. México produjo en apoyo de su tesis, una carta geográfica impresa de los Archivos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde la isla figura como comprendida en los “Gobiernos Políticos y Militares de España en América del Norte”. Pero no podría afirmar el carácter oficial de esta carta, sea porque no es cierto que ella haya sido dirigida por orden y por cuenta del Estado, sea porque la nota manuscrita que se lee, que ha servido al tribunal real del Consulado de México, no le confirió ese carácter.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Además, la prueba de un derecho histórico de México no es apoyada por ninguna manifestación de su soberanía sobre la isla, soberanía que nunca ha sido ejercida hasta la expedición de 1897. Y la simple convicción, incluso general y antigua, de que se trata de un territorio perteneciente a esta República no es retenida.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En consecuencia, hay lugar para admitir que, cuando en noviembre de 1858 Francia proclamó su soberanía sobre Clipperton, esta isla estaba en la situación jurídica de <i>territorium nullius</i>, y, por lo tanto, susceptible de ocupación.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Queda la cuestión de saber si Francia ha procedido a una ocupación efectiva, satisfaciendo las condiciones requeridas por el derecho internacional para la validez de este género de adquisición territorial. En efecto, México sostiene, secundariamente a su tesis principal, que viene de ser examinada, la no validez de la ocupación francesa y en consecuencia su derecho a ocupar la isla que debía ya ser considerada <i>nullius</i> en 1897.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En lo que toca a esta cuestión, en principio hay que retener que la regularidad del acto por el cual Francia manifestó, en 1858, de una manera clara y precisa, su voluntad de considerar la isla como su territorio es incontestable.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Es, por el contrario, contestado que Francia haya tomado posesión efectiva de la isla y se sostiene que, a falta de tal toma de posesión que exija un carácter efectivo, la ocupación debe ser considerada como nula y sin valor.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Está fuera de duda que por un uso inmemorial con fuerza jurídica, además del <i>animus occupandi</i>, la toma de posesión material y no ficticia es una condición necesaria de la ocupación. Esta toma de posesión consiste en el acto o la serie de actos por los cuales el Estado ocupante reduce a su disposición el territorio en cuestión y se hace valer su autoridad exclusiva. En buena medida y en los casos ordinarios, eso no tiene lugar sino cuando este Estado establece sobre el territorio mismo una organización capaz de hacer respetar sus derechos. Pero esta medida no es, propiamente hablando, sino un medio de proceder a la toma de posesión y en consecuencia no se identifica con ella. Puede haber también caos donde no es necesario recurrir a ese medio. Es así que, si un territorio, por el hecho que está completamente deshabitado, desde el primer momento en que el Estado ocupante hace su aparición, tiene la disposición absoluta e incontestada de este Estado, la toma de posesión debe ser considerada, a partir de ese momento, como cumplida y la ocupación está consumada por esto mismo. No hay lugar para invocar la obligación, estipulada por el art. 35 del Acta de Berlín de 1885, de asegurar sobre los territorios ocupados la existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos, y, llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito, en las condiciones en que esta libertad será estipulada. Este Acta de Berlín, siendo posterior a la ocupación francesa de la que se trata, no concierne sino a los territorios de las costas de África y no liga sino a los Estados signatarios, entre los cuales no está México, en sus relaciones recíprocas, no sería de valor en el presente caso. Además el art. 35 no ha tratado, propiamente hablando, a la toma de posesión, sino estipula una obligación que presupone una ocupación que ya tuvo lugar, y ya válida.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La regularidad de la ocupación francesa ha también sido puesta en duda porque ella no ha sido notificada a otras Potencias. Pero hay que observar que la obligación precisa de esta notificación ha sido estipulada por el art. 34 del Acta de Berlín precitada, que, como se ha dicho más arriba, no es aplicable al presente caso. Cabe estimar que la notoriedad dada al acto de cualquier manera era suficiente y que Francia provocó esta notoriedad publicando el acto mismo de la manera ya indicada.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Se deriva de esas premisas que la Isla de Clipperton ha sido legítimamente adquirida por Francia el 17 de noviembre de 1858. No hay ningún motivo para estimar que Francia hubiera ulteriormente perdido su derecho por <i>derelictio</i>, ya que ella no ha tenido jamás <i>animus</i> de abandonar la isla, y el hecho de no haber ejercido su autoridad de una manera positiva no implica la caducidad de una adquisición ya definitivamente consumada.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por estos motivos, </span><span lang="ES" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">nosotros decidimos, como árbitro, que la soberanía sobre la Isla de Clipperton pertenece a Francia a la fecha de 17 de noviembre de 1858.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Roma, 28 de enero de 1931.</span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><br />
</div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;">(Firmado) VICTOR-EMMANUEL.<span style="color: red;"></span></span></div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div class="MsoBodyText"><br />
</div><div style="mso-element: footnote-list;"><br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1" style="mso-element: footnote;"> <div class="MsoFootnoteText"><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7413914365874189842#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="ES"> Efectuada por Silvina S. González Napolitano.</span></div></div></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-21820054107621115212011-05-13T20:58:00.000-07:002011-05-13T20:58:42.127-07:00Caso Isla de Palmas (EEUU c/Paises Bajos)- Sentencia arbitral<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">ASUNTO DE LA ISLA DE PALMAS</span></b></div><div class="MsoTitle"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Estados Unidos / Países Bajos</span></div><div class="MsoTitle"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(sentencia arbitral, 1928)</span></div><div class="MsoTitle"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">[Síntesis tomada de la publicación de Oriol Casanovas y La Rosa, <i>Casos y Textos de Derecho Internacional Público</i>, Tecnos, Madrid, 4ª ed. revisada (1986), pp. 210-219]</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Nota: <i>En 1906 se inició un litigio entre los Estados Unidos de América y los Países Bajos cuyo objeto era la soberanía sobre la isla de Palmas, también llamada Miangas, que está situada en el área del archipiélago filipino; éste había sido cedido a los Estados Unidos por España mediante el Tratado de París de 1898, al terminar la guerra hispano-americana.</i></span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El litigio surgió tras la visita que en 1906 hizo el general americano Wood a la isla de Palmas y el informe que posteriormente envió a la Secretaría militar del Ejército de los Estados Unidos; dicho informe llevó a la conclusión de que la isla era reclamada por los Países Bajos.</span></i></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los Estados Unidos alegaban su soberanía sobre la isla de Palmas por considerar que estaba incluida en los territorios que les había cedido España. Los Países Bajos reivindicaban, por el contrario, su soberanía sobre la isla basándose en que venían ejerciendo desde mucho tiempo atrás su autoridad sobre ella. </span></i></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La controversia fue sometida al Tribunal Permanente de Arbitraje</span></i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> [Corte Permanente de Arbitraje] <i>para su resolución por un árbitro único, que fue el jurista suizo Max Huber.</i></span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><i>En la sentencia se dice:</i></span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">... Antes de 1906 no había surgido ninguna controversia entre los Estados Unidos, o España, de un lado, y los Países Bajos, del otro, referente en concreto a la isla de Palmas o Miangas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ambas partes reclaman la isla en cuestión en calidad de territorio vinculado durante un largo período de tiempo a territorios que están situados relativamente próximos a ella y que pertenecen sin discusión a la soberanía de una u otra de ellas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>De los términos del Acuerdo Especial se deriva que las partes adoptan la postura de que para los fines del presente arbitraje la isla en cuestión sólo puede pertenecer a una u otra de ellas. Los derechos de terceras potencias sólo pueden tenerse en consideración en tanto en cuanto los derechos de las Partes en la disputa puedan derivarse de ellos ...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... El árbitro considera necesario hacer algunas observaciones generales sobre lo que la soberanía significa en relación con el territorio.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... La soberanía referida a una parte de la superficie del globo (terrestre) es la condición jurídicamente necesaria para que dicha parte pueda ser adscrita al territorio de un determinado Estado...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La soberanía en las relaciones interestatales equivale a independencia. La independencia respecto a una parte del globo (terrestre) es el derecho a ejercer en dicho lugar las funciones estatales, con exclusión de cualquier otro Estado. El desarrollo de la organización de las naciones en forma estatal y, correlativamente, el desarrollo del derecho internacional, han establecido este principio de la competencia exclusiva del Estado respecto de su propio territorio, de suerte que han hecho de dicho principio el punto de partida para resolver la mayoría de las cuestiones relativas a las relaciones internacionales.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... La soberanía territorial pertenece siempre a uno, o en circunstancias excepcionales a varios Estados, con exclusión de todos los demás. El hecho de que las funciones estatales puedan ser realizadas por cualquier Estado en determinadas zonas es precisamente, por otra parte, el rasgo característico de la situación jurídica vigente<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en aquellas partes del globo tales como el alta mar o los territorios sin dueño, que no son o todavía no forman parte del territorio de un Estado.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La soberanía territorial es, en general, una situación reconocida y delimitada en el espacio, bien por las llamadas fronteras naturales, reconocidas por el derecho internacional, o por signos exteriores de determinación que sean indiscutibles, o bien por compromisos legales contraídos entre vecinos interesados, tales como convenios fronterizos, o por actos de reconocimiento de Estados en el ámbito de límites determinados. Si surge una controversia referente a la soberanía sobre una parte del territorio, es costumbre examinar cuál de los Estados que reclaman (dicha) soberanía posee un título ... mejor al que otro Estado pueda exhibir contra él. Sin embargo, si la controversia se basa en el hecho de que la otra Parte ha ejercido su soberanía, no basta con determinar el título por el que la soberanía territorial fue válidamente adquirida en un momento determinado; también se ha de demostrar que dicha soberanía territorial ha continuado existiendo y que existió en el momento que deba ser considerado como crucial para la decisión de la controversia. Esta demostración consiste en el despliegue de actividades, tales que sean propias únicamente del soberano territorial.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los títulos de adquisición de la soberanía territorial en el derecho internacional actual se basan, bien en un acto de efectiva aprehensión, tal como ocupación o conquista, o, en el caso de la cesión, presuponen que la Potencia cedente y la cesionaria, o al menos una de ellas, tienen la facultad de disponer efectivamente del territorio cedido.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Del mismo modo el acrecentamiento natural sólo puede concebirse como el incremente a una parte de territorio donde existe una soberanía actual capaz de extenderse a un punto que cae dentro de su esfera de actividad. Parece, pues, natural que un elemento que es esencial para la constitución de la soberanía no debería faltar en su continuación. Esto es tan cierto, que la práctica ... reconoce ... que el ejercicio continuo y pacífico de soberanía territorial ... equivale a un título. La creciente insistencia con que el derecho internacional, desde mediados del siglo dieciocho, ha exigido que la ocupación deba ser efectiva, sería inconcebible si sólo se requiriera la efectividad para el acto de adquisición y no igualmente para el mantenimiento del derecho. Si se ha insistido por encima de todo en la efectividad en relación con la ocupación, ello es debido a que la cuestión rara vez se suscita en conexión con territorios en los que ya existe un orden de cosas establecido. Igual que antes del nacimiento del derecho internacional los límites de los países se determinaban necesariamente por el hecho de que el poder de un Estado era ejercido dentro de su ámbito, también después, bajo el imperio del derecho internacional, el ejercicio continuo y pacífico constituye todavía uno de los elementos más importantes a tener en consideración al establecer los límites entre los Estados.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La soberanía territorial ... implica el derecho a ejercitar de forma exclusiva las actividades (propias) de los Estados. Este derecho tiene como contrapartida un deber: la obligación de proteger dentro de su propio territorio los derechos de los demás Estados, especialmente su derecho a la integridad e inviolabilidad tanto en tiempo de paz como de guerra, juntamente con los derechos que cada Estado pueda reclamar para aquellos de sus nacionales que se hallen en territorio extranjero. Si el Estado no manifiesta su soberanía territorial de una forma adecuada a las circunstancias, no pueda cumplir plenamente con este deber. La soberanía territorial no puede limitarse a su aspecto negativo, v. gr., a la exclusión de las actividades de otros Estados; ya que dicha soberanía cumple la función de distribuir entre las diversas naciones el espacio en que han de desarrollarse las actividades humanas, con el fin de dispensar a éstas en cualquier parte aquel mínimo de protección del que el derecho internacional es garante.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... El derecho internacional, cuya estructura no está basada en una organización supraestatal, no puede suponerse que minimice un derecho como el de la soberanía territorial, con la que están ligadas casi todas las relaciones internacionales, a la categoría de un derecho abstracto, sin manifestaciones concretas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Las manifestaciones de soberanía territorial asumen, es verdad, diferentes formas, de acuerdo con las condiciones de tiempo y lugar. La soberanía, aunque en principio (es) continua, de hecho no puede ejercitarse en todo momento sobre todos los puntos de un territorio. La intermitencia y discontinuidad compatibles con el mantenimiento del derecho difieren necesariamente según se trate de regiones habitadas o deshabitadas, o regiones situadas entre territorios en los que la soberanía es ejercida incuestionablemente, o regiones accesibles, por ejemplo, desde el alta mar. Es cierto que los Estados limítrofes pueden, mediante convenio, fijar límites a su propia soberanía, incluso en regiones tales como el interior de continentes apenas explorados donde tal soberanía se manifiesta escasamente y de este modo cada uno puede impedir al otro cualquier penetración en su territorio...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Si, sin embargo, no existe ninguna línea convencional de precisión topográfica suficiente, o si existen lagunas en las fronteras establecidas de otro modo, o si una línea convencional da pie para la duda, o si, como por ejemplo en el caso de una isla situada en alta mar, surge la cuestión acerca de si el título es válido <i>erga omnes</i>, el ejercicio efectivo, continuo y pacífico de las funciones estatales es, en caso de controversia, el criterio lógico y normal de soberanía territorial.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... El derecho internacional experimentó profundas modificaciones entre el final de la Edad Media y el final del siglo diecinueve, respecto de los derechos de descubrimiento y adquisición de regiones deshabitadas o regiones habitadas por salvajes o por pueblos semicivilizados .... (Además), un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho contemporáneo suyo, y no (a la luz) del derecho vigente en el tiempo cuando surge, o ha de zanjarse, una controversia con él relacionada. El efecto del descubrimiento por España ha de ser, pues, valorado por las normas de derecho internacional vigentes durante la primera mitad del siglo dieciséis... </span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Si se adopta el punto de vista más favorable a los argumentos americanos, ... esto es, si consideramos como derecho positivo durante el período en cuestión que la regla del descubrimiento como tal, o sea, el mero hecho de ver tierra, sin ningún acto, incluso simbólico, de toma de posesión, comprendía, <i>ipso iure</i>, la soberanía territorial y no un «título incoado» , un <i>ius ad rem</i> que habría de ser completado eventualmente por una toma de posesión efectiva y duradera en un plazo de tiempo razonable, surge la cuestión de si existía soberanía en la fecha crítica, esto es, en el momento de la conclusión y entrada en vigor del Tratado de París.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sobre la cuestión de cuál de los diferentes sistemas jurídicos prevalecientes en sucesivas épocas ha de ser aplicado en un caso concreto –el llamado derecho intertemporal– se debe distinguir entre la creación de derechos y existencia de derechos. El mismo principio que somete el acto creador de un derecho al derecho vigente al tiempo del nacimiento de este derecho, exige que la existencia del derecho, entre otras palabras, su manifestación continuada, deberá seguir las condiciones requeridas por la evolución del derecho.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>En el siglo diecinueve, el derecho internacional, en consideración al hecho de que la mayor parte de la tierra estaba bajo la soberanía de Estados miembros de la comunidad internacional y que los territorios sin dueño eran relativamente escasos, tomó nota de la tendencia existente y desarrollada especialmente desde mediados del siglo dieciocho y sentó el principio de que la ocupación, para fundar una reclamación de soberanía territorial, debe ser efectiva, esto es, ofrecer ciertas garantías a otros Estados y a sus nacionales. Por ello parece incompatible con esta regla de derecho positivo que haya regiones que ni estén bajo la efectiva soberanía de un Estado ni se hallen sin dueño y que, en cambio, estén reservadas a la exclusiva influencia de un solo Estado, en virtud únicamente de un título de adquisición que ya no está reconocido por el derecho vigente, incluso si tal título alguna vez confirió la soberanía territorial. Por estas razones, el solo descubrimiento, sin ningún acto subsiguiente, no puede bastar en el momento presente para probar la soberanía sobre la isla de Palmas o Miangas...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Si, por el contrario, se toma el punto de vista de que el descubrimiento no constituye un título definitivo de soberanía sino sólo un título «incoado», tal título existe, es cierto, sin manifestación externa. Sin embargo, de acuerdo con la opinión que ha prevalecido en todo momento desde el siglo diecinueve, un título incoado de descubrimiento debe ser completado en un plazo razonable por la ocupación efectiva de la región que se afirma haber descubierto. Se debe aplicar este principio en el presente caso por las razones expuestas antes en relación con las reglas que determinan cuál de los sucesivos sistemas legales ha de aplicarse – el llamado derecho intertemporal. En el presente caso no ha sido alegado ningún acto de ocupación ni tampoco, excepto en un período reciente, ningún ejercicio de soberanía en la isla de Palmas (realizado) por España. Pero incluso admitiendo que el título español existiera todavía como incoado en 1898 y pudiera considerársele incluido en la cesión realizada por el art. III del Tratado de París, un título incoado no puede prevalecer sobre un título anterior definitivo presentado por otro Estado...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Queda por examinar, por último, el título que nace de la contigüidad. Aunque en determinadas circunstancias los Estados han mantenido que las islas (situadas) relativamente cerca de sus costas les pertenecen en virtud<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de su situación geográfica, es imposible mostrar la existencia de una regla de derecho internacional positivo al efecto de que las islas situadas fuera de aguas territoriales deban pertenecer a un Estado por el mero hecho de que su territorio constituye la <i>terra firma</i>, el continente más cercano o isla de tamaño considerable. No sólo parece que no existen precedentes (lo) suficientemente frecuentes y precisos en su contenido (como) para establecer tal regla de derecho internacional, sino que dicho principio es por su propia naturaleza tan incierto y tan controvertido que incluso los Gobiernos de un mismo Estado han sostenido en ocasiones diferentes opiniones contradictorias respecto de su validez. El principio de la contigüidad puede no estar fuera de lugar referido a islas cuando se trata de adjudicarlas a un Estado en vez de a otro, ya por un acuerdo entre las partes o por una decisión no fundada imperativamente en el derecho; pero este principio, en tanto que regla estableciendo <i>ipso iure</i> una presunción de soberanía a favor de un determinado Estado, estaría en conflicto con lo que se ha dicho que es la soberanía territorial y con la necesaria relación entre el derecho a excluir de una región a otros Estados y el deber de ejercitar allí las actividades estatales. Tampoco es admisible este principio de contigüidad como un método jurídico de decidir cuestiones de soberanía territorial, pues carece totalmente de precisión y su aplicación conduciría a resultados arbitrarios. Esto sería especialmente cierto en un caso como el de la isla en cuestión, que no está relativamente cerca de un único continente sino que forma parte de un extenso archipiélago en el que no están claras unas estrictas delimitaciones entre sus diferentes partes.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sin embargo, existe en el fondo de la idea de la contigüidad un aspecto que también ha de ser examinado en relación con la isla de Palmas o Miangas...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... En el ejercicio de la soberanía territorial existen necesariamente lagunas, intermitencias en el tiempo y discontinuidades en el espacio. Se puede observar este fenómeno especialmente en el caso de los territorios coloniales (que están) parcialmente deshabitados o todavía parcialmente insumisos. El hecho de que un Estado no pueda probar el ejercicio de soberanía sobre dichas partes del territorio no puede interpretarse precipitadamente en el sentido de que dicha soberanía no existe. Cada caso debe considerarse según las circunstancias propias del mismo.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Hay que tener presente que la jurisprudencia arbitral internacional en (materia de) controversias sobre soberanía territorial ... parece atribuir a los actos de ejercicio de soberanía, incluso realizados aisladamente, mayor peso que a la continuidad del territorio, a pesar de que dicha continuidad se combinara con la existencia de límites naturales.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... La argumentación de los Países Bajos sostiene que la Compañía de las Indias Orientales estableció la soberanía holandesa sobre la isla de Palmas o Miangas desde el siglo diecisiete por medio de acuerdos con los reyezuelos (indígenas) y que dicha soberanía se ha venido ejerciendo durante los dos últimos siglos.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los actos de la Compañía (Holandesa) de las Indias Orientales realizados con el fin de ocupar o colonizar las regiones en litigio en el presente caso deben, según el derecho internacional, asimilarse enteramente a los actos del propio Estado de los Países Bajos. Desde finales del siglo dieciséis hasta el siglo diecinueve, a las compañías formadas por individuos y dedicadas a fines económicos (Compañías creadas por Carta) se les concedieron, por aquellos Estados de quienes dependían, facultades de carácter público para la adquisición y administración de colonias. La Compañía Holandesa de las Islas Orientales es una de las mejor conocidas...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Si un contrato celebrado por la Compañía cae en la esfera de las meras transacciones económicas o tiene naturaleza política o administrativa de carácter público es una cuestión que debe resolverse atendiendo a cada caso concreto. Respecto a los <i>contratos entre un Estado </i>o una Compañía, como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y <i>reyezuelos indígenas o jefes de pueblos </i>no reconocidos como miembros de la comunidad internacional, (éstos) no son, según el derecho internacional, tratados o convenios capaces de crear derechos y obligaciones semejantes a los que, en derecho internacional, nacen de los tratados. Sin embargo, los contratos de esa naturaleza no están enteramente desprovistos de efectos indirectos en situaciones regidas por el derecho internacional; si bien no constituyen títulos en derecho internacional, al menos constituyen hechos que el derecho debe tener en cuenta en ciertas circunstancias... Generalmente las relaciones jurídicas creadas en virtud de tales contratos adoptan la forma de señorío y vasallaje o la del llamado protectorado colonial...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... La prueba documental lleva a la conclusión de que la Isla de Palmas o Miangas era considerada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en la primera mitad del siglo dieciocho como una parte de su Estado vasallo de Tabukan...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... La reclamación de soberanía de los Estados Unidos con respecto a la isla de Palmas o Miangas se deriva de España por vía de cesión, de acuerdo con el Tratado de París. Este tratado ... no otorgó a favor de los Estados Unidos ningún título de soberanía que no hubiera tenido España anteriormente. El punto esencial es, pues, decidir si España tuvo soberanía sobre Palmas o Miangas en el tiempo de la entrada en vigor del Tratado de París.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los Estados Unidos fundan su reclamación en títulos basados en el descubrimiento, el reconocimiento por tratado y la contigüidad, esto es, títulos relacionados con circunstancias que llevan a la adquisición de soberanía; sin embargo, no han demostrado el hecho de que la soberanía así adquirida fuese ejercida en algún momento.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los Países Bajos fundan, por el contrario, su reclamación de soberanía esencialmente en el título del continuo y pacífico ejercicio de la autoridad del Estado sobre la isla. Debido a que en derecho internacional este título prevalecería sobre un título de adquisición de soberanía no seguido por el ejercicio efectivo de autoridad estatal es necesario aclarar... si lo alegado por los Países Bajos ha sido suficientemente probado y, si así es, durante cuánto tiempo.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Los Países Bajos han logrado probar... (que, al menos desde 1790, la isla formó parte de dos de los Estados indígenas de la Isla de Sangri, los cuales estaban desde 1677 bajo el señorío de la Compañía de las Indias Orientales, y por ello, de los Países Bajos, y que se ejercieron actos de autoridad que afectaban a la Isla por el vasallo, o el señor, entre 1700 y 1898, y 1898 y 1906).</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Consideración aparte de que las manifestaciones de soberanía sobre una isla pequeña y distante, habitada por indígenas, no puede esperarse que sea frecuente, no es necesario que el ejercicio de la soberanía se remonte a un período muy lejano. Puede bastar con que tal ejercicio existiera en 1898 y que hubiera ya existido bastante antes de esta fecha de una forma tan continuada y pacífica como para permitir a cualquier Potencia que pudiera considerarse poseedora de soberanía, el tener, según las condiciones locales, una posibilidad razonable para verificar la existencia de un estado de cosas contrario a sus ciertos o supuestos derechos.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Es bastante normal que el establecimiento de la soberanía sea el resultado de una lenta evolución, de una intensificación progresiva del control estatal. Especialmente esto sucede así al adquirirse la soberanía en virtud del establecimiento de un señorío por una Potencia colonial sobre un Estado indígena, en relación con las posesiones exteriores de dicho Estado (indígena).</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ahora, las pruebas referentes al período posterior a la primera mitad del siglo diecinueve muestran con certeza que el Gobierno de las Indias Holandesas consideraba claramente a la Isla como parte de sus posesiones y que en los años inmediatamente precedentes a 1898 tuvo lugar una intensificación en el ejercicio de su soberanía.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Debe ser admitido el carácter pacífico del ejercicio de la soberanía holandesa durante todo el período al cual se refieren las pruebas relativas a actos de ejercicio (de soberanía) (1700-1906).</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Más aún, no existen pruebas que permitan afirmar la existencia de un acto de ejercicio de soberanía sobre la Isla por parte de España u otra Potencia, de modo que pudiera contrarrestar o descartar las manifestaciones de soberanía de los Países Bajos. En cuanto a terceras Potencias, las pruebas aportadas al Tribunal no revelan ningún rastro de tales actuaciones al menos desde mediados del siglo diecisiete en adelante. Estas circunstancias, junto con la ausencia de prueba alguna de conflicto entre autoridades holandesas y españolas respecto de Palmas o Miangas durante más de dos siglos, constituyen una prueba indirecta del ejercicio exclusivo de la soberanía holandesa.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... Respecto de los requisitos de adquisición de soberanía por vía del ejercicio pacífico y continuado de la autoridad (por) un Estado (la llamada prescripción adquisitiva)... se ha de decir lo siguiente:</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>(Que) el ejercicio ha sido público y sin ocultación, es decir, conforme a los usos referentes al ejercicio de soberanía sobre Estados coloniales. Parece imposible que pudiera existir un ejercicio clandestino de autoridad estatal sobre un territorio habitado durante un período de tiempo considerable. (Que) no hubo obligación por parte de los Países Bajos de notificar a las demás potencias el establecimiento del señorío sobre los Estados Sangi o el ejercicio de soberanía en esos territorios.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Tal notificación, como cualquier otro acto formal, sólo sería requisito jurídicamente necesario si se deriva de una norma de derecho expresa. Una norma de este tipo, adoptada en 1885 por las Potencias para el continente africano, no se aplica <i>de plano</i> a otras regiones, y de aquí que los acuerdos de ... 1885<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>... 1889, incluso si hubieran de ser considerados como las primeras manifestaciones de soberanía sobre Palmas o Miangas no estarían sometidos al requisito de notificación.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En adelante ya no puede dudarse de que los Países Bajos ejercieron la autoridad estatal sobre los Estados Sangi como soberanos por derecho propio y no por título derivado o precario.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Se deben considerar cumplidos los requisitos de adquisición de soberanía por parte de los Países Bajos. Queda ahora por ver si los Estados Unidos, como sucesores de España, están en posición de exhibir un título equivalente o mejor. A esto hay que responder negativamente.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El título de descubrimiento... según la interpretación más favorable y extensiva, sólo podría existir como título incoado, como pretensión de establecer la soberanía mediante ocupación efectiva. Sin embargo, un título incoado no puede prevalecer sobre un título perfecto basado en un ejercicio de soberanía pacífico y continuo.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El título de contigüidad, entendiendo como fundamento de la soberanía territorial, carece de base en derecho internacional...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>... El derecho internacional, como (todo) el derecho en general, tiene la función de garantizar la coexistencia de intereses diversos que son dignos de protección jurídica. Si, como en el presente caso, sólo puede prevalecer uno de los dos intereses en conflicto, ya que la soberanía sólo puede atribuirse a una de las Partes, el interés que supone el mantenimiento de un estado de cosas que, en el momento crítico, ofrecía una cierta garantía para el respeto de sus derechos a los habitantes del territorio disputado y a los demás Estados, debe prevalecer, en caso de duda, sobre un interés que, supuesto que estuviera reconocido por el derecho internacional, todavía no se ha desarrollado mediante manifestaciones concretas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Suponiendo que, al tiempo de la entrada en vigor del Tratado de París, la Isla no formara parte de ningún Estado, España sólo habría podido ceder aquellos derechos que posiblemente se derivaran del descubrimiento o la contigüidad. En cambio, el título incoado de los Países Bajos no hubiera podido ser alterado por un tratado celebrado entre terceras Potencias; y tal tratado tampoco hubiera podido imprimir el carácter de ilegalidad a ninguna acción emprendida por los Países Bajos con vistas a completar su título incoado –al menos en tanto no surgiera una controversia sobre el tema...</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ahora, del informe del general Wood, se deduce que el establecimiento de la autoridad de los Países Bajos, demostrado también por signos externos de soberanía, había alcanzado tal grado de desarrollo que la importancia de mantener este estado de cosas debe considerarse que debe prevalecer sobre una reclamación basada posiblemente, o bien en un descubrimiento (realizado) en tiempos muy remotos y no reforzado por la ocupación, o en una mera posición geográfica.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Esta es la conclusión alcanzada atendiendo a la relativa fuerza de los títulos innovados por cada Parte y fundada exclusivamente en una parte limitada de las pruebas relativas a la época inmediatamente anterior al nacimiento de la controversia.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La misma conclusión se impone todavía con mayor vigor si se toman en consideración todas las pruebas por las que se pretende demostrar que, durante el período de 1700 a 1906, se realizaron actos no perturbados de ejercicio pacífico de la soberanía por parte de los Países Bajos, y que... pueden considerarse prueba suficiente de la soberanía de los Países Bajos.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por estas razones el árbitro decide lo siguiente: La Isla de Palmas o Miangas forma en su totalidad parte del territorio de los Países Bajos (Nations Unies, <i>Recueil des Sentences Arbitrales</i>, vol. II, págs. 829 y sigs.).</span></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-61849762312670015322011-05-08T21:44:00.001-07:002011-05-08T21:44:17.271-07:00CASO NOTTEBOHM<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoTitle" style="margin-left: -7.1pt; text-indent: 7.1pt;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">CASO NOTTEBOHM</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(SEGUNDA FASE)</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">(Liechtenstein c. Guatemala)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b></div><div class="MsoTitle"><br />
</div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Corte Internacional de Justicia</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Fallo, 6 de abril de 1955</span></b></div><div class="MsoTitle"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">[Síntesis tomada de la publicación de las Naciones Unidas <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991</i>, pp. 46-47]</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El caso Nottebohm fue incoado ante la Corte mediante una solicitud del Principado de Liechtenstein contra la República de Guatemala.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Liechtenstein reclamaba la restitución e indemnización alegando que el Gobierno de Guatemala había actuado contra el Sr. Friedrich Nottebohm, ciudadano de Liechtenstein, de manera contraria al derecho internacional. Guatemala, por su parte, sostenía que la reclamación era improcedente por muchas razones, una de las cuales se relacionaba con la nacionalidad de Nottebohm, para proteger al cual el Principado de Liechtenstein había presentado el caso ante la Corte.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En su fallo, la Corte aceptó esta última excepción perentoria y, en consecuencia, consideró que la reclamación de Liechtenstein era improcedente.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El fallo fue dictado por 11 votos contra 3. Los Magistrados Klaestad y Read y el Sr. Guggenheim, Magistrado <i>ad hoc</i>, añadieron al fallo las exposiciones de sus opiniones disidentes.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">*</span></div><div class="MsoTitle"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">*<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>*</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En su fallo, la Corte afirma la fundamental importancia de la excepción perentoria anteriormente mencionada. Al oponer esa excepción, Guatemala mencionó el bien establecido principio de que sólo el lazo de nacionalidad entre el Estado y el individuo confiere al Estado el derecho de la protección diplomática. Liechtenstein consideraba haber actuado conforme a ese principio y alegaba que Nottebohm era indudablemente súbdito del Principado en virtud de la naturalización que se le había conferido.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte examina luego los hechos. Nottebohm, nacido en Hamburgo, era todavía ciudadano alemán cuando, en octubre de 1939, solicitó la nacionalización en Liechtenstein. En 1905 se trasladó a Guatemala, donde estableció el centro de sus actividades comerciales, que crecieron y prosperaron. Hizo algunos viajes de negocios a Alemania y de placer a otros países y algunas visitas al Principado de Liechtenstein, donde residía uno de sus hermanos desde 1931; pero conservó su domicilio fijo en Guatemala hasta 1943, es decir, hasta que ocurrieron los acontecimientos en que se basa esta controversia. En 1939 salió de Guatemala, a fines de marzo; parece haber ido a Hamburgo y haber visitado brevemente Liechtenstein, donde se encontraba a principios de octubre de 1939. El 9 de octubre de 1939, apenas transcurrido un mes del comienzo de la segunda guerra mundial, caracterizada por el ataque de Alemania a Polonia, solicitó su naturalización como ciudadano del Principado de Liechtenstein.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las condiciones necesarias para la naturalización de los extranjeros en Liechtenstein se establecen en la ley de 4 de enero de 1934 del Principado, que exige, entre otras cosas: que el solicitante pruebe habérsele prometido la burguesía de una comuna de Liechtenstein para el caso de adquirir la nacionalidad de dicho Estado; que, salvo dispensa de ciertas condiciones, pueda probar que perderá su nacionalidad anterior a consecuencia de la naturalización; que haya residido en el Principado por lo menos durante tres años, aunque sea posible eximirlo de esta en casos que merezcan consideración especial y como excepción; que haya llegado a un acuerdo fiscal con las autoridades competentes y pagado un impuesto de naturalización. La ley exige que la naturalización sólo se conceda con perfecto conocimiento de todos los hechos pertinentes y agrega que está prohibido conceder la nacionalidad cuando las circunstancias del caso hagan temer que pueda causar inconvenientes a Liechtenstein. En cuanto al procedimiento, el Gobierno examina la solicitud, obtiene información sobre el solicitante, somete la solicitud a la Dieta y, si ésta la aprueba, presenta una petición al Príncipe reinante, el único que puede conferir nacionalidad.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En su solicitud de naturalización, Nottebohm pidió al mismo tiempo la confirmación previa de la burguesía a Mauren, comuna de Liechtenstein. Solicitó que se le dispensara de la condición de tres años de residencia previa, sin indicar las circunstancias especiales que justificaban tal dispensa. Se comprometió a pagar 25.000 francos suizos a la comuna y 12.500 al Estado, las costas del proceso, un impuesto anual de naturalización de 1.000 francos (bajo reserva de que el pago de esos impuestos se descontaría de los impuestos ordinarios que le correspondería pagar, si estableciera su residencia en Liechtenstein) y a depositar como garantía la suma de 30.000 francos suizos. Un documento del 15 de octubre de 1939 certifica que, en tal fecha, se le había concedido la burguesía de Mauren. Un certificado del 17 de octubre de 1939 prueba el pago de los impuestos exigidos. El 20 de octubre, Nottebohm prestó juramento de fidelidad y, el 23 de octubre, llegó a un acuerdo fiscal con las autoridades. Se presentó también una carta de naturalización, a fin de probar que Nottebohm había sido naturalizado, el 13 de octubre de 1939, por resolución suprema del Príncipe. Nottebohm obtuvo luego un pasaporte de Liechtenstein, que fue visado por el Cónsul General de Guatemala en Zurcí el 1° de diciembre de 1939, y regresó a Guatemala a comienzos de 1940 para reanudar su actividad comercial.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Sentados esos hechos, la Corte examina si la naturalización así concedida podía ser válidamente invocada contra Guatemala, si confería a Liechtenstein títulos suficientes para proteger a Nottebohm frente a Guatemala y si, por consiguiente, ese país estaba autorizado a someter a la Corte una reclamación concerniente a Nottebohm. La Corte no se propone exceder este limitado alcance de la cuestión.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A fin de establecer que la solicitud es procedente, Liechtenstein alega que Guatemala había reconocido anteriormente la naturalización que ahora pretende desconocer. Del examen de la actitud de Guatemala hacia Nottebohm después de su naturalización, la Corte llega a la conclusión de que Guatemala no había reconocido los títulos de Liechtenstein para proteger a Nottebohm. La Corte examina luego la cuestión de si la concesión de esa nacionalidad hecha por Liechtenstein imponía directamente a Guatemala la obligación de reconocer sus efectos; en otros términos, si el acto unilateral de Liechtenstein podía ser invocado contra Guatemala para el ejercicio de esa protección. La Corte examina esta cuestión, sin entrar a considerar la validez de la naturalización de Nottebohm conforme a la ley de Liechtenstein.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La nacionalidad corresponde a la jurisdicción interna del Estado, el cual establece, conforme a su propia legislación, las normas que regulan la adquisición de su nacionalidad. Sin embargo, la cuestión que la Corte ha de decidir no se refiere al orden jurídico de Liechtenstein; al ejercer la protección de sus nacionales, el Estado se sitúa en el plano del derecho internacional. La práctica internacional ofrece importantes ejemplos de actos realizados por los Estados en el ejercicio de su jurisdicción interna que ni necesaria ni automáticamente tienen efectos internacionales. Cuando dos Estados han concedido su nacionalidad al mismo individuo, y esta situación ya no se confina a la jurisdicción interna de cada uno de dichos Estados, sino que se extiende al plano internacional, los árbitros internacionales o los tribunales de terceros Estados que deban entender en la cuestión dejarían subsistir la contradicción si se aferrasen a la idea de que la nacionalidad corresponde exclusivamente a la jurisdicción interna del Estado. Para resolver el conflicto, deben, por el contrario, tratar de determinar si la nacionalidad ha sido conferida en circunstancias tales que impongan al Estado demandado la obligación de reconocer el efecto de esa nacionalidad Para decidir esta cuestión se han elaborado algunos criterios. Los jueces neutrales han acordado su preferencia a la nacionalidad real y efectiva, la que concuerda con los hechos, la que se basa en los lazos más fuertes entre la persona interesada y uno de los Estados cuya nacionalidad se disputa. Se toman en consideración distintos elementos cuya importancia varía de un caso a otro; entre ellos figuran la residencia habitual del interesado, sus lazos familiares, su participación en la vida pública, la adhesión demostrada a un país e inculcada a sus hijos, etc.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La misma tendencia prevalece en la doctrina. Además, la práctica de algunos Estados, que se abstienen de proteger a un ciudadano naturalizado cuando este último ha roto efectivamente sus lazos con lo que ya no es para él más que un país nominal, manifiesta la condición de que la nacionalidad, para poder ser invocada contra otro Estado, debe corresponder a una situación de hecho.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El carácter así reconocido a la nacionalidad en el plano internacional de modo alguno resulta incompatible con el hecho de que el derecho internacional deje librado a cada Estado el cuidado de establecer las normas que rigen la concesión de su propia nacionalidad. Así ocurre en ausencia de un acuerdo general acerca de las normas relativas a la cuestión de la nacionalidad. Se ha estimado que el mejor medio de lograr que dichas normas concuerden con las distintas condiciones demográficas de los diferentes países es dejar a cada Estado el cuidado de determinarlas. Sin embargo, por otra parte, un Estado no puede sostener que las normas que él ha establecido deben ser reconocidas forzosamente por otro Estado, si no ha actuado en conformidad con esa formalidad de hacer coincidir la concesión de la nacionalidad con un lazo efectivo entre el Estado y el individuo. </span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Conforme a la práctica de los Estados, la nacionalidad constituye la expresión jurídica del hecho de estar una persona más estrechamente relacionada con la población de un Estado determinado. Concedida por un Estado, sólo autoriza a éste a proteger al favorecido si constituye la traducción en términos jurídicos de la adhesión del interesado a ese Estado. ¿Cuál es la situación en el caso del Sr. Nottebohm? En el momento de la naturalización, ¿parecía Nottebohm más estrechamente ligado, por sus tradiciones, su residencia, sus intereses, sus actividades, sus lazos familiares y sus intenciones para el futuro próximo, con Liechtenstein que con cualquier otro Estado?</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A ese respecto, la Corte expone los hechos esenciales del caso y señala que Nottebohm mantuvo siempre sus lazos familiares y comerciales con Alemania y que nada indica que su solicitud de naturalización en Liechtenstein obedeciera al deseo de romper con el Gobierno de su país. Por otra parte, había estado establecido durante treinta y cuatro años en Guatemala, donde se encontraba el centro de sus intereses y de sus actividades comerciales. Permaneció allí hasta que en 1943 se le obligó a retirarse como medida de guerra, y se quejó de la negativa de Guatemala a volver a admitirlo. Miembros de la familia de Nottebohm han manifestado, además, su deseo de pasar en Guatemala sus últimos años. Sus lazos reales con Liechtenstein, en cambio, son sumamente tenues. Nottebohm se dirigió allí en 1946 porque Guatemala se había negado a admitirlo. Por una parte, la Corte se halla ante la ausencia de cualquier lazo de adhesión a Liechtenstein y por la otra, con una conexión antigua y más estrecha entre Nottebohm y Guatemala, lazo que su naturalización de modo alguno debilitó. La naturalización no se basó en una conexión real anterior con Liechtenstein, y en modo alguno modificó la vida de la persona a quien fue conferida en circunstancias excepcionales, por su rapidez y por las facilidades concedidas. A ambos respectos faltaba el requisito de la sinceridad que debe caracterizar un acto de tal importancia para que pueda merecer el respeto de un Estado en la posición de Guatemala. Fue concedida sin tener en cuenta el concepto de nacionalidad aceptado en las relaciones internacionales. La naturalización fue solicitada no tanto con el fin de obtener el reconocimiento jurídico de la presencia real de Nottebohm en la población de Liechtenstein, como para permitirle reemplazar su condición de nacional de un Estado beligerante por la de súbdito de un Estado neutral, con el único fin de pasar bajo la protección de Liechtenstein, pero no de abrazar sus tradiciones, sus intereses y su género de vida o asumir obligaciones, con excepción de las fiscales, y ejercer los derechos correspondientes a la condición así adquirida.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Por esas razones, la Corte declaró que la reclamación de Liechtenstein era improcedente.-</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-43393417163552680682011-05-08T21:43:00.001-07:002011-05-08T21:43:49.234-07:00Caso Barcelona Traction<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">CASO RELATIVO A LA BARCELONA TRACTION, </span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(SEGUNDA FASE)</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Bélgica c. España)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b></div><div class="MsoTitle"><br />
</div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Corte Internacional de Justicia</span></b></div><div class="MsoTitle"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Fallo, 5 de febrero de 1970</span></b></div><div class="MsoTitle"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">[Síntesis tomada de la publicación de las Naciones Unidas <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991</i>, pp. 104-106]</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify; text-indent: -42.55pt;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el fallo pronunciado en la segunda fase del caso relativo a la Barcelona <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Traction</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">, Light and Power Company, Limited</span> (Nueva demanda: 1962) (Bélgica contra España), la Corte rechazó la demanda de Bélgica por 15 votos contra 1.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La demanda, incoada ante la Corte el 19 de junio de 1962, tuvo su origen en la declaración de quiebra en España de la Barcelona Traction, una sociedad constituida en Canadá. Su objeto era la reparación de los perjuicios que, según la tesis de Bélgica, habían sufrido nacionales belgas, accionistas de dicha sociedad, debido a actos, supuestamente contrarios al derecho internacional, que habían cometido respecto a esa sociedad ciertos órganos del Estado español.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte resolvió que Bélgica carecía de <i>jus standi</i> para ejercitar la protección diplomática de los accionistas de una sociedad canadiense respecto a las medidas adoptadas contra esa sociedad en España.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los Magistrados Petrén y Onyeama adjuntaron una declaración conjunta al fallo; el Magistrado Lachs agregó una declaración. El Presidente Bustamante y Rivero y los Magistrados Sir Gerald Fitzmaurice, Tanaka, Jessup, Morelli, Padilla Nervo, Gros y Ammoun agregaron opiniones separadas. El Magistrado <i>ad hoc</i> Riphagen agregó una opinión disidente.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Antecedentes del caso </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(Párrafos 8 a 24 del fallo)</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La Barcelona Traction</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">, </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">Light and Power Company, Limited</span><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">, fue constituida en 1911 en Toronto (Canadá), donde tenía su oficina principal. Con el objeto de crear y desarrollar un sistema de producción y distribución de energía eléctrica en Cataluña (España), formó varias sociedades filiales, algunas de las cuales estaban registradas en el Canadá y las demás en España. En 1936, las sociedades filiales satisfacían la mayor parte de las necesidades de electricidad de Cataluña. Según el Gobierno de Bélgica, algunos años después de la primera guerra mundial una gran parte del capital accionarial de la Barcelona Traction fue adquirido por nacionales belgas, pero el Gobierno de España alega que no se ha probado la nacionalidad belga de los accionistas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Barcelona Traction emitió varias series de bonos, principalmente denominados en libras esterlinas. El servicio de los bonos en libras esterlinas se realizó mediante transferencias a la Barcelona Traction efectuadas por las sociedades filiales que operaban en España. En 1936, el servicio de los bonos de la Barcelona Traction fue suspendido debido a la guerra civil española. Una vez concluida esta guerra, las autoridades españolas de control de cambios se negaron a autorizar la transferencia de las divisas extranjeras necesarias para reanudar el servicio de los bonos en libras esterlinas. Posteriormente, cuando el Gobierno de Bélgica se quejó de ello, el Gobierno de España manifestó que no podían autorizarse las transferencias a menos que se probara que las divisas extranjeras iban a utilizarse para reembolsar deudas procedentes de la genuina importación de capital extranjero a España, y que eso no se había demostrado.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En 1948, tres tenedores españoles de bonos en libras esterlinas de la Barcelona Traction, recientemente adquiridos, pidieron al tribunal de Reus (provincia de Tarragona) que declarara la quiebra de la sociedad, sobre la base del impago de los intereses de los bonos. El 12 de febrero de 1948 se pronunció un fallo en el que se declaraba quebrada a la sociedad y se ordenaba el embargo de los bienes de la Barcelona Traction y de dos de sus filiales. En cumplimiento de ese fallo, fueron despedidos los principales directivos de las dos sociedades y se nombró directores españoles. Poco después, esas medidas fueron ampliadas a las demás sociedades filiales. Se crearon nuevas acciones de las filiales, que fueron vendidas en pública subasta en 1952 a una sociedad nueva, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (FECSA), que consecuentemente adquirió el control total de la empresa en España.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Varias sociedades o personas incoaron sin éxito actuaciones ante los tribunales españoles. Según el Gobierno español, antes de que el caso fuese presentado a la Corte Internacional de Justicia, se expidieron 2.736 providencias relacionadas con él y fueron dictados 494 fallos por tribunales inferiores y 37 por tribunales superiores. La Corte determinó que en 1948 la Barcelona Traction, que no había recibido una notificación judicial del procedimiento de quiebra y no estuvo representada ante el tribunal de Reus, no incoó actuaciones ante los tribunales españoles hasta el 18 de junio y, por ello, no se opuso a la declaración de quiebra en el plazo de ocho días a partir de la fecha de publicación del fallo, que establecía la legislación española. El Gobierno de Bélgica alega, sin embargo, que la notificación y la publicación no se hicieron con arreglo a los requisitos legales pertinentes y que el plazo de ocho días nunca comenzó a correr.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A partir de 1948 o 1949, presentaron exposiciones al Gobierno de España los Gobiernos británico, canadiense, estadounidense y belga. La intervención del Gobierno de Canadá cesó enteramente en 1955.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia y naturaleza de la demanda </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(Párrafos 1 a 7 y 26 a 31 del fallo)</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El Gobierno de Bélgica presentó a la Corte una primera solicitud contra el Gobierno español en 1958. En 1961, notificó el desistimiento de las actuaciones, con miras a que se realizaran negociaciones entre los representantes de los intereses privados, y el caso fue retirado de la lista general de la Corte. Fracasadas las negociaciones, el Gobierno de Bélgica presentó a la Corte una nueva solicitud el 19 de junio de 1962. En 1963, el Gobierno de España presentó cuatro excepciones preliminares contra esa solicitud. En su fallo de 24 de julio de 1964, la Corte rechazó las excepciones primera y segunda y unió al fondo del asunto la tercera y la cuarta.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En las actuaciones escritas y orales subsiguientes, las partes proporcionaron abundante material e información. La Corte señaló que la duración desacostumbrada de las actuaciones se debía a los larguísimos plazos solicitados por las partes para la preparación de los alegatos escritos y sus respetivas peticiones de una prórroga de esos plazos. La Corte consideró que no debía negar esas peticiones, pero seguía estando convencida de que, en interés de la autoridad de la justicia internacional, los casos debían decidirse sin demoras injustificadas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La reclamación sometida a la Corte había sido presentada en nombre de personas naturales y jurídicas, presuntamente nacionales de Bélgica y accionistas de la Barcelona Traction, una sociedad constituida en el Canadá y que tenía allí su domicilio comercial. El objeto de la solicitud era la reparación que supuestamente habían sufrido esas personas debido al comportamiento, que se pretendía contrario al derecho internacional de diversos órganos del Estado español respecto a la sociedad.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la tercera excepción preliminar del Gobierno español, que se había incorporado al fondo del asunto, se afirmaba que el Gobierno belga no tenía capacidad para presentar una demanda con motivo de perjuicios causados a una sociedad canadiense, aunque los accionistas fueran belgas. En la cuarta excepción preliminar, que también se unió al fondo del asunto, se alegaba que no se habían agotado los recursos que ofrecía el ordenamiento interno español.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El caso presentado a la Corte afectaba principalmente a tres Estados, Bélgica, España y el Canadá, y era necesario, por consiguiente, resolver una serie de problemas derivados de esa relación triangular.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">El <i>jus standi</i> del Gobierno de Bélgica </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(Párrafos 32 a 101 del fallo)</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte examinó primeramente la cuestión –planteada en la tercera excepción preliminar, que había sido incorporada al fondo del asunto– relacionada con el derecho de Bélgica a ejercer la protección diplomática respecto de accionistas belgas de una compañía constituida en el Canadá, ya que las medidas contra las que se reclamaba habían sido adoptadas contra la propia compañía y no contra ningún nacional belga.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte señaló que cuando un Estado admitía en su territorio inversiones extranjeras o nacionales extranjeros, estaba obligado a extender a ellos la protección de la ley y asumía obligaciones respecto al trato que se les daba. Sin embargo, esas obligaciones no eran absolutas. A fin de incoar una reclamación respecto al incumplimiento de esas obligaciones, un Estado debía primeramente probar su derecho a hacerlo.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la esfera de la protección diplomática, el derecho internacional estaba en continua evolución y tenía que reconocer las instituciones del derecho interno. En el derecho interno, el concepto de sociedad se basaba en una distinción clara entre los derechos de la sociedad y los de los accionistas. Sólo la sociedad, que tenía personalidad jurídica, podía actuar en cuestiones de carácter societario. Los daños causados a la sociedad frecuentemente perjudicaban a sus accionistas, pero no implicaba que ambos tuvieran derecho a reclamar una indemnización. Cuando los intereses de los accionistas resultaban perjudicados por daños causados a la sociedad, era a esta última a la que tenían que volverse para que incoara las acciones apropiadas. Un acto que sólo infringiera los derechos de la sociedad no entrañaba responsabilidad respecto a los accionistas, aunque sus intereses resultaran afectados. Para que la situación fuera diferente, el acto objeto de la reclamación debía ir dirigido contra los derechos directos de los accionistas como tales (lo que no ocurría en el presente caso, ya que el propio Gobierno de Bélgica había admitido que no basaba su reclamación en una violación de los derechos directos de los accionistas). </span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El derecho internacional tenía que referirse a las normas generalmente aceptadas en los sistemas jurídicos internos. El perjuicio causado a los intereses de los accionistas como resultado de la violación de los derechos de la sociedad era insuficiente para fundar una reclamación. Cuando se trataba de un acto ilícito cometido contra una sociedad que representara capital extranjero, la norma general de derecho internacional sólo autorizaba a ejercer la protección diplomática, a los efectos de obtener una reparación, al Estado cuya nacionalidad tuviera la sociedad. Ninguna norma jurídica internacional confería ese derecho al Estado nacional de los accionistas.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte consideró si, en el presente caso, podían existir circunstancias especiales para que no se aplicara la norma general. Había que estudiar dos situaciones: a) El caso de que la sociedad hubiera dejado de existir, y b) El caso de que el Estado protector de la sociedad careciera de capacidad para actuar. Respecto a la primera de estas dos posibilidades, la Corte señaló que, si bien la Barcelona Traction había perdido todos sus activos en España y había sido colocada bajo administración judicial en el Canadá, no podía afirmarse que la entidad social de la compañía hubiera dejado de existir o que hubiera perdido su capacidad para actuar como tal. Con respecto a la segunda posibilidad, no se discutía que hubiera sido constituida en el Canadá y que tuviera su domicilio social en ese país, y su nacionalidad canadiense había sido generalmente reconocida. El Gobierno del Canadá había ejercido la protección de la Barcelona Traction durante varios años. Si en un cierto momento el Gobierno del Canadá dejó de actuar en nombre de la Barcelona Traction, mantuvo no obstante su capacidad de hacerlo, que el Gobierno español no había discutido. Cualesquiera que fueran las razones del cambio de actitud del Gobierno canadiense, ese hecho no bastaba para justificar el ejercicio de la protección diplomática por otro gobierno.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Se había alegado que un Estado podía hacer una reclamación cuando las inversiones de sus nacionales en el extranjero, que formaban parte de los recursos económicos nacionales del Estado, fueran perjudicadas en violación del derecho del propio Estado a hacer que sus nacionales se beneficiaran de cierto tratamiento. Sin embargo, en el asunto actual ese derecho sólo podía resultar de un tratado o acuerdo especial. Y no había ningún instrumento vigente de esa clase entre Bélgica y España.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>También se había mantenido que, por razones de equidad, un Estado podía, en ciertos casos, asumir la protección de sus nacionales, accionistas de una sociedad que hubiera sido víctima de una violación del derecho internacional. La Corte consideró que la adopción de la teoría de la protección diplomática de los accionistas como tales abriría la puerta a reclamaciones concurrentes por parte de diferentes Estados, lo que podría crear una atmósfera de inseguridad en las relaciones económicas internacionales. En las circunstancias particulares del presente caso, cuando el Estado cuya nacionalidad tenía la sociedad estaba capacitado para actuar, la Corte opinaba que las consideraciones de equidad no conferían al Gobierno de Bélgica ningún tipo de <i>jus standi</i>.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">La decisión de la Corte </span></b><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">(Párrafos 102 y 103 del fallo)</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte tomó conocimiento de la gran cantidad de pruebas documentales y de otro tipo presentadas por las partes, y advirtió planamente la importancia de los problemas jurídicos planteados por la alegación que constituía la base de la reclamación belga y que se refería a las denegaciones de justicia supuestamente cometidas por órganos del Estado español. Sin embargo, la posesión por el Gobierno belga de un derecho de protección era un requisito previo para el examen de esos problemas. Como no se había establecido ningún <i>jus standi</i> ante la Corte, no incumbía a la Corte pronunciarse sobre ningún otro aspecto del caso.</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En consecuencia, la Corte rechazó la reclamación del Gobierno de Bélgica por 15 votos contra 1, basándose 12 de los votos de la mayoría en las razones anteriormente expuestas.-</span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">[Se omite la transcripción de las declaraciones y opiniones separadas y disidentes] </span></i><span style="font-family: "Trebuchet MS","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"></span></div><div class="MsoTitle" style="text-align: justify;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-74116208059776450462011-05-04T21:40:00.005-07:002011-05-04T21:40:54.012-07:00Caso Forgo<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-outline-level: 3; text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">El caso Forgo</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">: </span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Se trataba de una cuestión de sucesión mobiliaria. Javier Forgo era un hijo natural, e nacionalidad bavara, que a la edad de 5 años había sido llevado a Francia por su madre. Durante toda su existencia vivió en Pau, sin haber podio constituir allí su domicilio de derecho. El artículo 13 el codigo civil frances subordinaba la adquisicion de un domicilio de derecho en francia, a la obtención, por parte del interesado, e un decreto de admisión al domicilio. Forgo no solicito ni obtuvo ese decreto y, por tal motivo, se estimo que en frenacia sólo tenia un domicilio de hecho, y que el domicilio de derecho lo había conservado en baviera, lugar de su nacimiento. En Pau murió a los 68 años dejando una importante fortuna mobiliaria y solamente parientes colaterales. Debido a que, segun las leyes susesorias francesas, esos parientes no eran herederos, el juez frances declaro como tal al fisco frances. Asi las cosas, los parientes colaterales de Forgo ejercitaron la accion de peticion de herencia, basados en que su derecho estaba reconocio en el código bávaro, aplicable en virtud e una norma de conflictos francesa, segun la cual la sucesión mobiliaria debia regirse por el último domicilio del causante, que, como dijimos, Forgo había conservado en Baviera. Desestimada la demanda por el tribunal de Pau, los actores recurrieron a la corte de casación, que remitió el asunto al tribunal de apelación de burdeos. Este dictó sentencia estimatoria de la pretención de los parientes de forgo al decidir que la ley aplicable a la sucesión era la del domicilio de derecho el difunto, o sea, la ley Bávara. Por lo tanto, no había más que consultar al código bávaro y proceder, conforme a sus disposiciones sucesorias, a la entrega el haber hereditario. Los abogados fiscales franceses comenzaron a estudiar la ley bávara y descubrieron que ella contenia, a su vez una regla de derecho internacional privado, gracias a la cual el reenvío iba a hacer su entrada en la jurisprudencia. Sostuvieron dichos abogados que el código civil Bávaro, evidentemente aplicable al caso, ya que así lo declaraba la norma de conflictos francesa contenia una regla en virtud de la cual la sucesiones mobiliarias quedaban sometidas a la ley del lugar del domicilio efectivo el difunto. Encontrandose este en francia, la ley bávara competente remitía, por lo tanto, la solucion el asunto a la ley sucesoria francesa y el estado frances debia recoger, pues, la sucesión. Esta tesis fue rechazada por los primeros jueces que conocieron el asunto. Los abogados franceses dedujeron entonces, un recurso de casación sosteniendo que, al aplicar falsamente la ley bávara, el tribunal habia violado indirectamente la ley francesa. La corte de casación de francia acogio el recurso en sentencia de 24 de junio de 1878 triunfando así la tesis del reenvío.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><br />
</div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-54451676268278386422011-05-04T21:40:00.003-07:002011-05-04T21:40:34.191-07:00Caso: Letras de Cambio de Tennessee.<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>ES-AR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
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<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Caso: Letras de Cambio de Tennessee.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"></span></b></div><div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Estas fueron libradas en Estados Unidos y controvertidas ante los tribunales alemanes, que debían aplicar derecho de Tennessee como derecho cambiario material, y derecho alemán - lex fori - como derecho aplicable al procedimiento. Según la calificación alemana, la prescripción pertenece al derecho material cambiario; según la anglosajona, al derecho procesal. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Calificando el derecho cambiario según el derecho de Tennessee, las reglas de prescripción son inaplicables porque resultan procesales, y las cuestiones procesales están regidas por la lex fori alemana. Calificando el derecho procesal según el derecho alemán, tampoco se puede aplicar las normas de prescripción alemanas, porque éstas son de derecho cambiario. Así, pese a que tanto para el derecho alemán como para el de Tennessee, las letras eran prescriptibles, el Tribunal Supremo Alemán llegó a la conclusión de que eran imprescriptibles. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Esta caso, <i>según Boggiano</i>, debería haberse resuelto por aplicación del derecho de Tennessee como un todo sistemático, consideran que el juez de Tennessee habría aplicado sin hesitación la calificación de prescripción como cuestión procesal, según su calificación de DIPr (basada en la lex causae), concluyendo en la aplicación del plazo de prescripción proporcionado por las reglas procesales del hipotético juez. El juez alemán debía, entonces, aplicar la prescripción que hubiese aplicado el juez de Tennessee, tomando el derecho de Tennessee como el todo sistemático de este derecho actualizado en la probable sentencia del juez extranjero (teoría del uso jurídico). </span></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7413914365874189842.post-6903337911552625542011-05-04T21:40:00.001-07:002011-05-04T21:40:18.442-07:00Caso del testamento ológrafo del holandés.<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">El caso del testamento ológrafo del holandés</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">.</span><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;"></span></div><div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">El segundo ejemplo utilizado por Bartin es el del holandés que otorga en Francia un testamento ológrafo, discutiéndose después de su muerte su validez ante un tribunal francés. </span></div><div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;">Se refiere a la aplicación del art. 992 del Código Civil Holandés por un tribunal extranjero. Según el mencionado artículo: <i>“Un holandés que se encuentre en el extranjero no podrá otorgar testamento sino en la forma auténtica y con arreglo a las normas en vigor en los países en los que el acto se realiza”</i>. Si un holandés testa en Francia en forma ológrafa, puede un tribunal francés reconocer la validez de este testamento?. Todo depende de la calificación que se le atribuya a la prohibición del art. 992 del Código Holandés. Si los tribunales franceses relacionan la prohibición con la capacidad del testador y le atribuyen el carácter de una regla de incapacidad, resolverán que el testamento es nulo; si por el contrario vinculan la prohibición con la regla referente a la forma de los actos jurídicos, el testamento será válido porque la ley francesa admite la forma ológrafa. Si se contempla la olografía desde el punto de vista de la capacidad o incapacidad del testador de otorgarlo, resulta aplicable el Derecho Holandés, como derecho nacional del testador, lo cual nos conduce a su nulidad, ya que los holandeses no pueden otorgar testamentos ológrafos dentro o fuera de Holanda. Si la olografía de un testamento es un problema de forma, se aplica el derecho francés (locus regit actum), y el testamento es válido. <i>Para Holanda se debe enfocar desde el punto de vista de la capacidad. Para Francia la olografía es un problema de forma. </i> En lo referente a la forma testamentaria, su punto de conexión invoca el Derecho del lugar de otorgamiento del testamento. La definición de lo que ha de entenderse por “lugar del otorgamiento del testamento” (punto de conexión) es misión del Derecho Francés (lex fori). Una vez establecida Francia como tal lugar, el Derecho Francés (ahora como lex causa, o sea, ley aplicable a la causa que es en este supuesto la forma testamentaria), nos define el concepto de “forma” como comprensivo de la olografía. Por último, el Derecho francés también reglamenta el problema de la olografía, o sea, nos indica si un testamento ológrafo es admisible y qué condiciones debe cumplir para ser válido. El testamento del holandés resulta válido desde el punto de vista formal. En segundo lugar, nos toca analizar la norma referente a la capacidad testamentaria. Su punto de conexión es la nacionalidad del testador. Aunque, en principio, la calificación del punto de conexión se encomienda a la lex civilis fori, con respecto a la nacionalidad se estatuye una excepción: ella se rige siempre conforme al Derecho Público del país cuya nacionalidad el interesado ostenta. En nuestro supuesto, el testado sólo ostentaba la nacionalidad holandesa; y era realmente holandés. Una vez determinado el Derecho Holandés como aplicable a la capacidad de testar, que es la causa de la norma indirecta sobre este tema, el Derecho Holandés no sólo nos indicará que es lo que debemos entender por el concepto de “capacidad testamentaria” (la causa de la norma), sino que simultáneamente reglamentará toda la extensión del concepto. Conforma a la concepción holandesa, en la capacidad testamentaria encuadra entre otros, el problema de la olografía. Luego, el mismo Derecho Holandés con respecto a la olografía inyecta a los holandeses en la incapacidad de otorgar testamentos ológrafos en cualquier parte del mundo. El testador hizo un testamento formalmente válido, pero sin tener capacidad para otorgarlo; en otras palabras, redactó un testamento nulo. El caso es similar al de un joven francés de quince años que hace en Francia un testamento ológrafo formalmente perfecto; el testamento es nulo, por falta de capacidad. </span></div>Fannyhttp://www.blogger.com/profile/15828133513819702742noreply@blogger.com0